¿Desde cuándo el pueblo otorgó poder para actos de dominio?

* Luis Wybo *

¿Desde cuándo el pueblo otorgó poder para actos de dominio?

En secundaria aprendemos que se pueden otorgar dos tipos de poder notarial, uno para actos de administración y otro, con más rigor, para actos de dominio. Así, podemos otorgar un poder general a favor de alguien de nuestra confianza para que nos administre un bien y, sólo en caso de necesidad, otro distinto para que lo enajene en nuestro nombre. También aprendimos que en países de régimen republicano, con estilo propio de democracia, el pueblo, al elegir a su gobierno, de hecho le está otorgando un poder general para actos de administración, es decir, para administrar los bienes y servicios públicos, sin que el haberlo elegido implique de manera alguna que le haya otorgado un poder para actos de dominio, es decir, para enajenar los bienes o los servicios de la nación.

El gobierno se constituye así en el poder público o administración pública del Estado y, como en el caso del buen gobierno, éste asume el poder, como autoridad y, a la vez, como responsable de administrar el bien público; con todos los recursos a su disposición y, a la vez, con toda probidad. De esta manera, los elementos constitutivos del Estado se relacionan armónica y eficazmente: la población, su administración pública, su sistema jurídico, sus bienes, recursos y territorio. Estos últimos constituyen el patrimonio de la nación, que el gobierno administra como apoderado del pueblo. Este equilibrio viene a ser la consistencia misma del Estado.

No se dan casos en que el pueblo voluntariamente otorgue al gobierno poder para enajenar el patrimonio y recursos que pertenecen a la nación. Luego entonces, en numerosos países en que el gobierno ha enajenado bienes patrimoniales, nos preguntamos, ¿desde cuándo el pueblo otorgó un poder para actos de dominio?, ¿cuándo nos distrajimos al grado de permitir la enajenación de bienes, recursos y servicios, vitales para la población, sobre todo en el caso en un país de desarrollo?

Ahora se le llama “privatización” o “apertura de sector” al proceso de enajenación de bienes o concesión de servicios cuya administración de nación encomendó al gobierno. Esta privatización pone en unas cuantas manos el patrimonio del pueblo, y peor aún, lo hace susceptible de desnacionalización. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso el gobierno carece de la capacidad y los recursos para cumplir con la encomienda de administrar los bienes y servicios del pueblo?

Patrimonio de la nación, son los recursos naturales inalienables: fauna y flora, aguas, minerales estratégicos, hidrocarburos, servicios estratégicos: energía nuclear, siderurgia, telecomunicaciones, electricidad, aerotransporte troncal: ferrocarriles, carreteras, puertos aéreos, marítimos y fronterizos; y los servicios sociales básicos: seguridad social, pensiones, educación superior, registros de población de vivienda y vehicular y tecnología para el campo, entre varios otros. Particularmente en países en desarrollo, estos recursos y servicios son base fundamental para la soberanía del Estado.

El neoliberalismo pretende que la venta de recursos, privatizando bienes y servicios patrimoniales, represente un ingreso considerable de recursos, financieros para el gobierno. El argumento es irrelevante. Por una parte, la empresa privada no asume responsabilidad social alguna sobre el destino del patrimonio y servicios básicos del pueblo. Por otra, los recursos financieros obtenidos por la venta, si bien hubieren de aplicarse a obra pública, nunca podrán compensar las consecuencias de la pérdida para la nación, sea ésta patrimonial o del control de servicios vitales, y el correlativo debilitamiento del Estado. El mayor agravante de la privatización es la desnacionalización. Una vez concesionados los servicios estratégicos, el gobierno no puede impedir que la empresa privada se asocie con intereses extranjeros para la administración del bien patrimonial, o que incluso lo enajene a intereses extranacionales. ¿Y el congreso? En nuestros países, el pueblo no ha autorizado estas privatizaciones, y los diputados y senadores, representantes de ese pueblo, apenas empiezan a percatarse que al endosar las acciones gubernamentales para enajenar o concesionar bienes y servicios públicos están actuando en contra del propio interés que representan. Ya es hora de que nuestros congresos sean los foros en los que se defienda el interés estratégico nacional ante el cinismo neoliberal.

Respondiendo a las demandas ingentes de un país en desarrollo y protegiendo su patrimonio, el buen gobierno tiene los recursos y probidad necesarios para administrar eficazmente los servicios estratégicos y asegurar a la población necesitada su acceso gratuito a los beneficios del campo tecnificado, la seguridad social y la educación superior. La mayor conciencia que como pueblo hemos adquirido en los últimos tiempos nos dice que las privatizaciones tienen que parar y revertirse. Si el buen gobierno, como administrador de lo público, cree tener sanas razones para ir más allá del poder que le ha sido otorgado, puede recurrir, de la mano con el pueblo, al plebiscito, como recurso que debe ofrecérsele a todos.