Un “doliente” Felipe Calderón ante la tragedia de Monterrey, donde 52 personas murieron asesinadas tras un ataque al Casino Royale, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presidencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, declaradamente fallido. El acto terrorista contra esa casa de apuestas activó las alarmas en el Pentágono, que desplazó de inmediato a expertos militares desde Afganistán e Irak hasta las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, en prevención de una eventual incursión del narcoterrorismo en su territorio.
El ataque del jueves 25 al Casino Royale, en el centro de Monterrey, consolidó la transformación del narcotráfico en terrorismo en México a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde el temor de una mayor violencia narcoterrorista llevó al Pentágono a desplazar de Irak y Afganistán hacia el Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, a militares de alto rango expertos en antiterrorismo.
Altos oficiales de Estados Unidos que participaron en la persecución de Al Qaeda y ahora están involucrados en el combate al narcotráfico, se han dedicado a elaborar material de inteligencia sobre los cárteles mexicanos con un propósito definido: evitar que la violencia se extienda hacia territorio de su país, el principal mercado de drogas ilegales.
Contenida aún al territorio mexicano, la violencia puede escalar más por tratarse de una confrontación entre empresas delictivas que buscan afectar sus respectivos intereses económicos y políticos. No sería extraño, advierte el consultor uruguayo Edgardo Buscaglia, que se incrementen los ataques contra objetivos políticos, como lo hizo la delincuencia organizada en Italia, Colombia y Rusia.
La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a admitir por primera vez la existencia en México de terrorismo vinculado a la delincuencia organizada, a pesar de que, desde el 15 de septiembre de 2008, el primer ataque contra población civil se registró en Morelia, Michoacán, a manos de presuntos zetas.
Un segundo acto de terror ocurrió el 15 de julio del año pasado, al estallar un coche bomba en el centro de Ciudad Juárez en plena hora de actividad. La acción fue adjudicada a La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez.
El atentado en Monterrey quintuplicó el número de víctimas mortales causadas en Michoacán y Chihuahua, aunque en el ataque en Morelia, ocurrido durante la celebración del Grito de Independencia, hubo más de 100 heridos.
De acuerdo con Buscaglia, el gobierno de Calderón pudo evitar esa nueva agresión: Si después del ataque en Morelia hubiera solicitado a la ONU incluir a los narcotraficantes mexicanos en la lista internacional de terroristas, se habría desplegado una acción internacional para contener a estos grupos.
“La omisión y la negligencia son imperdonables” porque gobiernos como los de los tres países mencionados llevaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a esos grupos para ser perseguidos internacionalmente, dice desde su condición de asesor de esa organización en delincuencia organizada.
A diferencia de la lista que elabora el gobierno de Estados Unidos, la de Naciones Unidas tiene legitimidad. Pero además, facilita recursos y cooperación internacional, con lo que se evita la proliferación de mercenarios estadunidenses, observa el también profesor e investigador que ha trabajado en universidades e institutos de Estados Unidos, de países europeos, de Argentina y de México.
Desde el momento mismo del ataque al casino, el gobierno de Calderón, a través del vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, lo calificó como un acto de terror.
Como abogado, el presidente Calderón sabe que cuando menciona actos de terrorismo hace una aseveración jurídica, prevista en convenciones internacionales. Ya no tiene mucho espacio para dejar de ir a la ONU y cumplir con esa acción legal plasmada en una Convención ratificada por el Senado mexicano, dice el experto a Proceso.
Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al Qaeda en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1373 en la que, entre otras consideraciones, refiere “la conexión estrecha entre el terrorismo internacional y la delincuencia trasnacional organizada, las drogas ilícitas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales potencialmente letales.
Además, los Estados miembros de la ONU están obligados a congelar las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas y de las instituciones financieras o empresariales que les den servicio, así como actuar contra los funcionarios públicos y políticos que los apoyen.
Delincuencia de alta intensidad
Si México lleva el caso a Naciones Unidas, “lograríamos una cooperación internacional muy amplia”, como ocurrió en el caso de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que se les retiraron todos los apoyos en el mundo, empezando por el cierre de las “embajadas virtuales” que tenían en varios países, incluido México.
Pero Buscaglia no ve en Calderón disposición para que el organismo internacional haga esa declaratoria, con la que se tendría la cooperación de las unidades antiterroristas de varios países, no sólo de Estados Unidos: “Tengo la sospecha de que por razones mediáticas no quiere llevar adelante esa acción” por las implicaciones en lo que ha sido su principal acción de gobierno.
Estados Unidos “tampoco está muy entusiasmado” en que los narcotraficantes mexicanos sean incluidos en la lista de la ONU porque “tendría una amenaza formalmente declarada en su frontera sur”. Además, estaría obligado a establecer controles fronterizos que causarían impacto económico y social.
Ni México ni Estados Unidos han querido dar ese paso formal. Washington prefiere manejar el problema sólo como un asunto que tiene con México. El viernes 26, un día después del atentado en Monterrey, el diario The New York Times publicó que Estados Unidos ha permitido a agentes mexicanos encubiertos perseguir a narcotraficantes mexicanos en territorio estadunidense.
Conocida como Operación Boomerang, ese tipo de acciones fue permitido desde hace dos años como consecuencia de la violencia desatada precisamente en el corredor industrial que forman Monterrey y Nuevo Laredo, en Texas.
El diario recuerda que hace pocos meses, el gobierno de Calderón aprobó el establecimiento de agentes de la DEA, operativos de la CIA y militares retirados de Estados Unidos en una instalación militar, precisamente en el norte de México, “para ayudar a conducir operaciones de inteligencia y reforzar el trabajo de una “célula de fusión” similar que ya opera en la Ciudad de México y que fue dada a conocer por Proceso en su edición 1776 en noviembre de 2010. Además, ha permitido la participación de elementos de diversas agencias estadunidenses en investigaciones, detenciones y labores de vigilancia en aeropuertos.
En su edición del viernes 26, el periódico neoyorquino también mencionó la forma en que está operando el Pentágono: “De manera regular revisa las partes de la responsabilidad militar en la lucha contra las drogas, poniendo particular atención en las lecciones de casi una década de operaciones de contraterrorismo en Afganistán e Irak”.
Varios oficiales de alto nivel, con años de experiencia en combatir a Al Qaeda y grupos afiliados fueron movilizados al Comando Norte, como se conoce al centro responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América del Norte, ubicado en Colorado Springs, al norte de Nuevo México. Su nueva tarea es elaborar información de inteligencia sobre las redes de la droga mexicanas.
“Esos militares están tratando de llevar lo que hicieron en Afganistán y hacer lo mismo en México”, citó el diario apoyado en fuentes oficiales no identificadas.
El señalamiento del Times confirma la visión ya expresada por Paul Rexton, quien fue asesor antinarcóticos de la OTAN en Kabul, Afganistán, y que recientemente estuvo en la frontera México-estadunidense para investigar sobre la violencia de los cárteles mexicanos desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Actual profesor de Estudios de Seguridad Nacional en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Rexton publicó apenas el 12 de junio pasado en el sitio electrónico smallwarsjournal.com el texto: México, un mosaico de la guerra de los cárteles, en el que asegura que el país vive una violencia de alta intensidad que se traduce en un conflicto multidimensional, de múltiples partes y múltiples escenarios de conflicto armado entre grupos criminales que tienen metas esencialmente delictivas… y en el que el Estado es parte del conflicto (Proceso 1815).
Asegura que México vive una delincuencia de alta intensidad por “una guerra motivada por empresarios violentos que buscan predominar sobre otros y el Estado para controlar o tener una porción importante del mercado ilegal hipercompetitivo” de las drogas y otras actividades delictivas. De acuerdo con Rexton, la violencia como la de Monterrey “es un medio, no un fin”.
Por una salida multilateral
En otro texto publicado en el mismo portal el 30 de junio, titulado México: ¿el narco accidental?, Rexton recuerda que durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó las operaciones antinarco de forma secundaria ante su cruzada anticomunista, pero cuando el gobierno de Bill Clinton desarrolló el Plan Colombia, en el periodo que siguió a la Guerra Fría, “las operaciones de contrainsurgencia fueron conducidas bajo la tapadera de operaciones antinarcóticos”.
Asegura que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las operaciones antidrogas se han subsumido bajo el contraterrorismo. “Cada presidente de Estados Unidos ha estado en condiciones de incrementar o disminuir el perfil de la batalla de Colombia contra el narcotráfico apoyado en el ambiente internacional prevaleciente”. En México, no fue el caso, por lo que se creó la Iniciativa Mérida, que no consideraba ataques como el perpetrado en el Casino Royale.
Son muchos los analistas estadunidenses que insisten en que el combate al narcotráfico en México siga una estrategia militar antidrogas para detener la violencia en su frontera, por lo que piden que Estados Unidos desplace su “imperativo estratégico” de Afganistán e Irak a México.
Edgardo Buscaglia insiste en la salida multilateral: “México debe decirle de manera formal a la ONU las acciones que están realizando los cárteles mexicanos. Eso sería un paso enorme hacia la cooperación internacional. Sin ella, no puede; es un problema que ya se le salió de las manos”.
Una segunda medida que propone es ir contra la base patrimonial de esos grupos, tal como han hecho 17 países que han incluido a grupos armados que cometen actos terroristas.
Son los casos, entre otros, del Medio Oriente, Líbano, Perú, Colombia, Rusia, que al ser incluidos en la lista de la ONU “se les comenzó a desmantelar con una efectividad que no se veía antes. No es un invento. Cuando ha pasado, caen políticos, como en Colombia: No es que desaparezca la delincuencia organizada, sino que se atomiza, se transforma y se vuelve menos violenta”.
Pero en México, “siempre se protege a esas personas”, pese a estar demostrado que el aumento de la violencia se debe a que las organizaciones delictivas atacan las bases patrimoniales y de protección política del grupo adversario.
Ante ello, califica de “mito” la relación que hace Calderón entre el consumo de drogas en Estados Unidos y el aumento de la violencia en México, como lo señaló la mañana del viernes 26 en cadena nacional.
“El consumo de drogas aumentó en Estados Unidos desde hace décadas y antes fue incluso mayor y México no tenía los niveles de violencia que hoy padece. Lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano se ha fragmentado y sus recursos ahora son utilizados por los grupos criminales. Cada organización tiene su parte”, dice el consultor que ha trabajado para la ONU en Afganistán y Timor.
Señala “otro mito” de Calderón: pensar que una Ley de seguridad nacional “militarizada, fascistoide, de los años cuarenta”, va a resolver el problema, como también lo hizo ver en su mensaje al reprocharle al Congreso que no haya aprobado su iniciativa de ley.
“El presidente está desesperado. Toma esa ley como un instrumento para delimitar las acciones del Ejército. Es muy miope. Debe replantear las acciones para contener cualquier amenaza que impida al Estado satisfacer la seguridad de la población”, lo cual significa incorporar al Gabinete de Seguridad Nacional a secretarías como la de Desarrollo Social, Hacienda y Economía.
Las Fuerzas Armadas, precisa, son sólo una dimensión de la seguridad nacional, es un enfoque que está a décadas de lo que plantean el propio Estados Unidos o la Unión Europea.
En lugar de eso, “la estrategia miope del gobierno federal ha sido la de esperar que una alianza centrada en el cártel de Sinaloa se consolide en el país. Están esperando lo pasó parcialmente en Tijuana: “pan para hoy, hambre para mañana”.
Buscaglia corrige: “Decir estrategia es un elogio. Se trata de acciones improvisadas, con unas Fuerzas Armadas que no están preparadas para combatir en teatros de operaciones, sin que se actúe contra la protección de los grupos criminales y sin que se haya hecho algo a largo plazo para la prevención social”.
Advierte que la violencia va a seguir escalando, no porque los delincuentes sean irracionales, sino porque se trata de empresas que en su afán de control atacan centros patrimoniales y políticos de sus adversarios. Tan sólo en el caso de los alcaldes, ya son 26 los asesinados.
Insiste: La violencia se mantendrá mientras no se desmantelen las redes de protección a esos grupos, pero peor aún puede dar lugar a escenas que ya se han visto en América Latina con ataques a centros comerciales o bombas en estadios o cines.
Cuando los grupos delictivos se transforman en terroristas y empiezan a atacar objetivos comerciales de grupos rivales, también atacan a políticos, congresistas, jueces; es decir, “el corazón mismo del poder que los ha protegido”.
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