El titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván. México, D.F. (apro).- Las pugnas al interior del gabinete de seguridad nacional no acaban. El fiasco del “caso Hank” ahondó las diferencias entre las autoridades civiles y militares al mando de Felipe Calderón para el combate a la delincuencia organizada.
Responsable del operativo para la detención del dueño del grupo de apuestas Caliente y expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, el Ejército tuvo que morder el polvo, luego de que el gobierno federal había tomado la decisión política de ir en contra del miembro más vulnerable de la famiglia fundada en el estado de México por Carlos Hank González.
El peor parado fue el general de brigada Gilberto Landeros Briseño, comandante de la Segunda Zona Militar con sede en Tijuana, quien la noche de la detención, el 4 de junio, se apersonó en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esa ciudad fronteriza para presentar, junto con algunos de sus hombres que participaron en el operativo, los cargos contra Hank por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
El ariete de las arremetidas político judiciales de Calderón, la procuradora General de la República, Marisela Morales, hizo pasar al Ejército, y en particular al general Landeros, ante la opinión pública como una fuerza por lo menos inexperta y negligente.
En una entrevista la noche del pasado jueves en Televisa, la funcionaria, nerviosa e insegura, dijo que los militares a cargo del operativo omitieron los videos sobre la detención para probar no sólo la existencia del arsenal atribuido a Hank, sino que durante el mismo no hubo abusos ni contra él ni contra sus escoltas.
Luego del revés judicial en el que la juez Noveno de Distrito en Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, decretara la libertad de Hank y sus escoltas porque su detención ocurrió en circunstancias distintas a las que reportó el Ejército al ministerio público federal, Morales tuvo que decir que Calderón “no estaba enterado” del operativo, sino que supo el día de la detención.
Pero como suelen decir ellos mismos, “los militares no se mandan solos”. Un operativo con evidentes implicaciones políticas no podía salir del cuartel Morelos, en Tijuana, a cargo del general Landeros.
Ni siquiera de su superior inmediato, el también general de brigada Alfonso Duarte Múgica, comandante de la II Región Militar con sede en Mexicali, desde donde el Ejército cubre los estados de Baja California y Sonora.
Ninguno de los dos generales es improvisado en asuntos relacionados con el narcotráfico en Tijuana. El propio Duarte fue antecesor de Landeros como jefe militar de esa plaza, mientras que éste, en 2008, fue comandante de la Segunda Brigada de Fuerzas Especiales desplegadas por el Ejército en esa ciudad como parte de los operativos contra el narcotráfico.
El general Landeros no pudo tampoco tomar la decisión de ir contra Calderón porque como experto en labores de inteligencia, en las que se formó en la Escuela de las Américas, en el Fuerte Benning, en Georgia, sabe que no se puede organizar y ejecutar un operativo militar para ir contra un personaje como Jorge Hank sin respaldo político.
Aún cuando el Ejército haya tenido información sobre el supuesto acopio de armas por parte del ahora fortalecido personaje, los encargados de elaborar la información de inteligencia saben que la decisión sobre lo que se hace con ella no recae en ellos, sino en sus superiores.
En este caso, ni siquiera en el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, sino en Calderón, quien ostenta el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No hay duda que el Ejército mexicano responde a esa institucionalidad: recibe órdenes y obedece.
De ahí su utilización política y de ahí su creciente molestia. Si ya de por sí la cúpula del Ejército mantiene desde el arranque del sexenio una abierta confrontación con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la responsabilidad que ahora le achaca la procuradora y los términos de la resolución judicial lo hacen pasar como el gran responsable de esta pifia del gobierno calderonista.
Al general Landeros no le queda más que el silencio, tragarse la “explicación” de Morales y asumir su responsabilidad por el sentido de la resolución judicial que favoreció a Hank.
Con su cuota de sangre en la “guerra al narcotráfico” en la que lo metió Calderón, el Ejército acumula agravios.
Por negligencia, incapacidad o negociación política las autoridades federales escatimaron a la juez Parra Meza elementos de las actividades supuestamente ilegales o rayanas en la ilegalidad del continuamente investigado Jorge Hank Rhon. Con su libertad, Calderón le ha propinado al Ejército una vergonzosa derrota.
jcarrasco@proceso.com.mx
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