domingo, junio 30, 2013
La reforma: Historia de un engaño
“Es una reforma tramposa” porque sólo combate a uno de los dos grandes monopolios, el de la telefonía, mientras que “las televisoras no tienen los criterios necesarios para ser declaradas dominantes” dice Bartlett a Proceso.
“Es realmente un engaño”, insiste el exgobernador de Puebla. Los beneficios que deberían obtenerse gracias a la ley, explica, se dejan para una inasible ley secundaria.
“Pésima actitud, perversa, de presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria. La técnica jurídica, política que se seguía antes era: ‘Vamos a hacer una reforma constitucional que tiene necesidad de una importante ley secundaria’; aquí es un galimatías que se aprueba, como hoy estamos viendo”, denuncia.
A casi tres meses de esa sesión en la madrugada –que se desahogó sin debate en tribuna y con escasa cobertura de los medios–, Bartlett reitera que desde el proceso de dictaminación se violó el reglamento del Congreso y se evitó cualquier posibilidad de discutir asuntos importantes, como fue abrir 100% de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y 49% en televisión y radio.
Bartlett relata que, a las 11:30 de la noche del 18 de abril, los integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras terminaron de sesionar, pero sólo entregaron a algunos senadores el paquete de casi 400 hojas que contenía el dictamen.
“El reglamento dice que todos los senadores deben tener el dictamen. Ahí se violó un aspecto sustancial. La mayoría desconocía lo que se iba a votar minutos después”, indica.
A las 00:15 horas del 19 de abril se inició la sesión del pleno del Senado, una medida inusual en el Congreso mexicano. Sólo hubo 20 minutos de diferencia entre la sesión de comisiones y la del pleno, recuerda Bartlett.
“Comenzamos a discutir sin que nadie tuviera completo el dictamen. Fue monstruoso, cínico, inconstitucional”, cuenta Bartlett, el mismo político que en 2006 encabezó, junto a legisladores del PRD, del PAN y 11 del PRI, la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, aprobada sin que se le modificara “una sola coma”.
Para Bartlett, la modificación a la ley de telecomunicaciones fue otra reforma constitucional impuesta por el Pacto por México y por las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde 2011 recomendó abrir 100% la inversión extranjera directa en telecomunicaciones, partir el conglomerado Telmex-Telcel y licitar otras dos cadenas de televisión.
Irónico, Bartlett recuerda que en tribuna argumentó que la aprobada “es una reforma altamente técnica, que para conocerla, entenderla y saber cuáles serán sus efectos se necesita una gran experiencia y se necesita de un traductor de sánscrito para poder entender esto que se hace con mucha frecuencia, una serie de conceptos técnicos que van a necesitar un diccionario tecnológico”.
En entrevista con Proceso, Bartlett insiste en que su posición fue votar en contra en lo general, porque había aspectos importantes que no estaban contenidos en la reforma, como la misma regulación y los mismos requisitos para considerar dominantes tanto a las televisoras como a Telmex.
Un regalo al duopolio
Bartlett asegura que “la reforma hace un regalo a Televisa y a TV Azteca de millones de dólares. Automáticamente les deja vender 49% de sus concesiones. ¿Cuánto vale eso? Es un regalo de miles de millones de pesos”.
–¿No estaban en desacuerdo las televisoras con esta apertura de 49%? Algunos legisladores metieron el candado de la reciprocidad para el país de origen –se le comenta.
–Es mentira que estuvieran en desacuerdo. Este es el gran acuerdo con las televisoras y el gobierno: fomentar la inversión extranjera directa. Para que no haya duda de que se trata de un brutal beneficio para Televisa ahí está el spot a favor de la inversión extranjera, insertado en una de las telenovelas de la empresa.
“Si hoy tenemos una televisión rupestre, desnacionalizadora, imagínese qué tipo de televisión tendremos si se adueñan de 49% de la producción y distribución de contenidos”, alega.
Incluso, cita una frase de Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en la época de Richard Nixon: “El verdadero poder estadunidense está en su industria mediática y cinematográfica”.
El tema de la apertura a la inversión extranjera apasiona al exprecandidato presidencial priista en 1987 y 1999. Afirma que durante las sesiones de consulta del Senado, el representante de la OCDE “nos vino a decir muy contento que eso estaba muy bien”. También algunos especialistas, comenta, dijeron que este sector ya estaba abierto en otras partes del mundo.
“Eso es mentira. En Canadá no se permite que se adueñen de sus industrias culturales. Canadá tiene muy clara su posición en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué dice Canadá? Abre las telecomunicaciones, con límites, pero no abre la radiodifusión. Y lo explica muy claro: el tema de telecomunicaciones es de recursos, de dinero, pero el de radiodifusión es un asunto político, de poder y de defensa de la soberanía”, alega Bartlett.
El senador del PT hace notar que en la exposición de motivos el tema de la apertura a la inversión extranjera sólo está en 17 líneas. No hay, dice, mayor argumentación ni justificación.
“No puede ser un criterio jurídico decir que como está abierto en todos lados, aquí también debe estarlo. Esto es una demanda de Estados Unidos a través de la OCDE. Es una cuestión de poder político”, sentencia.
–Sin embargo, hay otros especialistas que consideran que la televisión analógica ya va de salida y que ahora lo importante será internet. ¿Qué opina usted de eso?
–La televisión es de un valor enorme y seguirá siendo muy importante. Construye esa infraestructura que te costó 50 años tener. Todo eso no se discutió durante la sesión del Senado.
–El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de telecomunicaciones, Carlos Slim anunció que obtenía los derechos de transmisión de las Olimpiadas. ¿No era una manera de demostrar que no le iba a afectar su interés de entrar a la distribución de publicidad y de contenidos?
–Ahí se trata de un evento. La reforma es un cambio estructural. Quien tenga 49% de nuestra industria televisiva tendrá un poder enorme.
Críticas silenciadas
–¿Qué espera usted de las leyes secundarias en telecomunicaciones?
–Serán arreglos de poder. El ejemplo de cómo se aprobó la reforma es atentatorio de la Constitución. Y cómo se manejó en los medios: se silenciaron las críticas.
Bartlett insiste en que lo más preocupante fue “el cinismo de la mayoría de los legisladores. No existió un mínimo análisis de las consecuencias ni de lo que se estaba aprobando”.
No obstante, el coordinador de los senadores del PT anuncia que participará en la legislación secundaria eligiendo algunos temas importantes, como, justamente, el de la apertura a la inversión extranjera.
Pesimista, Bartlett dice no esperar muchos cambios en lo que atañe a la concentración y el dominio de Televisa y TV Azteca en la televisión. “Tenemos 10 años escuchando que vienen las dos cadenas. Las dos cadenas son una expectativa, son algunos elementos que sí, en efecto, van a tener alguna posibilidad de ir abriendo a Televisa y TV Azteca, pero no es simétrica, ni siquiera simultánea la apertura”, abunda.
Sobre el derecho de réplica y la posibilidad de la radiodifusión indígena, el exsecretario de Gobernación también recuerda que eso se está regulando desde hace 10 años y “nos lo vuelven a presentar como una gran esperanza a futuro”.
domingo, agosto 28, 2011
Milicia: altos mandos de lujo, pensionados de hambre
Unos 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones de hambre, mientras que los sueldos de 11 altos funcionarios de las secretarías de Marina y Defensa superan los 19 millones de pesos anuales. Los privilegios para la elite incluyen dos seguros por 7 millones para cada uno. “Somos discriminados por el mando supremo”, señala la tropa retirada. Sin embargo, las diferencias se observan incluso en la cúpula: en plena “guerra” contra el narcotráfico, tres marinos ganan más que el general Guillermo Galván.

Seis altos funcionarios de la Secretaría de Marina Armada de México y cinco de la Defensa Nacional cuestan al erario 19 millones 220 mil 680 pesos al año, sólo por sueldos y compensaciones garantizadas netas. En lo individual, éstas oscilan entre 1 millón 300 mil y 1 millón 700 mil pesos. Se trata de la cúpula militar mexicana.
La manutención de los 11 militares de alto rango incluye dos onerosos seguros: el institucional, que supera los 6 millones de pesos por cada uno, y el de vida, por más de 1 millón de pesos. Por el contrario, más de 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones que van de los 24 mil a los 120 mil pesos anuales (menos del 10 por ciento de lo que perciben los 11 mandos).
Pero hasta en la cúpula hay diferencias: tres marinos ganan más que el secretario de la Defensa Nacional, revela información oficial hecha pública por ambas instituciones en el Portal de Obligaciones de Transparencia.
El mejor pagado de los 11 es el secretario de Marina. Al año, Mariano Francisco Saynez Mendoza obtiene 1 millón 723 mil pesos netos como sueldo base y compensación garantizada. A este monto le suma otros 44 mil pesos de aguinaldo y una prima vacacional anual equivalente a 20 días del haber. Además, cada mes cobra 96 pesos por “Previsión social múltiple” y 77 por “Ayuda para despensa”.
En el segundo peldaño, le siguen el subsecretario de Marina, Jorge H Pastor Gómez, y el oficial mayor de esa misma institución, José Máximo Rodríguez Carreón, con sueldos base y compensaciones garantizadas por 136 mil 640 pesos netos mensuales: 1 millón 639 mil 680 al año.
Hasta el tercer sitio se ubica el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván. Y es que el cuarto militar mejor pagado obtiene 1 millón 499 mil 547 pesos anuales por sueldo y compensación garantizada; esto es, 140 mil 133 pesos menos que los subalternos de Saynez Mendoza. Por gratificación de fin de año, el general recibe 44 mil pesos.
Galván Galván también tiene derecho a gastar, al año, 10 mil 800 pesos del erario en comida; su “Ayuda para despensa” es por 100 pesos mensuales y también cuenta con una “Prima vacacional” por 20 días de haber anuales.
Pero ésas no son todas las prestaciones. El almirante Saynez Mendoza, el general Galván Galván y sus nueve subalternos cuentan con un seguro institucional por 6 millones 879 mil 973 pesos, y uno de vida, por 1 millón 324 mil 908 pesos. Sobre estos seguros, el capitán Enrique Ponce de León, director de Atención a Prensa y Medios de la Secretaría de Marina, explica a Contralínea que sólo serían cobrados por las familias en caso de que el beneficiario falleciera.
El puñado de funcionarios, cuyo sueldo supera el millón de pesos anual, incluye al subsecretario de Defensa, al oficial mayor de la Sedena, a los inspectores, jefes del Estado Mayor y comandantes de Marina y Defensa, de acuerdo con su propia estructura institucional.
Pensiones miserables
Con sus sueldos y prestaciones, la elite militar está lejos de pasar las penurias que enfrenta el viejo Conrado Juan Crispino. “Nosotros seguimos siendo militares aunque estemos en situación de retiro. ¿Por qué somos discriminados? Somos los que ganamos menos que cualquier otra persona jubilada. ¿A poco el señor secretario, a poco el señor presidente van a mantenerse con estos sueldos?”.
El sargento primero de infantería retirado, de 70 años de edad, narra una historia que se repite por miles entre los soldados y marinos retirados. “Estoy pagando un préstamo y por eso ahorita gano 2 mil 600. Sin los descuentos, en total deben ser 4 mil 330 pesos. Ésa es una mensualidad que no alcanza para nada, ni para comprar, pagar renta ni nada de eso”.
Resume su desgracia, que en su vejez lo lleva a emplearse como guardia de seguridad privada para poder costear sus gastos y los de su familia: “Nosotros nos acabamos la vida en el Ejército”. Agrega: “Esta miseria en un año o dos no va a servir para nada. Ahorita no puedo pagar mi renta. Metí el préstamo y ya no me alcanzó para pagar. Si pago toda la renta no voy a comer”.
Al igual que aproximadamente 70 mil militares retirados, Conrado cobra su pensión en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
La misión de esa dependencia es “proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, con un alto grado de calidad y conforme a las normas legales vigentes”. Nada, para los retirados, se cumple a cabalidad.
La situación de los retirados respecto de los activos parece humor negro. Las condiciones de vida del general de división José Armando Tamayo Casillas, director general del ISSFAM, se asemejan a las del grupo de los 11 militares de alto rango. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, sus percepciones netas al mes ascienden a 125 mil 57 pesos, 1 millón 500 mil 684 anuales.
Pobreza y engaños
En las Fuerzas Armadas algo está claro: los sueldos millonarios no son para todos. El regimiento de militares en retiro y en pobreza suma decenas de miles. Cansados de los engaños, expresan, algunos desobedecieron la llamada “disciplina militar” y del 12 de febrero al 12 de julio de 2011 montaron un inusitado campamento en el Zócalo de la ciudad de México. Una humilde carpa blanca protegió de las inclemencias del tiempo a los agremiados de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac). Al tiempo, la dignidad veló por ellos en momentos en que arreciaron las amenazas proferidas lo mismo por militares en activo que por otros retirados.
A cinco meses de resistencia, los ancianos levantaron el Campamento de la Primera Reserva pero su lucha no ha terminado: los mandos siguen beneficiando solamente a aquellos soldados y marinos enrolados en la “guerra” contra el narcotráfico. Incluso, esperan montar un nuevo campamento para exigir respeto a sus derechos.
De los beneficios económicos a favor de la milicia –generados en el contexto de la “guerra”–, a ellos no les tocan ni migajas. Peor aún, señalan, se les roba con dolo lo que por ley les corresponde.
De acuerdo con la Femirac, la iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Congreso de la Unión el 21 de junio pasado, “que debía hacer justicia a los militares retirados que sirvieron a la nación entre 20 y 29 años, no responde a lo anunciado públicamente por el mando supremo”. Los retirados en esa condición son los más perjudicados, pues desde la década de 1990 no han tenido ningún tipo de apoyo económico ni compensación garantizada.
La Federación critica que se rompió el compromiso –hecho por el presidente Felipe Calderón el 19 de febrero pasado– de incrementar en forma proporcional el 50 por ciento a los haberes de retiro a razón de 1 por ciento por cada año, de acuerdo con el tiempo de servicios, hasta llegar al 59 por ciento en el caso máximo.
La Femirac acusa que esto se incumple en la iniciativa: ese 50 por ciento lo fragmenta a lo largo de 10 años. De esta manera, el personal de la tercera edad deberá contar con la suerte de mantenerse con vida, para poder recibir año con año un 5 por ciento de incremento en su haber de retiro hasta 2020.
“La superioridad continúa discriminándolos. Omite su obligación de mantener alta la moral de las tropas y no da cumplimiento a lo que ordena la Ley del ISSFAM en su artículo 23, que procura vida digna para quienes sirvieron a la nación por toda una vida; por tanto, deben ser justamente valorados y recompensados porque son un ejemplo de valor y coraje en la lucha por la construcción de un México más fuerte y porque es, además, una responsabilidad de carácter internacional, tal como asevera enérgicamente el propio alto mando en la exposición de motivos de su iniciativa entregada al Congreso de la Unión”.
El general brigadier retirado Samuel Lara Villa, presidente de la Femirac, señala: “La ley del ISSFAM no la hicimos nosotros, la hizo el Congreso de la Unión, y en su reglamentación está determinada una vida digna para los militares retirados, y señala en su actual artículo 23 que las percepciones de éstos deben ser incrementadas en la misma proporción y al mismo tiempo que al personal del activo. Eso nunca se ha llevado a cabo”.
Agrega que las autoridades en lugar de procurar por sus retirados, le aumentan al activo por otros canales. “Buscan, mañosamente, que no lleguen a los retirados esas percepciones que van a dar al activo. Eso es lo que más indigna porque se ve la intención de hacernos a un lado, de humillarnos. Por eso reclamamos justicia”.
En entrevista con Contralínea, ejemplifica su acusación: “Los bonos que dieron al personal del activo a fin de año fueron por debajo de la mesa, para que los demás no se dieran cuenta. Pero cómo no va uno a darse cuenta si todavía tenemos tantos excompañeros en el activo. De ese bono que determinó el gobierno federal otorgarle a todos los trabajadores al servicio del Estado a nosotros no nos llegó nada. Reclamamos porque se les olvida que seguimos siendo parte de las Fuerzas Armadas. Estamos en una situación de retiro, pero seguimos sujetos a las leyes militares y se los recordamos”.
Agrega que pareciera que hay una “tubería” directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el personal de servicio activo: “Les llegan aumentos, becas, compensaciones garantizadas, bonos… Y a nosotros no nos llega nada. Cuando se acuerdan de nosotros y nos quieren dar algo hacen una iniciativa que se va a las comisiones legislativas y de ahí sube a la asamblea, se discute en el pleno y después sale en la gaceta. Es un camino largo para que a nosotros nos llegue un beneficio y luego con condiciones, fraccionado”.
Sobre el campamento que mantuvieron durante cinco meses, Lara Villa indica que hasta ese tipo de resistencia “nos han empujado las autoridades, que tienen la obligación de velar por los que fueron sus subordinados, por la tropa, por los mandos medios, por la gente que está en situación de retiro”.
Explica que durante los 12 años de vida de la Federación, nunca fueron resueltas sus demandas. “Agotamos nuestras instancias internas hasta llegar a la última, que para nosotros es el mando supremo. Queremos que, como mando supremo, la Presidencia de la República nos atienda”.
Servicios médicos deficientes
Las diferencias entre la elite militar y los retirados son profundas. Mientras el director general del ISSFAM cuenta con un seguro de gastos médicos por 573 salarios (mínimos generales mensuales), para los militares en situación de retiro ni siquiera los servicios médicos funcionan de manera adecuada.
“Uno va al Hospital Central Militar o a la Unidad de Especialidades Médicas y el médico obviamente da la receta; entonces uno pasa a la farmacia y no hay medicamentos. Ahí dicen, esta pastilla se la dejamos pendiente, venga el martes. Uno va desde lejos, desde donde uno vive a la farmacia y resulta que el martes no está aún el medicamento; entonces dicen que para el viernes, y tampoco lo tienen. Yo tengo hipertensión arterial, tengo que tomar el medicamento porque si no siento que me falta el aire, entonces tengo que comprarlo porque a mí me interesa mi salud”, explica el capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez.
—¿Y le alcanza con su pensión?
—Gano 9 mil 800 pesos mensuales. Pero mi esposa no trabaja, está grande y muy enferma. Además, sufro la hipertensión arterial que me apareció a raíz de la operación de rodillas, que me hicieron con platino y titanio. Entonces con lo que gano no completo. Mi esposa necesita zapatos, tengo que pagar el teléfono, la luz, el impuesto predial, el agua… Todo sale de ahí, de lo que uno gana, y pues no completo. He tenido que recurrir a los préstamos de Banjercito, que es el banco que se encarga de manejar nuestro dinero. Esos préstamos los descuentan por mes, y con el descuento recibo 6 mil 500 pesos en lugar de los 9 mil 800. Con esa pensión no se puede comer, no se puede vivir bien. Un salario para vivir a medias sería, mínimo, de 500 pesos diarios.”
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la oficina del coronel Ricardo Trevilla Trejo, director de Comunicación Social. A pesar de las gestiones hechas durante más de un mes, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

La voz de los olvidados
Integrantes de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC, narran a Contralínea algunas de las urgencias que enfrentan:
- General brigadier retirado Samuel Lara Villa. “Un capitán primero de caballería retirado con 27 años de servicio gana 5 mil 700 pesos mensuales. ¡Con esa antigüedad! Imagínese cómo está la tropa: 1 mil 200, 1 mil 300 pesos. La diferencia está muy marcada: [el activo con ese rango estará ganando] unos 27 mil. Es abismal. El soldado raso activo gana 9 mil al mes, más que el que fue capitán (…) En cuestión de la vida militar, no me quejo y estoy seguro que mis compañeros tampoco: nos gustó la vida militar y ahí está la demostración, nuestros expedientes están a la vista de quien los quiera estudiar. Trabajamos y estuvimos en los cuarteles y fuimos a la sierra y fuimos adonde nos mandaron y cumplimos con todo. Lo que no nos parece, lo que indigna es el trato que nos están dando. Ahora nos discriminan”.
- Capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez, 70 años. “Soy retirado. Esto no quiere decir que en todos los retirados haya discriminación, pero me consta a mí. En la Ley del ISSFAM determinan que el retirado es aquel que cumple de 20 años en delante de servicio para el Ejército; pero no cumplen con los requerimientos económicos, por ejemplo, está escrito en el artículo 31 que los retirados con más de 30 años de servicio se les da un 60 por ciento más de retiro. ¿Por qué no lo hacen con los de 20 a 29 años? A mí me ajustaron con 29 años y 27 días. Esto no quiere decir que hubiera hecho menos tiempo de servicio, sino que en operaciones cometí un error que me trajo consecuencias: estuve encerradito en la prisión militar y me quitaron ese tiempo de antigüedad. Por eso no llegué a los 30 años. Yo veo, dentro de mi ignorancia, que hay discriminación porque para mí, si yo leo que retirado es de 20 años en adelante, se supone que tenemos los mismos derechos. Ésa es una discriminación”.
- Teniente de fragata de comunicaciones navales retirado José Luis Méndez Rivera, 75 años. “Es doloroso saber que tenemos carencias. En el plano de los beneficios que nos otorga la ley, no pedimos nada más, sólo que se cumpla el espíritu del artículo 31 de la ley que nos rige. Hay una cosa dolorosa que se nos expresó, que lo considero como una discriminación: un general, en una reunión que tuvimos en el ISSFAM, nos dijo ‘el Ejército que ustedes dejaron hace 20 años es diametralmente opuesto al actual’. En nuestro tiempo, fuimos elementos que le permitieron a todos esos funcionarios que ahora son los que mandan en el país, que estudiaran; ellos eran estudiantes cuando nosotros proporcionábamos un alto grado de seguridad y manteníamos el statu quo, manteníamos la respetabilidad de las Fuerzas Armadas, éramos profesionistas, gente que luchaba y batallaba siempre por el bienestar del pueblo y acudíamos en su ayuda cuando así lo requerían en caso de emergencia. Entonces, no pedimos nada que no sea lo que está establecido en la ley. Eso debe de quedar muy claro, porque si nos dicen que nos van a dar un dinero cuando haya para los retirados… Ya fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia, a la Cámara de Diputados, al ISSFAM, ya nos pronunciamos de diferentes maneras y esperamos que alguien nos diga ‘vengan para acá’. Sí nos llamaron en una ocasión, pero para decirnos que había una casa de retiro”.
- Exsargento segundo de transmisiones Gregorio Hernández Méndez. “Me corrieron [del Ejército] porque no estuve de acuerdo con las órdenes. Es mentira que los gobiernos priístas manejaron distinto al Ejército, lo manipularon como hasta ahorita. A mí me tocó cuando Lucio Cabañas. [Nos ordenaron] combatirlo porque era guerrillero, pero el señor no era guerrillero, era un luchador social. Lo que él pedía, parece que me acuerdo, es que se cumpliera la ley del artículo tercero: que la educación la subsidiara el Estado; es lo que pedía él. Pero como se friegan el dinero para el gobierno fue un guerrillero. Entonces por eso yo no le quise seguir. Ahora apoyo a los que reciben una pensión o jubilación, porque como militar retirado me solidarizo con ellos para que les den los servicios que dice la ley del ISSFAM”.
- Teniente de navío Andrés Jiménez Rodríguez, 79 años. “Estuve 25 años en el servicio y para completar los 30 me dieron cinco años más de perseverancia. Por eso me dieron los haberes completos, que al mes son 8 mil pesos. Eso es muy poco realmente. Le estamos solicitando al gobierno que nos aumenten de acuerdo con el sueldo de los activos. Es lo que teníamos antes, entonces nos quitaron a nosotros una parte y nos dejaron con menos. Con puros haberes”.
- Militar retirado Jaime Castro Torres. “Queremos que no sean injustos con las personas que con todo el corazón servimos al Ejército. Ahora nos hacen menos, con un gesto de desprecio que no nos merecemos. Lo único que buscamos es que sean justos con todos, así como nosotros servimos para poder librar a los que estaban en aquella época pequeños. Yo entré casi después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros cuidamos la patria para que todas esas personas que ahora tienen un puesto, que son senadores, diputados u otros puestos superiores, se levantaran, y no es justo que ahora nos paguen con este tipo de injusticia. Esperemos que estas peticiones de justicia las tomen en consideración para una vida más digna para nosotros”.
- Exsargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez. “Soy exmilitar. Mi caso fue muy diferente porque yo fui dado de baja injustamente cuando llegó el señor Vicente Fox [a la Presidencia]. Él ordenó una purga y quien no era católico se fue a la calle, sólo por el hecho de no serlo”.
- Subteniente retirado Carlos Sierra. “Me retiré con el 68 por ciento de lo que yo ganaba, porque nada más serví 23 años. Entonces, en los aumentos que vienen es 68 por ciento al que yo tengo derecho conforme a la ley, pero no nos aumentan. Entonces la pregunta que me hago es ¿por qué a nosotros no? Si también servimos al Ejército, también nuestras familias sirvieron, nosotros sufrimos, dejamos la juventud, yo ahí dejé la mía. Entonces, ¿por qué si la misma ley lo dice no la cumplen? No estoy en contra del gobierno ni en contra de mis superiores; no, al contrario, les hago un llamado para que tomen conciencia y vean que también servimos a la nación. Ellos algún día van a estar en situación de retiro y quizá como ganan bien no les va a interesar, pero por lo menos que hagan conciencia con nosotros de que le prestamos el servicio a la ciudadanía y al Ejército; y que reconozcan que si la ley nos está amparando, pues que entonces no nos abandonen. En 2009 dieron aumentos a los retirados con 30 años de servicio y un bono de 8 mil o 9 mil pesos y a nosotros nada: de 20 a 29 años no nos han dado nada de eso. Ni el aumento ni los bonos”.
- Teniente retirado Tolentino Hernández. “Soy recientemente retirado. Cumplí 51 años [de edad] y entonces, automáticamente, ellos tramitaron mi retiro con grado de teniente, para efectos de pago. Lo que no me parece es que me fui con 28 [años de servicio] y que otros compañeros se están yendo con 30 años, y [mientras ellos se van] con 13 mil pesos mensuales o más, a mí me mandaron con 8 mil pesos. ¿Qué son dos años? No sólo eso: la ley dice que el bono de fin de año es para todos los militares, no dice que es simplemente para el personal activo, porque todos le servimos a la nación, todos le servimos al pueblo. En este otro punto la verdad no estoy de acuerdo. Ahorita la luz, el agua, el predio, teléfono, lo que sea, ahí se va casi la mitad de la pensión. No es suficiente y da coraje porque son dos años que no me dejaron cumplir”.



Acoso contra militares en resistencia
Por estar en resistencia, los soldados y marinos afiliados a la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac), sufren el acoso de la autoridad, por diferentes vías. Para demostrar lo que denuncian, entregaron a Contralínea la copia de un citatorio girado por la Procuraduría General de Justicia de Militar contra el general brigadier retirado Samuel Lara Villa.
Se trata de la primera forma de amedrentamiento vivida por los militares retirados durante el plantón que mantuvieron en el Zócalo capitalino del 12 de febrero al 12 de julio pasado.
Con el número de folio AP-VI-15227, y fechado el 18 de marzo de 2011, la justicia castrense requirió al presidente de la Femirac para que explicara el por qué de todas las movilizaciones que esa asociación civil llevaba a cabo.
El abogado de la Federación, Francisco Torres, explica que se trató de un claro proceso intimidatorio. Otras formas de acoso, señalan los militares consultados, ha sido el que ejercen asociaciones civiles cercanas a la cúpula militar y militares en activo.
Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011
domingo, mayo 22, 2011
San Lázaro, puro engaño y cinismo
MÉXICO, D.F., 20 de mayo (apro).- Engaño, oportunismo y cinismo. Esa ha sido la actitud de los diputados federales de PRI, PAN y PRD desde que concluyó el periodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de abril. A lo largo de los poco más de 20 días que han transcurrido de mayo, los legisladores se han dedicado a demandar por separado un periodo extraordinario para sacar adelante las reformas pendientes.
Del Senado de la República llegaron a la Cámara de Diputados tres reformas fundamentales para el país, debido a los tiempos sociales, violentos y electorales que vivimos. Y ninguna ellas ha sido aprobada.
La primera minuta en llegar a la Cámara fue la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en abril de 2010. Durante meses, los diputados federales la mantuvieron en la congeladora; luego, la urgencia de los mandos militares y los acuerdos con el PRI hicieron que se discutiera en ‘petit comité’.
El trabajo de quien estuvo al frente, el diputado Alfonso Navarrete, fue impecable; sin embargo, tuvo un pequeño problema: no se socializó entre las siete fracciones que integran la Cámara.
Lo anterior dio pie a que, al hacerse público el documento considerado ya como la base de la minuta, recibiera duras críticas, debido a que el resto de los partidos se sintió excluido; pero sobre todo sirvió para que la sociedad alzara su voz, ya que nunca fue consultada sobre un tema tan sensible como la legalización de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.
La polémica reforma nunca fue discutida como lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados: en comisiones con la participación de todos lo partidos. En lugar de ello, el PRI intentó hacer los cambios entre unos cuantos que fuera aprobada el 29 de abril, ¡un día antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones!
Las marchas en pro de un pacto ciudadano por la paz con justicia y dignidad, el reclamo contra la persistente violencia y el rechazo al baño de sangre en que se ha convertido el país, fueron el acicate para que, ahora sí, los principales partidos en la Cámara de Diputados declaren una y otra vez que urge un periodo extra para aprobar dicha ley, y dar así un poco de coherencia en el combate al narcotráfico.
La posición resulta ser un simple oportunismo debido a que los posicionamientos de los partidos sólo buscan quedar bien con la sociedad civil que los increpó duramente; un engaño, porque si no hay un dictamen --y en este caso apenas definieron el plan de trabajo para discutir la minuta del Senado--, no se puede convocar a un periodo extraordinario y cínico, porque durante un mes nunca se atrevieron o propusieron sacar del cajón de la congeladora el controvertido proyecto.
Una ley más. El lavado de dinero. Es otra minuta que llegó del Senado, aunque ciertamente en las últimas horas del cierre del periodo ordinario.
Lo absurdo de la actitud de los diputados federales es que todos demandan un periodo extra para aprobar esta ley que, aunque limitada es mejor de lo que hoy existe para intentar poner un dique al objetivo que mueve a los grupos criminales: la obtención de la riqueza.
Es absurdo que hagan esta demanda porque, peor aún que en el anterior caso, la comisión que tiene en su poder la minuta no se ha reunido ni una sola vez para discutirla. Por lo tanto, tampoco hay dictamen que discutir en un periodo extraordinario.
Y finalmente, la reforma política. Es cierto que el Senado la aprobó en los últimos días del periodo, pero al ser un tema menos complicado, pero no por ello de menor trascendencia para el país, e incluso, al introducirse figuras de participación política por la que la mayoría de los partidos han estado pugnando, resulta cínico que los priistas llamen a un periodo extraordinario cuando han sido ellos quienes se oponen rotundamente a la creación de estas nuevas formas de participación política.
Por todo esto resulta cínico, oportunista y un total engaño que PRI, PAN y PRD hayan estado machacando durante los últimos 20 días que desean un periodo extraordinario cuando ni siquiera lo pueden hacer, pues carecen de dictámenes para discutir. Y un periodo extra se establece sólo cuando se cuenta con materia, es decir, dictámenes que aprobar.
Los diputados federales se han exhibido como unos verdaderos oportunistas y mentirosos. Demandan algo cuando ellos mismos, en los hechos, se niegan con empezar a trabajar. Y luego se preguntan por qué es que los legisladores son percibidos entre la sociedad como unos mentirosos.
La posibilidad de que ocurra un periodo extraordinario para avalar estas leyes siempre está abierta, pero para que ello ocurra se requiere voluntad política, deseos de servir y un verdadero deseo de ayudar a que este país y sus habitantes puedan vivir con paz y seguridad.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
miércoles, junio 16, 2010
Calderón y su carta
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo con la joroba de CULPA y ODIO que carga.MÉXICO, D.F., 16 de junio (apro).- Pocas veces un presidente escribe una carta pública y, a mi parecer, sólo lo hace cuando va a anunciar la toma de una decisión importante y explicar a la ciudadanía las razones y circunstancias por las cuales lo hace.
En esta ocasión, Felipe Calderón escribió una larga carta titulada “La lucha por la seguridad pública”, y pagó millones de pesos en las páginas de los principales diarios para justificar su guerra contra el crimen organizado desde el inicio de su gobierno, guerra que, por cierto, va perdiendo.
Dice el dicho que mal acaba el que empieza disculpándose, y eso es lo que Calderón hace, precisamente, en el desplegado público, en el que implícitamente reconoce que ha fallado su estrategia militar y anuncia un cambio para dar la lucha por la seguridad pública.
Como si quisiera justificar su trabajo, es decir su estrategia de guerra contra el narcotráfico, Calderón emitió esa misiva –que en algunos diarios llenó cuatro páginas completas, con un costo millonario– para ofrecer su verdad.
Sin embargo, en su escrito nunca explica las razones por las cuales metió al Ejército y la Marina en esa lucha, tampoco menciona por qué no ha ido al fondo en las investigaciones para detener a gobernadores, presidentes municipales, banqueros, legisladores y funcionarios de todos los niveles involucrados con el crimen organizado. Es una misiva que carece de honestidad y sinceridad.
Para Calderón, según el texto, es fundamental aclarar que no se combate el narcotráfico, sino el crimen organizado, y que la lucha es por la seguridad pública. Es decir, corrigió semánticamente su declaración de guerra contra el narco por la de lucha por la seguridad pública.
Pero en toda su argumentación jamás aparecen los factores sociales (marginación), económicos (miseria y pobreza), financieros (concentración de la riqueza) y políticos (corrupción) que han dado paso al crecimiento de ese grupo de poder envuelto en el narcotráfico y que ha rebasado ya al Estado.
La carta del presidente panista comenzó a circular el fin de semana anterior, días después de que se registró una de las jornadas más violentas en lo que va de su sexenio, con más de 100 muertos en enfrentamientos con policías, militares o entre los mismos cárteles en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Guerrero y Sinaloa.
Algunas de esas muertes fueron ejecuciones que se presentaron cuando Felipe Calderón estaba fuera del país, asistiendo al mundial de futbol de Sudáfrica; otras, mientras publicaba su carta de buenas intenciones.
En ese contexto, el documento parece la rendición o la capitulación de su gobierno ante el poderío cada vez más creciente de los distintos cárteles del narcotráfico en todo el país, que lo mismo comercializan la droga que cobran impuestos, extorsionan a comerciantes y empresarios, secuestran o desaparecen a cientos de mexicanos, sin ningún reparo de la autoridad.
El desamparo en que vive la sociedad desde hace unos tres años no es cosa de percepción, como intenta justificar el gobierno de Calderón cuando responsabiliza a los medios de crear este ambiente de miedo. Es producto de la suma de errores de los diferentes gobiernos que se han dejado corromper y que no han hecho nada para proteger a la sociedad.
Hoy Calderón pretende dar un giro en la estrategia de combate al narcotráfico con un discurso distinto, anunciando que se tomará en cuenta el aspecto de salud, prevención, nuevas leyes y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Curiosamente también anunció que intenta crear una nueva imagen del país contratando a especialistas que le ayuden a hacerlo.
La cortedad de su política nuevamente se manifiesta en esas dos acciones. Una vez más se nota su ánimo de reaccionar –de ahí viene la acepción de reaccionario– y no de pensar en cómo resolver de fondo los graves problemas que aquejan al país.
lunes, noviembre 02, 2009
El sexenio de “para vivir mejor”
De por sí increíbles sus declaraciones, compromisos” y “preocupaciones por la ciudadanía”, los muchachos de Xicoténcatl de lengua se comieron un platón. Del “modificaremos a fondo la ley de ingresos aprobada por los diputados”, los tricolores dieron el sí, una vez que los blanquiazules aceptaron pagar el costo político de la decisión; del “no votaremos solos” de los panistas, a la feliz mancuerna con los “verdes” y la aceptación de la fórmula “abstencionismo-ausentismo” de los vergonzantes priístas; de la “plena disposición de los partidos para corregir” el tiradero de los chiquillos de San Lázaro (Carlos Navarrete dixit, quien quedó como el perro de la tía Cleta), a la imposición de nuevas y variadas cargas tributarias a los contribuyentes cautivos, con la mirada de la izquierda parlamentaria como espectador de gayola. Y del “que paguen más, aunque sea poquito” de Calderón, al que no paguen nada, como siempre.
En el balance de daños, la famélica mexicanada pagará más, sin recibir nada a cambio, mientras el gran capital, fresco como lechuga, una vez más resultó ileso de los tejes y manejes de la dupla Ejecutivo-Legislativo. Preparaos, pues, contribuyentes cautivos y anoréxicas familias que los acompañan, para tributar en proporciones crecientes al disfuncional aparato de gobierno y rémoras que lo distinguen, que aquí no pasa nada nuevo: no se modifican las prácticas, no se alteran los privilegios, no cambian los pagadores.
En el mar del atraco disfrazado de siglas (IVA, ISR, IEPS, IDE, IETU, QPKM, etcétera), relajaos y abrid vuestras carteras, contribuyentes cautivos, que un eventual aumento salarial en 2010 será carcomido, íntegramente, por la obesa Lolita, mientras el aumento de precios y tarifas del sector público, con la inevitable consecuencia en los del sector privado, les dará la puntilla. En tanto, a kilómetros de distancia se escuchan las carcajadas del gran capital tras el discurso del inquilino de Los Pinos, de las “advertencias” del Legislativo y de la “implacable fiscalización” anunciada por Hacienda.
Ninguno de los involucrados en la aprobación de la ley de ingresos 2010 ha tenido la cortesía de explicar a quiénes pagarán los platos rotos, para qué servirá la recaudación por el incremento en las tasas y la creación de impuestos, y adónde se destinarán los dineros. No es por falta de voluntad, sino que han carecido de tiempo para hacerlo, sin duda, pero tal vez el siguiente ejemplo ayude a entender a qué podrían destinarse los cerca de 30 mil millones de pesos adicionales que captarán por el aumento “transitorio” de 15 a 16 por ciento en la tasa del IVA: a pagar poco más de la mitad de las prestaciones que un trimestre reciben los “servidores públicos”.
En el tercer trimestre de 2009 (julio-septiembre, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Hacienda), esos abnegados cuan eficientes funcionarios se comieron 56 mil 500 millones de pesos en prestaciones (sueldos y salarios aparte). Lo anterior se traduce en que esos magníficos burócratas de primer nivel engulleron casi 628 millones de pesos cada 24 horas (en el citado periodo), o lo que es lo mismo casi ocho veces más de lo que cotidianamente deberán pagar los mexicanos por el citado incremento fiscal (82 millones cotidianamente a lo largo de 2010).
El monto de recursos públicos que en el tercer trimestre de 2009 se comieron los burócratas de pedigrí (los citados 56 mil 500 millones, que no incluyen prestaciones en Luz y Fuerza del Centro, aunque su extinción se dio el 11 de octubre, es decir, fuera del periodo reportado por Hacienda) resultó 12 por ciento mayor a los 50 mil 500 millones que ellos mimos se engulleron entre abril y junio del mismo año, es decir, tuvieron la capacidad de aumentar de 561 (abril-junio) a 628 millones (julio-septiembre) por día la ingesta de dineros de la nación, sin resultado alguno a favor del país. Y alrededor de 45 mil millones adicionales que por el mismo concepto se recetaron en el primer semestre del presente año.
En plena crisis, en pleno shock de las finanzas públicas, en el hoyo más profundo de la historia económica nacional y en el sexenio de “para vivir mejor”, en tres tristes trimestres los fantásticos “servidores públicos” mexicanos se comieron algo así como 150 mil millones de pesos en prestaciones (sueldos y salarios aparte), a razón promedio de casi 23 millones de pesos cada hora.
Pero aquí no pasa nada, que para eso están los contribuyentes cautivos. Al gran capital no sólo se le garantizó la evasión fiscal legalizada, sino que le regalaron aún más: “tras un debate de dos horas, que confrontó a la izquierda de la Cámara de Diputados y al diputado panista Javier Corral Jurado, contra la formación del PRI y del PAN, el pleno de San Lázaro repuso en la Ley Federal de Derechos un periodo de gracia de dos años a los concesionarios que tendrán la explotación del espacio radioeléctrico de la banda ancha de tercera generación (léase Televisa). Un intenso cabildeo del diputado Corral alcanzó a sumar 143 votos del PAN, PRI y de la izquierda a favor de que los concesionarios de la comunicación móvil paguen derechos desde el primer año, pero esa posición fue vencida por 252 diputados que decidieron impulsar la explotación del nuevo servicio. La bancada del PAN, así como la del PRI, quedó en libertad de emitir su voto” (La Jornada), y lo hicieron a favor de quienes gratuitamente explotan los bienes de la nación. ¡Gracias, Teletón de San Lázaro! Mil 900 millones de pesos de regalo, con todo y moño, para la fábrica de sueños.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
martes, septiembre 08, 2009
Ahora sí, primero los pobres...
Con sus promesas de campaña diluidas en retórica y todo su capital político concentrado en la “guerra contra el narcotráfico”, el presidente Felipe Calderón no consiguió en la reciente elección intermedia que su partido controlara la Cámara de Diputados. Ahora tiene que negociar cada reforma impostergable con el PRI, y para lograr consensos tuvo que admitir, en su mensaje del miércoles 2, la urgencia de combatir la pobreza como condición ineludible del desarrollo. Justamente la bandera de López Obrador que el PAN desacreditó a toda costa en el año 2000.
Ni como presidente ni como candidato el panista Felipe Calderón Hinojosa se planteó el tema de la pobreza como una prioridad de la administración pública; si acaso hablaba de las necesidades del desarrollo, de elevar la tasa de empleo, de fomentar la inversión. El 20 de junio de 2006, cuando ya era el aspirante a suceder a su correligionario Vicente Fox en la Presidencia de la República, Calderón aseguró que ganaría la elección no sólo porque contaba con las mejores propuestas y el equipo más capacitado, sino también porque sería el “presidente de las soluciones”.Y criticaba duramente el programa de aquel candidato a quien él y Fox no bajaban de “populista” que quería retroceder a los tiempos del PRI con sus programas “paternalistas” y “asistencialistas” contra la pobreza. Según los panistas, las soluciones para México estaban muy lejos de esa visión. Tres años después, ya instalado en Los Pinos y con sus amigos colocados en el gabinete, el mismo Calderón reconoció públicamente que los logros de su gobierno han resultado “claramente insuficientes” y pese a ello reclamó el apoyo de todos los mexicanos.Aquella mañana del 20 de junio, cuando faltaba menos de un mes para la elección presidencial, el presidente presentó el programa “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno”. Durante este período, por cierto, no se contempló el apoyo irrestricto de los legisladores, incluidos los opositores, para atender los graves rezagos del país, como la pobreza extrema.El pasado miércoles 2, durante el mensaje que dirigió desde el Palacio Nacional con motivo de su tercer informe de gobierno, Calderón trazó una perspectiva diferente:“Esto no es una cuestión de partidos políticos ni es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Es una cuestión de todos los órdenes, de todos los poderes, de todos los mexicanos. El mandato que hoy tenemos los representantes de los ciudadanos es gobernar bien. Nuestro objetivo debe ser que cada vez más mexicanos puedan vivir mejor, sin importar qué partido, qué gobierno o qué poder se lleve el mérito de ello.”Ante alrededor de mil 500 invitados, en su mayoría provenientes de la estructura gubernamental, Calderón puso en la mesa de negociaciones con los legisladores –especialmente con la oposición, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional– una agenda de 10 puntos para emprender los que desde su perspectiva son los cambios de fondo que urgen al país.Ese decálogo está integrado con promesas de campaña, proyectos que mandó elaborar con empresas privadas durante el período de transición presidencial y programas oficiales iniciados desde el primer trimestre de 2007 y previstos en las mencionadas “100 acciones”.En el mensaje desde el Palacio Nacional, Felipe Calderón engolaba la voz, golpeaba el atril con el índice izquierdo y clavaba la mirada en los asistentes de las primeras filas cada vez que enfatizaba su prisa por emprender esas reformas.“Sí, sé que es muy difícil cambiar. Es tan difícil que por eso México, en alguno de sus rubros esenciales, no ha podido cambiar en décadas. Hoy tenemos que hacerlo, porque además ya no quedan otras alternativas, porque el tiempo y los recursos se nos agotan, porque las necesidades de la población son cada vez más apremiantes”, dijo.
El plan B
El jueves 3, durante una cena con senadores panistas en Los Pinos, el mandatario comentó que la situación actual no se parece a lo que pensaban que sucedería cuando llegaran al poder.De acuerdo con testimonios de algunos asistentes a esa reunión de trabajo que se prolongó casi hasta la media noche, Calderón explicó a los legisladores la urgencia de dar un viraje en la agenda política del panismo para darle prioridad al apoyo a las familias pobres, sobre todo en las regiones asoladas por la pobreza extrema. A ese encuentro privado, al que acudió toda la fracción panista en el Senado, excepto Santiago Creel y el guanajuatense Ricardo Torres, el presidente manifestó que en la discusión de cualquier reforma, acuerdo o iniciativa de ley, la prioridad deberá ser la atención a los pobres, sobre todo ahora que se resienten las secuelas de la crisis financiera internacional.Si en este momento no se atiende a los más pobres –les advirtió–, las consecuencias serán preocupantes y quizá después nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho.A decir de algunos de los asistentes, Calderón habló en un tono que nunca había utilizado en sus tres años de gobierno, sobre todo cuando dimensionó las consecuencias de no atender a las familias que viven en pobreza extrema. Ya en su discurso en Palacio Nacional el presidente había sorprendido a los analistas políticos al colocar el combate a la pobreza extrema como el primer punto de su decálogo, por encima de lo que hasta ahora fue su máxima prioridad, porque apostó que le redituaría amplios beneficios políticos: la guerra contra el narcotráfico. Si bien no había sido prioritaria, esta preocupación no es nueva para Calderón. Fue uno de sus principales objetivos desde el primer trimestre de 2007, como se puede comprobar en documentos oficiales y boletines de prensa que dan cuenta de las promesas de ampliar el programa Oportunidades de manera urgente.En aquel tiempo habló de disminuir la pobreza extrema duplicando el programa nacional de microcréditos y de incrementar el número de empleos. El 3 de marzo de aquel año, cuando su gabinete trabajaba para ampliar la oferta de trabajos temporales, Calderón explicó en una de sus giras por Michoacán: “No hay mejor manera de superar la pobreza, más que el empleo. El trabajo es el único camino para verdaderamente acceder a mejores niveles de desarrollo y de crecimiento”.Aun con este tipo de medidas, siempre remarcó que su política social nunca sería de índole paternalista: “Aquí el compromiso es instrumentar políticas de inclusión, y no desde una óptica meramente asistencialista”, dijo el 7 de junio de aquel 2007.Todavía estaban frescas sus críticas a la plataforma política de su principal rival de la elección, Andrés Manuel López Obrador, cuyo lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, descalificó porque a su juicio le daba continuidad a la política social de los regímenes priistas. Con todo, aunque el concepto estuvo presente en su mensaje político del miércoles 2, las palabras “paternalismo” y “asistencialismo” destacaron por su ausencia.Al solicitar el apoyo de los legisladores y de la oposición, Calderón dijo estar dispuesto a impulsar una transformación “sustancial”, con los riesgos y costos que implique en la nueva correlación de fuerzas dentro del Congreso: “Para que México cambie, y cambie de fondo, tenemos que cambiar nosotros, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad encomendada por los electores. Tenemos una oportunidad, ahora que se ha renovado la Cámara de Diputados y se han renovado sus liderazgos”.Desde enero de 2009, uno de los principales objetivos del gobierno calderonista fue ganar la mayoría de curules en la Cámara de Diputados para impulsar sus reformas sin tener que esforzarse en negociar con la oposición, pero en julio el panismo sufrió la peor derrota en su historia al ser aplastado por el PRI.Esta realidad determinó que en su discurso Calderón puntualizara que quienes tienen responsabilidades políticas no pueden permitir que “la grandeza de México” quede frustrada porque a los actores políticos les falte visión para ponerse de acuerdo en los cambios necesarios para el país y en la forma de realizarlos. Ante este escenario que no tenían previsto, Calderón hizo un “enérgico llamado” a “todos los mexicanos” para armar una agenda de reformas.“Los retos que enfrentamos –insistió– nos obligan a redefinir las prioridades y el ritmo de los cambios. Los mexicanos sabemos que las cosas no pueden seguir igual, y no van a seguir igual. Es la hora de cambiar, y es la hora de cambiar a fondo. Y cambiar a fondo significa no sólo realizar los pequeños pasos, en la medida en que las comprensibles resistencias sean capaces de soportar, sino verdaderamente asumir las reformas y las transformaciones que México necesita.”
Gobierno insatisfactorio
En el décimo punto del decálogo que propuso en su mensaje desde Palacio Nacional, Calderón abordó un tema que, curiosamente, no suscitó mayores comentarios entre sus adversarios:“Hay que reconocerlo: los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme brecha entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes, representantes y políticos.“La reforma electoral aprobada recientemente corrigió muchos vicios, pero dejó sin corregir algunas prácticas indebidas. Propongo una nueva revisión a fondo de las reglas electorales, a fin de que el ciudadano vea en las elecciones un instrumento efectivo de participación democrática; que política sea sinónimo de ciudadanía.”Como en el resto del discurso, y ya sin llevar a cuestas la controvertida figura del belicoso exdirigente panista Germán Martínez, Calderón volvió a pedir el apoyo general para alcanzar esas metas:“Propongo que entre todos revisemos las reglas y cambiemos lo que haya que cambiar, para que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis, para que la política se convierta en un instrumento de cambio al servicio de la sociedad, para que el sistema político genere verdadera rendición de cuentas y genere acuerdos que permitan avanzar al país.”Lo mismo había prometido Calderón tres años antes. Al presentar sus “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno” aseguró que desde la Presidencia impulsaría la unificación de los calendarios electorales de los estados, la reducción del número de legisladores plurinominales y el recorte de las campañas para disminuir sus costos. Sólo esta última iniciativa está en la agenda de la Cámara de Diputados.En el aspecto económico, la falta de resultados también fue notoria. Desde el primer informe de gobierno, en septiembre de 2007, Felipe Calderón planteó proyectos que previsiblemente no iban a alcanzar sus objetivos porque no había condiciones para aplicarlos plenamente, y eso sin que se hubiera desatado todavía la crisis financiera internacional.Aun antes, en enero de ese año, Calderón había garantizado que cada niño nacido durante su gobierno contaría con servicios médicos gratuitos. Al llegar el primer informe se ufanó de la entrega de 320 mil credenciales del llamado Seguro Médico para una Nueva Generación. Pero aunque esas cifras fueran válidas, desde entonces urgía acelerar el ritmo, puesto que cuando llegara diciembre apenas se habría dado cobertura a 37% de los niños nacidos ese año, que según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) serían 1 millón 971 mil. De acuerdo con esta tendencia, el 63% restante habría tenido que esperar tres años y medio, es decir, hasta junio pasado, para formar parte del programa. Y para entonces ya habrían nacido otros 3 millones 895 mil 891 niños que no conseguirían su credencial antes de que se conociera el nombre del próximo presidente de la República (Proceso 1608).Durante los siguientes dos años, Calderón hizo giras de trabajo y ordenó buscar la forma de acelerar el paso en esta materia. Pero el esfuerzo fue infructuoso. Lo grave es que el presidente “del empleo” no sólo se comprometió a brindarle a esos niños cobertura médica, sino también que cada uno “trajera su torta bajo el brazo”.En el mensaje que leyó en Palacio Nacional el miércoles 2, Calderón pidió el apoyo de los legisladores para cerrar lo que, más que un proyecto, era una de sus principales banderas de campaña. “Soy el primero en reconocer que, a la vista del México al que aspiramos, lo logrado es claramente insuficiente. A este ritmo tomaría muchos años, y quizá décadas, el poder vislumbrarlo en hechos concretos; que por muchos que han sido los esfuerzos por mitigar la pobreza, cada crisis alimentaria o económica, como las que vivimos, representa un nuevo golpe a las posibilidades de vida digna de millones de mexicanos. Tenemos que cambiar a México.”Esta vez Calderón reconoció que el Seguro Médico Universal depende de la negociación que logre con la mayoría opositora en el Congreso. Este es el segundo punto en su decálogo, y ahora dice que se va a lograr sólo si hay “voluntad política”.De igual forma, el combate a la delincuencia organizada, la educación de calidad, la reducción de trámites gubernamentales y las reformas de las finanzas públicas, energética, de las telecomunicaciones y laboral, fueron parte de las promesas de campaña de Felipe Calderón, pero no tuvo la capacidad política y administrativa para sacarlas adelante.
domingo, mayo 03, 2009
“Para la psicosis no hay vacuna”
El título de esta columna fue tomado de una expresión vertida por una mujer entrevistada en la calle ante las preguntas de los autores de un programa especial que realizan y difunden TV y Radio UNAM. Éste se refiere a la epidemia del virus A H1N1 entre la población mexicana, y hoy de muchos países del mundo. La influenza: las respuestas de la ciencia, es parte de las medidas que está tomando la Máxima Casa de Estudios para ayudar a la población a enfrentar la contingencia epidemiológica con información científica y verificable.La serie se inició el martes 28 de abril. Pese a lo restringido de la audiencia que captan las estaciones universitarias, junto a las públicas del interior del país que se enlazan, la emisión representa un respiro frente a la cantidad de información contradictoria, incompleta y alarmista que circula tanto en la mayor parte de los sitios en internet como en casi todos los noticiarios radiofónicos y televisivos.La pandemia ha servido para exponer, como si de un experimento de laboratorio se tratara, dos situaciones que nos afectan desde hace muchas décadas. Por una parte, la ineficiencia de las autoridades al afrontar dificultades. No hay suficientes recursos, no logran informar sin crear alarma, sus versiones contradictorias apoyan la incredulidad de la gente. Dejan entre los ciudadanos el sentimiento de estar siendo engañados, desatendidos, manejados como marionetas.
¿Ocultan las cifras, mienten, minimizan, exageran?
Cualquier hipótesis es buena ante su ineficiencia para comunicar y para darle salida adecuada a un problema, de salud pública en este caso. Las versiones sobre complots desde el poder tienen su fundamento es la escasa credibilidad que merecen las autoridades. Si en todo nos engañan, si ante una crisis económica mundial hablan de un catarrito, si usan la demagogia en forma de spots todos los días, ¿por qué creerles en esta ocasión?Por otra parte, el que la influenza se propagara puso al descubierto el enorme impacto de los medios. Al día siguiente de decretarse la alerta y suspender las clases, la mitad de los transeúntes usaban tapaboca. Cientos de familias corrieron a hacer compras de pánico. La ciudad se despobló. El sábado, los cines y los restaurantes apenas si tenían parroquianos. Las calles estuvieron casi vacías el fin de semana. La circulación volvió a fluir de lunes a miércoles, sin horarios supremos ni atascos de tránsito. Y es que todos los medios: prensa, radio, televisión, internet, machacaron día y noche las medidas tomadas, así como las advertencias de la Secretaría de Salud, y a partir del domingo las decisiones del jefe de Gobierno del Distrito Federal.La actitud de los habitantes habla de que tenemos un pueblo muy fácil de convencer cuando se trata de acciones concretas, y también muy poco exigente con la información que dan los medios.Los datos y los esclarecimientos fueron y siguen siendo confusos. No hay cifras exactas ni compendios del conjunto de las instituciones del país. En su conferencia del martes 28, el secretario de Salud informó acerca de los casos del IMSS y el ISSSTE, se enredó en las cifras y no logró explicar convincentemente. ¿Epidemia con siete muertes confirmadas que tuvieron como causa el virus? ¿Y los casos que han llegado a los hospitales dependientes del DF? No conforme con las imprecisiones, el secretario del Trabajo señaló su desacuerdo, de manera sesgada y sin decirlo abiertamente, con el cierre de cines, restaurantes y demás establecimientos comerciales en la capital del país. Ello deja la insufrible sensación de que, en medio de la epidemia, los políticos siguen en lo suyo: desacreditar al adversario. La presencia de Lozano en esa conferencia se antoja inútil para efectos de informar sobre la enfermedad y provoca la sospecha, ya externada en otros medios, de que utilizan un problema grave en su favor.
domingo, diciembre 07, 2008
Las evasivas de Calderón
Hoy el presidente de la República ya no tiene por qué tomarse la molestia de presentarse personalmente para rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Con las más recientes modificaciones al formato del informe presidencial, Felipe Calderón puede quedarse sentado en su escritorio para desde ahí responder tranquilamente, con el apoyo de su vasto equipo de asesores, a una serie de "preguntas parlamentarias". Con esta reforma al artículo 69 constitucional, que elimina la posibilidad de un diálogo directo entre los Poderes de la Unión, los legisladores quedan reducidos a simples preguntones sin la capacidad de interpelar al presidente o de corroborar por sí mismos la información presentada en el informe de gobierno.El pasado 26 de noviembre, Calderón respondió a las preguntas que los senadores de la República le formularon. Desafortunadamente, las "respuestas" ofrecidas por Calderón una vez más ponen al desnudo que el compromiso del actual gobierno federal con la rendición de cuentas se queda al nivel de discurso. La baja calidad de las respuestas queda reflejada en la gran cantidad de formulaciones huecas, estadísticas generales y repeticiones de información ya incluida en el informe de gobierno. Y ello aplica no solamente para las preguntas planteadas por los partidos de oposición, sino incluso para los cuestionamientos del mismo partido en el gobierno. Por ejemplo, la primera pregunta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) inquiere al mandatario sobre la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para el tratamiento de algunos temas relacionados con la seguridad pública. Este cuestionamiento es de la mayor importancia, ya que los legisladores deberían tener acceso pleno a la información relevante para poder ejercer su función de control y legislar en la materia. Actualmente tienen que ampararse en la Ley Federal de Transparencia como cualquier otro ciudadano para allegarse documentación fundamental para sus tareas.Sin embargo, en su respuesta, el Poder Ejecutivo se limita a hablar de manera general de los "mecanismos de coordinación interinstitucional" incluidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en su propuesta de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la supuesta "interlocución y comunicación permanentes" que el gobierno ha tenido con los legisladores. El presidente no contesta en absoluto al interrogante específico que plantean los senadores del PAN en torno a la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" con el Poder Legislativo.De manera similar, ante otra pregunta del PAN, el gobierno simplemente se niega a decir lo que se está haciendo para mitigar el efecto de la reducción del monto del superávit financiero gubernamental. Más adelante, ante una inquietud presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la mano en la cintura al Ejecutivo se le olvida proporcionar las proyecciones solicitadas para los siguientes cuatro años alrededor de los impactos de la política social y el futuro del empleo formal. Las preguntas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ponen al gobierno contra la pared. Una de ellas solicita el detalle de las acciones de la Procuraduría General de la República en el seguimiento de las investigaciones de la ahora extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Sin embargo, en su respuesta, el presidente se limita a recitar algunos números sin mayor relevancia. Sin entrar en precisiones, reporta que se han girado 4 mil 521 oficios, realizado 135 peritajes, recibido 273 declaraciones e instrumentado 101 inspecciones ministeriales, entre otras estadísticas.Otra pregunta del PRD se refiere a la constitucionalidad del mando único para la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva. El texto del cuestionamiento proporciona un análisis detallado de los problemas derivados del control centralizado que ha establecido Genaro García Luna y señala las imprecisiones en que incurrió Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación durante su comparecencia en el Senado cuando se le interrogó sobre el tema. Lamentablemente, en su contestación, en lugar de ofrecer un informe sobre la situación de la policía federal y una argumentación jurídica sólida sobre la unificación de las corporaciones, el presidente sólo menciona algunos apartados de la ley que hablan de la necesidad de la "coordinación" entre las fuerzas policiacas, y defiende dogmáticamente la necesidad de utilizar todos los recursos a su alcance para enfrentar al crimen organizado. En su momento, las "preguntas parlamentarias" fueron anunciadas con bombo y platillo como una herramienta que podría reequilibrar la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Pero parece que la política de la simulación, de dar "información" sin informar, seguirá siendo la regla. Urge aprobar la ley reglamentaria de las reformas al artículo 69 constitucional para dar más efectividad a este proceso. Así mismo, habría que pensar en incluir disposiciones específicas en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (todavía pendiente desde el 21 de julio de 2008, de acuerdo con el transitorio de las reformas al artículo 6º constitucional) para permitir a los legisladores acceso privilegiado a la información del Poder Ejecutivo, tal y como lo ha propuesto el diputado Alfonso Suárez del Real. Así, en lugar de simplemente preguntar y conformarse con las evasivas del presidente, nuestros representantes podrán encontrar ellos mismos las respuestas completas a sus inquietudes. L

















