GINEBRA, 2 de febrero (apro).- La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, creada esta semana en Ginebra, constató sin ambages que “la guerra contra el narco está perdida”. Propuso como alternativa su despenalización para el uso individual y regular por esa vía el consumo, con el objeto disminuirlo, otorgándole una nueva dimensión al combate contra los cárteles.
Los gobiernos latinoamericanos alientan subterráneamente la iniciativa impulsada por los expresidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003); de Colombia, César Gaviria (1990-1994), y de México, Ernesto Zedillo (1994-2000).
Fuentes diplomáticas coinciden en que los actuales mandatarios, especialmente los de México y Colombia, concuerdan con sus predecesores en que resulta imprescindible arrancarle el control de los mercados de la droga a los delincuentes, para que los Estados pasen a administrarlos con responsabilidad y, de paso, reducir los grandes márgenes de ganancias de que hoy disponen los productores y comerciantes ilegales, un debate estancado por la prohibición a ultranza.
Sin embargo, todos a su vez rechazan la errónea creencia de que el fracaso de la criminalización obliga a desechar el uso legítimo de la fuerza de la ley, al margen de ella, para desarticular las organizaciones, que fomentan el negocio y luego lavan el dinero de la droga.
Los escritores Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, de Perú y México, respectivamente, se han sumado a la operación, misma en la que intervienen personalidades que actúan a título particular y desde sus propios conocimientos, construyendo un organismo independiente de los gobiernos y de la ONU, que se financia con contribuciones de fundaciones privadas.
Entre esas personalidades destacan la expresidenta suiza, Ruth Dreifuss; Javier Solana, exalto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea; la exsecretaria de Estado de Salud en Alemania, Marion Caspers-Merk, y el noruego Thorvald Stoltenberg, exalto Comisionado para los Refugiados de la ONU.
Los expresidentes estadounidenses James Carter y Bill Clinton han dado un apoyo prudente al naciente movimiento, haciendo declaraciones en un documental cinematográfico exhibido de manera reservada en Ginebra, que será ampliamente difundido en el marco de un segundo encuentro de la Comisión, a realizarse en junio venidero en Estados Unidos.
Las expectativas ahora generadas deberán materializarse en una primera batería de propuestas documentadas, con base en los resultados empíricos verificados en ciertos países europeos, por ejemplo, Suiza, Portugal y Holanda, y de acuerdo con pruebas científicas.
El exsecretario de Estado de EU, George Shultz, quien se incorporó a la Comisión, pese a no participar en el cónclave de Ginebra, facilitará la presentación oficial del mensaje a la elite de la potencia dominante del planeta, reacia a revisar la estrategia prohibicionista, que puso en boga hace un siglo, en nombre de los ricos países consumidores del norte.
Dicha concepción anglosajona se vehiculiza esencialmente en la represión indiscriminada que se muestra ineficaz, misma que ha redundado en convenciones internacionales de Naciones Unidas que deberán enmendarse con una maniobra de “despenalización” de las drogas, a la que sería favorable el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.
Las discusiones de Ginebra fueron a puertas cerradas y no hubo publicación de conclusiones escritas, que se presentarán en textos que han empezado a redactarse para la cita crucial dentro de unos pocos meses, en Estados Unidos.
No obstante, de la conferencia de prensa celebrada al cabo de dos días de deliberaciones en un gran hotel al borde del lago Leman, se perfila la ambición de imaginar un mundo post prohibición, sostenido por una estructura argumental innovadora en la materia.
“Hay que descriminalizar (despenalizar) todas las drogas y tratar al dependiente de ellas (...) como un enfermo y ofrecerle salud (...) Nada de eso va a funcionar si no hay también información, educación, enterar a la gente para usar su libertad, a sabiendas que la droga hace daño”, dijo Cardoso al cierre de dos días de trabajo.
“Hay que concentrar la lucha en los cárteles de droga, no en los consumidores, y abandonar la idea de que son criminales”, recalcó Gaviria, quien además de presidente de Colombia fue secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 1994 y 2004.
La Comisión recusa por contraproducentes el incremento de fuerzas policiales, la proliferación de cárceles y la acumulación de penas para contrarrestar la propagación de las drogas, un fenómeno liderado por Estados Unidos. Y lamenta que las prisiones en ese país tengan la más alta cantidad de detenidos en el mundo vinculados a tal problema, donde un número desproporcionado son afroamericanos e hispanos.
Todo eso no ha impedido frenar las ganancias colosales de las redes de narcotraficantes que corrompen, ni impedir la violencia en Afganistán, Myanmar, Colombia y “en los barrios desfavorecidos de Estados Unidos o en el norte de México, donde la masacre continúa”, señaló Cardoso, con quien coincidió Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo.
“Ellos (Estados Unidos) han tenido una política por muchas décadas; la etapa de la guerra contra las drogas ya lleva casi 40 años, que ha sido de total prohibición y de llevar a la cárcel a todos los consumidores y los traficantes. Es una política que no está mostrando resultados”, insistió Gaviria.
La Comisión se siente convocada para sentar doctrina y enfocar el problema de las drogas a partir del respeto a los derechos humanos, poniendo en la balanza los intereses, garantías y compromisos, tanto de las regiones que producen las drogas como de las que las consumen. Además, aboga por una regularización de las drogas en términos similares a los del tabaco y el alcohol, y en ofrecer tratamientos médicos a las personas dependientes para reducir el daño individual y social.
También se ha dado por tarea procesar los criterios que apunten a una mayor eficacia en los planes y programas de prevención de las drogas, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de las campañas exitosas para limitar el tabaco y para evitar la propagación del VIH-Sida.
La Comisión estima que hay un desequilibrio a corregir para dar mayor preponderancia a la prevención y a la reducción de la adicción a las drogas, las que a su entender no reciben de los gobiernos la misma atención que la brindada a la erradicación, la prohibición y el encarcelamiento.
Al mismo tiempo, apoya una transformación cultural en la opinión pública, a fin de promover una reducción del consumo mediante una inversión masiva en información y educación destinada especialmente a influenciar el comportamiento de los jóvenes.
“No se necesita más plata, sino usar mejor la plata. La utilizada en la llamada guerra contra las drogas de los americanos es enorme, (pero es) una plata mal usada porque no tiene resultado efectivo; si se utilizara eso para salud, tratamiento médico, educación, para campañas de publicidad, hubiera sido mucho mejor”, evaluó Cardoso.
“Los consumos siguen iguales en los últimos 20 años. La violencia y los prisioneros han crecido. Se ha vuelto un giganteso negocio criminal, y eso está generando una enorme cantidad de violencia no sólo en Estados Unidos sino en México, Colombia y en general en toda Latinoamérica. Es hora de repensar esa política y ver si hace sentido”, denunció Gaviria.
Los miembros de la Comisión se dijeron convencidos de que en muchos países los estragos ocasionados por la prohibición de las drogas en los planos de la corrupción, la violencia y la violación de los derechos humanos supera con creces el daño originado por las drogas.
Impera en su seno la convicción de que erradicar la producción y criminalizar el consumo no reducen el tráfico y el consumo de drogas.
En torno de estos principios, la Comisión se ha fijado por misión tratar de resolver la polarización que divide los bloques de la legalización y la prohibición, alrededor de una discusión esclarecedora y con apoyo científico sobre las formas humanas y eficaces para reducir los males que causan las drogas en las personas y en la sociedades.
La reflexión va aún más lejos. Intenta establecer cuáles son los riesgos y las ventajas de distinguir entre el tráfico y el comercio en pequeña escala, así como el tratamiento médico obligatorio de toda adición a una droga.
En ese contexto, la Comisión se fija el cometido de valorar los índices de los planes en curso de erradicación e interdicción de las drogas, y escudriñar los cambios que se han producido en los últimos 50 años en la producción, transporte, venta al por menor y al por mayor causado por la baja de la oferta.
La Comisión no olvida que para un diagnóstico exacto es necesario medir el alcance y el aumento significativo de las ramificaciones del negocio mundial de las drogas, junto al rol que juegan en sus redes los Estados “en quiebra” o “delincuentes”, determinando las tendencias en los delitos asociados, incluyendo el blanqueo de dinero, tráfico de armas y corrupción, que atentan contra las instituciones democráticas.
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