Las presas que México comparte con Estados Unidos, así como los ductos petroleros, las redes ferroviarias, centrales eléctricas y reactores nucleares están bajo rigurosa vigilancia. Mientras el gobierno federal oculta el número de las instalaciones estratégicas, los planes para prevenir ataques y qué instancias custodian esa infraestructura, Estados Unidos mantiene un estricto control sobre esa información
La instrucción es precisa: obtener información de la infraestructura y recursos instalados y existentes en todo el mundo que sean clave para Estados Unidos. Así lo determina un despacho del Departamento de Estado que envió a sus diplomáticos el 18 de febrero de 2009, identificado con el número 192686 y dado a conocer por Wikileaks. En la lista de 2008, figuran instalaciones fronterizas, como el paso Panamericano, el cable submarino de Mazatlán, Sinaloa; así como la Presa Internacional Amistad, sobre el Río Grande (Río Bravo), entre el Río, Texas y Ciudad Acuña, Coahuila.
La infraestructura estratégica que busca documentar el gobierno estadunidense también comprende minas, empresas farmacéuticas productoras de vacunas contra distintas enfermedades virales, así como firmas productoras de químicos, puentes, puertos, aeropuertos, rutas de ferrocarril, plantas eléctricas, como la principal mina de Bauxita de Guinea, el cable submarino de la Cruz del Sur en Brookvale, Australia, o la presa hidroeléctrica de turbinas y generadores de China.
Esa información, que fluye desde las embajadas estadunidenses en todo el planeta hacia el Departamento de Estado, es sostenida por el Plan Nacional de Protección de Infraestructura (NIPP, por sus siglas en inglés), que también supervisa el Departamento de Seguridad de la Patria. El objetivo de ese Plan es que Estados Unidos “esté a salvo y sea más seguro y resistente” cuando aumente la protección de la infraestructura crítica (CI, por sus siglas en inglés) y de los recursos clave (KR, por sus siglas en inglés).
El argumento del Departamento de Seguridad de la Patria y del Departamento de Estado se sustenta en que la protección de esa infraestructura logrará prevenir, disuadir, neutralizar o mitigar cualquier efecto de los esfuerzos de los terroristas por destruir, incapacitar o explotarlos. Asimismo, fortalecerá la capacidad de preparación de ese país para tener una respuesta oportuna ante cualquier ataque y, posteriormente, una rápida recuperación ante esa agresión, desastre natural u otra emergencia.
En 2008, ambas dependencias realizaron un primer levantamiento de la CI/KR a nivel mundial, bajo la Iniciativa de Dependencias Críticas en el Extranjero, destinada a identificar la infraestructura que, bajo una situación de peligro, afectaría, directa o indirectamente, algún sistema interior de Estados Unidos.
En el despacho de 2009, se pidió a los diplomáticos estadunidenses actualizar ese inventario de forma exhaustiva y se les advirtió que tal procedimiento será anual. Los estadunidenses prestarán atención a la infraestructura que se localiza más allá de las fronteras de su país y cuya pérdida los impactaría de forma crítica en la salud pública, seguridad económica y en la seguridad nacional.
Bajo vigilancia
La instrucción es apremiante, pues hace ver que, “luego de consultar con todas las secciones y agencias –de la propia embajada en el exterior–, reconocerán inmediatamente si existen la CI/KR en el país anfitrión”. Y aunque especifica que esta solicitud “no ha sido consultada con los gobiernos”, se espera recibir respuestas a la solicitud de información cuanto antes.
Aunque el Plan Nacional de Protección de Infraestructura no define cuáles son, desde tiempo atrás se habían dado algunos pasos. Así lo hizo la Directiva Presidencial de Seguridad 7, que definía lo que se entiende por “infraestructura crítica” con base en la Ley Patriota de 2001.
Esa norma describe que se trata de los sistemas y activos, tanto físicos como virtuales, que son vitales para Estados Unidos, pues su incapacitación o destrucción causaría una debilidad en la seguridad, en la economía nacional o en la salud pública. Los llamados “recursos clave” se definen en la Ley de Seguridad de la Patria de 2002 como los recursos públicos o privados esenciales para las operaciones mínimas de la economía y el gobierno estadunidense.
El NIPP identifica 18 sectores de infraestructura crítica y de recursos clave: agricultura y alimentos, base industrial militar, energía, salud pública y asistencia sanitaria. Asimismo, comprende los monumentos e íconos nacionales, bancos y finanzas, agua potable y sistemas de tratamiento para agua; también incluye la industria química, instalaciones comerciales, presas, servicios de emergencia, reactores nucleares comerciales, materiales y desechos. Figuran también los correspondientes a tecnología de la información, comunicaciones, embarque y servicio postal, transporte, instalaciones gubernamentales y manufactura crítica.
El despacho de 2009, dirigido a los diplomáticos estadunidenses que operan en los cinco continentes, les advierte que “es obvio que algunos de estos sectores tienen más componentes internacionales que otros”. Esto significa que ahí es donde debe centrarse su atención. En uno de los 15 párrafos que pormenorizan la información que deben buscar los estadunidenses en el extranjero, se les piden “sugerencias” sobre instalaciones que deben incluirse en el listado de 2008.
Los criterios para determinar si existe infraestructura crítica o recursos clave para Estados Unidos en el “país anfitrión” se apoyan en dos categorías: 1. Ductos físicos: oleoductos, cables submarinos de comunicación y activos muy próximos a la frontera de Estados Unidos. En este caso, estarían las presas o empresas productoras de químicos, cuya eventual destrucción o daño tendría efectos transfronterizos; 2. Busca determinar si el bien o fuente es el único que prevalece en el país anfitrión. Aquí se consideran minerales o químicos críticos para la industria estadunidense o si se trata de un producto que sólo se produce en un pequeño número de países o si ahí se aloja un centro de comunicaciones cuya destrucción interrumpiría seriamente las comunicaciones globales.
De igual modo, considera los nodos críticos de aprovisionamiento (como el Estrecho de Ormuz y el Canal de Panamá), así como cualquier puerto o tierras de embarque en el país anfitrión que son críticas para el funcionamiento de la cadena global de aprovisionamiento.
El cable hace saber a sus funcionarios que el Departamento de Estado no está en busca de información relativa a efectos de segundo orden; es decir, que se relacionen con la moral pública y confianza o efectos de interdependencia que puedan producirse en cascada tras la interrupción en los servicios que prestan esas instalaciones estratégicas.
En todo caso, señala el documento, toda información que recaben los funcionarios debe considerar si cree que la CI/KR puede ser blanco activo o vulnerable. Esta lista de blancos o instalaciones estratégicas debía enviarse a Sharri R Clark, el 20 de marzo de 2009, en notas clasificadas como “secreto no para extranjeros”.
Sitios en México
Mientras la diplomacia estadunidense hace un trabajo de inteligencia efectiva en todo el mundo, en México es muy escasa y poco clara la información relativa al número de instalaciones estratégicas. Hasta 2008, se conocía –sin confirmación oficial– que el gobierno federal tenía un listado de 162; tampoco se conoce su naturaleza, ubicación y a qué instancia corresponde su custodia y resguardo: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar) o Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Aunque hasta ahora se desconoce la cantidad de efectivos de esas dependencias destinados a esa tarea, se afirma que serían 8 mil los desplegados por tierra, aire y mar para evitar ataques contra tales instalaciones. El 17 de febrero de ese 2008, Francisco Saynez Mendoza, titular de la Semar, indicó que sus fuerzas resguardan la nucleoeléctrica de Laguna Verde, las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas en Tabasco, la Sonda de Campeche, ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), presas y plantas industriales, entre otras.
En esa ocasión, el almirante destacó que, en caso de una emergencia, la Armada de México puede desplazar más de 40 mil elementos en menos de 48 horas. A pesar de esa capacidad de despliegue, sostuvo que el crimen organizado no ataca las instalaciones estratégicas del país, sino que está “dedicado a otros asuntos”; aún así, puntualizó, “debemos estar preparados para contrarrestar cualquier ataque del terrorismo internacional”.
El mecanismo federal para proteger las instalaciones estratégicas del país pudo observarse, luego del 11 de julio de 2007, cuando las fuerzas federales acordonaron las zonas donde se registraron tres explosiones de ductos de Pemex y cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario.
Entonces, entró en acción la Dirección General de Instalaciones Estratégicas y Servicios (DGIES), que depende de la Coordinación de Fuerzas Federales de la SSP.
La DGIES genera inteligencia para que la SSP y otras autoridades puedan hacer frente a contingencias y actúen cuando se “sospeche o detecte” la ejecución de ilícitos. Ese órgano posee un banco de datos sobre delitos, personas, operaciones, delincuentes y modus operandi. Y aunque clasifica a los especialistas en robo de equipo y materiales a las instalaciones estratégicas del país, no fue capaz de anticipar los ataques a los ductos de Pemex.
Esa Dirección es parte del grupo de coordinación interinstitucional que integra a las secretarías de Gobernación, Semar, Sedena, Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El 15 de febrero de ese año, hubo un rumor de amenaza contra instalaciones estratégicas en territorio nacional que, supuestamente, habría lanzado el grupo islámico Al-Qaeda contra México, Canadá y Venezuela –países que surten crudo a Estados Unidos.
De acuerdo con el Reglamento Interior de la SSP (publicado el 28 de abril de 2010), a esa Secretaría le corresponde proponer al presidente de la República la constitución del Grupo Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas. Sin embargo, en una consulta al sitio electrónico de esa dependencia, realizada el 15 de diciembre de 2010, se observó que la DGIES no figura en la “estructura básica” de ese órgano.
En cambio, se asigna esa responsabilidad a la Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional, cuyo titular es el general de División Diplomado de Estado Mayor, Javier del Real Magallanes. Este funcionario fue director del Colegio de la Defensa Nacional, comandante de la II Región Militar, director Ejecutivo de Políticas de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y jefe de la Sección II de Inteligencia del Estado Mayor de la Sedena.
Entre las atribuciones de esa Subsecretaría, le corresponden proponer y evaluar los programas de seguridad y vigilancia, así como participar en la aplicación de las políticas que garanticen la seguridad y funcionamiento de las instalaciones estratégicas.
De acuerdo con el Cuarto informe de labores de la SSP, entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de julio de 2009, apoyó a entidades del sector público y privado que resguardan instalaciones estratégicas. En ese marco, evaluó la seguridad en aeropuertos, centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad; refinerías, plataformas y terminales marítimas de Pemex.
Refiere que impartió el programa de capacitación Respuesta Inmediata ante Amenaza de Bomba para 571 servidores públicos que resguardan algunas instalaciones, como el Banco de México, el Sistema de Administración Tributaria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la PGR, la Comisión Nacional del Agua y Operadora Mexicana de Aeropuertos, entre otras.
Inteligencia, contra amenaza
En el informe, no se profundiza en la calidad de la inteligencia para prevenir ataques contra las instalaciones estratégicas del país. Además del inventario de los bienes y recursos estratégicos, es fundamental determinar los factores que los califican como tales. Precisamente, ésa es la labor de inteligencia, sostiene José Luis Calderón Arózqueta, coordinador académico de la especialidad en inteligencia para la seguridad nacional del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
De igual manera, es indispensable contar con una agenda de riesgos de cada una de esas obras de infraestructura y recursos estratégicos, pues así se podrán establecer las medidas de seguridad correspondientes. Para el experto del INAP, la contrainteligencia es una de esas medidas, pues permite adelantarse para evitar o minimizar la ocurrencia de incidentes provocados por personas o grupos hostiles.
Cita Calderón que, desde 1994, se creó el Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas, que hasta ahora opera bajo la coordinación de la Policía Federal.
Desde una visión geopolítica, el inventario de sitios estratégicos mundiales, que levantan el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad de la Patria estadunidenses, obedece a la necesidad de defender los intereses de Estados Unidos, afirma Manuel Quijano, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Explica que se trata de “la aplicación del quinto elemento de la política internacional estadunidense: después de la visión geopolítica, geoestratégica, geoeconómica y geosocial, sigue la geomilitar, que es la del Pentágono”. Bajo esa perspectiva, afirma el especialista, Estados Unidos buscará tener mayor presencia en los llamados “países tapones” (como México, en América del Norte; Turquía, en el extremo europeo, o Austria, en el centro europeo), que en un momento le permitirán tener centros de inteligencia para operar desde ahí.
Para el estudioso, la información que ahora se conoce “confirma lo que ya sabíamos: que los centros de inteligencia de sus embajadas necesitan permanentemente monitorear lo que pasa en todos lados”. Este proceso es lo que los estadunidenses consideran como la seguridad global del problema. “Todos hacemos lo mismo”, sostiene el geopolitólogo.
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