Seis altos funcionarios de la Secretaría de Marina Armada de México y cinco de la Defensa Nacional cuestan al erario 19 millones 220 mil 680 pesos al año, sólo por sueldos y compensaciones garantizadas netas. En lo individual, éstas oscilan entre 1 millón 300 mil y 1 millón 700 mil pesos. Se trata de la cúpula militar mexicana.
La manutención de los 11 militares de alto rango incluye dos onerosos seguros: el institucional, que supera los 6 millones de pesos por cada uno, y el de vida, por más de 1 millón de pesos. Por el contrario, más de 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones que van de los 24 mil a los 120 mil pesos anuales (menos del 10 por ciento de lo que perciben los 11 mandos).
Pero hasta en la cúpula hay diferencias: tres marinos ganan más que el secretario de la Defensa Nacional, revela información oficial hecha pública por ambas instituciones en el Portal de Obligaciones de Transparencia.
El mejor pagado de los 11 es el secretario de Marina. Al año, Mariano Francisco Saynez Mendoza obtiene 1 millón 723 mil pesos netos como sueldo base y compensación garantizada. A este monto le suma otros 44 mil pesos de aguinaldo y una prima vacacional anual equivalente a 20 días del haber. Además, cada mes cobra 96 pesos por “Previsión social múltiple” y 77 por “Ayuda para despensa”.
En el segundo peldaño, le siguen el subsecretario de Marina, Jorge H Pastor Gómez, y el oficial mayor de esa misma institución, José Máximo Rodríguez Carreón, con sueldos base y compensaciones garantizadas por 136 mil 640 pesos netos mensuales: 1 millón 639 mil 680 al año.
Hasta el tercer sitio se ubica el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván. Y es que el cuarto militar mejor pagado obtiene 1 millón 499 mil 547 pesos anuales por sueldo y compensación garantizada; esto es, 140 mil 133 pesos menos que los subalternos de Saynez Mendoza. Por gratificación de fin de año, el general recibe 44 mil pesos.
Galván Galván también tiene derecho a gastar, al año, 10 mil 800 pesos del erario en comida; su “Ayuda para despensa” es por 100 pesos mensuales y también cuenta con una “Prima vacacional” por 20 días de haber anuales.
Pero ésas no son todas las prestaciones. El almirante Saynez Mendoza, el general Galván Galván y sus nueve subalternos cuentan con un seguro institucional por 6 millones 879 mil 973 pesos, y uno de vida, por 1 millón 324 mil 908 pesos. Sobre estos seguros, el capitán Enrique Ponce de León, director de Atención a Prensa y Medios de la Secretaría de Marina, explica a Contralínea que sólo serían cobrados por las familias en caso de que el beneficiario falleciera.
El puñado de funcionarios, cuyo sueldo supera el millón de pesos anual, incluye al subsecretario de Defensa, al oficial mayor de la Sedena, a los inspectores, jefes del Estado Mayor y comandantes de Marina y Defensa, de acuerdo con su propia estructura institucional.
Pensiones miserables
Con sus sueldos y prestaciones, la elite militar está lejos de pasar las penurias que enfrenta el viejo Conrado Juan Crispino. “Nosotros seguimos siendo militares aunque estemos en situación de retiro. ¿Por qué somos discriminados? Somos los que ganamos menos que cualquier otra persona jubilada. ¿A poco el señor secretario, a poco el señor presidente van a mantenerse con estos sueldos?”.
El sargento primero de infantería retirado, de 70 años de edad, narra una historia que se repite por miles entre los soldados y marinos retirados. “Estoy pagando un préstamo y por eso ahorita gano 2 mil 600. Sin los descuentos, en total deben ser 4 mil 330 pesos. Ésa es una mensualidad que no alcanza para nada, ni para comprar, pagar renta ni nada de eso”.
Resume su desgracia, que en su vejez lo lleva a emplearse como guardia de seguridad privada para poder costear sus gastos y los de su familia: “Nosotros nos acabamos la vida en el Ejército”. Agrega: “Esta miseria en un año o dos no va a servir para nada. Ahorita no puedo pagar mi renta. Metí el préstamo y ya no me alcanzó para pagar. Si pago toda la renta no voy a comer”.
Al igual que aproximadamente 70 mil militares retirados, Conrado cobra su pensión en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
La misión de esa dependencia es “proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, con un alto grado de calidad y conforme a las normas legales vigentes”. Nada, para los retirados, se cumple a cabalidad.
La situación de los retirados respecto de los activos parece humor negro. Las condiciones de vida del general de división José Armando Tamayo Casillas, director general del ISSFAM, se asemejan a las del grupo de los 11 militares de alto rango. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, sus percepciones netas al mes ascienden a 125 mil 57 pesos, 1 millón 500 mil 684 anuales.
Pobreza y engaños
En las Fuerzas Armadas algo está claro: los sueldos millonarios no son para todos. El regimiento de militares en retiro y en pobreza suma decenas de miles. Cansados de los engaños, expresan, algunos desobedecieron la llamada “disciplina militar” y del 12 de febrero al 12 de julio de 2011 montaron un inusitado campamento en el Zócalo de la ciudad de México. Una humilde carpa blanca protegió de las inclemencias del tiempo a los agremiados de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac). Al tiempo, la dignidad veló por ellos en momentos en que arreciaron las amenazas proferidas lo mismo por militares en activo que por otros retirados.
A cinco meses de resistencia, los ancianos levantaron el Campamento de la Primera Reserva pero su lucha no ha terminado: los mandos siguen beneficiando solamente a aquellos soldados y marinos enrolados en la “guerra” contra el narcotráfico. Incluso, esperan montar un nuevo campamento para exigir respeto a sus derechos.
De los beneficios económicos a favor de la milicia –generados en el contexto de la “guerra”–, a ellos no les tocan ni migajas. Peor aún, señalan, se les roba con dolo lo que por ley les corresponde.
De acuerdo con la Femirac, la iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Congreso de la Unión el 21 de junio pasado, “que debía hacer justicia a los militares retirados que sirvieron a la nación entre 20 y 29 años, no responde a lo anunciado públicamente por el mando supremo”. Los retirados en esa condición son los más perjudicados, pues desde la década de 1990 no han tenido ningún tipo de apoyo económico ni compensación garantizada.
La Federación critica que se rompió el compromiso –hecho por el presidente Felipe Calderón el 19 de febrero pasado– de incrementar en forma proporcional el 50 por ciento a los haberes de retiro a razón de 1 por ciento por cada año, de acuerdo con el tiempo de servicios, hasta llegar al 59 por ciento en el caso máximo.
La Femirac acusa que esto se incumple en la iniciativa: ese 50 por ciento lo fragmenta a lo largo de 10 años. De esta manera, el personal de la tercera edad deberá contar con la suerte de mantenerse con vida, para poder recibir año con año un 5 por ciento de incremento en su haber de retiro hasta 2020.
“La superioridad continúa discriminándolos. Omite su obligación de mantener alta la moral de las tropas y no da cumplimiento a lo que ordena la Ley del ISSFAM en su artículo 23, que procura vida digna para quienes sirvieron a la nación por toda una vida; por tanto, deben ser justamente valorados y recompensados porque son un ejemplo de valor y coraje en la lucha por la construcción de un México más fuerte y porque es, además, una responsabilidad de carácter internacional, tal como asevera enérgicamente el propio alto mando en la exposición de motivos de su iniciativa entregada al Congreso de la Unión”.
El general brigadier retirado Samuel Lara Villa, presidente de la Femirac, señala: “La ley del ISSFAM no la hicimos nosotros, la hizo el Congreso de la Unión, y en su reglamentación está determinada una vida digna para los militares retirados, y señala en su actual artículo 23 que las percepciones de éstos deben ser incrementadas en la misma proporción y al mismo tiempo que al personal del activo. Eso nunca se ha llevado a cabo”.
Agrega que las autoridades en lugar de procurar por sus retirados, le aumentan al activo por otros canales. “Buscan, mañosamente, que no lleguen a los retirados esas percepciones que van a dar al activo. Eso es lo que más indigna porque se ve la intención de hacernos a un lado, de humillarnos. Por eso reclamamos justicia”.
En entrevista con Contralínea, ejemplifica su acusación: “Los bonos que dieron al personal del activo a fin de año fueron por debajo de la mesa, para que los demás no se dieran cuenta. Pero cómo no va uno a darse cuenta si todavía tenemos tantos excompañeros en el activo. De ese bono que determinó el gobierno federal otorgarle a todos los trabajadores al servicio del Estado a nosotros no nos llegó nada. Reclamamos porque se les olvida que seguimos siendo parte de las Fuerzas Armadas. Estamos en una situación de retiro, pero seguimos sujetos a las leyes militares y se los recordamos”.
Agrega que pareciera que hay una “tubería” directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el personal de servicio activo: “Les llegan aumentos, becas, compensaciones garantizadas, bonos… Y a nosotros no nos llega nada. Cuando se acuerdan de nosotros y nos quieren dar algo hacen una iniciativa que se va a las comisiones legislativas y de ahí sube a la asamblea, se discute en el pleno y después sale en la gaceta. Es un camino largo para que a nosotros nos llegue un beneficio y luego con condiciones, fraccionado”.
Sobre el campamento que mantuvieron durante cinco meses, Lara Villa indica que hasta ese tipo de resistencia “nos han empujado las autoridades, que tienen la obligación de velar por los que fueron sus subordinados, por la tropa, por los mandos medios, por la gente que está en situación de retiro”.
Explica que durante los 12 años de vida de la Federación, nunca fueron resueltas sus demandas. “Agotamos nuestras instancias internas hasta llegar a la última, que para nosotros es el mando supremo. Queremos que, como mando supremo, la Presidencia de la República nos atienda”.
Servicios médicos deficientes
Las diferencias entre la elite militar y los retirados son profundas. Mientras el director general del ISSFAM cuenta con un seguro de gastos médicos por 573 salarios (mínimos generales mensuales), para los militares en situación de retiro ni siquiera los servicios médicos funcionan de manera adecuada.
“Uno va al Hospital Central Militar o a la Unidad de Especialidades Médicas y el médico obviamente da la receta; entonces uno pasa a la farmacia y no hay medicamentos. Ahí dicen, esta pastilla se la dejamos pendiente, venga el martes. Uno va desde lejos, desde donde uno vive a la farmacia y resulta que el martes no está aún el medicamento; entonces dicen que para el viernes, y tampoco lo tienen. Yo tengo hipertensión arterial, tengo que tomar el medicamento porque si no siento que me falta el aire, entonces tengo que comprarlo porque a mí me interesa mi salud”, explica el capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez.
—¿Y le alcanza con su pensión?
—Gano 9 mil 800 pesos mensuales. Pero mi esposa no trabaja, está grande y muy enferma. Además, sufro la hipertensión arterial que me apareció a raíz de la operación de rodillas, que me hicieron con platino y titanio. Entonces con lo que gano no completo. Mi esposa necesita zapatos, tengo que pagar el teléfono, la luz, el impuesto predial, el agua… Todo sale de ahí, de lo que uno gana, y pues no completo. He tenido que recurrir a los préstamos de Banjercito, que es el banco que se encarga de manejar nuestro dinero. Esos préstamos los descuentan por mes, y con el descuento recibo 6 mil 500 pesos en lugar de los 9 mil 800. Con esa pensión no se puede comer, no se puede vivir bien. Un salario para vivir a medias sería, mínimo, de 500 pesos diarios.”
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la oficina del coronel Ricardo Trevilla Trejo, director de Comunicación Social. A pesar de las gestiones hechas durante más de un mes, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
La voz de los olvidados
Integrantes de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC, narran a Contralínea algunas de las urgencias que enfrentan:
- General brigadier retirado Samuel Lara Villa. “Un capitán primero de caballería retirado con 27 años de servicio gana 5 mil 700 pesos mensuales. ¡Con esa antigüedad! Imagínese cómo está la tropa: 1 mil 200, 1 mil 300 pesos. La diferencia está muy marcada: [el activo con ese rango estará ganando] unos 27 mil. Es abismal. El soldado raso activo gana 9 mil al mes, más que el que fue capitán (…) En cuestión de la vida militar, no me quejo y estoy seguro que mis compañeros tampoco: nos gustó la vida militar y ahí está la demostración, nuestros expedientes están a la vista de quien los quiera estudiar. Trabajamos y estuvimos en los cuarteles y fuimos a la sierra y fuimos adonde nos mandaron y cumplimos con todo. Lo que no nos parece, lo que indigna es el trato que nos están dando. Ahora nos discriminan”.
- Capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez, 70 años. “Soy retirado. Esto no quiere decir que en todos los retirados haya discriminación, pero me consta a mí. En la Ley del ISSFAM determinan que el retirado es aquel que cumple de 20 años en delante de servicio para el Ejército; pero no cumplen con los requerimientos económicos, por ejemplo, está escrito en el artículo 31 que los retirados con más de 30 años de servicio se les da un 60 por ciento más de retiro. ¿Por qué no lo hacen con los de 20 a 29 años? A mí me ajustaron con 29 años y 27 días. Esto no quiere decir que hubiera hecho menos tiempo de servicio, sino que en operaciones cometí un error que me trajo consecuencias: estuve encerradito en la prisión militar y me quitaron ese tiempo de antigüedad. Por eso no llegué a los 30 años. Yo veo, dentro de mi ignorancia, que hay discriminación porque para mí, si yo leo que retirado es de 20 años en adelante, se supone que tenemos los mismos derechos. Ésa es una discriminación”.
- Teniente de fragata de comunicaciones navales retirado José Luis Méndez Rivera, 75 años. “Es doloroso saber que tenemos carencias. En el plano de los beneficios que nos otorga la ley, no pedimos nada más, sólo que se cumpla el espíritu del artículo 31 de la ley que nos rige. Hay una cosa dolorosa que se nos expresó, que lo considero como una discriminación: un general, en una reunión que tuvimos en el ISSFAM, nos dijo ‘el Ejército que ustedes dejaron hace 20 años es diametralmente opuesto al actual’. En nuestro tiempo, fuimos elementos que le permitieron a todos esos funcionarios que ahora son los que mandan en el país, que estudiaran; ellos eran estudiantes cuando nosotros proporcionábamos un alto grado de seguridad y manteníamos el statu quo, manteníamos la respetabilidad de las Fuerzas Armadas, éramos profesionistas, gente que luchaba y batallaba siempre por el bienestar del pueblo y acudíamos en su ayuda cuando así lo requerían en caso de emergencia. Entonces, no pedimos nada que no sea lo que está establecido en la ley. Eso debe de quedar muy claro, porque si nos dicen que nos van a dar un dinero cuando haya para los retirados… Ya fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia, a la Cámara de Diputados, al ISSFAM, ya nos pronunciamos de diferentes maneras y esperamos que alguien nos diga ‘vengan para acá’. Sí nos llamaron en una ocasión, pero para decirnos que había una casa de retiro”.
- Exsargento segundo de transmisiones Gregorio Hernández Méndez. “Me corrieron [del Ejército] porque no estuve de acuerdo con las órdenes. Es mentira que los gobiernos priístas manejaron distinto al Ejército, lo manipularon como hasta ahorita. A mí me tocó cuando Lucio Cabañas. [Nos ordenaron] combatirlo porque era guerrillero, pero el señor no era guerrillero, era un luchador social. Lo que él pedía, parece que me acuerdo, es que se cumpliera la ley del artículo tercero: que la educación la subsidiara el Estado; es lo que pedía él. Pero como se friegan el dinero para el gobierno fue un guerrillero. Entonces por eso yo no le quise seguir. Ahora apoyo a los que reciben una pensión o jubilación, porque como militar retirado me solidarizo con ellos para que les den los servicios que dice la ley del ISSFAM”.
- Teniente de navío Andrés Jiménez Rodríguez, 79 años. “Estuve 25 años en el servicio y para completar los 30 me dieron cinco años más de perseverancia. Por eso me dieron los haberes completos, que al mes son 8 mil pesos. Eso es muy poco realmente. Le estamos solicitando al gobierno que nos aumenten de acuerdo con el sueldo de los activos. Es lo que teníamos antes, entonces nos quitaron a nosotros una parte y nos dejaron con menos. Con puros haberes”.
- Militar retirado Jaime Castro Torres. “Queremos que no sean injustos con las personas que con todo el corazón servimos al Ejército. Ahora nos hacen menos, con un gesto de desprecio que no nos merecemos. Lo único que buscamos es que sean justos con todos, así como nosotros servimos para poder librar a los que estaban en aquella época pequeños. Yo entré casi después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros cuidamos la patria para que todas esas personas que ahora tienen un puesto, que son senadores, diputados u otros puestos superiores, se levantaran, y no es justo que ahora nos paguen con este tipo de injusticia. Esperemos que estas peticiones de justicia las tomen en consideración para una vida más digna para nosotros”.
- Exsargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez. “Soy exmilitar. Mi caso fue muy diferente porque yo fui dado de baja injustamente cuando llegó el señor Vicente Fox [a la Presidencia]. Él ordenó una purga y quien no era católico se fue a la calle, sólo por el hecho de no serlo”.
- Subteniente retirado Carlos Sierra. “Me retiré con el 68 por ciento de lo que yo ganaba, porque nada más serví 23 años. Entonces, en los aumentos que vienen es 68 por ciento al que yo tengo derecho conforme a la ley, pero no nos aumentan. Entonces la pregunta que me hago es ¿por qué a nosotros no? Si también servimos al Ejército, también nuestras familias sirvieron, nosotros sufrimos, dejamos la juventud, yo ahí dejé la mía. Entonces, ¿por qué si la misma ley lo dice no la cumplen? No estoy en contra del gobierno ni en contra de mis superiores; no, al contrario, les hago un llamado para que tomen conciencia y vean que también servimos a la nación. Ellos algún día van a estar en situación de retiro y quizá como ganan bien no les va a interesar, pero por lo menos que hagan conciencia con nosotros de que le prestamos el servicio a la ciudadanía y al Ejército; y que reconozcan que si la ley nos está amparando, pues que entonces no nos abandonen. En 2009 dieron aumentos a los retirados con 30 años de servicio y un bono de 8 mil o 9 mil pesos y a nosotros nada: de 20 a 29 años no nos han dado nada de eso. Ni el aumento ni los bonos”.
- Teniente retirado Tolentino Hernández. “Soy recientemente retirado. Cumplí 51 años [de edad] y entonces, automáticamente, ellos tramitaron mi retiro con grado de teniente, para efectos de pago. Lo que no me parece es que me fui con 28 [años de servicio] y que otros compañeros se están yendo con 30 años, y [mientras ellos se van] con 13 mil pesos mensuales o más, a mí me mandaron con 8 mil pesos. ¿Qué son dos años? No sólo eso: la ley dice que el bono de fin de año es para todos los militares, no dice que es simplemente para el personal activo, porque todos le servimos a la nación, todos le servimos al pueblo. En este otro punto la verdad no estoy de acuerdo. Ahorita la luz, el agua, el predio, teléfono, lo que sea, ahí se va casi la mitad de la pensión. No es suficiente y da coraje porque son dos años que no me dejaron cumplir”.
Acoso contra militares en resistencia
Por estar en resistencia, los soldados y marinos afiliados a la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac), sufren el acoso de la autoridad, por diferentes vías. Para demostrar lo que denuncian, entregaron a Contralínea la copia de un citatorio girado por la Procuraduría General de Justicia de Militar contra el general brigadier retirado Samuel Lara Villa.
Se trata de la primera forma de amedrentamiento vivida por los militares retirados durante el plantón que mantuvieron en el Zócalo capitalino del 12 de febrero al 12 de julio pasado.
Con el número de folio AP-VI-15227, y fechado el 18 de marzo de 2011, la justicia castrense requirió al presidente de la Femirac para que explicara el por qué de todas las movilizaciones que esa asociación civil llevaba a cabo.
El abogado de la Federación, Francisco Torres, explica que se trató de un claro proceso intimidatorio. Otras formas de acoso, señalan los militares consultados, ha sido el que ejercen asociaciones civiles cercanas a la cúpula militar y militares en activo.
Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011
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