“Parecía un mal chiste que me inhabilitaran por hablar con la prensa de los fraudes y la mala administración en Petróleos Mexicanos (Pemex), por informar a los compañeros de que la privatización avanza a pasos agigantados, y porque dicen que en internet encontraron un comentario que me identifica como simpatizante del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
“Yo no sabía que en este país se puede inhabilitar a un profesionista por emitir sus ideas o ejercer sus derechos, pero eso ocurrió conmigo. Tengo un historial limpio, un desempeño profesional intachable, pero por manifestarme contra la privatización de Pemex, me castigaron: inhabilitada por 10 años… ¡10 años! El día que me entregaron la notificación, debí leerla varias veces para comprender que ese mal chiste era verdad.”
Silvia Ramos Luna, ingeniera química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detalla los argumentos que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Eduardo Tirado Becerril, utilizó con el fin de inhabilitarla para desempeñar cargo alguno en el gobierno federal del 30 de marzo de 2011 al 7 de octubre de 2020. Recién había logrado su reinstalación en Pemex, tras un litigio por despido injustificado que duró casi 15 años.
Sentada frente a una taza de café, durante la entrevista, Silvia cita argumentos que suenan inverosímiles, porque en México no existe ley que castigue la exposición de ideas. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no prohíbe a los empleados de gobierno hablar con la prensa; tampoco, expresar sus afinidades políticas ni sus opiniones. Por el contrario, la Constitución es garante de la libre expresión; por eso es que los argumentos que ella cita suenan fantasiosos, de no ser porque, efectivamente, tal y como los expone, están asentados en el expediente 224/2009 que el funcionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) usó para inhabilitarla.
Silvia Ramos es una ingeniera que combina su trabajo con su labor como defensora de derechos humanos adscrita al Frente Mexicano Pro Defensa de los Derechos Humanos, pero, sobre todo, es una de las principales activistas del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, cuyas movilizaciones obligaron en 2008 a que la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón se discutiera ampliamente en el del Senado de la República.
Con grado académico de maestría por la Universidad La Salle y numerosos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvia también es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), asociación civil que aglutina a reconocidos expertos, analistas, académicos e investigadores que brindan asesorías en materia energética, entre otros, al Congreso de la Unión.
Su ingreso a Pemex –en la Refinería Miguel Hidalgo– data del 4 de septiembre de 1984. Al cabo de una década, fue despedida junto con 27 de sus compañeros como represalia por pretender crear un sindicato para personal de confianza (Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros). En septiembre de 1995, presentó una demanda laboral por despido injustificado (expediente 456/95).
Ante el largo litigio que se avecinaba, en espera de su reinstalación, buscó empleo. Obtuvo el puesto de subdirectora de Seguimiento a Trabajos de Campo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde, hasta el 22 de abril de 2009, su trabajo consistió, a decir de ella, en registrar en formatos preestablecidos fechas y resultados de las auditorías que se realizaban a todas las empresas empadronadas por la Procuraduría: unas 6 mil 500.
El juicio laboral se extendió 14 años y ocho meses por las negativas y amparos de la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex para reinstalar a quien encabezara el grupo de ingenieros que los llevó a juicio por las irregularidades en los Contratos de Servicios Múltiples (CSM).
Silvia presidió la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), que alcanzó gran relevancia a partir de que promovieron el juicio de nulidad de los CSM, esquematizados y aprobados por José César Nava Vázquez para entregar a trasnacionales la operación y explotación de la Cuenca de Burgos, la reserva de gas no asociado más rentable del país.
De su bolsillo, los miembros de la UNTCIP –en su mayoría, ingenieros– sufragaron los costos del litigio en el que los representó, hasta el día de su muerte, el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. Lograron que se reconociera la inconstitucionalidad de los CSM, que la Suprema Corte y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenaron a Pemex suspenderlos.
Finalmente, como consecuencia del ultimátum judicial contra la OAG, el 20 de mayo de 2010 Silvia fue reinstalada. Pugnaba por los salarios caídos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció en su favor, cuando le notificaron de una investigación administrativa que el OIC en Semarnat abrió en su contra por supuesto conflicto de intereses y por “desprestigiar a Pemex”. La demanda fue promovida por la OAG y la oficina del exprocurador Patricio Patrón Laviada.
Profepa: trabajo sucio
El 5 de marzo de 2009, el jurídico de Pemex envió al entonces titular de la Profepa información relacionada con “presuntas irregularidades administrativas” de Silvia Ramos (oficio OAG/GJC/JLG/075/2009). En respuesta, la coordinadora de asesores de Patrón Laviada remitió al OIC un oficio (PFPA/1.2/8C.17.5/0046/09) para que abriera una investigación administrativa en su contra bajo el supuesto de “conflicto de intereses”, que quedaría integrado en el expediente DE-076/2009. El argumento fue que, durante el periodo en que trabajó en la Profepa, conoció de auditorías a instalaciones de Pemex y que, dada la demanda laboral contra la paraestatal, habría incurrido en ese conflicto de intereses.
Silvia rechaza tal argumento. Dice que su trabajo en la Profepa se limitaba a vaciar en los formatos las fechas, el nombre de los auditores que habían realizado las auditorías y el resultado de éstas: “Registraba los mismos datos de las 6 mil 500 empresas empadronadas, no sólo de Pemex, y no tenía relación directa con ninguna de las empresas auditadas. Además, la Semarnat nunca ignoró que yo trabajé en Pemex, pues ése fue precisamente el currículum que presenté para obtener el empleo. De manera que resulta incongruente que al cabo de 13 años de laborar allí pretendan ignorar que antes trabajé en Pemex para sostener su acusación de que incurrí en conflicto de intereses”......
Tufo antisindical
La inhabilitación de esta ingeniera trae consigo el tufo de la represión antisindical que ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón. Después de su lucha por la nulidad de los CSM, los miembros de la UNTCIP crearon la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), la única organización de empleados de confianza de Pemex que, pese a la política antisindical del secretario del Trabajo, Javier Lozano, logró su registro sindical en diciembre de 2009 luego de la lucha de diversas asociaciones que la antecedieron y de cumplir trámites absurdos, como el demostrarle a Javier Lozano documentalmente “la existencia de Pemex”, es decir obtener copia de la escritura original signada en tiempos de Lázaro Cárdenas.
La toma de nota del nuevo sindicato se anunció públicamente como una muestra de la democracia sindical del gobierno de Calderón, aunque al interior de la petrolera se desató una cacería contra el grupo que resultaba opositor al oficial, que encabeza Carlos Romero Deschamps.
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