El consorcio español Abengoa pretende obtener más de 1 mil 200 millones de pesos de las arcas públicas por la clausura del confinamiento de residuos peligrosos en Zimapán mediante un juicio arbitral que litiga en Washington contra el Estado mexicano.
Zimapán, Hidalgo. En la vera de un accidentado camino, en el umbral del lomerío donde inicia el macizo montañoso –desde tiempos coloniales– Sierra Gorda, se despliega una extensa y moderna construcción que, a primera vista, rompe con la natural orografía de tierra caliza tapiada de cardones, órganos, biznagas, ortigas y mezquites. Es la planta que bajo el nombre de Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, en 133 hectáreas del ejido Cuauhtémoc, construyó el consorcio Abengoa para confinar 4 mil toneladas diarias de desechos peligrosos durante 30 años.
Galerones de ladrillo rojo recubierto de barniz, estructuras forradas con policarbonato como si fuesen invernaderos, pequeñas bardas de piedra y una extensa cavidad para 392 mil 988 metros cúbicos de residuos. Al frente del complejo, permanece impecable el equipo para la separación de polietielentereftalatos (conocidos como pet), que se usó como mascarada “para intentar convencernos que lo que aquí se haría sería reciclar basura y contribuir a la limpieza del planeta”, recuerda José María Lozano, presidente municipal de Zimapán.
Se trata de uno de los negocios más lucrativos para el consorcio español vinculado con la corona española, pues los lixiviados, además de ser altamente peligrosos, son letales para el medio ambiente, de manera que ningún gobierno los quiere en su territorio, por lo que pagan bien a quien admita confinarlos, claro, muy lejos de casa.
La elección que se hizo del sitio no fue tampoco causal. Literalmente, en un mapa de México, los españoles apuntaron Zimapán por su ubicación en un área estratégica: cerca del Distrito Federal y con caminos directos hasta la frontera con Estados Unidos y hacia el Golfo de México, pues la mayoría de los desechos vendrían del extranjero.
Abengoa ejecutó su proyecto a través de sus filiales Befesa y Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), ambas de la división de negocios medioambientales y de limpieza industrial. En Europa, las dos se dedican al reciclaje y a la producción de energía verde, es decir son la “cara limpia” del consorcio. A México, traerían lo sucio, los desechos contaminados. El año pasado, el proyecto fue clausurado. En respuesta, la trasnacional llevó a México ante un tribunal del Banco Mundial.
El juicio contra México
En la 1818 street, de Washington, sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), se litiga uno de los juicios más caros contra México en el marco de los acuerdos comerciales internacionales, el número ARB-AF/09/2, promovido por Abengoa y Cofides por la cancelación del permiso para operar el confinamiento tóxico en este municipio.
El 22 de septiembre de 2009, Abengoa presentó en el Ciadi la demanda arbitral contra México. Días después, las secretarías de Gobernación y de Economía fueron notificadas por el Tribunal del Banco Mundial, y el 11 de diciembre entró el litigio del caso número 117.
Ocho meses después, el 16 de agosto de 2010, se designó al jurado: Alexis Mourre, de Francia, como presidente; Juan Fernández-Armesto, de España, como árbitro designado por el demandante, y Eduardo T Siqueiros, de México, como árbitro designado por el demandado.
Abengoa acusa a México de incumplir el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre México y el Reino de España. Demanda 96 millones de dólares, unos 1 mil 216 millones de pesos, más intereses desde que el proyecto debió comenzar a operar (en 2007), hasta que concluya el litigio. Según el procedimiento arbitral del Ciadi, podría tardar unos cinco años, de manera que le tocaría al sucesor de Felipe Calderón asumir sus costos.
El Acuerdo al que alude Abengoa fue signado por el Estado mexicano y ratificado por el Senado de la República en diciembre de 1996, considerando las garantías que debía dar el gobierno mexicano a los inversionistas españoles. En octubre de 2006, el gobierno de Vicente Fox modificó el Acuerdo para que los españoles tengan la opción de demandar a México en tribunales internacionales, particularmente el Ciadi, como los consorcios estadunidenses y canadienses, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Abengoa expone como argumentos en contra del Estado mexicano las protestas ciudadanas que llevaron a la revocación de la licencia municipal de funcionamiento y de un supuesto desvío de recursos públicos para impedir la operación del confinamiento. Pero omite las irregulares condiciones en agravio de los zimapenses en las que les entregaron los permisos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, acreditadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 68/2009.
Pese a la suspensión total de operación de la planta, Abengoa ha hecho recientes modificaciones a la infraestructura, amén de las constantes visitas a la planta de altos directivos del consorcio, explica un guardia de seguridad que vigila y fotografía a quienes transitan por la zona. También siguen vigentes los permisos otorgados por la Comisión Nacional del Agua, que en octubre de 2010 entregó una concesión indefinida para obtener derechos de uso de agua.
La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio observa que el juicio ante el Ciadi podría ser parte de la estrategia del grupo Abengoa como medida de presión para obtener las licencias de operación. El argumento suena lógico al considerar que la compañía no impugnó en tribunales la cancelación de los permisos, en cambio se trasladó directamente al Ciadi. La estrategia ha sido utilizada por Exxon Mobil contra Venezuela, por la nacionalización de la región petrolera en la Franja del Orinoco.
Autorizaciones, en duda
La licencia federal a Abengoa la otorgó la Semarnat el 11 de noviembre de 2004, bajo el nombre de Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, para manejar residuos peligrosos durante 50 años.
Pero la planta se construyó sin notificar a los habitantes de Zimapán, pese al impacto que tendría en el municipio que ocupa el segundo lugar en niveles de polución en el mundo, sólo por debajo de Bangladesh, donde la gente se envenena al beber agua potable contaminada con altísimos niveles de arsénico, de acuerdo con un estudio publicado por la Revista internacional de contaminación ambiental (volumen 24, número 2, 2008), la cual reúne a los más destacados científicos en medio ambiente del mundo.
En esta tierra hidalguense envenenada de arsénico y plomo de los jales mineros, a sólo 6 kilómetros del Río Moctezuma (que conecta hacia el Norte con los cuerpos de agua de la Huasteca Potosina y al Sur, con el Río Tula), Abengoa levantó la planta a sólo 500 metros de una de las 18 comunidades hñahñü, que representan el 20 por ciento de la población; junto a los cuerpos de agua cavaron largo y hondo, colocando sólo una ligera geomembrana para separar los desechos.
A pesar de que la Semarnat entregó la concesión, Abengoa construyó la planta de manera ilegal, pues carecía de licencia y autorización municipales. La Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 33, indica que la autorización que expida la Semarnat “no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias”.
Cuando la gente de Zimapán descubrió que los tours que Abengoa organizaba a la planta no eran para mostrarles cómo se separaría el pet, sino un truco para ocultar que se enterrarían residuos peligrosos, se organizaron para exigir la cancelación del proyecto. El justificado temor de los lugareños se basó en que el cáncer y las enfermedades relacionadas con la contaminación son los principales males en la zona.
Hasta agosto de 2008, cuando arreciaba el conflicto, Abengoa solicitó al ayuntamiento la autorización que debió tramitar cuatro años atrás, aprobada por el alcalde Eusebio Aguilar –el 6 de octubre– de manera unilateral, sin someterlo a consideración del cabildo.
Al gobierno federal y al consorcio les urgía que operara la planta, porque Petróleos Mexicanos le había contratado el confinamiento de los desechos tóxicos y peligrosos que se sacarían de la exrefinería Azcapotzalco, para que, en el marco de los festejos del bicentenario, Felipe Calderón la inaugurara como parque ecológico.
Los permisos que el alcalde Aguilar otorgó a Abengoa eran ilegales, pues sólo el cabildo pudo haberlos aprobado, y aun cuando el gobierno federal tenía conocimiento de ello, en los primeros meses de 2009 se sacaron contenedores atiborrados de los desechos de Azcapotzalco y se trajeron a Zimapán.
La tarde del 7 de abril de 2009, los lugareños fueron sorprendidos por el arribo de camiones que anunciaban su paso con su destartalado vaivén de contenedores oxidados y el rechinido de las desgastadas llantas tallando el pavimento por la pesada carga, fuertemente custodiados por comandos de la Policía Federal. Sigilosamente, sepultaron hasta el último legado tóxico de la refinería, identificada como la más contaminante de México.
Eran 300 toneladas de residuos peligrosos, dice el alcalde José María Lozano, enterradas junto a uno de los cuerpos de agua en los límites de Querétaro, a sólo 2 kilómetros del Río Moctezuma, que confluye con el Pánuco y desemboca en el Golfo de México. A pesar de ello, el 7 de noviembre pasado, Felipe Calderón inauguró en Azcapotzalco el Parque Bicentenario, obra que, irónicamente, calificó como “una proeza del rescate ecológico” y “símbolo de nuestro compromiso con el medio ambiente”.
Por órdenes presidenciales, la Policía Federal ocupó Zimapán durante más de un año; retenes y sobrevuelos resguardaron la planta de Abengoa e intentaron desarticular el movimiento ciudadano. La lucha se prolongó más de tres años e implicó la represión gubernamental contra todo el pueblo, así como movilizaciones de organizaciones nacionales e internacionales en apoyo a los lugareños.
El 10 de marzo de 2010, la nueva administración en el ayuntamiento, encabezada por José María Lozano, declaró la nulidad de las autorizaciones emitidas por Eusebio Aguilar. Presentaron también demandas contra Abengoa para que retirara los desechos confinados. Sin embargo, los directivos de la empresa no parecieron dispuestos a respetar la autonomía que el artículo 115 de la Constitución da a los municipios para este tipo de licencias y autorizaciones.
No era la primera vez que un proyecto de Abengoa desata tal animadversión. En 2000, en sociedad con Bechtel, bajo el nombre de Aguas del Tunari, intentó privatizar el agua de Cochabamba, Bolivia, lo que generó el conflicto conocido como “la guerra del agua” o, como le llama el presidente Evo Morales, “la primera rebelión del siglo XXI”, que sacó a las calles a miles de bolivianos para defender el suministro del vital líquido. Aguas del Tunari (cuyo capital accionario es 55 por ciento de Bechtel, 25 por ciento de Abengoa y 20 por ciento de empresas bolivianas) decidió también acudir al Ciadi (juicio ARB/02/3).
Abengoa, bajo protección
En noviembre pasado, las secretarías de Gobernación y Economía informaron al alcalde José María Lozano que debía coadyuvar en la defensa del Estado mexicano en el juicio de Abengoa. Por estos días, el cabildo y su alcalde clasificaron de nuevo estudios de impacto ambiental de expertos de varios países, España incluido; las consideraciones de la Corte Internacional del Medio Ambiente, de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Greenpeace.
Con los planos geológicos que demuestran que el confinamiento impactaría de manera directa 14 manantiales de aguas termales y diversas comunidades indígenas (Xajhá, la más cercana), entre muchísimas otras pruebas, “demostraremos que el pueblo de Zimapán tuvo razón al oponerse al confinamiento”, asegura Lozano, quien, sin experiencia en política, encabezó el movimiento de defensa de Zimapán y fue electo alcalde con la mayor participación electoral en la historia del municipio.
En entrevista, el alcalde comparte a Contralínea pasajes que develan cómo Felipe Calderón puso todo su gobierno a los pies de Abengoa:
“Nosotros siempre pedimos ser escuchados, buscamos que el gobierno oyera a sus ciudadanos y que los tres niveles de gobierno analizaran y vieran que la gente se merecía una oportunidad de vida, y que al permitir el confinamiento, era condenar a un pueblo a que tuviera problemas. Todos decían que la empresa promovería empleo y progreso en Zimapán, pero en realidad sólo se contrataría a 20 personas.
“Las autoridades de la Semarnat y de Profepa nos insistían en que actuábamos mal, que no permitíamos el desarrollo para Zimapán; que si entraba el confinamiento, la empresa nos beneficiaría. Yo les planteé que la gente se muere por enfermedades relacionadas con la contaminación, que muere de cáncer en sus comunidades porque no hay una ambulancia que los saque a un hospital; que si la empresa nos ayudaría a eso. Me contestaron ‘no, no, no, de ninguna manera. La empresa te apoyará cuando haya un torneo por ejemplo, o a organizar un evento deportivo’. Con ello, me dejaron claro de qué lado estaban.”
Ha habido intervención telefónica, espionaje, amenazas de muerte y la advertencia de que “o dejábamos las cosas como estaban o nos iba a ir mal. La gente del subsecretario de Gobernación Abraham González nos decía ‘¡tú vas a pagar 35 millones de dólares que quiere la empresa?”’.
Lozano acusa a Abengoa de pagar manifestaciones, inserciones y notas de prensa en su contra, aunque, dice, les resultó contraproducente: “Ellos pagaron la difusión que nosotros no podíamos pagar, ellos colocaron el asunto de Zimapán a nivel mundial, en medios de todas partes, y gracias a ello, tuvimos respuesta de ambientalistas de todo el mundo”.
En septiembre de 2010, funcionarios de la Semarnat, entre ellos el secretario Juan Rafael Elvira Quesada, ventilaron en la prensa que el ayuntamiento de Zimapán debía pagar “cualquier costo” de la demanda de Befesa.
“Si un cabildo determina retirar el permiso en Zimapán, ellos tendrán que ser parte del pago que se haga si este caso entra bajo un fuero internacional… Millones de dólares, quizás, o decenas de millones de dólares”. Parecía que quien hablaba era un representante de Abengoa y no las autoridades medioambientales.
Los senadores Carlos Sotelo García y Rosalinda López Hernández encontraron en las declaraciones de Elvira Quesada una “precondena” al municipio de Zimapán, ya que “otorgan a la empresa Desarrollo Sustentable un reconocimiento de derechos que no tiene, y sobre todo generan un ambiente de presunta responsabilidad a cargo del municipio, que no es congruente con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que se sustentan en la autonomía municipal”, cita un Punto de Acuerdo promovido por los legisladores para exigir rendición de cuentas a Quesada.
La declaración se enmarca en lo que Chema Lozano define como la protección de las autoridades federales a favor del consorcio, pues las demandas ante tribunales arbitrales internacionales son contra el Estado y es el Ejecutivo federal el que, según los acuerdos comerciales, debe hacer frente a ellos. El dinero que se paga como supuesta indemnización, los intereses, gastos y costas del juicio se costean con recursos federales canalizados por la Secretaría de Economía.
Bajo los mismos razonamientos de defensa del proyecto de Abengoa, la Semarnat y la Profepa rechazaron la Recomendación 68/2009 que emitió la CNDH por transgredir, entre otros, el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, e incumplir su obligación de regular el uso apropiado de la explotación de los recursos naturales y la preservación del equilibrio ecológico.
En una posición que rayó en los excesos de la discrecionalidad, decidieron incluso clasificar como confidencial el oficio número 01/938, mediante el cual notificaron a la CNDH su rechazo a la recomendación. El argumento de confidencialidad se declaró improcedente por los comisionados encargados de revisar el recurso de impugnación 3856/10.
Bajo la lupa internacional
Organizaciones no gubernamentales vinculadas a este tipo de litigios internacionales observan la falta de democracia e independencia con la que se conduce el Ciadi, privilegiando los intereses corporativos de las trasnacionales por encima del bien común, supuesto bajo el que se ubica este caso, en el cual el pueblo de Zimapán ejerció su derecho a rechazar el proyecto que afectaría su entorno ambiental.
El doctor Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio ?quizá el mexicano que ha seguido más de cerca los litigios en el Ciadi? observa que dicho tribunal “actúa bajo mecanismos poco transparentes y casi secretos”.
En el caso de Abengoa contra México, no todo será miel sobre hojuelas para el consorcio. A nivel internacional, se plantea ya la posibilidad de iniciar una campaña mundial para exigir a la trasnacional española dejar el litigio.
Hay casos similares, como la campaña –actualmente en marcha? contra la minera canadiense Black Fire Exploration, que acudió al Ciadi para exigir a México el pago de 800 millones de dólares por la clausura de su mina de barita en Chicomuselo, Chiapas. En este caso, organizaciones como la Common Frontiers, Sierra Club de Canadá, la United Steel Workers, entre otras, con fuerte influencia en el Congreso de esa nación, exigen al consorcio que se desista de su demanda, pues el cierre de la mina respondió al bien común del pueblo de Chicomuselo, ante el impacto medioambiental que provocaba.
Pronunciamientos similares los ha enfrentado Abengoa por 210 organizaciones de 30 países que en 2005 iniciaron una campaña en la que demandaban que abandonara “la guerra del agua” en Bolivia.
Como parte de la campaña, la prestigiada ATTAC (fundada por el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, en 1998) y otras organizaciones enviaron cartas a los altos directivos de Abengoa, en España, exigiéndoles que se desistieran del juicio contra Bolivia –en el que demandaban una indemnización de 25 millones de dólares– porque “el agua no es una mercancía”, y que, además, la valorización de la indemnización estimada por Abengoa y su socia Bechtel no guardaba relación con la inversión real que hicieron en el país suramericano.
En el caso de Zimapán, la indemnización que pretende Abengoa significa 18 años del presupuesto del ayuntamiento, que recibe 70 millones de pesos anuales. Aunque es el más grande en extensión territorial, es también el más pobre. Sólo por la energía eléctrica para traer el agua del vecino municipio de Tasquillo, para que los zimapenses no usen la de sus pozos contaminada con arsénico y plomo, se paga 1 millón de pesos mensuales.
Ni los directivos de Abengoa ni las autoridades federales aceptaron la entrevista solicitada por Contralínea para hablar sobre el juicio que Abengoa sigue en Washington contra el Estado mexicano. En la Secretaría de Economía, se preguntó sobre la estrategia de defensa que el secretario Bruno Ferrari lleva en este caso; tampoco hubo respuesta.
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