viernes, diciembre 30, 2011
martes, marzo 08, 2011
Abengoa: el millonario juicio contra México
El consorcio español Abengoa pretende obtener más de 1 mil 200 millones de pesos de las arcas públicas por la clausura del confinamiento de residuos peligrosos en Zimapán mediante un juicio arbitral que litiga en Washington contra el Estado mexicano.
Zimapán, Hidalgo. En la vera de un accidentado camino, en el umbral del lomerío donde inicia el macizo montañoso –desde tiempos coloniales– Sierra Gorda, se despliega una extensa y moderna construcción que, a primera vista, rompe con la natural orografía de tierra caliza tapiada de cardones, órganos, biznagas, ortigas y mezquites. Es la planta que bajo el nombre de Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, en 133 hectáreas del ejido Cuauhtémoc, construyó el consorcio Abengoa para confinar 4 mil toneladas diarias de desechos peligrosos durante 30 años.
Galerones de ladrillo rojo recubierto de barniz, estructuras forradas con policarbonato como si fuesen invernaderos, pequeñas bardas de piedra y una extensa cavidad para 392 mil 988 metros cúbicos de residuos. Al frente del complejo, permanece impecable el equipo para la separación de polietielentereftalatos (conocidos como pet), que se usó como mascarada “para intentar convencernos que lo que aquí se haría sería reciclar basura y contribuir a la limpieza del planeta”, recuerda José María Lozano, presidente municipal de Zimapán.
Se trata de uno de los negocios más lucrativos para el consorcio español vinculado con la corona española, pues los lixiviados, además de ser altamente peligrosos, son letales para el medio ambiente, de manera que ningún gobierno los quiere en su territorio, por lo que pagan bien a quien admita confinarlos, claro, muy lejos de casa.
La elección que se hizo del sitio no fue tampoco causal. Literalmente, en un mapa de México, los españoles apuntaron Zimapán por su ubicación en un área estratégica: cerca del Distrito Federal y con caminos directos hasta la frontera con Estados Unidos y hacia el Golfo de México, pues la mayoría de los desechos vendrían del extranjero.
Abengoa ejecutó su proyecto a través de sus filiales Befesa y Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), ambas de la división de negocios medioambientales y de limpieza industrial. En Europa, las dos se dedican al reciclaje y a la producción de energía verde, es decir son la “cara limpia” del consorcio. A México, traerían lo sucio, los desechos contaminados. El año pasado, el proyecto fue clausurado. En respuesta, la trasnacional llevó a México ante un tribunal del Banco Mundial.
El juicio contra México
En la 1818 street, de Washington, sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), se litiga uno de los juicios más caros contra México en el marco de los acuerdos comerciales internacionales, el número ARB-AF/09/2, promovido por Abengoa y Cofides por la cancelación del permiso para operar el confinamiento tóxico en este municipio.
El 22 de septiembre de 2009, Abengoa presentó en el Ciadi la demanda arbitral contra México. Días después, las secretarías de Gobernación y de Economía fueron notificadas por el Tribunal del Banco Mundial, y el 11 de diciembre entró el litigio del caso número 117.
Ocho meses después, el 16 de agosto de 2010, se designó al jurado: Alexis Mourre, de Francia, como presidente; Juan Fernández-Armesto, de España, como árbitro designado por el demandante, y Eduardo T Siqueiros, de México, como árbitro designado por el demandado.
Abengoa acusa a México de incumplir el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre México y el Reino de España. Demanda 96 millones de dólares, unos 1 mil 216 millones de pesos, más intereses desde que el proyecto debió comenzar a operar (en 2007), hasta que concluya el litigio. Según el procedimiento arbitral del Ciadi, podría tardar unos cinco años, de manera que le tocaría al sucesor de Felipe Calderón asumir sus costos.
El Acuerdo al que alude Abengoa fue signado por el Estado mexicano y ratificado por el Senado de la República en diciembre de 1996, considerando las garantías que debía dar el gobierno mexicano a los inversionistas españoles. En octubre de 2006, el gobierno de Vicente Fox modificó el Acuerdo para que los españoles tengan la opción de demandar a México en tribunales internacionales, particularmente el Ciadi, como los consorcios estadunidenses y canadienses, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Abengoa expone como argumentos en contra del Estado mexicano las protestas ciudadanas que llevaron a la revocación de la licencia municipal de funcionamiento y de un supuesto desvío de recursos públicos para impedir la operación del confinamiento. Pero omite las irregulares condiciones en agravio de los zimapenses en las que les entregaron los permisos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, acreditadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 68/2009.
Pese a la suspensión total de operación de la planta, Abengoa ha hecho recientes modificaciones a la infraestructura, amén de las constantes visitas a la planta de altos directivos del consorcio, explica un guardia de seguridad que vigila y fotografía a quienes transitan por la zona. También siguen vigentes los permisos otorgados por la Comisión Nacional del Agua, que en octubre de 2010 entregó una concesión indefinida para obtener derechos de uso de agua.
La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio observa que el juicio ante el Ciadi podría ser parte de la estrategia del grupo Abengoa como medida de presión para obtener las licencias de operación. El argumento suena lógico al considerar que la compañía no impugnó en tribunales la cancelación de los permisos, en cambio se trasladó directamente al Ciadi. La estrategia ha sido utilizada por Exxon Mobil contra Venezuela, por la nacionalización de la región petrolera en la Franja del Orinoco.
Autorizaciones, en duda
La licencia federal a Abengoa la otorgó la Semarnat el 11 de noviembre de 2004, bajo el nombre de Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, para manejar residuos peligrosos durante 50 años.
Pero la planta se construyó sin notificar a los habitantes de Zimapán, pese al impacto que tendría en el municipio que ocupa el segundo lugar en niveles de polución en el mundo, sólo por debajo de Bangladesh, donde la gente se envenena al beber agua potable contaminada con altísimos niveles de arsénico, de acuerdo con un estudio publicado por la Revista internacional de contaminación ambiental (volumen 24, número 2, 2008), la cual reúne a los más destacados científicos en medio ambiente del mundo.
En esta tierra hidalguense envenenada de arsénico y plomo de los jales mineros, a sólo 6 kilómetros del Río Moctezuma (que conecta hacia el Norte con los cuerpos de agua de la Huasteca Potosina y al Sur, con el Río Tula), Abengoa levantó la planta a sólo 500 metros de una de las 18 comunidades hñahñü, que representan el 20 por ciento de la población; junto a los cuerpos de agua cavaron largo y hondo, colocando sólo una ligera geomembrana para separar los desechos.
A pesar de que la Semarnat entregó la concesión, Abengoa construyó la planta de manera ilegal, pues carecía de licencia y autorización municipales. La Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 33, indica que la autorización que expida la Semarnat “no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias”.
Cuando la gente de Zimapán descubrió que los tours que Abengoa organizaba a la planta no eran para mostrarles cómo se separaría el pet, sino un truco para ocultar que se enterrarían residuos peligrosos, se organizaron para exigir la cancelación del proyecto. El justificado temor de los lugareños se basó en que el cáncer y las enfermedades relacionadas con la contaminación son los principales males en la zona.
Hasta agosto de 2008, cuando arreciaba el conflicto, Abengoa solicitó al ayuntamiento la autorización que debió tramitar cuatro años atrás, aprobada por el alcalde Eusebio Aguilar –el 6 de octubre– de manera unilateral, sin someterlo a consideración del cabildo.
Al gobierno federal y al consorcio les urgía que operara la planta, porque Petróleos Mexicanos le había contratado el confinamiento de los desechos tóxicos y peligrosos que se sacarían de la exrefinería Azcapotzalco, para que, en el marco de los festejos del bicentenario, Felipe Calderón la inaugurara como parque ecológico.
Los permisos que el alcalde Aguilar otorgó a Abengoa eran ilegales, pues sólo el cabildo pudo haberlos aprobado, y aun cuando el gobierno federal tenía conocimiento de ello, en los primeros meses de 2009 se sacaron contenedores atiborrados de los desechos de Azcapotzalco y se trajeron a Zimapán.
La tarde del 7 de abril de 2009, los lugareños fueron sorprendidos por el arribo de camiones que anunciaban su paso con su destartalado vaivén de contenedores oxidados y el rechinido de las desgastadas llantas tallando el pavimento por la pesada carga, fuertemente custodiados por comandos de la Policía Federal. Sigilosamente, sepultaron hasta el último legado tóxico de la refinería, identificada como la más contaminante de México.
Eran 300 toneladas de residuos peligrosos, dice el alcalde José María Lozano, enterradas junto a uno de los cuerpos de agua en los límites de Querétaro, a sólo 2 kilómetros del Río Moctezuma, que confluye con el Pánuco y desemboca en el Golfo de México. A pesar de ello, el 7 de noviembre pasado, Felipe Calderón inauguró en Azcapotzalco el Parque Bicentenario, obra que, irónicamente, calificó como “una proeza del rescate ecológico” y “símbolo de nuestro compromiso con el medio ambiente”.
Por órdenes presidenciales, la Policía Federal ocupó Zimapán durante más de un año; retenes y sobrevuelos resguardaron la planta de Abengoa e intentaron desarticular el movimiento ciudadano. La lucha se prolongó más de tres años e implicó la represión gubernamental contra todo el pueblo, así como movilizaciones de organizaciones nacionales e internacionales en apoyo a los lugareños.
El 10 de marzo de 2010, la nueva administración en el ayuntamiento, encabezada por José María Lozano, declaró la nulidad de las autorizaciones emitidas por Eusebio Aguilar. Presentaron también demandas contra Abengoa para que retirara los desechos confinados. Sin embargo, los directivos de la empresa no parecieron dispuestos a respetar la autonomía que el artículo 115 de la Constitución da a los municipios para este tipo de licencias y autorizaciones.
No era la primera vez que un proyecto de Abengoa desata tal animadversión. En 2000, en sociedad con Bechtel, bajo el nombre de Aguas del Tunari, intentó privatizar el agua de Cochabamba, Bolivia, lo que generó el conflicto conocido como “la guerra del agua” o, como le llama el presidente Evo Morales, “la primera rebelión del siglo XXI”, que sacó a las calles a miles de bolivianos para defender el suministro del vital líquido. Aguas del Tunari (cuyo capital accionario es 55 por ciento de Bechtel, 25 por ciento de Abengoa y 20 por ciento de empresas bolivianas) decidió también acudir al Ciadi (juicio ARB/02/3).
Abengoa, bajo protección
En noviembre pasado, las secretarías de Gobernación y Economía informaron al alcalde José María Lozano que debía coadyuvar en la defensa del Estado mexicano en el juicio de Abengoa. Por estos días, el cabildo y su alcalde clasificaron de nuevo estudios de impacto ambiental de expertos de varios países, España incluido; las consideraciones de la Corte Internacional del Medio Ambiente, de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Greenpeace.
Con los planos geológicos que demuestran que el confinamiento impactaría de manera directa 14 manantiales de aguas termales y diversas comunidades indígenas (Xajhá, la más cercana), entre muchísimas otras pruebas, “demostraremos que el pueblo de Zimapán tuvo razón al oponerse al confinamiento”, asegura Lozano, quien, sin experiencia en política, encabezó el movimiento de defensa de Zimapán y fue electo alcalde con la mayor participación electoral en la historia del municipio.
En entrevista, el alcalde comparte a Contralínea pasajes que develan cómo Felipe Calderón puso todo su gobierno a los pies de Abengoa:
“Nosotros siempre pedimos ser escuchados, buscamos que el gobierno oyera a sus ciudadanos y que los tres niveles de gobierno analizaran y vieran que la gente se merecía una oportunidad de vida, y que al permitir el confinamiento, era condenar a un pueblo a que tuviera problemas. Todos decían que la empresa promovería empleo y progreso en Zimapán, pero en realidad sólo se contrataría a 20 personas.
“Las autoridades de la Semarnat y de Profepa nos insistían en que actuábamos mal, que no permitíamos el desarrollo para Zimapán; que si entraba el confinamiento, la empresa nos beneficiaría. Yo les planteé que la gente se muere por enfermedades relacionadas con la contaminación, que muere de cáncer en sus comunidades porque no hay una ambulancia que los saque a un hospital; que si la empresa nos ayudaría a eso. Me contestaron ‘no, no, no, de ninguna manera. La empresa te apoyará cuando haya un torneo por ejemplo, o a organizar un evento deportivo’. Con ello, me dejaron claro de qué lado estaban.”
Ha habido intervención telefónica, espionaje, amenazas de muerte y la advertencia de que “o dejábamos las cosas como estaban o nos iba a ir mal. La gente del subsecretario de Gobernación Abraham González nos decía ‘¡tú vas a pagar 35 millones de dólares que quiere la empresa?”’.
Lozano acusa a Abengoa de pagar manifestaciones, inserciones y notas de prensa en su contra, aunque, dice, les resultó contraproducente: “Ellos pagaron la difusión que nosotros no podíamos pagar, ellos colocaron el asunto de Zimapán a nivel mundial, en medios de todas partes, y gracias a ello, tuvimos respuesta de ambientalistas de todo el mundo”.
En septiembre de 2010, funcionarios de la Semarnat, entre ellos el secretario Juan Rafael Elvira Quesada, ventilaron en la prensa que el ayuntamiento de Zimapán debía pagar “cualquier costo” de la demanda de Befesa.
“Si un cabildo determina retirar el permiso en Zimapán, ellos tendrán que ser parte del pago que se haga si este caso entra bajo un fuero internacional… Millones de dólares, quizás, o decenas de millones de dólares”. Parecía que quien hablaba era un representante de Abengoa y no las autoridades medioambientales.
Los senadores Carlos Sotelo García y Rosalinda López Hernández encontraron en las declaraciones de Elvira Quesada una “precondena” al municipio de Zimapán, ya que “otorgan a la empresa Desarrollo Sustentable un reconocimiento de derechos que no tiene, y sobre todo generan un ambiente de presunta responsabilidad a cargo del municipio, que no es congruente con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que se sustentan en la autonomía municipal”, cita un Punto de Acuerdo promovido por los legisladores para exigir rendición de cuentas a Quesada.
La declaración se enmarca en lo que Chema Lozano define como la protección de las autoridades federales a favor del consorcio, pues las demandas ante tribunales arbitrales internacionales son contra el Estado y es el Ejecutivo federal el que, según los acuerdos comerciales, debe hacer frente a ellos. El dinero que se paga como supuesta indemnización, los intereses, gastos y costas del juicio se costean con recursos federales canalizados por la Secretaría de Economía.
Bajo los mismos razonamientos de defensa del proyecto de Abengoa, la Semarnat y la Profepa rechazaron la Recomendación 68/2009 que emitió la CNDH por transgredir, entre otros, el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, e incumplir su obligación de regular el uso apropiado de la explotación de los recursos naturales y la preservación del equilibrio ecológico.
En una posición que rayó en los excesos de la discrecionalidad, decidieron incluso clasificar como confidencial el oficio número 01/938, mediante el cual notificaron a la CNDH su rechazo a la recomendación. El argumento de confidencialidad se declaró improcedente por los comisionados encargados de revisar el recurso de impugnación 3856/10.
Bajo la lupa internacional
Organizaciones no gubernamentales vinculadas a este tipo de litigios internacionales observan la falta de democracia e independencia con la que se conduce el Ciadi, privilegiando los intereses corporativos de las trasnacionales por encima del bien común, supuesto bajo el que se ubica este caso, en el cual el pueblo de Zimapán ejerció su derecho a rechazar el proyecto que afectaría su entorno ambiental.
El doctor Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio ?quizá el mexicano que ha seguido más de cerca los litigios en el Ciadi? observa que dicho tribunal “actúa bajo mecanismos poco transparentes y casi secretos”.
En el caso de Abengoa contra México, no todo será miel sobre hojuelas para el consorcio. A nivel internacional, se plantea ya la posibilidad de iniciar una campaña mundial para exigir a la trasnacional española dejar el litigio.
Hay casos similares, como la campaña –actualmente en marcha? contra la minera canadiense Black Fire Exploration, que acudió al Ciadi para exigir a México el pago de 800 millones de dólares por la clausura de su mina de barita en Chicomuselo, Chiapas. En este caso, organizaciones como la Common Frontiers, Sierra Club de Canadá, la United Steel Workers, entre otras, con fuerte influencia en el Congreso de esa nación, exigen al consorcio que se desista de su demanda, pues el cierre de la mina respondió al bien común del pueblo de Chicomuselo, ante el impacto medioambiental que provocaba.
Pronunciamientos similares los ha enfrentado Abengoa por 210 organizaciones de 30 países que en 2005 iniciaron una campaña en la que demandaban que abandonara “la guerra del agua” en Bolivia.
Como parte de la campaña, la prestigiada ATTAC (fundada por el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, en 1998) y otras organizaciones enviaron cartas a los altos directivos de Abengoa, en España, exigiéndoles que se desistieran del juicio contra Bolivia –en el que demandaban una indemnización de 25 millones de dólares– porque “el agua no es una mercancía”, y que, además, la valorización de la indemnización estimada por Abengoa y su socia Bechtel no guardaba relación con la inversión real que hicieron en el país suramericano.
En el caso de Zimapán, la indemnización que pretende Abengoa significa 18 años del presupuesto del ayuntamiento, que recibe 70 millones de pesos anuales. Aunque es el más grande en extensión territorial, es también el más pobre. Sólo por la energía eléctrica para traer el agua del vecino municipio de Tasquillo, para que los zimapenses no usen la de sus pozos contaminada con arsénico y plomo, se paga 1 millón de pesos mensuales.
Ni los directivos de Abengoa ni las autoridades federales aceptaron la entrevista solicitada por Contralínea para hablar sobre el juicio que Abengoa sigue en Washington contra el Estado mexicano. En la Secretaría de Economía, se preguntó sobre la estrategia de defensa que el secretario Bruno Ferrari lleva en este caso; tampoco hubo respuesta.
martes, febrero 15, 2011
sábado, enero 22, 2011
Gobiernos panistas contra libertad sindical
Durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se han presentado 29 quejas ante la Organización Internacional del Trabajo contra el Estado mexicano por violaciones a la libertad sindical. La cifra es un atisbo de la situación real de abusos cometidos por la administración federal en contra de los sindicatos, señalan especialistas. Con un gobierno considerado “antisindical”, la presencia de México en el Comité de Libertad Sindical –instancia encargada de resolver las querellas– resulta una “paradoja”.
De las 38 quejas que se han presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del gobierno mexicano, 29 se han interpuesto en la última década, es decir, durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Las querellas corresponden a violaciones a la libertad sindical, amparada por el Convenio 87, que México ratificó desde abril de 1950.
En éstas se acusan impedimentos para organizar sindicatos independientes o para ejercer su derecho a la negociación colectiva, negativas de la autoridad de reconocer a organizaciones sindicales o a otorgarles la Toma de Nota a sus directivos, violaciones a los contratos colectivos de trabajo, injerencia de los empleadores en la vida sindical, agresiones a trabajadores y sindicalistas y actos de intimidación para evitar la afiliación de trabajadores a un sindicato.
De las 29 quejas que se han presentado de enero de 2001 a la fecha, cuatro casos siguen pendientes de resolución por parte del Comité de Libertad Sindical (CLS), instancia encargada de analizar las querellas. Otros dos casos se encuentran “en seguimiento”, de acuerdo con la información publicada en el portal electrónico de la OIT.
Se trata de las quejas 2478 y 2679. La primera fue presentada en marzo de 2006 por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Acusaban actos de violencia, amenazas de muerte y el homicidio de sindicalistas, la destitución del comité ejecutivo del Sindicato y el establecimiento de un Sindicato paralelo por parte de la empresa y las autoridades gubernamentales.
La otra queja corresponde a la que el Sindicato de Agentes Vendedores de Seguros en General en el Estado de Jalisco y la Unión Nacional de Trabajadores llevaron al organismo internacional en noviembre de 2008, alegando despidos antisindicales de dirigentes y afiliados al sindicato, así como la cancelación del registro de la organización a petición de empresas del sector como táctica para atemorizar a los trabajadores.
En noviembre de 2009, a un mes de que el gobierno federal decretara la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentó su queja ante la OIT. Su demanda es por la violación a los convenios 87 y 98, relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, respectivamente.
La solicitud sigue pendiente de admisión en el CLS, pues se pidió al SME ampliar la información para sustentar las violaciones aludidas. De aceptarse, se trataría de la décima queja por violaciones a la libertad sindical interpuesta en lo que va de la administración calderonista.
En opinión del director del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Luis Bueno Rodríguez, la cifra de las quejas presentadas ante la OIT es apenas “la punta del iceberg” de una situación mucho más grave de violaciones a la vida sindical en el país, que no es vislumbrada en su dimensión real porque no todos los abusos son denunciados ante dicha instancia, ya sea por desconocimiento o por desconfianza en la efectividad de sus resoluciones.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes Muñoz, coincide con el señalamiento de que el número de quejas es mínimo comparado con la cantidad real de violaciones, cometidas no únicamente por el gobierno federal, sino también por las autoridades locales.
Pero además, acota el abogado, la cifra ni siquiera representa el volumen real de reclamos interpuestos ante la OIT, pues a las quejas llevadas al CLS habría que sumarles las reclamaciones hechas al Comité de Expertos, otra instancia creada en el seno de la OIT que revisa casos de otra índole.
Entre ellos, se encuentra la reclamación hecha en 2004 por las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que derivó en la desaparición de salarios íntegros a trabajadores jubilados. El Comité de Expertos también revisó la reclamación del caso de la minera Pasta de Conchos, en la que se acusó la violación al Convenio 155, relativo a la inspección del lugar de trabajo.
Antisindicalismo, política heredada
Fuentes Muñoz, quien ha participado en la elaboración de algunas de las quejas llevadas a la OIT, aclara que los agravios a la libertad sindical tampoco pueden considerarse exclusivos de los gobiernos panistas. En su opinión, se trata más bien de la continuidad de prácticas de usanza priista, en las que eran sistemáticas y reiteradas las negativas a otorgar registros sindicales, a desconocer huelgas y a preferir sindicatos corporativos, entre otros agravios.
Bueno Rodríguez apunta que si bien las acciones “antisindicales” del gobierno han prevalecido sin importar el partido político en el poder, ahora las organizaciones sindicales independientes están comenzando a ver este tipo de quejas como un recurso que, sin ser nuevo, les resulta novedoso.
Ello se debe a que en el pasado no se le prestaba atención “justamente porque el propio sindicalismo corporativo no iba a recurrir a este tipo de instancias frente a sí mismo”, comenta el director del CILAS. “Hubiera sido como una autoacusación”.
Si bien los especialistas reconocen que los abusos cometidos contra organizaciones sindicales no se han dado únicamente con las administraciones panistas, ambos cuestionan la pertinencia de que México actualmente forme parte del CLS.
Aunque los estatutos de la OIT indican que un país no puede participar en las resoluciones sobre casos de su propio Estado, Fuentes Muñoz considera que México “tampoco es un agente calificado para señalar si se viola o no la libertad sindical en otros países”.
Bueno Rodríguez califica de “paradójico” el que México, al ser uno de los países donde más se viola el derecho a la libertad sindical, forme parte del Comité de Libertad Sindical. “De entrada, significa tener pocas expectativas para que los casos que sean tramitados ante este Comité tengan un futuro halagüeño”.
Además, considera que la abstención de la representación mexicana en casos que le competen al país “no es suficiente como para garantizar un trato imparcial frente a las quejas que se presenten”.
OIT, instancia sin dientes
La mayoría de las quejas contra el gobierno mexicano presentadas al CLS se encuentra como “caso cerrado”, dado que dicha instancia ha emitido sus recomendaciones al respecto.
Sin embargo, tales recomendaciones no son de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados o sindicatos aludidos, lo que limita la efectividad de su trabajo en la defensa de la libertad sindical.
Además, Fuentes Muñoz señala que hay una enorme dilación en los procesos, lo cual es, en parte, atribuible a la falta de profesionales en el Comité de Libertad Sindical para atender todos los casos.
Pero el retraso en la resolución de las quejas también se debe a que el gobierno mexicano “ha aprendido a dilatarse, a estar posponiendo alguna información o a plantear cuestiones que puedan ser muy complicadas de estudio y que pueda motivar un escenario más largo de análisis”, considera el abogado laborista.
Otra situación que entorpece el trabajo de la OIT, a decir de Fuentes Muñoz, es la “labor de lobby” del gobierno mexicano, que se traduce en mantener una presencia constante y diligente en la OIT, mientras que las organizaciones sindicales han estado ausentes debido a su falta de experiencia en este tipo de escenarios.
“Eso puede tener repercusiones muy importantes en la resolución de las quejas. Todavía es un escenario en el cual las organizaciones sindicales no hemos trabajado”, reconoce.
En opinión de Bueno Rodríguez, aun cuando los resolutivos de la Organización Internacional del Trabajo lleguen a ser favorables, no se puede depositar total confianza en que tengan alguna repercusión.
Señala que la ambigüedad con que se mantiene la condición jurídica de las recomendaciones de la OIT permite que los gobiernos evadan su cumplimiento, aun habiendo ratificado los convenios en los que se sustentan.
Gobierno mexicano, “antisindicalista”
La Confederación Sindical Internacional (CSI) señaló, en su Informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales 2010, que en América persisten “brutales violaciones” de los derechos sindicales, entre ellos el asesinato de sindicalistas y activistas pro derechos laborales, “lo que convierte a las Américas (sic) en el continente más mortífero del mundo”.
De acuerdo con el documento, publicado en junio de 2010, México ocupa el cuarto lugar en la región en el número de homicidios de sindicalistas en 2009, con seis casos registrados.
Cuatro de ellos fueron de miembros del sindicato minero, quienes “perdieron la vida en el transcurso de una larga acción de huelga”, mientras que los otros dos dirigentes sindicales fueron asesinados en incidentes separados. Uno de ellos fue asesinado junto con su familia, refiere la CSI.
El Informe también da cuenta de que algunos gobiernos del continente “utilizaron la crisis como pretexto para debilitar aún más los derechos sindicales y de los trabajadores imponiendo medidas de flexibilidad laboral”, además de que “empleadores hostiles” a la organización de sindicatos recurrieron a “tácticas antisindicales”, como los despidos, el acoso y las listas negras. En el caso mexicano, se destacó el uso de los contratos de protección como una de las tácticas empleadas.
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Los señalamientos de la CSI apuntaron, en suma, a que, en México, “persiste la estrategia antisindical del gobierno”.
Conclusiones similares fueron emitidas por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS), que se reunió en abril de 2010.
En su declaración final, el TILS refirió que “la política antisindical del Estado mexicano conjuga prácticas que conducen a muchas autoridades a ser parte de una red de corrupción con empresarios y supuestas organizaciones que niegan, por la vía del corporativismo, de la simulación, de la ilegalidad o a través del uso de la violencia, los derechos fundamentales del trabajo”.
Tales “anomias institucionales” conducen a la “utilización abusiva” tanto de las instituciones como de las disposiciones legales, como el registro sindical y la Toma de Nota, “que contradicen el derecho laboral internacional para servir a intereses privados”.
lunes, junio 14, 2010
Afganistán: Estados Unidos descubre minerales por valor de un billón de dólares
Estos depósitos, desconocidos hasta ahora, incluyen tales cantidades de hierro, cobre, oro, cobalto y metales industriales que Afganistán podría transformarse en uno de los centros más importantes de la minería global. Un memo que circula en el Pentágono señala que Afganistán podría ser "la Arabia Saudí del litio", materia prima que es clave a la hora de producir pilas para portátiles y celulares.
El general David H. Petraeus, jefe del Comando Central de EEUU, manifestó que "allí hay un potencial espectacular". Jalil Jumriany, asesor del ministro afgano de Minería, señaló que esas reservas serán "la espina dorsal de la economía afgana".
El producto interno bruto (PIB) de Afganistán no rebasa 12 mil millones de dólares a día de hoy.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses reconocen que las recién descubiertas riquezas minerales constituyen un arma de doble filo. En vez de aportar la paz, podrían endurecer la lucha de los talibanes por recuperar el control del país y ampliar la de por sí rampante corrupción en el Gobierno afgano. También temen que China, ávida de recursos, intente dominar el desarrollo de la minería afgana para disgusto de EEUU, que ya realizó grandes inversiones en esta región.
Otra dificultad radica en que Afganistán tiene muy poca experiencia en lo que se refiere a la industria minera y la protección medioambiental. Tardará décadas en explotar a pleno sus riquezas y hay dudas de que sepa hacerlo de una manera responsable en plano social y ecológico.
sábado, junio 12, 2010
Estampas bicentenarias: Cananea e Iniciativa México
MÉXICO, D.F., 8 de junio (apro).- Si algo puede resumir las dos caras de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución es la siguiente estampa: mientras la oligarquía mediática celebraba su Iniciativa México, ofrecía discursos de orgullo nacionalista en cadena nacional y pretendía a golpe de pantalla y de rating modificar la “percepción” social sobre el mal estado de la nación, en Coahuila el Grupo Minera México, propietario de la minera Cananea, la más antigua, importante y simbólica en la historia mexicana, era ocupada desde la noche del 6 de junio por las fuerzas de seguridad pública, tras 34 meses de huelga.
En paralelo, la policía estatal de Coahuila escoltó a representantes de Minera México para recuperar el control de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en la tragedia del 19 de febrero de 2006, sin que hasta ahora exista responsable alguno.
La Secretaría de Gobernación, a tono con el México mágico, lindo y pacífico que quieren imponernos –¡ay de aquellos malos mexicanos que se atrevan a criticar o a informar fuera del guión coproducido!–, afirmó en un boletín de prensa que “fuerzas de seguridad pública aseguraron pacíficamente la mina de Cananea”.
El comunicado destaca que el desalojo se realizó “sin resistencia ni incidentes” y “con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos fundamentales de los extrabajadores mineros que se encontraban en las afueras del lugar”.
Las versiones de reporteros que estuvieron en el sitio, así como de los mineros agredidos, son otras. Integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares afirmaron que hubo actos violentos. El Imparcial, de Sonora, informó de al menos dos heridos de bala.
Es probable que sean sólo “daños colaterales” en el lenguaje calderoniano, como “colaterales” deben ser los 65 mineros que murieron asfixiados en Pasta de Conchos, sin que la empresa de Germán Larrea se hiciera responsable de las malas condiciones que provocaron el accidente.
Estas imágenes no se vieron en la televisión mexicana. El México mediático, el del duopolio televisivo y sus acompañantes del neoporfirismo de la gente bien y “de los valores”, ofreció en cadena nacional cuentas de vidrio a cambio de autohalagos.
Dieron a conocer la Iniciativa México, que ofrece premiar con 6 millones de pesos a individuos, organizaciones o instituciones públicas o privadas que presenten “proyectos vigentes, con impacto social y /o ecológico”, en las cinco categorías del reality al que convocaron de aquí al 7 de julio: calidad de vida, desarrollo comunitario, medio ambiente, justicia y derechos humanos, y buen gobierno y rendición de cuentas.
Ni la burla perdonan. Seis millones de pesos no es ni la décima parte del tiempo que puedan comercializar en spots durante el mismo tiempo-aire que dedicaron a “encadenarse voluntariamente”.
Se trata de una especie de concurso ante las audiencias masivas que votarán para elegir a los cinco finalistas que, en un programa final, defenderán sus propuestas. Un Big Brother social o un Pronasol mediatizado.
“En este último programa –afirma la convocatoria– se conocerá la iniciativa preferida conforme a la votación de la audiencia, así como a los siguientes cuatro lugares. En un gran evento se reconocerá a los cinco proyectos finalistas, a los cuales se les otorgarán recursos económicos para que continúen trabajando por la causa con la cual participaron. El proyecto con mayor votación del público recibirá dos millones de pesos y los cuatro restantes un millón de pesos cada uno. Estas cantidades son libres de impuestos y en pesos mexicanos”.
En esta ostentosa filantropía, lo que menos importa es el impacto real de la iniciativa. Se trata de que los convocantes se presuman a sí mismos como buenos mexicanos, como los “auténticos voceros” de un México grande. Quienes no participan son acusados de “boicotear” una noble causa, y quienes critican entonces son los resentidos de siempre. El clásico discurso unilateral y de uniformidad ideológica de la derecha mediática.
No en balde, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean aparecieron en horario estelar, en Canal 2 y Canal 13, entrevistados por Javier Alatorre y Joaquín López Dóriga, recitando una serie de lugares comunes, sin problematizar, evadiendo el hecho de que se trató de una imposición desde el canal de las estrellas y no de un consenso genuino. Como si fueran Batman y Robin del radioespectro. Multimillonarios que ahora nos dicen cómo ser buenos filántropos.
En esto se parece también el tono de los desplegados de apoyo a la decisión de fuerza en las minas de Cananea y Pasta de Conchos. Este martes 8 de junio aparecieron en la prensa los respaldos a las acciones tomadas, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara Minera de México (Camimex) y de una fantasmal Confederación de Sindicatos Independientes de mineros.
“La recuperación de Cananea pone fin a un desafortunado capítulo de abuso de los legítimos derechos y constituye una oportunidad para recuperar, a la brevedad, el dinamismo, desarrollo y expansión no sólo de la mina de Cananea, sino del Estado”, advierte el CCE en su inserción pagada.
La Camimex también “reconoce y apoya las acciones conjuntas realizadas por el gobierno federal y de Sonora el pasado domingo 6 de junio, para recuperar y asegurar pacíficamente las instalaciones de la mina de Cananea”.
Esas son las percepciones que quieren transformar en verdades inamovibles, en una realidad donde esté exenta la crítica, la disidencia o la defensa de derechos laborales y humanos elementales.
Así sí vale la pena tener iniciativa. Si se tiene a la Policía Federal y a la Secretaría de Gobernación al servicio, ¿quién puede dudar que éste es un país pacífico?
www.jenarovillamil.wordpress.com
viernes, junio 11, 2010
LEASING CANANEA
Por: Francisco Rodríguez
HACE CASI TRES décadas propuse en este espacio que, en lugar de elecciones presidenciales, cada seis años se llevara a cabo un concurso para rentar el país a una potencia extranjera. Si el problema mayoritariamente identificado era el agrícola, pues que durante un sexenio lo administraran los israelíes, quienes –dicen sus apologistas-- "convirtieron en un vergel al desierto”. A Alemania, si el problema era la escasa industrialización. O a las italianas, si por ahí aparecía la propuesta de “mejorar la raza”… Por algo se empieza, ¿o no?
Hasta diseñé el anuncio que se publicaría en el The New York Times, por su indudable influencia mundial: “Se renta bonito país, dos vistas al mar…”
Tal era broma, por supuesto. Pero hoy despierto y me encuentro con que la guasa se ha convertido en realidad. Una realidad, muy al estilo Robocop, si me permite el parangón cinematográfico.
Porque en aquella película ambientada en la estadounidense Detroit, Míchigan, la ciudad es entregada en a la corporación OCP (Omni, Productos de Consumo). OCP está interesada además en la reconstrucción del "Viejo Detroit" y pretende reemplazarlo con lo que llama "Ciudad Delta".
En tal distopía –o anti-utopía-- el mayor problema de Motor City, como también se conoce a esa ciudad fronteriza con Canadá, era la inseguridad y la violencia criminal y, secretamente algunos directivos de la corporación habían apoyado a delincuentes, para de esta manera crear una situación de seguridad insostenible en la ciudad, y así poder hacerse cargo del Departamento de Policía, y ganar posteriormente el contrato de reconstrucción de Detroit.
Crea Omni los cyborgs–¿la AFI de García Luna en el sexenio anterior?--, y tras su fracaso otro ejecutivo presenta a RoboCop, un robot medio humano que… bueno, usted conoce la historia o la recuerda al menos…
El caso es que Cananea, cuna de la Revolución, ha sido entregada apenas a una corporación. No es Omni, ¡vive Dios!, pero sí es Grupo México de Germán Larrea, lo que definitivamente resulta todavía peor.
Hubo en esta trama participación de RoboCops. Los federales de la SS del propio García Luna, gendarmes que en la madrugada de este lunes aprehendieron a los mineros en huelga, “al estilo americano… todos con pistola en mano”… provocando heridos de bala, desaparecidos, y niños y mujeres heridos.
En la tarde del 6 de junio grupos paramilitares --policías federales, estatales-- entraron ocultos como bandidos a las instalaciones de la mina de Cananea y prácticamente tomaron todo el municipio en busca de los líderes sindicales, narran las crónicas de tan furtivo y ahora publicitado evento.
El asalto de los federales a Cananea quedó así consumado.
Pero hete ahí que, para “lavarse la cara”, los enemigos de los trabajadores han anunciado lo que, de hecho, es la compra de todo el municipio. Como Omni, compró a Detroit.
Disfrazado de programa asistencialista –porque panistas y empresarios como Larrea para todo usan el disimulo--, la fallida Administración de Felipe Calderón, el muy joven pero ya muy corrupto gobierno panista sonorense y, claro, la compañía Minera México han anunciado “Todos por Cananea” que contempla la “inversión” de más de 58 mil millones de pesos, no sólo para reactivar la mina de cobre y la construcción de otro tipo de infraestructura que es común en la industria extractiva, también para erigir carreteras, hospitales, áreas deportivas…
De facto, pues, la fallida Administración deja de tener presencia en ese municipio sonorense que, en adelante, va a ser “gobernado” por los intereses económicos del emporio del heredero de Jorge Larrea.
Es así como Calderón ha ido cediendo espacios aún dentro de la misma Administración Pública federal, donde por ejemplo, Los Zetas tienen “rentadas” las aduanas y puestos migratorios del noroeste del territorio nacional, lo mismo que de algunos puertos marítimos “clave”, cual el de Manzanillo.
O las propias dependencias que dizque combaten a la delincuencia, como la PGR o la SS de García Luna, en donde narcos y secuestradores han comprado plazas y altos cargos públicos. Eso para no hablar del Poder Judicial, en donde jueces, magistrados y quizá hasta ministros…
“Se renta bonito país. Dos vistas al mar…”
Germán Larrea ya compró parte del mismo. Con “autoridades” federales y estatales incluidas, ¡faltaba más!
Índice Flamígero: La Cancillería mexicana perdió la muy valiosa oportunidad de guardar silencio y ayer salió con la zarandaja de que el viaje del ocupante de Los Pinos a Sudáfrica es “de trabajo”. Y que dizque servirá para “posicionar a México en esa región”, cualquier cosa que esto quiera decir en idioma “Cantellano” ¿Por qué no decir la verdad? Que Calderón viaja con su palomilla a presenciar un partido de futbol que millones de mexicanos sólo tendrán oportunidad de ver a través de la televisión…
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com
Fuente: Indice Político
lunes, mayo 03, 2010
Cuando el multigenocida Goldman Sachs saqueó México y Ghana
El ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en imagen de archivoFoto Carlos Ramos MamahuaBajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme
Empiezan a ser exhumados los cadáveres de varios países, como los desahuciados México y Ghana, que el banco multigenocida de inversiones Goldman Sachs dejó esparcidos en el planeta y que ya no puede ocultar el montaje legal de su enjuiciamiento en Estados Unidos, el cual, por cierto, se puede descarrilar debido a la furia ciudadana a seis meses de las elecciones.
Llama la atención que los ausentes poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de México, como vulgares avestruces, hayan escondido la cabeza ante las rapiñas del hoy vilipendiado Goldman Sachs, que lucró con el efecto tequila –que tuvo un costo entre 70 mil millones y 100 mil millones de dólares (según las cifras alegres de Salinas y Zedillo, por cierto, dos economistas que no calculan muy bien que se diga)–, en presunta colusión con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México del momento, lo cual desembocó en el tóxico Fobaproa/IPAB, que socavó las finanzas para favorecer la captura de la banca nacional por la banca israelí-anglosajona y española (poseedora de 92 por ciento en términos de capitalización de mercado: un caso insólito a escala global).
El firmante del ilegal pagaré del Fobaproa/IPAB fue el israelí-argentino Martín Werner Wainfeld (MWW), entonces subsecretario de Hacienda zedillista-cordobista, mientras que su presente pagador es su muy locuaz hermano, el itamita y fondomonetarista Mariano Alejandro: hoy subsecretario de Hacienda.
¿Fue el Fobaproa/IPAB un asunto familiar de dos hermanos?
Wikipedia destaca que Martín Werner no sea mexicano y quien, a propósito, después de su devastación muy bien lograda (desmantelar las finanzas y la banca de México en presunta colusión con Joseph-Marie Córdoba: el verdadero poder tras el torno de Salinas y Zedillo), fue contratado por Goldman Sachs, quizá como recompensa a sus méritos depredadores contra México.
Hoy el itamita Martín Werner se ostenta como uno de los dueños de la controvertida Banca Mifel (ver La Lupa Política, Voces del Periodista, 207).
¿Están todavía controladas cupularmente las finanzas de México por Goldman Sachs vía los hermanos Werner Wainfeld?
El efecto tequila fue el botín mediante el cual se despachó con la cuchara grande Goldman Sachs con sus derivados financieros que apostó contra México (John Plender, The Financial Times, 21/7/99).
¿Nadie en el poder local está dispuesto a investigar, y perseguir en consecuencia, los latrocinios de Goldman Sachs en México?
Ha quedado asentada la técnica diabólica que usó la desregulada globalización financiera: otro cuento gringo para enajenar las joyas estratégicas de los países valetudinarios (Nicholas D. Kristof y Edward Wyatt, The New York Times, 15,16,17 y 18/2/1999, y Bajo la Lupa, 28/4/10).
Un reporte del 21 de abril de GhanaWeb exhibe cómo el banco multigenocida de inversiones Goldman Sachs contribuyó mediante sus latrocinios financieros a la deglución de la minera estatal Ashanti Goldfields Corporation (AGC) por los poderosos cárteles mineros anglosajones (los mismos que hoy devoran la plata mexicana, como antes lo hicieron los españoles).
Hace 12 años, AGC, la primera empresa negra que cotizó tanto en Wall Street como en la bolsa londinense, se había posicionado como la tercera minera trasnacional a raíz de la adquisición de la mina Geita (Tanzania).
La minera estatal aurífera de Ghana, colocada entre las 10 principales, se asentaba en uno de los más pletóricos yacimientos de oro en el mundo.
La deglución de AGC fue gradual y muy bien planificada con el contubernio de los cárteles mineros anglosajones y el banco multigenocida de inversiones Goldman Sachs, mediante una privatización parcial de 25 por ciento de sus acciones cuando ninguna empresa africana había cotizado en Wall Street y la City.
Posteriormente, el gobierno de Gran Bretaña decidió vapulear el precio del oro y vendió 415 toneladas de sus reservas, lo cual abatió deliberadamente la cotización del metal amarillo que se desplomó hasta 252 dólares la onza, su más bajo precio en una generación.
Once años más tarde, al corte de caja de hoy, la onza de oro se cotiza a mil 179.30 dólares (¡casi cinco veces más!) y la plata a 18.64 dólares, por cierto, un pronóstico muy cantado por Bajo la Lupa desde la primavera de 2004.
En forma ingenua, para no decir suicida, AGC consultó al banco multigenocida de inversiones Goldman Sachs, coincidentemente el mayor vendedor de oro en el mundo, quien tendió pérfidamente una trampa financiera perfecta a Ghana mediante sus trucos consabidos de hedge funds (fondos de cobertura de riesgos).
En su clásico doble juego de apostar contra sus propios clientes para obtener el máximo lucro individual, Goldman Sachs asesoró simultáneamente tras bambalinas a 15 bancos europeos –con quienes mantenía estrechas relaciones profesionales– los cuales anunciaron unánime y sorprendentemente la suspensión de la venta de oro por cinco años –tras el dumping unilateral de Gran Bretaña–, lo cual se llevó entre las patas a AGC, que había apostado en el sentido opuesto a instancias de Goldman Sachs.
Cuatro años más tarde, AGC –que no pudo resistir los efectos adversos de sus coberturas de riesgo, intencionadamente mal aconsejadas– fue rematada y comprada por la minera británica AngloGold (con sede en Sudáfrica) asesorada a su vez por… Goldman Sachs, especialista de los latrocinios circulares.
En forma darwiniana, gracias a la asesoría profesional de Goldman Sachs, la minera británica AngloGold, cuya mayoría accionaria es detentada por la londinense AngloAmerican Group (con ingresos por más de 20 mil millones de dólares el año pasado), deglutió a la minera estatal africana AGC de Ghana mediante una clásica operación colonial financiera para crear AngloGold Ashanti, hoy segunda minera aurífera más importante del mundo.
La síntesis del reporte de Ghana comenta el alto grado de letalidad satánica de Goldman Sachs: La destrucción de Ashanti Gold por Goldman Sachs fue saturada con fraudes y conflictos de interés: Goldman Sachs fue el consejero financiero de Ashanti; se benefició con los contratos que diseñaron y colocaron en el mercado; se involucró en la manipulación (¡extrasupersic!) de los precios del oro, de cuya cotización dependían los contratos; representó a los acreedores de Ashanti cuando los contratos se menospreciaron, y lucraron como consejeros financieros de la compañía minera (nota: la británica AngloGold) que recogió el cadáver de Ashanti por unos cuantos centavos de dólar.
Conclusión: antes las potencias coloniales invadían los países valetudinarios para saquear obscenamente sus materias primas; hoy las potencias financieras anglosajonas hacen lo mismo, pero en forma más sofisticada y sin necesidad disuasiva militar, mediante la captura financierista de la desregulada globalización que va desde el oro de Ghana hasta la plata y la banca de México (en lista de espera se encuentra el petróleo), en las que la banca multigenocida de inversiones Goldman Sachs jugó un papel determinante.
Fuente: La jornada
lunes, febrero 15, 2010
PARO NACIONAL
CANANEA, Son., 14 de febrero (UNIVERSAL).- Un paro en 25 estados acordaron realizar trabajadores de diferentes organizaciones en caso de que los mineros de la sección 65 sean desalojados de Mexicana de Cananea.Líderes de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME) y de telefonistas anunciaron la medida en apoyo a los obreros de la productora de cobre de esta ciudad que se encuentran en huelga.
Martín Esparza, líder del SME, señaló que la disolución de las relaciones obrero-patronales en Mexicana de Cananea, es “otra marranada” del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Ante cientos de mineros reunidos en la puerta uno de la productora de cobre, el dirigente del SME sostuvo que la estrategia de desaparecer el contrato colectivo en la minera, es parte de un plan del gobierno federal para favorecer a la iniciativa privada y golpear al sindicalismo, como ocurrió con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En el mitin, que se realizó este domingo en Cananea, se acordó que el 16 de marzo próximo, a las 12:00 horas, estallará el paro generalizado en el país.
Subsisten con
“corazón y alma”
“Corazón y alma” le han tenido que imprimir los comerciantes de Cananea a sus actividades para sobrevivir, pero hay otros que a pesar del esfuerzo no pudieron con la crisis provocada por la huelga y tuvieron que cerrar sus puertas. En los últimos dos años y medio, lapso en el que la principal fuente de empleo, la Minera Mexicana de Cananea, ha estado en paro, 40 negocios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio han quebrado, dice el dirigente de esa organización empresarial, Martín Abelardo Mendoza García.
Las bajas o las nulas ventas, explica, llevaron a los propietarios a suspender sus operaciones. “El resto de los comercios, es decir, los que se encuentran abiertos, están tambaleándose, apenas salen con sus gastos de operación, para ello tuvieron que recortar personal y quedarse con uno o dos empleados”.
El 30 de junio de 2007, la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, se declararon en huelga.
Aunque el 11 de febrero las relaciones laborales fueron decretadas finalizadas por un tribunal colegiado, el conflicto continúa, pues los obreros no han querido aceptar la liquidación y siguen apoderados de las instalaciones.
Quedan 81 afiliados
a Canaco
Mendoza García comenta que la Canaco-Cananea contaba hasta antes de la huelga con 240 afilados, actualmente sólo tiene 81. Los agremiados se vieron imposibilitados para pagar sus cuotas anuales equivalentes a mil pesos y por ello dejaron de pertenecer a la agrupación.
“Entre esos comercios desafiliados se encuentran los que tuvieron que cerrar porque quebraron; otros, aunque parezca extraño, no tuvieron ni para pagar los mil pesos de cuota anual”.
Los negocios que se sostienen son aquellos que venden productos de primera necesidad como alimentos y artículos para el hogar. “Los minisupers y tiendas de abarrotes son los que se mantienen, porque venden artículos de primera necesidad, los demás cerraron”.
En Cananea, las ferreterías, mueblerías o centros de lavado de carros no existen o apenas sobreviven, porque la gente se ha privado de esos servicios.
Miguel Angel Elías, empresario de esta ciudad, asegura que no están a favor de la parte patronal, Grupo México, pero tampoco de los mineros; sólo quieren que el conflicto acabe y las actividades vuelvan a la normalidad.
Propietario de la empresa Transportes Elías, como muchos comerciantes, resultó perjudicado por la huelga.
En su caso, expone, tiene paralizada media flota de sus camiones de volteo.
SI ANULAN EL DERECHO DE HUELGA.... A ESTO TE ATIENES:
México: Ante la desaparición de derechos sindicales y de huelga, pensar en la toma de fábricas y centros de trabajo.Pedro Echeverría V.
1. La central obrera AFL-CIO condenó este viernes el fallo judicial contra los mineros de Cananea, el cual “anula el derecho a la huelga en México”. Es parte de la campaña oficial para destruir al sindicato minero, y otro intento de represión contra el movimiento obrero, por lo que llamó a que el gobierno de Barack Obama responda ante la violación sistemática de los derechos laborales en México. “AFL-CIO condena la decisión de un tribunal mexicano de permitir que Grupo México cese del yacimiento de Cananea a mil 200 agremiados” al sindicato minero. “Al determinar que la huelga es ilegal-indicó- a pesar de la falta de pruebas para apoyar el fallo, el tribunal eliminó el derecho a la huelga en México”. Reafirmó el apoyo firme del movimiento sindical estadunidense al gremio minero mexicano y condenó “la campaña de cuatro años del gobierno mexicano para destruir este sindicato independiente.
2. La AFL-CIO es una poderosísima organización sindical en EEUU. La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, comúnmente llamada AFL-CIO, es la mayor central obrera de los Estados Unidos y Canadá. Fue formada en 1955 por la fusión de AFL (1886) y CIO (1935). Está compuesta por 54 federaciones nacionales e internacionales de sindicatos de Estados Unidos y Canadá que juntos representan más de 10 millones de trabajadores. Es miembro de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Por su tamaño y representación, esta organización ha tenido que moverse en los entretelones del país imperialista y, sin duda, ha estado penetradísima por la CIA y una cantidad de intereses; pero si en este momento ayuda a los mineros en su lucha contra el gobierno fascista de Calderón que busca someter a los obreros, bienvenido el apoyo.
3. La democracia en México, libro ya clásico publicado por Pablo González Casanova en 1965, proporciona datos del número de huelgas en diferentes sexenios: 197 con Obregón, 41 con Calles y el Maximato, 478 con Cárdenas, 387 con Ávila Camacho, 108 con Alemán, 248 con Ruiz Cortines y 472 con López Mateos y recuerdo que lanzaba el autor una tesis en el sentido que con gobiernos autoritarios habían menos huelgas. Hoy se ha publicado que el número de huelgas estalladas en el país ha disminuido de manera considerable, no así la duración de las mismas, pues actualmente hay movimientos prolongados que afectan a la industria de la minería, coinciden especialistas laborales. Datos de la STPS muestran que en el 2009 estallaron 19 huelgas; mientras que en el 2008 fueron 21; en el 2007, 28, y en el 2006 los trabajadores realizaron 55 paros. ¿Son más despóticos los gobiernos y han sometidos más a los trabajadores?
4. La huelga de la sección 65 del Sindicato Minero en Cananea involucra a 1,400 trabajadores, quienes desde el 30 de julio del 2006 decidieron parar las actividades, al igual que en Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas. Cananea representa 12% de la minería nacional y 43% de la industria extractiva de cobre. Los multimillonarios dueños de las minas –que de manera intensiva han explotado y oprimido a miles de trabajadores mineros del país- han contado con la absoluta protección de los gobiernos de Fox y Calderón, así como de la clase empresarial. Los secretarios del trabajo, actuando como perros guardianes de los presidentes, han tejido muchas trampas, mediante calumnias, represiones y persecuciones, para no reconocer a los dirigentes independientes de los trabajadores, Fox, luego Calderón, han buscado crear falsas directivas de obreros –tanto entre los mineros como entre los electricistas- que no les han funcionado.
5. Cualquier apoyo solidario a los obreros mineros, que llevan luchando desde los tiempos de Fox contra los explotadores multimillonarios dueños de los centros mineros, en especial de la clase obrera y campesina mexicana, es urgente y muy necesario. Es una obligación de todas aquellas organizaciones e individuos que se dicen progresistas y de izquierda. Si bien por las luchas de los electricistas del SME se había atendido más este frente, es el momento en que el SME, la CNTE, la UNT, la APPO, los lópezobradoristas y la Otra Campaña, sumen fuerzas para respaldar la lucha de los mineros de Cananea en concreto y de todos los mineros en general. No se olviden que los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón nos han estado madreando porque nos ha faltado responsabilidad y fuerza para enfrentar a los perros del gobiernos, jueces y militares. Si los obreros de Cananea pierden nos habrán golpeado a todos.
6. ¿Nos quedaremos como tontos (¿imbéciles? ¿idiotas?) sin hacer huelgas, sin poder manifestarnos en las calles, incluso sin poder mentarle públicamente la madre a las autoridades del gobierno y a los empresarios porque la clase política ha aprobado leyes fascistas y las fuerzas armadas buscan asesinarnos? De la Boetie se preguntaba: porqué los hombres se someten a los tiranos cuando, de unirse, podrían alcanzar rápidamente su liberación. "Si un tirano es un solo hombre y sus súbditos son muchos, ¿por qué consienten ellos su propia esclavitud? Es increíble cuan pronto el pueblo se vuelve súbdito, como de forma tan rápida cae en un descuido tan completo de su libertad que la misma difícilmente pueda ser reavivada al punto de volverla a obtener, obedeciendo tan fácil y tan voluntariamente que uno es llevado a afirmar, al percibir dicha situación, que este pueblo en verdad no ha perdido su libertad sino que se ha ganado su esclavitud.
7. Los sindicatos, los contratos colectivos, las huelgas, los salarios suficientes, las jornadas de siete u ocho horas, son derechos que los trabajadores por ningún motivo deben perder. Es una vergüenza que miles de nuestros padres y abuelos hayan sufrido despidos, cárceles, asesinatos, por luchar por derechos y que ahora los estemos perdiendo por no unirnos para defenderlos. Si estallara un movimiento violento, armado, imparable, no serían los trabajadores o el pueblo los culpables, sino el gobierno y los empresarios que han llevado a la población a la miseria y el hambre. Son las autoridades con sus robos, saqueos, engaños, represiones, las que han retado al pueblo a defenderse. Que no se quejen luego. Los electricistas, los mineros, los luchadores sociales desde distintos frentes tienen la obligación de responder si no quieren sufrir 50 años más su cobardía y su vergüenza.
pedroe@cablered.net.mx
viernes, febrero 05, 2010
Colombia: Bombardeo militar pretende desplazar a indígenas para favorecer ingreso de minera
DENUNCIA DE LA ORGANIZACION INDIGENA DE ANTIOQUIA
La Organización Indígena de Antioquia, reiterando nuestra posición plasmada en la Resolución de Junta Directiva Nº 01 de Abril de 2008, Por medio de la cual las autoridades indígenas del departamento de Antioquia deciden no aceptar la realización de consulta previa en los territorios y comunidades Indígenas para cualquier tipo de decisiones políticas, administrativas, legislativas y cualquier otra acción que provenga de las Instituciones Públicas y Privadas, así mismo manteniéndonos firmes en la defensa de nuestras comunidades y nuestros territorios, DENUNCIAMOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL, la invasión a los territorios de las comunidades indígenas emberas que habitan la zona del bajo Atrato en los Municipios de Murindó y Mutatá, por parte de la multinacional minera Muriel Mining Corporation.
El ataque fue lanzado en la madrugada del 30 de enero y dejó un saldo de tres adultos y un bebé heridos, aseguró la OIA.
El interés oculto es favorecer la actividad de la empresa Muriel Mining Corporation, multinacional con sede en Colorado, Estados Unidos, que recibió nueve licencias para operar en el cerro Careperro, denunció Carupe.
La comunidad afectada por el ataque fue Alto Guayabal, perteneciente al Resguardo indígena de Uradá-Jiguamiandó, ubicada en los alrededores de Careperro, cerro amazónico sagrado para los embera katíos y que contiene yacimientos probados de oro, cobre y molibdeno.
El cero Careperro está situado en los límites del departamento del Chocó con el de Antioquia y la empresa abrió oficinas en Medellín luego de recibir las licencias por parte del Instituto Colombiano de Geología y Minería.
Carupe desmintió que existan razones para justificar el bombardeo como lo sostuvo el Ejército Nacional debido a que la zona está bajo control militar desde hace dos años y los lugareños aseguran que no hay la presencia de grupos guerrilleros.
“El interés del Estado y de las multinacionales es el de desplazarnos” aseguró Carupe en declaraciones a la agencia de noticias Efe desde Medellín, capital del departamento de Antioquia y sede de la OIA.
“Se trata de favorecer actividades que no fueron consultadas ni consentidas por las comunidades indígenas, integradas por unas 2.000 personas, vecinas a varios asentamientos de población negra” indicó el consejero.
“Los helicópteros llegaron extrañamente de madrugada a bombardear”, expresó Carupe, cuya organización prepara en conjunto con la indígena del Chocó una misión humanitaria para verificar daños en el Alto Guayabal.
Además de los heridos fue afectado un “tambo” (domicilio tradicional) y cerca de una hectárea de cultivos de pan llevar destruidos, al igual que varios animales domésticos muertos.
La cifra de heridos proporcionada por la OIA es superior en dos a la reportada por el Ejército y la Defensoría del Pueblo, y el riesgo del desplazamiento está vigente, afirmó finalmente el consejero mayor de la OIA.
Los indígenas de Alto Guayabal se habían desplazado hace seis años presionados por enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares y tropas militares, informo Efe.
Entonces eran 180 personas de cuarenta familias, recordó Carupe, que retornaron hace doce meses, cuando la comunidad la conformaban ya unos 200 aborígenes divididos en setenta hogares.
Fuente: http://servindiperu.wordpress.com – www.redci.org
Difusión: Soberanía Popular
miércoles, septiembre 23, 2009
Se deslinda Grupo Peñoles
Alberto Baillères
MANZANILLO, Col., 21 de septiembre (APRO).- Grupo Peñoles, el principal productor de plata afinada en el mundo, se deslindó de cualquier relación con los 2’ 150,000.00 dólares asegurados el viernes pasado en el puerto de Manzanillo.Grupo Peñoles se colocó bajo la mira de las autoridades policíacas del país, luego de que el viernes pasado fue decomisado en este puerto otro embarque millonario de dólares que tenía como destino Colombia, camuflado en sacos que portaban la leyenda “Química del rey”, una de sus empresas subsidiarias.
Sin embargo, en un comunicado, el grupo minero negó cualquier implicación con el contrabando de 2 millones 150 mil dólares asegurados en el puerto colimense.Señaló que trabaja con apego a la ley y se mostró dispuesto a apoyar a las autoridades con la información de que disponga para la resolución de este caso.Mientras tanto, este lunes 21, la Procuraduría General de la República (PGR) manifestó que, efectivamente, el Grupo Peñoles está colaborando con las investigaciones y que hasta el momento no existe información que vincule a esa empresa o a “Química del rey” con el embarque donde iba el dinero asegurado.Lo cierto es que desde el sábado, alrededor de 40 elementos de elite de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en los alrededores de las oficinas del grupo empresarial, en la colonia Polanco, del Distrito Federal.Según algunas versiones divulgadas en portales informativos, el objetivo era realizar un cateo a las instalaciones, pero no obtuvieron la orden judicial para ingresar al inmueble. La empresa confirmó la movilización, pero sostuvo se realizó por “motivos de seguridad”.Los paquetes de dólares fueron localizados en el interior de 20 sacos con sulfato de amonio, que portaban la leyenda “Química del rey”, dentro del contenedor con matrícula NYKU3113756, localizado en el tramo 14 del recinto fiscalizado de la aduana de Manzanillo.
jueves, agosto 27, 2009
Soluciones del vientre terráqueo
LAS MEDIDAS URGENTES que los administradores públicos de la Federación –no merecen el calificativo de gobernantes— deberían estar ya adoptando, si es que quieren evitar un estallido social, también abarcan los temas energéticos y mineros, de acuerdo a las propuestas del grupo interdisciplinario del maestro Juan Ramón Jiménez y de las cuales le comencé a platicar ayer aquí.
En política energética, las recomendaciones dan comienzo con un nuevo énfasis a la exploración petrolera para buscar nuevos yacimientos, darle valor agregado al petróleo con la refinación, instalar refinerías para maquilar el petróleo de otros puntos del planeta; auditar a PMI de Houston, negociar netbacks con Valero Group de los Bush y con Shell de las reinas de Inglaterra y de Holanda, las mayores beneficiarias de la refinación de nuestro crudo, que no es una materia prima cualquiera, es la sangre misma del sistema.Transparentar los precios de transferencia de Cantarell a Deer Park de Houston. Negociar profusamente los yacimientos transfronterizos entre Texas y México. Pedir cuentas a los negociantes del petróleo mexicano de los mercados de futuros —Hedge Funds— establecidos en los paraísos fiscales y del mercado spot de Rotterdam. Controlar el Mexico Equity Fund (MXE) de la NYSE de Nueva York, pues se dice que lo controla el Deutsche Bank.Reevaluar la cadena productiva del petróleo desde su exploración y extracción hasta su refinación primaria, secundaria, transporte, distribución, comercialización y mercados financieros de deuda, repudiar los PIDIREGAS porque no fueron aprobados por el Congreso, son deuda contingente. Ligar el petróleo con los fertilizantes y la electricidad para abaratar los costos de producción que sólo benefician a empresas trasnacionales. El Instituto Mexicano del Petróleo debe de retomar su labor de inteligencia petrolera e impulsar las carreras técnicas y administrativas ligadas con toda la cadena petrolera, especialmente en los estados petroleros de Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Tabasco.Definitivamente, terminar con los Contratos de Servicios Múltiples: el artículo 27 Constitucional es muy claro al respecto. Separar a Hacienda de Pemex, pues la gran plutocracia no paga impuestos porque siempre han existido los recursos del petróleo y desde 1901 han vivido de nuestro recurso no renovable.El gas natural es parte de la cadena de los hidrocarburos y se deben nacionalizar la Cuenca de Burgos y el Golfo de Sabinas (Coahuila), pues fueron entregados a una empresa asociada con la nefasta Enron, y su control es un problema de costo vital para el triángulo industrial de Monclova, Saltillo y Monterrey, en donde se produce el 50el PIB industrial del país. El gas del Sureste no debe de ser quemado criminalmente. El MTBE de las gasolinas que se consumen en el país, debe de ser estudiado científicamente, pues la ciudad de Nueva York lo ha prohibido por ser un agente cancerígeno, por ello el Presidente José López Portillo lo había cancelado, y luego fue de nuevo utilizado en la administración de Vicente Fox.Por lo que hace a la actividad minera –prácticamente en manos canadienses—, el grupo de estudiosos y estudiantes aglutinados desde la Facultad de Economía de la UNAM por Juan Ramón Jiménez señala que, al igual que en el caso del petróleo, la observancia del 27 constitucional debe de ser excesivamente rigurosa, ya que ambas actividades son la columna vertebral de nuestra economía. Proponen, por tal, nacionalizar el oro y la plata, así como los minerales estratégicos como berilio, cobre, titanio, zirconio, uranio, para que conformen la Reserva Minera de Banco de México.Asimismo, mexicanizar el resto de la industria minero-metalurgia y sólo permitir la inversión extranjera en minerales marítimos. Negociar con Canadá los netbacks mineros del saqueo de nuestro oro, y con los Guggenheim el control de enormes depósitos de oro con el que apalancan su riqueza. El carbón mineral debe de ser tratado como excepcional dada su escasez, la enorme explotación de los mineros, de la gigantesca destrucción del medio ambiente regional, una comisión ex profeso debe de ser instalada para regular su consumo entre las industrias siderúrgica, eléctrica y cementera. Pasar a la moderna carboquímica.Tareas para titanes, dirá usted. Poco accesibles para la fallida Administración que padecemos.
Índice Flamígero: Extraña a los editores del semanario estadounidense Time que ni en las calles, ni en los medios ni en el gobierno estadounidense haya reacciones a la reciente promulgación de la legislación que descriminaliza la posesión de drogas. Recuerdan que una ley similar fue vetada por Fox, a instancias de George W. Bush, y se preguntan el porqué del actual silencio de Washington al respecto. ¿Seremos el conejillo de indias con el que experimentan los estadounidenses despenalizar el consumo de estas sustancias tóxicas en su territorio?
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sábado, julio 18, 2009
Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses
*La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera
*Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores
Maquinaria de Minera San Xavier, propiedad canadiense, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).
Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.
La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.
Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.
Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.
Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.
En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.
Alianza ciudadana
Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.
Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.
Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.
Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.
Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.
Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.
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