Desde hace seis años, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) ha entregado recursos públicos a organizaciones civiles sin contar con reportes de evaluación e impacto de los proyectos que financia.
El monto otorgado suma alrededor de 187 millones de pesos, estima su director general, José Antonio Izazola Licea.
Tan sólo para este año, el organismo dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa) presupuestó 43 millones de pesos, que se entregaron a 65 organizaciones para programas de prevención de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).
Mas el Censida no podrá saber si el trabajo de éstas cumplió efectivamente con su propósito ni si lo ha hecho el de años anteriores, ya que hasta ahora no ha establecido mecanismos para conocer el impacto de los proyectos a los que apoya.
El organismo tampoco ha analizado los resultados de las propuestas financiadas, sino que ha ceñido su trabajo de supervisión al monitoreo de un porcentaje de las organizaciones beneficiadas. Es decir que sólo revisa que éstas cumplan con llevar a cabo las actividades programadas.
En respuesta a la solicitud de información 001200051811, el 9 de marzo pasado el Censida reconoció que no cuenta con reportes de evaluación e impacto de los proyectos que ha financiado desde 2006 a través de la Convocatoria pública para el fortalecimiento de la respuesta en prevención de la sociedad civil ante el VIH/Sida e ITS [infecciones de transmisión sexual].
Izazola Licea confirma lo anterior en entrevista con Contralínea; sin embargo, justifica la inexistencia de los reportes sobre el impacto de los proyectos al decir que “no se puede hacer cada año porque [éste] se ve acumulado”.
Aunque el director del Censida asegura que las evaluaciones sobre el cumplimiento de los procesos existen, éstas no figuran en su página de internet ni tampoco en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Secretaría.
El organismo encargado de promover la prevención y el control del Sida en el país tampoco hace pública la información sobre las organizaciones a las que ha financiado en años anteriores ni los montos que cada una de ella ha recibido.
Izazola Licea aduce la ausencia de dicha información a la falta de capacidad del portal electrónico del organismo: “Los objetivos, el financiamiento, el presupuesto, el convenio firmado [con las organizaciones], todo eso es público; si no está en la página web todo el tiempo no lo sé. No es algo que yo revise, pero debemos tener limitaciones en términos de recursos físicos, que son limitados. Si no depuráramos la página, sería muy difícil de navegar, de sostener”.
Aunado a la ausencia de información sobre los montos entregados y los resultados de los proyectos financiados, también se desconocen los criterios en los que el Censida se basa para seleccionarlos.
Su director General reconoce que no hay un documento que establezca los estándares para evaluar los proyectos, pero afirma que hay instrucciones para los revisores.
Sin embargo, enfatiza que éstas “son exclusivamente para ellos y no [las] vamos a hacer públicas, porque no queremos que alguien pueda entender cuál es el secreto para poner bien la respuesta. Lo que queremos son propuestas sólidas”.
Pero luego revira: “No es tampoco ningún secreto saber que los objetivos tienen que ser alcanzables, medibles, realizables; no hay ningún secreto en ver cómo se hace un presupuesto y cómo se evalúa… La instrucción que damos es: ‘revisen la coherencia de los objetivos con los métodos, los presupuestos y las capacidades ahí descritas para ver si son proyectos factibles’”.
Falta de información, la queja
La falta de información sobre cómo se eligen los proyectos por financiar llevó a nueve integrantes del Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) a solicitar al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, los resultados de los dictámenes de las propuestas registradas “con la finalidad de tener claridad sobre los criterios de selección”.
Se trata de Gerardo Cabrera Reséndiz, Héctor Miguel Corral, María Luisa González Barrios, Jessica Bear Blas, Julián Elizalde Peña y Rosember López Samayoa; todos, vocales del Conasida. Así como Alejandra Gil Cuervo y Oriana López Uribe, suplentes de vocalía.
Además de formar parte de la instancia de coordinación entre los sectores público, privado y social para promover la prevención del VIH/Sida, todos ellos pertenecen a organizaciones de la sociedad civil (OSC).
En una carta enviada al funcionario el 8 de abril pasado, los firmantes también solicitaron conocer los mecanismos de evaluación y saber si existían guías para los dictaminadores, así como los nombres y perfiles de los integrantes del Equipo Asesor y de Revisión de Proyectos (EARP) “para garantizar las competencias y objetividad de las personas que dictaminan”.
La respuesta, formulada por Izazola Licea, explica el procedimiento para elegir los proyectos, mas no arroja luz sobre cuáles fueron los criterios de selección.
A través del oficio DG/DPPS/0538/11, el director del Censida refiere que las 286 propuestas participantes fueron calificadas con tres evaluaciones “independientes y asignadas aleatoriamente a través de medio electrónico y de manera ciega”.
Y señala que en los casos en que se presentaron “inconsistencias en las evaluaciones”, como que existiera una diferencia mayor a tres puntos entre dos revisores, éstos se examinaron en una reunión presencial del EARP.
Respecto de la petición de información sobre los integrantes del EARP, el director del Censida contestó que la lista de personas, así como información general de todos los proyectos registrados y los formatos de evaluación, “entre otros documentos”, estarían disponibles en su portal electrónico a partir del 25 de abril.
Izazola Licea, quien ocupa el cargo desde enero de 2009, aclara que tales datos no se podían dar a conocer antes porque había que esperar que concluyera el proceso de selección para publicarlos.
Pero aunque éste ya finalizó, el Censida se reservó la información sobre el monto que entregó a cada organización. Tampoco difundió los formatos de evaluación, sino únicamente las calificaciones de los proyectos ganadores.
Respecto de la información de años anteriores, el funcionario se excusa diciendo que él llegó hace apenas dos años y que es difícil “reconstruir” los resultados de convocatorias previas, en las que el proceso de evaluación era muy laxo.
No obstante, termina por reconocer la ausencia de información en el Censida: “La verdad sí nos puede faltar algo en términos de transparencia, pero de ninguna manera de tal magnitud que se cuestione la validez de la evaluación”.
Izazola Licea arguye que, aun cuando no exista un documento que especifique los criterios de evaluación, ello no significa que no haya un proceso de estandarización en las revisiones.
Tras explicar que como funcionario público, con recursos materiales y humanos limitados, tiene que establecer prioridades, espeta: “¿Quiere que desperdicie mi tiempo en hacer cosas que no son tan cruciales? Para mí es más crucial, por ejemplo, lograr el acceso a antirretrovirales. No estamos sentados ociosos para ver qué se les ocurre a las organizaciones civiles preguntarnos, porque ahorita es eso; el año que entra ¿qué van a pedir?
“Yo creo que es un poco frustrante que se pidan respuestas a todas y cada una de las posibles inquietudes que se tengan cuando algunas no son tan prioritarias”, expresa.
Las organizaciones opinan
La información disponible muestra que los trabajos seleccionados este año alcanzaron, en promedio, una calificación global de 68.23 puntos; además, 32 casos fueron revisados una cuarta vez por el Equipo Asesor presencial debido a discrepancias significativas en sus evaluaciones.
De las 65 organizaciones seleccionadas para recibir financiamiento, la mayoría se encuentra en el Distrito Federal. Se trata de la entidad con mayor número de casos de Sida en el país, de acuerdo con datos de la Ssa.
Le siguen en prevalencia de casos el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Baja California. Sin embargo, entre los ganadores sólo figuran tres organizaciones jaliscienses, tres poblanas y dos mexiquenses, una de la ciudad de Tijuana, Baja California, y ninguna de Veracruz.
Aunque ello puede ser a causa de que no se presentaron propuestas viables de las OSC en esas entidades o a que quizá obtuvieron calificaciones inferiores a la media global, la falta de información impide conocer los criterios que sigue el Censida para seleccionar los proyectos a financiar.
Tal fue la inquietud compartida por miembros de las organizaciones de la sociedad civil que, en su calidad de vocales del Conasida, dirigieron su queja al secretario de Salud.
Entre ellos están Jessica Bear Blas y María Luisa González Barrios, titulares de las asociaciones Fortaleciendo la Diversidad, AC, y Mujeres en Acción Positiva, respectivamente.
Tanto Bear Blas, cuya organización trabaja con personas transgénero en San Luis Potosí, como González Barrios, quien preside la organización que apoya a mujeres que viven con VIH en Ciudad Juárez, Chihuahua, saben que por la población con la que trabajan es difícil obtener apoyo a través de los financiamientos del Censida, que se han enfocado más al grupo con mayor prevalencia en el país: los hombres que tienen sexo con otros hombres.
A pesar de que ambas reconocen que era poco probable que recibieran un financiamiento, coinciden en que los resultados dejaron insatisfechas a sus organizaciones y por eso buscaron una respuesta más clara.
Benjamín Delgado, subdirector de Teatro & Sida, expresa ideas similares, pues su trabajo con adolescentes homosexuales y mujeres que viven con VIH también ha llevado a su organización a padecer de poco apoyo oficial para esas poblaciones.
Delgado crítica que, en materia de prevención, el trabajo de las OSC no ha sido acompañado de acciones concretas del Estado, pues sus campañas son escuetas y no se han dirigido a poblaciones específicas, como aquéllas con las que su organización trabaja.
Sin embargo, algo diferencia a Delgado de las vocales del Conasida: su organización sí resultó beneficiada en la convocatoria de este año.
La propuesta de Teatro & Sida consiste en trabajo de prevención con internos en centros penitenciarios del Distrito Federal, para lo cual le fueron otorgados 400 mil pesos.
El presidente del Comité Lésbico Gay de Occidente, Isidro García, es crítico respecto de cómo se seleccionan los proyectos por financiar, pues considera que, si bien la convocatoria es clara en su contenido, el proceso de selección es “amañado”.
En el mismo tenor califica las evaluaciones del trabajo de las OSC, pues refiere que aunque el Censida debe entregarles una constancia de cumplimiento al final del año, esto no se hace.
Al no haber un documento que avale la conclusión adecuada del trabajo propuesto, la única posibilidad de saber que cumplieron es cuando reciben otro apoyo, asevera.
En opinión de Isidro García –cuya organización se encuentra en Jalisco y resultó seleccionada este año–, los financiamientos del Censida han servido como una forma de acallar a la sociedad civil, pues “la gente que tenga financiamiento no denuncia ciertas irregularidades del Censida porque luego vienen las amenazas de auditorías a las organizaciones.
“Es como un círculo vicioso: yo no te denuncio, tú no me denuncias. Es como el rollo del clientelismo que usa el gobierno”, valora.
Para Maribel Ortega Álvarez, presidenta del Consejo Directivo de Acciones Voluntarias sobre Educación en México, AC, los mecanismos de transparencia “son perfectibles” y califica como “un área de oportunidad para Censida” la actual ausencia de información sobre los resultados y el impacto de los proyectos financiados.
La organización, que ha participado y ha sido seleccionada en casi todas las convocatorias del Censida, recibió esta vez apoyo para dos propuestas: una es la difusión de mensajes de prevención a través de la red social Facebook y la otra, que es continuación de un proyecto anterior, se aboca a la promoción de modelos saludables entre jóvenes gay.
Héctor Miguel Corral está al frente de otra organización que logró financiamiento: la Agencia Familiar Binacional. Pero Corral figura, además, entre los vocales del Conasida que firmaron la misiva a Córdova Villalobos.
El tijuanense dice que su trabajo es representar a la sociedad civil y, por tanto, tenía que atender la inconformidad de algunas organizaciones sobre cómo se había llevado a cabo el proceso de selección de proyectos.
“Nos dimos a la tarea de conocer cuáles eran las opiniones de esas organizaciones, dónde estaban las inconformidades, y nosotros, como miembros de la sociedad civil, también hicimos algunas críticas al respecto, que después fueron aclaradas por Izazola a través de una carta y de una reunión”, explica.
Para Gerardo Cabrera Reséndiz, el más visible promotor de la queja ante el secretario de Salud, el tema del proceso de selección ya ha quedado aclarado por las autoridades del Censida.
El director de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/Sida dice que ahora se encuentran en negociaciones con el organismo “para ver cómo podemos mejorar la convocatoria”.
Cabrera Reséndiz no pasa por alto que el Censida comenzó a dar información a partir de la queja que se hizo y reconoce que el organismo está en la disposición de ver cómo pueden mejorarse esos procesos. “Pero yo creo que eso lo vamos a poder ver reflejado hasta el año que entra. Éste no podría hablar todavía de esa parte”, acota.
Mientras tanto, lo concerniente a las evaluaciones de resultados y del impacto de los proyectos sigue pendiente, pues los vocales del Conasida no abordaron el tema con Izazola Licea.
Ello significa que la forma para ponderar los resultados del trabajo de las OSC seguirá siendo a través de los monitoreos del Censida y de los dos reportes (uno parcial y otro final) que éstas entregan al organismo.
Los ganadores
En la convocatoria de este año se presupuestaron 43 millones de pesos para entregarse a proyectos de las organizaciones civiles e instituciones académicas inscritos en siete distintas categorías; una octava categoría, relativa al tema de declaración ministerial, está por lanzarse.
Entre los beneficiados del primer proceso de selección, que concluyó en abril pasado, figuran dos organizaciones que no cumplen con uno de los requisitos establecidos, que es contar con Clave Única de Identificación (Cluni).
Se trata de Diversidad, Deporte y Sexualidad, AC (Didesex), y de Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, AC. Aunque las dos organizaciones figuran en el directorio de OSC –elaborado por el Censida– con su Cluni “en trámite”, los proyectos de ambas fueron palomeados.
Didesex es, además, la organización que obtuvo el más bajo puntaje de todas las seleccionadas. A pesar de que los tres evaluadores “ciegos” le concedieron pobres calificaciones (la más alta fue de 62.51 puntos) y de que su evaluación promedio fue de 38.39 puntos, su proyecto fue aprobado en una cuarta revisión del EARP.
La propuesta de la organización, cuyo presidente es Rafael Humberto Villanueva Hernández, lleva por título “La homofobia está out. El reality” y fue el único trabajo seleccionado en la categoría “Estrategia de modificación de normas sociales”.
Pero el de Didesex no fue el único proyecto con puntaje reprobatorio que consiguió financiamiento. El Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, AC, alcanzó 58.77 puntos, y Salud Integral para la Mujer, con 40.65 puntos, también fueron elegidos. Al igual que con Didesex, la decisión se tomó tras una cuarta evaluación del EARP.
Uno de los 28 integrantes de ese grupo presencial fue Izazola Licea, quien en entrevista expresó que un proyecto con tres evaluaciones bajas tiene altas probabilidades de que tenga una baja calidad en su planteamiento. Aun así, los tres proyectos resultaron ganadores.
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