Torturados, indígenas acusados de “eperristas”

Santiago Sánchez y Juan García fueron detenidos en 1997 por supuestamente estar vinculados con el EPR. Sometidos a torturas físicas y sicológicas durante su detención y con un juicio plagado de irregularidades, actualmente cumplen una sentencia de 40 años. Los acusados de homicidio y delincuencia organizada esperan que en los próximos días la CIDH se pronuncie a favor de su liberación, ante las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de las que fueron objeto.

Rogelio Velázquez

Santiago Sánchez Silvestre, mixteco originario de Oaxaca, y Juan García Cruz, nahua oriundo de Puebla, fueron detenidos el 6 de junio de 1997 por supuestamente estar ligados al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Entonces estaba por cumplirse un año de la aparición pública del grupo guerrillero, en Aguas Blancas, Guerrero. Los combates con las fuerzas del gobierno federal estaban suspendidos por una tregua unilateral declarada por los sublevados.

Según la versión oficial de los hechos, contenida en el boletín 187/97 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), los sentenciados fueron sorprendidos el 6 de junio de 1997 en las inmediaciones de la estación Santa Martha, del Sistema de Transporte Colectivo Metro ?al Oriente de la ciudad de México? con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y propaganda “subversiva”. Se trataba de ejemplares de El Insurgente, órgano de difusión del EPR.

El comunicado oficial fue emitido el 10 de junio, cuatro días después de que los supuestos eperristas fueran detenidos.

Los agentes judiciales Alejandro Lazcano Fuentes y José Luis Delgado Acosta señalaron que, después de “platicar” con los detenidos, éstos accedieron a llevarlos a una casa de seguridad en la delegación Tláhuac. Según las versiones oficiales, ahí encontraron más evidencia de su pertenencia al grupo armado. Propaganda y materiales para elaborar mensajes alusivos a la guerrilla fueron hallados en el lugar, de acuerdo con los agentes. Sin embargo, no existe un inventario del material encontrado.

El proceso federal contra Santiago Sánchez y Juan García había iniciado. Dos días después de su detención, los indígenas fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Fueron sentenciados por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal a tres años de prisión, además de pagar una multa de 2 mil pesos por portación de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas. No obstante, la versión de Sánchez y García se opone a la oficial.

De acuerdo con los inculpados, eran aproximadamente las dos de la madrugada del 6 de junio de 1997, cuando agentes judiciales entraron en su domicilio en la delegación Tláhuac, sin presentar una orden de cateo. Ahí fueron torturados para obtener información sobre el EPR. Golpes, amenazas de muerte y ahogamiento con bolsas de plástico fueron algunos de los maltratos que recibieron. En el certificado de integridad física de la averiguación previa SC-7547, realizado por la PGJDF y refrendado por el doctor Martín García Uribe, se constatan las lesiones producto de las torturas que sufrieron.

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