La historia de Dionisio Pérez-Jácome Friscione como servidor público no es tan límpida como plantea el presidente Felipe Calderón. De su desempeño en el sector energético, el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes guarda un expediente que lo involucra en un millonario quebranto a las arcas de Petróleos Mexicanos.
En una medida considerada por los analistas como estratégica para deshacerse de uno de los funcionarios más cuestionados de su gabinete, en enero el presidente Felipe Calderón colocó a Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione como secretario de Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien lleva el lastre de la impunidad en torno al caso de la Guardería ABC.
Pero el exsubsecretario de Egresos, uno de los cuadros más cercanos a Calderón Hinojosa, tampoco tiene las “manos limpias”, así lo evidencia la auditoría 1001/2002, integrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que lo involucra en un millonario daño patrimonial en contra de Pemex Petroquímica (PPQ). Contralínea tuvo acceso al expediente que yace en los archivos confidenciales de la SFP. Ésta es la historia:
En 1997, el joven economista Dionisio Arturo Pérez-Jácome, de sólo 28 años de edad, recibió la encomienda de “promover la inversión” y capitalizar las empresas petroquímicas del Estado. El presidente Ernesto Zedillo lo nombró director del Comité Directivo Estatal para la Capitalización de las Empresas Petroquímicas no Básicas. Ya entonces trabajaba en Los Pinos como su asesor en “proyectos especiales” y política social y rural.
Tampoco eran sus primeros puestos en el Ejecutivo. Gracias al empuje de su padre, subsecretario de Comercio y Fomento Industrial, y luego de Gobernación, Dionisio Arturo fue, a sus 22 años de edad, uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio –en el sector agropecuario y automotriz–, que tantos estragos ha provocado a la economía y campo mexicanos. Despachaba en la embajada de México en Canadá; fungía como tercer secretario.
Como parte de la división que Ernesto Zedillo hizo de la estructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) en subsidiarias y filiales, y de las modificaciones al artículo 27 constitucional y sus reglamentos para que la iniciativa privada participara en el área de petroquímica, creó el Comité donde colocó a Pérez-Jácome, bajo las órdenes directas del secretario de Energía, Luis Téllez Kuenzler, exjefe de Dionisio en la Presidencia.
Sus responsabilidades eran “diseñar esquemas para fomentar la participación privada en la industria, facilitar proyectos encaminados a fortalecer el sector de energía, así como servir de enlace entre inversionistas privados y las diferentes entidades del sector público”.
El Comité y PPQ signaron con la institución financiera JP Morgan un contrato para que la compañía, dedicada a los servicios financieros, fungiera como agente financiero para el proceso de enajenación y venta del 49 por ciento de las acciones de las filiales de PPQ (Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos y Escolín).
Aunque el Comité operaba con recursos asignados por la Secretaría de Energía (Sener), Luis Téllez y Dionisio Pérez-Jácome crearon un fideicomiso, identificado con el número PPQ1954, argumentando la supuesta necesidad de “capitalizar” el Comité. Decidieron que los recursos los aportaría Pemex Petroquímica, pero el fideicomiso sería controlado por Pérez-Jácome en su calidad de director del Comité Directivo Estatal y coordinador del Comité Técnico del fideicomiso. Se constituyó con un patrimonio de 3 millones 471 mil dólares y 8 millones 852 mil pesos.
Entre 1998 y 2000, Pérez-Jácome manejó cuantiosos recursos de la Sener y PPQ mediante el Comité y el fideicomiso sin rendir cuentas. Al cabo de dos años, fracasó su encomienda de capitalizar la industria petroquímica. Sólo se concertaron grandes negocios de empresas vinculadas con la Presidencia –como Fertimex y Agronitrogenados–, mientras que la producción y ganancias de Pemex fueron en declive.
Nunca se hicieron públicas las irregularidades con las que manejó el fideicomiso, consignadas en las auditorías que realizaron auditores de la contraloría interna.
Desvío de recursos
El Órgano Interno de Control (OIC) detectó el supuesto desvío de recursos de la subsidiaria PPQ al fideicomiso PPQ1954, que se habrían realizado entre junio y septiembre de 2000. Ello motivó el interés de los auditores para revisar las cuentas; aunado a que la Contaduría Mayor de Hacienda pidió al OIC su evaluación del contrato entre PPQ y JP Morgan para la colocación de las acciones de las filiales, que se volvió un rotundo fracaso.
Como la línea del fideicomiso apuntaba a la Secretaría de Energía, la SFP facultó a los contralores para que realizaran auditorías especiales a la Sener, mediante la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.
Así, entre febrero de 2001 y junio de 2002, realizaron dos auditorías especiales al Comité. Al cabo de ellas, los auditores determinaron “ilegal” la creación y operación del fideicomiso PPQ1954, “producto de un acto viciado”, inscribieron en sus informes.
Pero además, las auditorías develaron supuestos “desvíos” cometidos por altos funcionarios de la Sener: el secretario Luis Téllez; el subsecretario, José Merino Mañón; y el jefe de unidad, Dionisio Pérez-Jácome.
Respecto de la relación contractual con JP Morgan, según los auditores, JP Morgan habría incumplido sus obligaciones contractuales sin apercibimiento alguno por parte del director del Comité. En lugar de realizar su trabajo, contrataron asesores externos para las funciones que el Comité y PPQ les habían encomendado. Los auditores determinaron también un daño patrimonial en la duplicidad de los servicios de JP Morgan.
Al respecto, cita la auditoría, “JP Morgan debió atender las actividades que tenía encomendadas aplicando sus propios recursos humanos y financieros; debiendo en todo caso correr por su cuenta y riesgo la contratación de los asesores que considerara convenientes para el cumplimiento del contrato… por lo que el fideicomiso no debió haber contratado consultores externos para apoyar las actividades de JP Morgan”.
Supuestamente, muchos de los recursos que manejó el fideicomiso se destinaron a la contratación de numerosos asesores, sin embargo, los auditores no encontraron evidencia documental que comprobara tales trabajos, contratados bajo el rubro de “gastos técnicos”. Se halló también la omisión de cobro de costos financieros por pago de facturas.
Se determinó un daño patrimonial de 8 millones de dólares. Las auditorías identifican como responsables a Luis Téllez, José Merino Mañón y Dionisio Pérez-Jácome; también al director de PPQ, Armando Leal Santa Ana, y al representante de la subsidiaria en el fideicomiso, Guillermo Lanché Guevara.
Concluidas las auditorías, los fiscalizadores enviaron al área de Responsabilidades la documentación para que se fincaran responsabilidades a los funcionarios citados por desvío de recursos y daño patrimonial. Entonces recibieron la “sugerencia” de sus superiores de “modificar” los resultados para eximir a los funcionarios. Como se negaron, la “sugerencia” se tornó en intimidación y luego en su cese. Así lo denunciaron los contralores en diversos oficios enviados entre 2004 y 2005 a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
En sendos oficios citan, además, que “el 23 de septiembre de 2003 se solicitó la intervención del ingeniero Rosendo Villarreal Dávila, contralor interno de la SFP para que no se perpetrara una arbitrariedad y se denunciaron las irregularidades cometidas, sin embargo, se hizo caso omiso y se dio carpetazo a los asuntos”.
Ello, detallan al Legislativo, fue clave para que prescribiera “la facultad de sancionar las irregularidades señaladas en el informe de presunta responsabilidad de la auditoría”.
En aquel periodo, el del fideicomiso que manejó el Comité Directivo Estatal para la Capitalización de las Empresas Petroquímicas no Básicas era considerado en la SFP como uno de los cinco casos más relevantes del sector energético, más que por el monto del daño patrimonial, por el nivel jerárquico de los funcionarios implicados.
Ninguna responsabilidad ni sanción se ejecutó contra Dionisio Pérez- Jácome; tampoco contra Luis Téllez, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. El expediente quedó, como tantos, archivado en la SFP. De esta manera, el hoy secretario de Comunicaciones y Transportes libró una probable inhabilitación.
Cuando se concluyeron las auditorías, ejercía como comisionado regulador de Energía, área clave para el gobierno de Vicente Fox, donde, en 2003, le tocaría como jefe de sector Felipe Calderón Hinojosa. También en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la gestión de Pérez-Jácome dejó huella: una feria de permisos especiales para que los empresarios privados produjeran energía eléctrica, en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC); permisos en los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló gravísimas irregularidades.
En la CRE, entreguismo
Dionisio Pérez-Jácome Friscione hizo de la CRE un despacho de expedición de permisos para la producción de energía eléctrica a la medida de cada consorcio privado. Con ello no sólo quebrantó la Constitución respecto de la potestad del Estado en el sector eléctrico, sino que se obligó a que la CFE y LFC compraran a particulares energía al por mayor, producida incluso con la infraestructura de las paraestatales.
En términos generales, en estos permisos incluyó como excepción a la prohibición de vender energía eléctrica, su “enajenación” a “socios” del titular del permiso. También validó cada convenio y contrato para que los permisionarios vendan, bajo la simulada figura de “enajenación”, energía a sus “socios”, que en realidad son los compradores de esta energía.
Los permisos contravenían el artículo 27 constitucional y diversas disposiciones jurídicas, por tanto eran ilegales. Así lo determinó la ASF después de escrutarlos, como parte de dos auditorías especiales que hizo en la CRE en el periodo en que Pérez-Jácome se desempeñó como comisionado regulador.
El equipo del contador Arturo González de Aragón al frente de la ASF encontró también graves omisiones por parte de la Comisión Reguladora, como el que no requería a los permisionarios información de la energía que estaban produciendo y de qué forma y en qué cantidad la distribuían. Dicha información debía ser entregada de forma periódica según las obligaciones del permisionario inscritas en el clausulado de sus permisos. Su incumplimiento debía dar pie a la rescisión. Pese a que prácticamente en la CRE no recibía la información, Pérez-Jácome tampoco suspendió los permisos.
Cita la ASF que la CRE no tenía control de la aplicación de los permisos ni de las modificaciones que cada productor independiente hizo a las condiciones originalmente pactadas en sus concesiones.
La auditoría encontró que algunos permisos expedidos ni siquiera tenían el aval de la CFE, en contravención a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El órgano máximo de fiscalización indicó a la CRE que se excluyera la salvedad de vender energía eléctrica a los socios de los permisionarios y que supervisara que los solicitantes de los permisos no tuvieran como objeto la venta de energía eléctrica. De incumplirse cualquiera de estas disposiciones, advirtió la ASF, los permisos debían cancelarse. Recomendó también “evitar” la “discrecionalidad” en la autorización de los cambios a las condiciones pactadas originalmente.
Las observaciones de la ASF molestaron seriamente al presidente Vicente Fox, sobre todo porque la Auditoría solicitó al OIC que se fincaran responsabilidades contra los funcionarios de la CRE implicados en las irregularidades encontradas. En respuesta, el Ejecutivo, a través de la Sener, representada entonces por Felipe Calderón, interpuso una controversia constitucional donde alegaba que la ASF no tenía facultades para auditar los permisos.
Allí, por segunda ocasión, se desvaneció la posibilidad de que se fincaran responsabilidades contra Pérez-Jácome. Pero hubo un impacto mayor en detrimento de los bolsillos de todos los mexicanos:
Mediante los 381 permisos especiales para la producción de energía eléctrica que expidió en la CRE, obligó a que la CFE y LFC compraran a las privadas sus “excedentes”, con el argumento de que le era más rentable al Estado. Sin embargo, las auditorías de la ASF encontraron que la CRE nunca verificó la aplicación de la metodología para determinar los costos de la energía adquirida con los particulares; en consecuencia, el gasto por megawatt generado se incrementó 53.6 por ciento en términos nominales, entre 2003 y 2008. Costo que con la reducción del subsidio hoy paga directamente cada familia mexicana.
Diversos análisis elaborados por Sergio González Broca, especialista en tarifas eléctricas y extrabajador del sector por cuatro décadas, comprueban que el costo de producción y las tarifas se han incrementado a medida que los privados reemplazan a la CFE y la extinta LFC en la producción.
Ello se relaciona también con que en un afán de mero lucro, desde el sexenio de Vicente Fox, los productores privados comenzaron a producir en volúmenes a más del doble de lo requerido por el mercado mexicano, con compras aseguradas por la CFE. Lo que implicó una inversión de más de 5 mil millones de dólares a partir de 2001, cargo que se aplica a las tarifas eléctricas que paga el usuario, estima el Comité Nacional de Estudios de la Energía. Estas tarifas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, son las más caras del mundo.
Si como comisionado regulador de Energía Dionisio Pérez-Jácome hubiera observado, como era su obligación, lo costoso que le resultaba al Estado pagar para que terceros produjeran lo que por mandato Constitucional compete a las paraestatales, tal vez los mexicanos no lidiarían hoy con las exorbitantes facturas de la CFE, impagables para el poder adquisitivo de los mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón.
Contralínea solicitó entrevista con el secretario Dionisio Pérez-Jácome para que respondiera respecto de la auditoría que lo involucra en supuesto daño patrimonial a Pemex, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Por su parte, Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, a través de su vocero Roberto Gavaldón, dijo que no concedería la entrevista “porque el asunto ocurrió hace ocho años” y hoy no es funcionario de gobierno y responde “a otros intereses”.
Se buscó también la postura de JP Morgan respecto de la auditoría. El vocero en México, John Murray, dijo a Contralínea que no tenían ningún comentario al respecto.
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