Sólo en el contexto de crispación y rivalidades que han desatado los consorcios de la comunicación puede entenderse la acusación del presidente de la Canitec, Alejandro Puente, cuando asegura que Carlos Slim se ha convertido en “un peligro para la seguridad nacional”.
No es la declaración de un desfasado líder de izquierda, ni de un rancio profesor de economía política. El licenciado Puente coordina a las empresas de televisión por cable, que hacen negocio en esta economía de mercado. La malquerencia que le tiene a Slim no se debe a una inopinada vocación anti acaparadora sino, simple e interesadamente, a que el Grupo Carso quiere incursionar en un campo hasta ahora acaparado por las firmas que integran la Canitec.
Las empresas de televisión por cable desde hace algunos años ofrecen, además, servicios de telefonía. En condiciones de igualdad de mercado Telmex debiera proporcionar, a su vez, servicios de televisión de paga. En todo el mundo, las empresas de telecomunicaciones venden paquetes con televisión, telefonía e Internet. Telmex no puede hacerlo porque el título de concesión que recibió Slim cuando se hizo cargo de ella, establece que no puede difundir servicios de televisión.
En 1991, cuando Slim cerró la compra de Telmex, no había ocurrido la digitalización de las telecomunicaciones que hoy en día amalgama datos, audio y video. Esa restricción se ha mantenido debido a las exigencias de las empresas de televisión por cable. Inicialmente creadas por docenas de empresarios en todo el país, la mayor parte de esas firmas fue adquirida por Televisa en los años recientes. Hoy el consorcio de Emilio Azcárraga Jean controla esas redes, además del sistema satelital Sky. Así que cuando a los directivos de la TV por cable les inquietan las dimensiones de los negocios de Slim, no es por convicción antimonopólica sino porque ponen en riesgo el monopolio que Televisa ejerce en la televisión de paga.
Todo poder en exceso implica riesgos. Por eso hay reglas que acotan la especulación de las empresas cuando son dominantes en un mercado. En las telecomunicaciones, la aptitud del Estado para evitar comportamientos monopólicos es sumamente limitada debido a insuficiencias de las leyes y al apocamiento o las ambiciones de los funcionarios.
Ante el poder de cualquier empresario, hacen falta normas y autoridades regulatorias. Como se trata de servicios al público, que además propagan mensajes de manera amplia como sucede en los medios de comunicación, es preciso que esa regulación esté orientada por el interés de la sociedad. Y eso es lo que no ha ocurrido en México.
Una política antimonopólica en el campo de las telecomunicaciones, hace tiempo hubiera terminado con el acaparamiento de Televisa y Televisión Azteca en el mercado de la televisión abierta. Cuando dicen que ahora sí, ya merito, pondrán a licitación frecuencias para una nueva cadena de televisión nacional, las autoridades de las comisiones federales de Telecomunicaciones y Competencia anuncian una decisión pertinente pero con demasiados años de retraso. Esas mismas autoridades resolvieron fortalecer a Televisa al asignarle a un precio muy bajo una concesión de telefonía celular (motivo de la discutida Licitación 21) con el propósito de que estuviera en mejores condiciones para enfrentar a Telmex.
Durante dos décadas, las empresas de Slim han dominado el campo de la telefonía imponiendo tarifas y ciñendo el crecimiento de sus competidores. En el campo de la televisión, Televisa y Azteca han impedido que surjan otras opciones. El monopolio en la telefonía ya no existe. El de la televisión aún se mantiene. Y una de las opciones para que haya contrapesos a las actuales televisoras radica en la posibilidad de que Telmex y otras empresas puedan ofrecer televisión de paga (a través del cableado telefónico) o abierta, si hubiera licitación de frecuencias y concursaran por ellas.
De nada sirve exorcizar retóricamente la capacidad de maniobra de los más poderosos. El Estado tiene obligación de regular a las empresas dominantes en cualquier mercado. El alto costo y la frecuentemente infame calidad de la telefonía fija y celular, así como de las conexiones a Internet que venden Telmex, Telcel y otros operadores, requieren de una acción estatal que defienda a los consumidores. La concentración de señales y la pobreza en los contenidos de la televisión, hacen urgente la diversificación de ese mercado comenzando por el reconocimiento del derecho de Telmex a ofrecer televisión de paga… aunque aumente el enfado de las empresas que actualmente acaparan la televisión por cable.
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