Hace un año se instituyó el programa “Todos somos Juárez”, una amplia movilización administrativa y social destinada a paliar las atroces condiciones de inseguridad que prevalecen en la ciudad de ese nombre, donde el año pasado fueron asesinadas 3 mil 100 personas, la quinta parte del total de muertes atribuibles al crimen organizado en todo el país.
El 31 de enero de 2010 fueron asesinadas 15 personas, casi todos muchachos estudiantes, en un barrio popular de aquella población, Lomas de Salvárcar. Ligero en su juicio, no obstante que carecía de información puntual puesto que se hallaba en Japón, el presidente Felipe Calderón lanzó una admonición contra las víctimas, creyéndolas delincuentes que perecieron en un ajuste de cuentas. Cuando se le enrostró su error, que añadió vituperio al agravio de la muerte misma, el presidente se vio obligado a encarar no sólo el desliz, sino la abominable realidad en que se había producido esa matanza. Viajó a Juárez el 17 de febrero para instaurar aquel programa; ha vuelto otras veces, y este jueves hizo un balance de lo realizado en este año. A pesar de que, medidas con criterios de productividad administrativa, las acciones han avanzado (¿y cómo no si el plan es invertir 3 mil 300 millones de pesos), lo cierto es que en el corto plazo la inseguridad permanece y empeora.
Para sólo citar casos aislados, ocurridos en la víspera de esta visita presidencial, en el centro de la ciudad fue atacado un vehículo sobre cuyo tripulante y su hijo de ocho años se lanzaron 39 disparos. Y en seguida el vehículo fue incendiado y las víctimas, ya muertas a balazos, quedaron calcinadas. No lejos de allí, en un enfrentamiento entre policías y matones, tres agentes quedaron heridos y dos delincuentes murieron.
Pero hubo acontecimientos más graves. En el término de 24 horas fueron incendiadas las casas de dos mujeres participantes en acciones y protestas contra la violencia. El domicilio de Malú García Andrade fue quemado, en obvia intimidación por su trabajo en la organización civil justiciera “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”. Un atentado semejante había ocurrido poco antes en la casa de la señora Sara Salazar, como brutal respuesta a su pedido público de libertad para sus hijos Elías y Malena Reyes, así como para su nuera Luisa Ornelas, quienes hace dos semanas fueron levantados sin que se sepa de ellos desde entonces. La quemazón de la casa ocurrió mientras doña Sara y su hija Marisela protestaban no sólo por la desaparición de sus parientes, sino también por el asesinato de Josefina Reyes Salazar y su hermano Rubén, hijos de doña Sara, y de su nieto Juan Manuel.
El prolongado infortunio de esta familia ha ocurrido a despecho de las estrategias para hacer segura a Ciudad Juárez. Sean militares los responsables de esa misión, sean policías federales, sean operaciones que combinan la presencia de una y otra fuerza, sea que se incluya o se excluya a la policía municipal, no hay modo de contener la violencia, que genera secuelas destructivas, como el éxodo de quienes pueden pasarse al otro lado de la frontera y la disminución de las fuentes productivas, que son a su vez causa de desempleo que propiciará la búsqueda de la supervivencia por cualquier medio.
De esta realidad material, visible, medible, y del miedo que no se ve pero se siente, da cuenta cotidianamente El Diario, un periódico fundado en 1976 que ha tenido que adaptarse a las crueles condiciones en que hoy se ejerce el oficio de informar. A sus 35 años de edad, El Diario recibió el jueves pasado la buena nueva de que el prestigiado Pen Club Internacional le ha otorgado el premio a la excelencia periodística, por practicar esa profesión en un entorno adverso.
El galardón ha de significar para los periodistas y otros trabajadores de El Diario una mínima compensación ante la desgracia que los ha dañado. En noviembre de 2009 fue asesinado su reportero Armando Rodríguez, y en septiembre siguiente el joven fotógrafo Luis Carlos Santiago, de apenas 21 años de edad, padeció la misma suerte. Hace menos de tres semanas una distribuidora de ejemplares del periódico, Maribel Fernández, fue muerta a tiros en el céntrico crucero donde entregaba a voceadores y puestos fijos la dotación de periódicos que, pese a todo, siguen siendo reclamados por los lectores. El Diario ha tenido que intensificar su esfuerzo por colocar suscripciones porque la peligrosidad callejera dificulta la venta del modo tradicional. Y ha tenido que ajustar sus finanzas porque la colocación de anuncios ha decrecido en la medida en que el pánico achica la economía, por el cierre de negocios y el enclaustramiento de la gente en sus domicilios.
Tras el asesinato de su joven fotógrafo, El Diario imprimió un estrujante llamado a quienes mandan en Ciudad Juárez, los jefes de las bandas que contienden entre sí y arrastran a la autoridad y a la gente en sus agresivas querellas. El 19 de septiembre, un editorial de primera plana preguntó a los matones: “¿qué quieren de nosotros?”, para al menos conocer las causas de que el periódico tuviera que pagar su cuota creciente de sangre. No se trató de una capitulación, sino al contrario, de una postura gallarda que buscaba entender el entorno para no deponer los instrumentos de su oficio, de nuestro oficio.
Dos meses más tarde, el personal de El Diario pudo beneficiarse de un momento de satisfacción en medio de la desdicha. Las reporteras Sandra Rodríguez y Luz Soria recibieron en Madrid el premio Reporteros del Mundo, entregado por el diario El Mundo, debido a su cobertura valiente y certera de la violencia criminal en Ciudad Juárez. Alguien tiene que hacerlo. Y hacerlo bien. Esa es la tarea de El Diario.
Enhorabuena, pese a todo.
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