La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal y entidades paraestatales por 335 millones 523 mil 557 pesos en el sector forestal. Se trata de los intereses que se generaron en el Fondo Forestal Mexicano durante 2009, pero que nunca se reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
El órgano de fiscalización revela que el Comité Mixto del Fondo no se ajustó al marco normativo al autorizar la asignación de recursos que debieron devolverse a la hacienda pública.
Al 31 de diciembre de 2009, en el Fondo se habían depositado 928 millones 548 mil 200 pesos sólo por rendimientos de inversiones. De éstos, se asignaron 521 millones 652 mil 100 pesos a beneficiarios y se reintegraron a la Tesorería 71 millones 372 mil 500. Los 335 millones 523 mil 57 pesos faltantes daben ser recuperados para la Tesofe, señala la Auditoría.
José Carlos Fernández Ugalde, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), asegura que se trata de un problema de interpretación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendiaria e, incluso, de su propio reglamento. Dice que en dicha legislación no se especifica cuál debe ser el destino de los intereses derivados de los subsidios.
“Hemos realizado diferentes acciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que nos aclaren cuál es el estatus de estos intereses. Además, a la fecha no hemos sido formalmente notificados por parte de la Auditoría Superior de la Federación de esta observación para que la atendamos y la solucionemos. Sabemos perfectamente cuál es el origen de esos intereses y estamos listos para hacer el reintegro si es eso lo que procede. Creemos importante tener reglas claras que no nada más sirvan para la auditoría 2009.”
Fernández Ugalde comenta que los recursos están identificados, pero que ya están por debajo de los 300 millones de pesos porque ha habido asignaciones de esos intereses y reintegros posteriores a la auditoría. “Lo que más nos preocupa no es qué tanto dinero hay, pues estamos listos para reintegrarlo en cualquier momento, sino con qué criterios podemos movernos en los siguientes años para el destino de los intereses derivados de los subsidios”.
La Conafor –creada en 2001 por decreto presidencial– tiene por objeto impulsar actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal. El Comité Mixto, integrado por ocho personas del sector público federal, organizaciones privadas y sociales de productores forestales, administra el FFM y es elegido por el Consejo Nacional Forestal de la Comisión.
El Comité de Inversión está compuesto por un asesor, la Conafor como ente gubernamental y Nacional Financiera (Nafin) como mandataria. En este Comité se toman las decisiones operativas del Fondo, se revisa el portafolio de inversiones y cómo se distribuyen los recursos; los resultados de la deliberación son trasladados al Comité Mixto.
A partir de la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2004), se constituye el FFM bajo la figura de mandato –no de fideicomiso–. Nafin es quien administra los fondos que en un inicio fueron aportados por el Banco Mundial para darle vida al Programa de Pago por Servicios Ambientales.
El Fondo Forestal se integra con aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal; créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; aportaciones y donaciones de personas físicas y morales de carácter privado, señala el artículo 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. “De haber empezado con aproximadamente 200 millones de pesos, el Fondo ha crecido casi unas 40 veces en tamaño, y a través de éste se canaliza la mayor parte de los subsidios que otorga la Conafor”, puntualiza José Carlos Fernández.
El saldo del Fondo, al 31 de diciembre de 2008, fue de 5 mil 523 millones 886 mil 300 pesos. Hubo ingresos de 4 mil 99 millones 723 mil 700, de los cuales 3 mil 59 millones 975 mil 600 pesos corresponden al presupuesto transferido por la Conafor para el pago a beneficiarios, por 1 mil 101 millones 978 mil 500. Los egresos en 2009 fueron por 2 mil 532 millones 997 mil 600; así, el saldo al 31 de diciembre de ese año ascendió a 7 mil 90 millones 612 mil 400 pesos.
La Conafor invirtió, en su totalidad, los recursos del FFM a plazos de 28 días, por 4 mil 720 millones 356 mil 200 pesos (66.6 por ciento de total), y en inversión diaria, 2 mil 370 millones 256 mil 200 (33.4 por ciento). La liquidez de la Comisión para pagar a los beneficiarios no fue superior a los 171 millones 887 mil 500 pesos, por lo que la Auditoría consideró excesivo mantener inversiones diarias.
El representante de la Conafor enfatiza que los recursos públicos del Fondo no pueden invertirse en cualquier “cosa”, pues se pondría en riesgo. “La inversión de los recursos del Fondo Forestal Mexicano se hace en instrumentos de deuda pública, como Cetes (Certificados de la Tesorería de la Federación) y Bondes (Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal). Hasta ahora, hemos estado invirtiendo los fondos en un producto financiero que tiene Nacional Financiera, que son exentos de impuestos”.
También se auditó el Subprograma de Conservación y Restauración, que al 31 de diciembre de 2009 reportó un saldo de 776 millones 726 mil 100 pesos. De estos recursos, 17 millones 578 mil 300 pesos (9 millones 120 mil 300 de recursos fiscales y 8 millones 458 mil de intereses) corresponden al Programa de Desastres 2006.
La Conafor reintegró 3 millones 655 mil 300 pesos, el 26 y 28 de abril, y el 7 de junio de 2010. Faltaron por integrarse a la Tesofe 13 millones 923 mil pesos, considerando que el objetivo para el cual fueron autorizados (la atención por los huracanes Stan y Wilma de 2005 y que afectaron Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán) concluyó.
La Coordinación General de Administración de la Conafor acreditó que, el 7 de octubre de 2010, reintegró 14 millones 518 mil 300 pesos a la Tesofe (6 millones 286 mil 600 del presupuesto y 8 millones 231 mil 700 de intereses). Esta observación de la Auditoría quedó cubierta.
La Comisión no cuenta con el programa que Nacional Financiera tenía que darle sobre los instrumentos en los que se invertirían los recursos del FFM; no contó con una estrategia financiera para el ejercicio 2009 que el Comité de Inversiones y Programación debió revisar y aprobar.
“En el propio contrato de mandato dice que no corresponde a Nafin hacer el programa financiero. Esa información proviene de los programas. Tiene que ver con cuántas solicitudes de apoyo recibe la Conafor, cuántas son aprobadas y el calendario con el que se van a hacer esos pagos. Es la propia Comisión la que está actualizando y presentando al Comité de Inversiones y a Nafin un informe sobre sus necesidades de liquidez y gastos. En la práctica, lo que involucra es estar interactuando de manera intensa con cada una de las gerencias que tienen la información”, finaliza Fernández Ugalde.
A diciembre de 2010, el saldo del Fondo Forestal Mexicano es de 7 mil 878 millones de pesos.
Programa ProÁrbol, pérdidas y desorden administrativo
En la Cuenta Pública de 2009, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ejerció 970 millones 528 mil 800 pesos para apoyar 615 proyectos; sin embargo, la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y el Comité Técnico Nacional informaron de la asignación por 125 millones 886 mil pesos más que corresponden a 78 proyectos no comunicados. El ingeniero Sergio Humberto Graf Montero, coordinador de Producción y Productividad de la Comisión, dice que la diferencia de cifras se debe a que no se consideró información proveniente del Programa de Fondos Concurrentes.
Para 2009, la Comisión contempló incorporar 375 mil hectáreas al pago de Servicios Ambientales; sólo alcanzó el 72.3 por ciento (271 mil 68). Con la convocatoria 2010, la Conafor prevé alcanzar una meta anual de 1 millón 645 mil hectáreas en materia de reforestación, restauración de suelo e incorporación de superficie de bosque al manejo técnico forestal.
Con apoyos otorgados de los rendimientos, se integraron 49 mil 128 hectáreas, y con recursos de Fondos Concurrentes, 94 mil 782 hectáreas, aunque, de estas últimas, 12 mil 508 corresponden a dos convenios que no fueron firmados y otros dos que suscribieron en junio de 2010. Graf Montero enfatiza que se están tomando las medidas necesarias para que los convenios que no sean firmados, aunque tengan el respaldo de las cartas de intención, no sean válidos.
La convocatoria 2009 para la asignación de apoyos del Programa ProÁrbol de la Conafor recibió 4 mil 430 solicitudes, de las cuales 693 sí fueron aceptadas por cumplir con los requisitos (15.6 por ciento del total). La Auditoría revisó 268 expedientes por 526 millones 986 mil 800 pesos de las gerencias regionales en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco y Oaxaca; los dictámenes de factibilidad no tenían fecha ni nombre de las personas que recibieron la documentación.
“Tenemos más de 4 mil solicitudes y solamente podemos aprobar un máximo de 700; esto se debe a que los recursos son insuficientes. ProÁrbol es un programa muy exitoso y recibe muchas solicitudes que se califican por criterios preestablecidos para ser aceptadas. La Conafor ha determinado un lineamiento de pagos para reducir los tiempos y evitar que situaciones particulares influyan”, comenta Humberto Graf Montero.
El presupuesto federal para el Programa ProÁrbol en 2010 fue de 5 mil 353 millones de pesos; este año será de 6 mil 464 millones 400 mil pesos. En la convocatoria de ProÁrbol 2010, se recibieron 51 mil 804 solicitudes de apoyo por un monto de 13 mil 203 millones 400 mil pesos, por lo que el porcentaje de aceptación será mínimo.
No existen plazos para la entrega de los recursos; se dan hasta 296 días después de la firma del convenio de adhesión.
Para la Auditoría Superior, en 2009 el registro contable no se realizó conforme a la Guía Contabilizadora de la Conafor y el catálogo de cuentas aún se encuentra en proceso de autorización por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Ante la observación de la Auditoría, lo que decidimos hacer es que cada dictamen que se elabore traerá el nombre del técnico de la Conafor que elabora el dictamen para soportar la decisión del Comité Técnico Nacional del Programa de Servicios Ambientales”, dice Graf Montero.
El Pago por Servicios Ambientales fue desarrollado como un incentivo económico a los dueños de terrenos forestales. La Conafor informó que en el periodo 2003-2010 se asignaron 5 mil 289 millones de pesos para la ejecución de 4 mil 646 proyectos de conservación en una superficie de 2 millones 767 mil hectáreas. También, de 2004 a 2009 apoyó la elaboración de 760 documentos para proyectos con una inversión adicional de 85 millones en beneficio de 5 mil 400 ejidos, comunidades y pequeños propietarios en todo el país.
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