Con la celebración de “contratos integrales”, Pemex entregará el control del petróleo mexicano a las trasnacionales como no sucedía desde la expropiación de 1938. Ayatzil –el único campo gigante descubierto hasta ahora– es el principal activo que el gobierno de Calderón ofrecerá a los extranjeros. Además, obsequiará el mapeo de los yacimientos petroleros del país iniciado en 2009 y que concluirá en 2012. Tan sólo este proyecto representa un costo al erario por más de 12 mil millones de dólares. El esquema –ya avalado por la Suprema Corte, aunque se duda de su constitucionalidad– no revertirá la caída de las exportaciones ni aumentará la producción de crudo, pero consumará las exigencias de Estados Unidos por privatizar el energético mexicano. 
En el año electoral de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) licitará los primeros contratos integrales de servicios para exploración y producción en aguas profundas, según los planes de su director, Juan José Suárez Coppel. Con estas contrataciones –iniciadas formalmente este año en el campo terrestre de Chicontepec, Veracruz– el gobierno federal cederá los bienes de la nación a la iniciativa privada, sobre todo de origen extranjero.
Como no ocurría desde 1938, los contratos permiten a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Así, Pemex cede el control total del petróleo mexicano a las corporaciones que, a cambio, recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.
Aunque el esquema fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 2 de diciembre de 2010, es inconstitucional, considera el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que la Constitución Política establece con claridad el dominio directo del Estado sobre una serie de bienes y, en particular, sobre los hidrocarburos.
Márquez Gómez cita el artículo 27, que indica: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales (…) tratándose del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Por ello, dice, los contratos integrales de servicios para exploración y producción de hidrocarburos son inconstitucionales. “No es porque lo diga la Ley de Pemex o porque lo diga la Suprema Corte de Justicia como se logra la constitucionalidad de esta clase de contratos”.
Agrega que “la prohibición es totalmente clara: no se pueden dar contratos ni subsistirán los que, en su caso, sean otorgados. Es decir, que si había algún contrato vigente, por disposición constitucional deja de tener efectos”.
El investigador explica que la nación, el pueblo políticamente organizado, es la única facultada para llevar a cabo la explotación de esos productos. El problema, dice, es que la Ley de Pemex –que aprobó el Congreso de la Unión en 2008– establece un régimen de excepción para la petrolera, al margen de la ley suprema.
Márquez Gómez señala que, de acuerdo con el artículo 28, Pemex debe ser autosuficiente y atender la prohibición de dar concesiones y contratos, pues sólo la paraestatal está en facultad de ejercer las labores de exploración y explotación de los hidrocarburos. “Traer empresas extranjeras o mexicanas a realizar actividades en esas áreas implica, en mi opinión, violar la Constitución”.
El doctor en derecho critica la actuación del Congreso y de la SCJN –que resolvió calificar como constitucional el reglamento de la Ley de Pemex, en el cual se basan los contratos integrales–, pues esta última “no puede sobrepasar” la Constitución: sólo debe interpretarla.
Ni la Ley de Pemex ni su reglamento, detalla, fundamentan el acto de autoridad: “Toda legislación debe justificar el beneficio que se genera a la nación. La explotación per se de los hidrocarburos y el otorgar esa explotación a empresas extranjeras o mexicanas incumplen con el requisito constitucional de beneficio a la población”.
Por ello, Márquez Gómez –quien imparte la cátedra Regímenes Constitucionales Contemporáneos en la Facultad de Derecho de la UNAM– considera que la Suprema Corte debió entender el carácter sustantivo del proyecto de nación, basado en el artículo 39 constitucional: “Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”; y no avalar que en la ley se privilegien intereses privados.
La diputada petista Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de la Comisión de Energía, considera que la validación de la SCJN a un reglamento inconstitucional forma parte de una serie de acciones concatenadas que, desde 2008, buscan facilitar la entrega de los recursos petroleros a particulares.
Sin embargo, Miriam Grunstein Dickter, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala que no hay visos de privatización en los contratos integrales de Pemex.
Según la doctora en letras hispánicas y lusobrasileñas y especialista en temas energéticos, ni la resolución de la Corte ni la Ley de Pemex, ni el reglamento ni los contratos son inconstitucionales, pues se trata sólo de una prestación de servicios, cuyo riesgo tiene que asumir la paraestatal petrolera.
Grunstein Dickter considera que estas contrataciones son insuficientes y que el gobierno mexicano debería permitir los contratos de riesgo en las áreas estratégicas que hasta ahora prohíbe la Constitución mexicana.
En su página de internet, Pemex Exploración y Producción (PEP) indica que los contratos integrales “buscan incrementar la capacidad de ejecución de Pemex para generar valor económico, a través de un esquema rentable y competitivo bajo mecanismos de contratación simples y flexibles”.
La legisladora Castillo explica que estos modelos de contrato que aprobó el Consejo de Administración de Pemex no sólo son inconstitucionales, sino que exceden la propia normatividad en la que se basan. En éstos se establece el pago a través de “tarifa por barril”, que no se establece en el reglamento.
Con los contratos integrales, Pemex cederá el inventario de las reservas y los mapas de los campos petroleros derivados del trabajo de exploración, realizado entre 2009 y 2012, a las trasnacionales que ganen las licitaciones.
De acuerdo con el programa de inversión de la paraestatal, en ese periodo se destinará un total de 12 mil 233 millones de dólares a la exploración en tierra y en aguas someras y profundas. Los recursos saldrán del erario y tendrán como fin restituir la tasa de reservas de hidrocarburos.
De 2001 a 2009, el trabajo exploratorio localizó en la Sonda de Campeche el yacimiento Ayatzil, el único campo gigante descubierto hasta ahora. Éste es el principal activo que el gobierno del panista Felipe Calderón ofertará a los extranjeros con los nuevos contratos de asociación. “En los últimos 10 años, sólo se ha descubierto un nuevo gigante: Ayatzil”, refiere Fabio Barbosa Cano.
Con los contratos integrales, “se privilegiaron los intereses empresariales en la norma, como sucedió cuando se aprobó la Ley de Pemex en 2008. A nadie parece importarle la nación: al Congreso de la Unión no, por aprobar una ley a todas luces contraria a la Constitución; al Ejecutivo tampoco, por impulsar esa ley y sus reglamentos. Ni siquiera a la Suprema Corte, que expide una decisión que a todas luces contraría el contenido de la norma que, como tribunal constitucional, debe tutelar: la Constitución”, señala el doctor en derecho Márquez Gómez.
Fuente: Contralínea 215 / 09 de enero de 2011
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