Caso Gutiérrez Rebollo: el acoso brutal

El general. En fase terminal.
Foto: Archivo Proceso

Gloria Leticia Díaz

La abogada del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, Lilia Esther Priego, fue secuestrada por presuntos militares el miércoles 19, horas antes de una entrevista pactada con este semanario. Estuvo en cautiverio siete días durante los cuales fue ultrajada por sus captores, quienes le insistían en que se callara, que dejara de defender al militar con el que estuvo casada y procreó tres hijos. “Sentí la muerte”, dice a Proceso. Dolida aun por los agravios, no ceja en su empeño por lograr que el general purgue el resto de su condena en su casa, pero todo indica que su lucha molesta a los altos círculos militares.
Con los ojos cubiertos y las manos atadas al frente, Lilia Esther Priego fue obligada a permanecer hincada con la frente apoyada en una silla. En esa posición escuchó los sonidos de una cámara fotográfica.
Abogada del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, de quien fue esposa, Lilia Esther se supo vulnerable. En sus 52 años –14 de ellos huyendo– fue la primera vez que, dice, sintió la muerte cerca. Huyó de México en marzo de 1997, tras ser involucrada en el Maxiproceso bajo los mismos cargos imputados a Gutiérrez Rebollo: Brindar protección al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.
Las acusaciones provenían del tribunal civil y de instancias castrenses, aunque ella no era militar. En 2011 regresó al país después de que en octubre de 2008 un juzgado de Distrito la exculpó de toda responsabilidad por falta de elementos.
El pasado miércoles 19 de junio fue privada de su libertad en un cajero automático de Banamex en Insurgentes y la calle Margarita, a una cuadra del Eje 5 Sur, en la colonia Del Valle. La abogada había concertado una entrevista con Proceso para ese día. El encuentro tuvo que posponerse una semana. Según el general Gutiérrez Rebollo, cuenta ella misma,  detrás de ese arresto está la mano del Ejército.
La abogada, de 1.80 de estatura, fue abordada por dos hombres más altos que ella. Uno tenía el corte de cabello tipo militar, aunque iba vestido de civil; el otro llevaba un pantalón de mezclilla y una sudadera en la que al parecer ocultaba un arma de fuego.
Sus captores cubrieron los ojos de la abogada con una franela, le taparon la cara con una capucha, ataron sus manos con una cinta plástica corrediza, similar a las que utiliza el Ejército en los aseguramientos, y la subieron a un automóvil Camaro. Dentro del vehículo fue golpeada en brazos y espalda. Siete días después, durante la entrevista, su cuerpo aún muestra las huellas del maltrato.
“Todo el tiempo me dijeron: ‘Te crees muy chingona, ¿verdad?; te crees muy verga. Ya deja de andar de pinche chismosa. Aquí ya valiste madre, ahora sí te chingaste. Dile a ese cabrón pelón que te diga la verdad, por qué pasaron las cosas. Estás caminando por arenas movedizas y no te das cuenta’.
“Ellos sabían de mi vida. Me decían: ‘¿A qué regresaste? Ese hijo de la chingada mejor que se muera’. Me pidieron incluso no decir nada ‘al patrón’”. Lilia Esther sospecha que se referían al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Admite que ha buscado a Cienfuegos Zepeda, como lo hizo en su momento con su antecesor, Guillermo Galván Galván, para pedir atención médica adecuada para el general Gutiérrez Rebollo. Mientras era vejada en el auto se preguntaba qué buscaban esos hombres de ella: “Han destrozado la vida del general, se está muriendo, mi familia está desintegrada; no tengo dinero, la PGR tiene mis bienes asegurados a pesar de que un juzgado federal dice que soy inocente. ¿Qué quieren de mí? Yo no sé nada”.
Después de varias horas de pasearla en el Camaro, sus captores la entregaron a otros hombres, quienes la llevaron a un espacio cerrado, al parecer una bodega con techo de lámina. Se dio cuenta de ello porque esa noche llovió: “Por debajo del vendaje pude ver a uno de ellos cuando se calzaba zapatos negros de charol, como los que usan los militares de rango”.
Esos hombres la vejaron aún más: la obligaron a permanecer de rodillas al menos 48 horas y le tomaron fotografías; también le golpearon los oídos y otras partes del cuerpo con una manopla cubierta con tela y le impidieron ir al baño. “A lo lejos –relata–, sólo escuchaba los ladridos de los perros, y en la mañana al canto de gallos y guajolotes. Nunca escuché la llegada del auto en el que me sacaron de ahí”.
El viernes 21 le quitaron la cinta corrediza de las manos y las ataron con cinta industrial. Sus ojos continuaron cubiertos, incluso cuando la subieron al vehículo y, tras pasearla, la dejaron sentada en una banqueta. Supo que estaba en Puebla.
Entre sollozos narra a la reportera que abordó un taxi a la terminal de autobuses y se vino al Distrito Federal, al tiempo que muestra el boleto de autobús que abordó a las 17:07 horas.

El acoso

“Después de estar 14 años fuera de México y a cinco de que fui exonerada por un juez creí que lo que me unía de manera personal con Gutiérrez ya estaba muerto y enterrado, pues ahora soy sólo su abogada… Y mira lo que me pasa cuando me voy a entrevistar con ustedes”, dice Lilia Esther a la reportera.
Cojea, se le dificulta mantener la espalda erguida. Su cuerpo y su mente sufren las huellas de la tortura. Y aun cuando trata de contenerse, alguna palabra o detalle detona el llanto.
“No tengo los pelos de la burra pero sé que esto viene del Ejército. Ya estaba planeado desde hace tiempo, pero lo aceleraron cuando se enteraron de que iba tener una entrevista con Proceso. Manifestaron su molestia luego de que acompañé a mi hijo a dar una entrevista a Carmen Aristegui, el 29 de mayo de 2012. Después de eso comenzaron las llamadas amenazantes; mi hijo recibió incluso una corona de muerto”, comenta.
Lilia Esther, por su parte, sostuvo la versión de que el encarcelamiento del general Gutiérrez Rebollo fue producto de una venganza del entonces secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre, en represalia por investigar los vínculos de los hermanos Amezcua Contreras con la familia del presidente Ernesto Zedillo, argumentos similares a los que el propio Gutiérrez Rebollo expuso en entrevista a Julio Scherer García en su libro Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande.
De un encuentro informal de Lilia Esther con el fundador de la revista ­Proceso, el pasado jueves 13 surgió la propuesta de hacer una entrevista, lo que ella aceptó. Esa tarde recibió la primera advertencia. Mientras se dirigía a un restaurante al encuentro de su hijo César, tropezó con un hombre que la insultó.
“Me empezó a gritonear, a decirme que me callara el hocico. Quise contestarle pero se fue. Pensé que era un borracho impertinente que me había confundido”, cuenta.
El lunes 17, agrega, don Julio la buscó telefónicamente para comentarle que la entrevista había sido asignada por el jefe de información a esta reportera. Ese mismo día, al salir del Campo Militar Número Uno luego de una diligencia, su hijo, el abogado César Gutiérrez Priego, recibió un mensaje amenazador: “Se le cerró un carro blanco y uno de los hombres que iban a bordo le grito: ‘Dile a tu pinche madre que deje de estar chingando, que no dé entrevistas a esa pinche revista’.
“Yo hablé con Scherer el martes 18 para contarle el suceso. Él dijo estar convencido de que nuestros teléfonos estaban intervenidos. Me preguntó si quería continuar con la entrevista. Le dije que sí.”
El miércoles 19 la reportera acudió a la cita fijada a las cinco de la tarde en la oficina de la abogada. Gutiérrez Priego dijo que su madre no le contestaba las llamadas desde la mañana. También le comentó que el vigilante del edificio donde vive no la había visto desde que salió a hacer ejercicio.

Los nuevos litigios

El lunes 24 Lilia Esther se puso en contacto con la reportera para la entrevista, que se realizó el miércoles 26. Al término del encuentro regresó a su despacho y recibió una llamada para advertirle que le seguían los pasos.
El jueves 27 Lilia Esther acudió al Hospital Central Militar, donde está confinado el general Gutiérrez Rebollo desde abril de 2011. Le contó lo que le había ocurrido. “Quería que me explicara qué me había ocultado, saber quién estaba detrás de todo, y que él me respondiera por qué me habían dejado en Puebla”.
Por el modus operandi, por los mensajes transmitidos mientras la torturaron y por la impunidad con la cual se movieron entre el Distrito Federal y Puebla, los únicos interesados en lastimarlos a ambos “seguramente provenían del medio militar”, le dijo el general.
Según el razonamiento del militar condenado a 40 años de prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud –apunta Lilia Esther–, en las cloacas del Ejército hay personal en activo que “tiene miedo de que Gutiérrez Rebollo hable, si llegamos a ganar el recurso legal para que, debido a su edad, purgue el resto de su sentencia en casa. Quieren amedrentarme para que lo abandone a su suerte y restarle el apoyo, pues sólo mis tres hijos y yo somos quienes lo visitamos”.
En su conversación con el general Gutiérrez Rebollo, dice, éste no le dio mayor información. Por lo que ella infiere que su secuestro “es un mensaje al general: si habla, van a tomar venganza en el punto más vulnerable”.
Y sobre la razón de que la hayan dejado en Puebla, el exzar antidrogas le dijo a Lilia Esther: “Lo único que sé de Puebla es que ahí nació Cervantes Aguirre, aunque no vive ahí. Yo no tengo enemigos en ese estado ni detuve a algún narcotraficante poblano”.
Lilia Esther y su hijo César mantienen una batalla legal para que el general Gutiérrez Rebollo cumpla su sentencia en su domicilio, luego de que en abril de 2011 lograron trasladarlo del Cefereso del Rincón, en Nayarit, al Hospital Central Militar, gracias a la intervención del general Mario Arturo Acosta Chaparro “y un periodista muy famoso que me prohibió que lo mencionara”, dice la abogada.
Ella huyó del país en 1997 a causa del Maxiproceso, expediente en el que, asegura, aparece la firma de Marisela Morales, quien fungía entonces como Ministerio Público: “Salí de México en la cajuela de un carro y anduve como judío errante, apoyada por organizaciones cristianas que me conocían y sabían que era inocente. Estuve en República Dominicana, Haití, España y Estados Unidos. Hice de todo, menos prostituirme, hasta que alguien me dijo que podía revalidar mis estudios. Me titulé como abogada desde los noventa, hice una maestría en educación y era maestra en el Distrito Escolar de Houston; debo confesar que tomé otras identidades”.
En 2008 ganó un amparo que la exculpó de responsabilidades en el Maxiproceso. Regresó a México tres años después, cuando se enteró de que era abuela. Acudió a la prisión de mediana seguridad de Nayarit a ver al general Gutiérrez Rebollo, el padre de sus tres hijos.
En abril de ese año, Gutiérrez Rebollo recuperó su grado de militar: “El juez ponente del tribunal colegiado –explica la entrevistada– concluyó que no había pruebas de que el general haya cometido los delitos que le imputan mientras fue jefe de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán, Sinaloa, por lo que debía otorgarse el amparo liso y llano.
“Sin embargo, los otros dos jueces votaron en contra y consideraron que los delitos los cometió en los 56 días que estuvo como zar antidrogas –fue nombrado en diciembre de 1996–; incluso lo llevaron a Washington, en donde presumieron que era el mejor para la lucha antinarco y de repente, en 56 días, dicen que es el peor ciudadano del mundo y lo acusan de estar coludido con el narcotráfico.”
La última vez que Lilia Esther vio a Gutiérrez Rebollo, recuerda, fue con su uniforme militar, orgulloso de su origen. Cuando regresó a México buscó al padre de sus hijos y fue al penal federal de Nayarit.
“En Nayarit (el general) no tenía atención, se les desmayaba constantemente. Una vez la directora (María Mayela Almonte Solís) lo llevó personalmente al hospital general militar de Guadalajara; no lo recibieron, aunque tenía derecho. En 2008 le regresaron su grado de general.”
La abogada y su hijo lograron el traslado de Gutiérrez Rebollo. Los de la Procuraduría General de Justicia Militar le advirtieron que si se atrevía a dar conferencias de prensa regresaban al general al penal de Nayarit. Todos los días lo atormentan diciéndole que a lo mejor lo cambian de piso; que ya no va a recibir atención ­especializada.
Gutiérrez Rebollo padece diabetes tipo dos, así como cáncer terminal en próstata, estómago y huesos, además de fibrosis, enfisema pulmonar y gastritis crónica. Fue tratado por cataratas, hipotiroidismo, anemia crónica, tiene un marcapasos que debió habérsele cambiado hace dos años, un respirador artificial y con frecuencia se somete a diálisis.
En espera de que se resuelva la petición para solicitar el traslado a su casa, Lilia Esther comenta que el general también está luchando por recuperar tres propiedades y más de 8 millones de pesos que le aseguró la PGR durante su captura. Ella tiene derecho a recuperarlos desde 2008, tras ganar un amparo que la libraba de responsabilidades en el Maxiproceso.
Hace poco Lilia Esther ganó otra sentencia judicial en la cual el Juzgado Sexto de Distrito instruyó a la PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam, a entregar las propiedades de la abogada (resolución 516/2013).
La dependencia se niega a atender los reclamos. El pasado lunes 17 la PGR envió un informe al juez de Distrito en el cual argumenta que pese al ordenamiento judicial, “no ha lugar a la devolución de los bienes asegurados afectados a la presente indagatoria por no haber acreditado su legal procedencia”.
Lilia Esther interpuso otro litigio en el Distrito Federal contra el Frente Popular Francisco Villa Independiente, cuyos integrantes invadieron desde febrero de 2008 un terreno de 5 mil 600 metros cuadrados, en la delegación Tláhuac, que le heredó su padre.
Pese a que desde febrero de 2011 ganó un juicio y se libraron órdenes para ­desalojar y detener a los líderes precaristas –Raúl Trejo Pastrana y Agustín González Cázares–, las autoridades capitalinas aún no ejecutan la orden.
Cuenta la abogada: “Se me acercó el subsecretario de Gobierno (del Distrito Federal), Juan José García Ochoa, y me dijo que podían comprarme el terreno –valuado en 22 millones de pesos–, pero que el Instituto de la Vivienda (Invi) y el gobierno capitalino sólo podían pagarme 10 millones; acepté y entregué documentación al Invi.
El martes 25 el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, recibió una notificación de la juez 56 de lo Penal, Beatriz Moreno Cárdenas, para que ejecute el desalojo del terreno, advertido de que “en caso de incumplimiento se le impondrá una medida de apremio, consistente en un arresto por 36 horas”.

Todo sigue igual

Lilia Esther Priego se muestra decepcionada porque, dice, pensó que el país había avanzado. “He encontrado una cerrazón incomprensible para acabar con el general Gutiérrez Rebollo y con nosotros. ¡El colmo!: vemos que se premia a quienes hicieron tanto daño, como Marisela Morales, nombrada cónsul en Milán”.
A ella, apunta, el general le decía la traedora, “porque cuando estaban fabricando su averiguación previa ella se encargaba de traer el agua y el café”.
La abogada se confiesa impotente. Le duele haber sido secuestrada, torturada y mancillada.
Cuando intentó denunciar los hechos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), los agentes del Ministerio Público de la delegación Benito Juárez pusieron en duda su versión y se le negó la atención del médico legista. Sólo realizó los trámites de recuperación de sus identificaciones, tarjetas bancarias y chequera (AP FBJ/BJ-2/T2/01231/13/06).
En un segundo encuentro con la reportera, el viernes 28, la abogada comentó: “Apenas estoy llorando. No había podido hacerlo, apenas estoy cayendo en cuenta de que pudieron matarme y desaparecerme, pero creo que su intención era precisamente golpear mi integridad para que me desista de apoyar al general”.
Mientras estuvo en Estados Unidos, dice, la DEA le ofreció protección a cambio de información.
Y remata: “Amigos militares cercanos me preguntan qué busco, para qué ayudar a Gutiérrez Rebollo. Yo les digo: como jurista y como mujer que viví con él, sé que es una injusticia lo que le hicieron; estoy aquí por humanidad. Ese hombre se está muriendo; ya no le hace daño a nadie. Mis hijos y yo estamos convencidos de que sólo lo sostiene la dignidad y la esperanza de morir en su casa”.

Ni perdón ni arreglo “amistoso”

Ante las atrocidades perpetradas por elementos policiacos en San Salvador Atenco no puede haber ninguna solución amistosa y sí, en cambio, es necesario buscar que se haga justicia, aunque sea ante organismos internacionales. El gobierno de México sufrió un nuevo revés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que funcionarios de la Secretaría de Gobernación,  encabezados por Lía Limón y Manuel Gómez Robledo,  fracasaron en su intento de desactivar la denuncia que 11 mujeres presentaron ante ese organismo de justicia internacional en contra del Estado mexicano por las vejaciones que sufrieron a manos de la policía en mayo de 2006.

Gloria Leticia Díaz

En su primera participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó en su intento por evitar la difusión internacional del fantasma de la represión policiaca desatada en San Salvador Atenco que lo persiguió durante su gestión como gobernador del Estado de México y como candidato a la Presidencia.
Durante la audiencia pública realizada en Washington, sede del organismo de la OEA, la representación del Estado mexicano encabezada por la expanista Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se topó con la negativa de 11 mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 para negociar una “solución amistosa”, a fin de evitar una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, éste relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano, los abogados de las víctimas –del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)– y decenas de personas que acudieron a la audiencia, en representación de 11 de las decenas de mujeres ultrajadas el 4 de mayo, Bárbara Italia Méndez Moreno leyó en una carta:
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia –máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional–, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de la justicia.”
En esa misiva dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, las 11 mujeres que sostienen el caso identificado con el número 12.486 pidieron el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en el tribunal interamericano.
Momentos antes, Limón expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH”. También aseguró que la administración de Peña Nieto contaba con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.
En  su  discurso,  Limón  se refirió a la conclusión de mayor controversia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco de febrero de 2009, la cual excusó a los altos funcionarios de los abusos perpetrados durante la represión policiaca.
Dijo Limón: “Esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”.
La oferta de la subsecretaria de Gobernación fue apuntalada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Gómez Robledo, quien informó que de 2006 a 2009 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a las víctimas, de conformidad con estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Víctimas”.
La posibilidad se cerró cuando Bárbara Italia recordó en la lectura de la carta que el Estado “tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad para investigar y sancionar las violaciones alegadas”. El texto enviado a la CIDH el viernes 8 fue firmado por Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y la propia Bárbara Italia.

Disimulo

En México, Andrés Díaz Fernández, miembro del equipo de defensa del Centro Prodh, comenta en entrevista con Proceso: “La solución amistosa era la última carta que podía jugar el Estado para evitar llegar a la Corte, y que a su vez el caso fuera ventilado en todo el mundo; es claro que lo que se pretendía con esa propuesta era bajar el perfil a las violaciones graves a derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco”.
El litigante confirma que por decisión de las 11 víctimas acudirán ante la CoIDH en busca de una sentencia contra el Estado mexicano. “El caso de Atenco seguirá en la agenda pública los dos o tres próximos años, depende de la carga de trabajo que tenga, primero la CIDH para procesar el informe de fondo, y después el litigio propiamente”.
Aclara que la negativa de las mujeres a aceptar la solución amistosa no radica en que el actual titular del Ejecutivo fue gobernador del Estado de México y que haya desconfianza.
“Si bien es cierto que Peña Nieto dijo claramente que se asumía como responsable de los hechos de San Salvador Atenco en mayo del año pasado en un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, en la Corte se analiza la responsabilidad de las instituciones del Estado y al Estado mismo como responsables de violaciones a derechos humanos, y no se personalizan los señalamientos”, apunta.
El pasado 11 de mayo, ante reclamos de estudiantes de la Ibero por la represión en Atenco del 3 y 4 de mayo en la que participaron 700 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 800 policías del Estado de México, y fueron detenidas más de 200 personas, Peña Nieto sostuvo que el operativo fue ordenado “personalmente” por él, “para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.
De gira por Nueva York y Toronto, en conferencia de prensa el 16 de junio de 2006, según medios de comunicación, Peña Nieto se refirió así a las denuncias por los abusos cometidos en Atenco: “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres. En el de los hombres, haber sido objeto de abuso y maltrato, porque así lo dicen las normas de esos grupos, o los manuales de los radicales”.
Aun con esa confesión de parte, el abogado Díaz Fernández insiste en que “ha sido el Estado el que ha violado el derecho de acceso a verdad y justicia de las compañeras, no personalizamos, además de que en estos 100 días no vemos señales de un verdadero cambio. La plantilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores (dependencia que legalmente litiga los casos) no ha cambiado; permanecen los mismos funcionarios del sexenio anterior y no hay razón para pensar que ahora sí habrá acceso a la justicia”.
Norma Jiménez, otra de las peticionarias, entrevistada en la Ciudad de México, apunta que desde que las 11 mujeres decidieron recurrir al sistema interamericano su propósito “fue llegar a la Corte porque el objetivo es que México reciba una sentencia ejemplar, no sólo para nosotros sino para que lo que nos pasó no vuelva a ocurrir”.
Denuncia que desde que se inició el proceso ante la CIDH, “muchas hemos recibido amenazas, telefónicas o por correo electrónico; buscan intimidarnos”.
Incluso sostiene que durante el sexenio de Felipe Calderón, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores las buscaban para tratar de llegar a acuerdos y desarticular el grupo.
“No han podido con nosotras. Estamos decididas a llegar hasta las últimas consecuencias, que todos los que nos agredieron y que nos obstaculizaron el acceso a la justicia sean castigados, que se llegue hasta donde se tenga que llegar”, dice.
Sin embargo, al igual que su abogado, insiste en que no pretenden personalizar su caso en la figura de Peña Nieto: “Si otro fuera el presidente, hubiéramos hecho lo mismo”.

El infierno

En su testimonio expuesto en la audiencia pública, Bárbara Italia Méndez Moreno narró a los comisionados de la CIDH la pesadilla que significó para ella la tortura sexual a la que fue sometida y la serie de agravios que sufrió, entre ellos el encarcelamiento y procesamiento judicial por un delito que no cometió.
Con voz firme y tranquila refirió: “Cuando subo al vehículo en el que me trasladarían los policías comienza el infierno para mí. Hay un olor a sangre muy penetrante y una pila de personas recostadas sobre el suelo del autobús. Los policías están caminando sobre estas personas y a mí me colocan encima de una pila… los policías comenzaron a meter sus dedos dentro de mi cavidad vaginal, a pellizcar mis pezones, a morderme. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos”.
Durante 20 minutos que duró su exposición, señaló que durante el tiempo que estuvo dentro del camión escuchó gritos de otras mujeres que al igual que ellas eran abusadas sexualmente.
“Es muy fuerte recordar la voz de una mujer que se llama María que gritaba que era de nacionalidad española, que por favor pararan y la dejaran en paz, que le dolía y que no podía respirar porque padecía asma… escuché repetidamente el nombre de Norma Jiménez, una chica que estaba en la misma pila en la que yo me encontraba y le decían que si le gustaba mientras estaban introduciendo cosas en su vagina. Fue realmente espantoso ese momento. No se cuánto tiempo habrá durado.”
La tragedia que inició la mañana del 4 de mayo de 2006 cuando policías federales ingresaron en forma violenta a la vivienda donde Italia se había refugiado junto con compañeros de la fundación Vida Nueva en México, en la que era voluntaria, no terminó con la violencia sexual y los golpes de toletes en su cuerpo hasta descalabrarla. Las humillaciones continuaron en el penal de Santiaguito.
En esa cárcel, médicos legistas le suturaron la herida de la cabeza sin anestesia y le negaron atención ginecológica, en tanto que los agentes del Ministerio Público no quisieron abrir una queja por tortura y abuso sexual ni proporcionarle la asistencia de un abogado.
Méndez Moreno fue procesada por ataques a las vías de comunicación y transporte. Obtuvo su libertad bajo caución el 15 de mayo de 2006 y quedó absuelta en abril de 2008.
De las secuelas de la tortura reveló a los comisionados: “El común denominador en mi vida es el miedo de que esto ocurra de nuevo, que le suceda a otras personas. Dejé de trabajar con niños en vulnerabilidad social, que era parte de mi vida, porque simplemente no puedo lidiar con el sufrimiento de otras personas… me desbordo fácilmente. Ya no sirvo más”.
De los daños en ella y el resto de sus compañeras dijo: “Fuimos expuestas ante el escarnio público, fuimos criminalizadas, fuimos victimizadas y el sello del estigma sigue estando. Dejamos de tener nombre: Italia, Mariana, Norma, y nos convertimos en las violadas de Atenco. El dolor es profundo. Van a cumplirse siete años y el dolor sigue ahí”.
En la audiencia las abogadas de CEJIL y el Centro Prodh, Alejandra Nuño y Stephanie Brewer, detallaron las fallas y omisiones del Estado, y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia.
Después de que en 2009 la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y la Trata de personas (Fevimtra), declinara su competencia de investigación a favor de la Procuraduría General de Justicia estatal, por considerar que ningún policía federal agredió a las mujeres, hasta ahora de los 2 mil 500 policías que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, el 17 de mayo de 2012 se libraron órdenes de aprehensión contra tres policías estatales, uno de ellos ya fallecido.
El último escrito entregado por el Estado mexicano a la CIDH está fechado el 25 de octubre de 2011; es decir, fue elaborado por funcionarios del gobierno calderonista y en él se responsabiliza a las peticionarias de “la falta de acceso a la justicia por no denunciar a tiempo”, según señaló Stehanie Brewer en Washington.
Luego de exponer su testimonio, la comisionada Rosa María Ortiz preguntó sobre las expectativas de justicia en México. La activista respondió: “Nosotros no hemos tenido oportunidad. No hemos encontrado en las instituciones del Estado voluntad política para atender este asunto, ni para que haya una investigación imparcial, seria. Hemos hecho todo lo posible para que se haga justicia y ellos no han respondido. En el ámbito federal para nosotros fue una burla que haya declinado la competencia y piensen que vamos a considerar que va a haber justicia en el ámbito local.
“Por eso acudimos a la Comisión Interamericana porque creemos que tenemos esperanza de que haya justicia desde este espacio porque lo que nos han dejado ver las autoridades en México es que no tenemos ninguna esperanza de que haya justicia”, concluyó.

México: El Caso Atenco llega ante la CIDH

miércoles, 13 de marzo de 2013
POSTED BY: TONATIUH MALDONADO
Anayeli García Martínez (CIMAC)
Por primera vez las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, confrontarán al gobierno mexicano cara a cara a la vez que podrán narrar su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este 14 de marzo una representante de las 11 sobrevivientes asistirá a una audiencia en la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, para evidenciar que el Estado mexicano fue cómplice de la violación sexual que vivieron hace casi siete años.
En este encuentro estarán frente a frente las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11 mujeres-, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.
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79 homicidios de periodistas de Fox a Calderón

Álvaro Cepeda Neri *

La obra titulada El libro rojo da cuenta de la historia criminal en México, misma que se está editando en cinco tomos. Erika P Bucio relata en una nota los dos primeros que se publicaron (Reforma, 9 de diciembre de 2011) y que inician “con el fusilamiento del socialista Julio López, ordenado por Benito Juárez, para poner fin a su revolución agraria en Chalco y termina con el asesinato de Álvaro Obregón […] La nueva entrega inicia con el fusilamiento de José de León Toral, el asesino de Obregón, y termina con el caso del médico asesino Antonio Piña Reyes, quien se hacía pasar por una cirujana”. No sólo son los delincuentes el tema, sino también “el asesinato como método de eliminación de opositores políticos […] La masacre de los partidarios del candidato presidencial Miguel Henríquez Guzmán […] La misteriosa muerte de Maximino Ávila Camacho”. Son libros que van de 1856 a 1928, el segundo de 1928 a 1959. Y se publicará otro de 1960 a 1979.

Se necesitan más tomos de 1980 a 2012, en los que deben de aparecer la criminalidad del lópezportillismo al calderonismo. Con una amplísima investigación de los más de 50 mil homicidios de la “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa con ¡casi 2 mil niños asesinados vilmente por sus militares que disparan a discreción; y durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), 79 periodistas muertos, 12 desaparecidos y cientos de amenazados al grado de que se han tenido que exiliar, retirar del oficio y no pocos obligados a no informar sobre los combates entre soldados, delincuentes, marinos, narcotraficantes y policías.

Debido a la criminalidad de Calderón y su partido, el presidente ha sido objeto de una demanda ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, con pruebas suficientes para que sea juzgado junto con su grupo de (in)seguridad (el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sobre todo) y sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Y es que, con su facultad de jefe nato de las Fuerzas Armadas es corresponsable con los sicarios de la delincuencia y, en particular del narcotráfico, del terror a muerte al que ha sometido a la nación, sin resultados de siquiera disminuir la sangrienta barbarie que lleva más de un lustro.

Entre esos miles de homicidios están los periodistas a los que Calderón, al igual que los narcos, piden no publicar la información ni comentar los hechos de su “guerra”. Criminales y calderonistas se han unido al exigir el silencio y la censura en los medios de comunicación (la mayoría ni caso les hicieron) como si de esta manera los homicidios no se supieran. Y una vez más: no se trata sólo de protección a los periodistas y a sus instalaciones, sino de la seguridad de todos los mexicanos sin excepción.

Trabajadores, estudiantes, familias y niños que transitan por las calles son asesinados, y Calderón, con sus generales, almirantes y encargados de velar por la seguridad, intensifica su fallida estrategia en la que han muerto de forma simultánea soldados y marinos en el cumplimiento de las órdenes castrenses de un falso “general de cinco estrellas” que es Calderón (quien es cada vez más otro Victoriano Huerta) con amenazas encubiertas al acusar a los partidos (no al PAN) de estar “infiltrados” por el narcotráfico, con lo que busca cancelar las elecciones presidenciales que lo echarán del poder, poniéndolo a disposición de los tribunales nacionales e internacionales. Y demandarlo ante la Corte Penal Internacional es el primer paso para exigirle responsabilidades penales y civiles.

Su mal gobierno antirrepublicano y antidemocrático y de sus amigos en los cargos del gobierno del Poder Ejecutivo federal es el origen de sus gravísimos fracasos en política económica y social, la corrupción incontenible y el saqueo descarado del dinero del pueblo, su desvío y su equivocada inversión. El homicidio de 79 periodistas fundamenta el Informe sobre la libertad de expresión en México, elaborado y presentado por las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, respecto a que nuestro país “es el más riesgoso para ejercer el periodismo en América Latina y el quinto a escala mundial”, como indicó Patricia Muñoz Ríos (La Jornada, 25 de octubre de 2011).

Y que los autores intelectuales y materiales de esos crímenes y del resto de los 50 mil asesinatos no han sido ni buscados y menos juzgados, porque la Procuraduría General de la República no lleva un registro de éstos, ya que Calderón los amontona en el anonimato al considerarlos “daños colaterales” y una consecuencia de su “guerra”. De manera pública, hace como si ordenara “respeto” a los derechos humanos de la población y en la realidad sus tropas matan, violan sexualmente a las mujeres, se meten a bayoneta calada a los domicilios, roban (igual o peor que la delincuencia común), en cuya pinza están atrapados los mexicanos.

*Periodista

Fuente: Revista Contralínea 269 / 29 enero de 2012

Aristegui - Alto A La Guerra Contra Periodistas En Mexico


http://youtu.be/C3BhlD2Pfkc


http://youtu.be/K2WnX8jP5os

Un cuarto del país en poder de mineras extranjeras

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Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional.

Érika Ramírez

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.

Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.

El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/

).

La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.

Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.

Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.

Las cifras

Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.

Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio anterior. Los informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en esos años.

Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones 377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la entidad que más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.

Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que haya tal beneficio a las trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la concesión minera es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque los precios de los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.

Trasnacionales en México

Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en las minas mexicanas.

El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de la producción mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.

En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 808 proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal 2011).

Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.

El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento; el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.

Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados– opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.

En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a las trasnacionales que han obtenido concesiones.

“No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los requisitos.

“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad sino porque cumplan o no las leyes mexicanas.”

La Auditoría Superior y la Constitución

En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y [que] tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.

“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”

López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta fuente de entrada de divisas al país, superada por el petróleo, la industria automotriz y el sector turístico.

La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas; son mano de obra barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.

El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con los intereses de una burguesía trasnacional. Se debe recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes y su explotación son de la nación y su desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no se agote”.

Violaciones a los DH

Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través de 2 mil 183 títulos, también es donde más violaciones a los derechos humanos se registran en la industria minera.

El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que “las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”.

Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e incluso, a la vida”

Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo el primer lugar en incapacidades permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el primer lugar por incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron a 705; y el primer lugar en enfermedades de trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Coahuila: mineros en calidad de servidumbre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso.

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El Ejército contra el Ejército

Detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, violaciones a los derechos humanos, agresiones de todo tipo –entre ellas las sexuales–, asesinatos y aun ejecuciones contra civiles han aumentado el descrédito de las Fuerzas Armadas del país, principalmente en los últimos años, si bien la impunidad por esos actos sigue siendo una constante histórica. Es más: ni los propios militares consiguen librarse de los abusos de los militares. En las instalaciones castrenses, decenas de ellos que se encuentran en calidad de indiciados esperan la resolución de sus procesos, que en ocasiones involucran acusaciones ridículas…

El Ejército en Acapulco.

Arturo Rodríguez García

Cada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando.

Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas… pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas sus zonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo.

Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas por los propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropa son despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún general, almirante ni otros oficiales superiores; sólo mandos medios, grumetes y soldados rasos.

Una vez que pasaron lista, deben tomar un desayuno insalubre, en trastes de plástico manchados por no lavarse en varios días, rellenos una y otra vez del potaje extraído de la llamada “cazuela del perro”.

Luego se les ordena permanecer en un lugar para el adiestramiento, que no les dan, pero rompen filas hasta que algún oficial lo decide. Los originarios del Distrito Federal van con sus familias, pero la mayoría, sin ingresos y venidos de lejos, permanecen inactivos, esperando por años que se resuelva su caso.

Están ahí en cumplimiento del artículo 6 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados (RGMPS), norma que no reglamenta ninguna ley.

Los motivos por los que cumplen esa prisión a medias no son claros para alrededor de 2 mil efectivos indiciados por la justicia castrense que están repartidos en las regiones militares. No fueron sentenciados por un tribunal ni se les acredita aún ningún delito, pero en general fue por “sospechosos” que perdieron la libertad, sus derechos laborales y su patrimonio, además de que no cuentan con seguridad jurídica.

“Dando una interpretación mezquina a la Constitución, nos convierten en víctimas de un código de justicia militar que es ambiguo, confuso, arcaico. Estamos indefensos, marginados, percibiendo el 10% de nuestro salario, muchas veces acusados por encontrarnos en la parte inferior de la cadena de mando”, explica el capitán segundo Manuel Contreras Marqueda.

A ello se suma la cancelación de créditos hipotecarios y la confiscación de bienes facultada por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Banjército.

Desde enero de 2011, un grupo de oficiales que forma parte del agrupamiento emprendió una serie de acciones para exigir la derogación del fuero de guerra, que consideran injusto para los propios militares y en el que, dicen, se basa la impunidad en violaciones a los derechos humanos de civiles. Incluso señalan que orilla a soldados a suicidarse o bien desertar o enrolarse en grupos criminales, con tal de “subsistir a cualquier costo”.

De acuerdo al párrafo segundo del artículo 13 constitucional, en México “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Además, el artículo 123, en la fracción XIII de su apartado B, establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.

A juicio de los denunciantes, entrevistados por Proceso, lo anterior posibilita la subsistencia del RGMPS y que el Código de Justicia Militar (CJM) sea el marco jurídico por el que ministerios públicos y juzgados militares carecen de autonomía y siguen al servicio del mando militar, con lo que se viola la división de poderes estipulada en el artículo 49 constitucional. Es decir, en última instancia el presidente es comandante en jefe, legislador, acusador y juez.

El capitán Contreras explica que los defensores de oficio no suelen representar a los acusados en la justicia militar y los que tienen posibilidades de hacerlo son designados fiscales. Así, los peores abogados militares son defensores de oficio, y los mejores, ministerios públicos. Ellos, como los jueces, responden a la misma cadena de mando y a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por lo general, el defensor aconseja al “cliente” que se declare culpable.

“El espíritu de nuestra denuncia contra el fuero de guerra se funda en la exigencia legítima al Estado mexicano de que propicie la igualdad ante la ley. Como integrantes de las Fuerzas Armadas, reclamamos que se nos reconozca como seres humanos y como ciudadanos”, añade el oficial.

Sus compañeros condicionan el encuentro con el reportero: “Aceptamos hablar, pero que quede claro: hacemos responsable a nuestro comandante en jefe, el presidente Felipe Calderón, y a los secretarios de Defensa y de Marina, de nuestra integridad y la de nuestras familias”.

Excesos

–¿A qué se refiere con “verle los calcetines” a su superior?

–¿Le suena absurdo, verdad? Esa es una de las acusaciones: la falsedad de haberle visto los calcetines a un oficial.

“También me acusaron de que algunos elementos me llaman por mi nombre y otros por mi grado; del delito de que mi hermano sea yerno del contralmirante Marco Antonio Peyrot (que fue secretario de Marina en el sexenio de Fox); además, de ser estricta en las limpiezas bucales, de haber dejado un resto reticular y de que mi consultorio se contaminó de influenza. Contra todas las pruebas que aporté, el Consejo de Honor me declaró culpable”, explica la teniente de fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias.

Una veintena de soldados, de civil y encapuchados, se presentó en las instalaciones sanitarias de la Primera Región Naval, en Tampico, Tamaulipas, el 18 de febrero de 2010. Descendieron de tres vehículos y con violencia se llevaron a la teniente Eguileta al hospital militar de esa ciudad portuaria.

La oficial es alta, rubia y atlética. Los soldados le ordenaron desvestirse y le tomaron fotografías y video. De ahí la llevaron a la base militar de Tancol, en el mismo estado.

“Me dijeron que me trasladarían. Ellos iban de civil, yo uniformada; entonces supe que me querían matar. En la central camionera de Tampico me querían aplicar la ley fuga, porque de repente abrieron la puerta y me aventaron. Gracias a Dios, me les escapé a los judas.”

La teniente se escondió. Mandó publicar un desplegado denunciando los hechos el 19 de febrero de 2010 en El Sol de Tampico, pero no encontró protección, sino al contrario: un comando ingresó a su domicilio particular y sustrajo equipos de cómputo, documentos y objetos personales. Con miedo, viajó a la Ciudad de México y se entregó a la justicia militar.

“Aún no me explico cómo el contralmirante (Francisco Sáynez) permitió ese secuestro, siendo yo una oficial de la Armada y mis captores elementos del Ejército”, dice.

Como oficial de la Marina Armada de México, la teniente Eguileta es procesada por la justicia militar, pues la Secretaría de Marina no cuenta con un sistema de justicia. “En las Fuerzas Armadas hay mucha corrupción. Mientras el presidente dice que quiere cambiar el país, nosotros vemos que no atiende las soluciones que se le plantean, y una de ellas es la eliminación del fuero de guerra”, agrega.

El teniente de corbeta Iván Gómez Ortiz añade que con la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueve Felipe Calderón no sólo se daría un poder descomunal a los mandos militares:

“Si con nosotros hacen lo que quieren, imagínese con el personal civil. Con esa reforma nadie va a poder detenerlos. Es mucho poder en juego. Con miedo estamos abordando el tema y, más allá de nuestros casos, estas denuncias son por México, por sus instituciones y por los compañeros que están en la misma situación que nosotros, sin ser escuchados y vencidos en juicio, que han perdido todos sus derechos.”

Entre los integrantes de este agrupamiento hay quienes dispararon a civiles por una orden de sus superiores, pero éstos no asumieron las consecuencias. También los que trataron de expresarse con libertad.

Por ejemplo, el teniente de transmisiones Manuel Álvares Domínguez fue acusado de motivar a otros militares a conseguir un incremento salarial. El oficial consiguió que integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas asumieran su causa en lugar de un defensor de oficio militar y, gracias a un amparo, regresó a su plaza.

En un escrito dirigido a los titulares de los tres poderes, así como al ómbudsman y a distintas instancias especializadas en derechos humanos dentro y fuera del país, el 11 de julio de 2011 el capitán Álvares expuso los casos de otras víctimas de la justicia militar, que impone a los militares indiciados una “sentencia previa”.

Citó al mayor médico cirujano Óscar Antonio Cabrera, quien se suicidó en agosto de 2010 al no soportar las cargas del proceso y el despojo de su patrimonio, y al teniente de zapadores Julio César Reyes Fiscal, quien terminó con su vida al mes siguiente. Ambos estaban en el agrupamiento.

Juicios por consigna

El capitán segundo en materiales de guerra del Ejército, Manuel Contreras, y el teniente de corbeta y contador de la Armada, Iván Gómez, están acusados de delitos semejantes: descubrir robos y denunciarlos.

Contreras estaba destacado en la XXIV Zona Militar, con sede en Morelos, bajo las órdenes del general Ricardo Escorcia Vargas, a quien relevó después el general Leopoldo Díaz Pérez, hoy conocido por estar implicado en la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el 1 de mayo de 2011, así como por ser el operador del plan contrainsurgente en Chiapas de 1995 a 2000.

Cuando, cumpliendo sus funciones, Contreras hizo un balance de materiales detectó cartuchos faltantes. Dio parte del robo, pero lo hizo tres meses después de ocurrido, pues se trata de un inventario difícil de detectar por el volumen. Pese a que comprobó que no estaba a cargo del almacén en el momento del robo y que fue él quien lo denunció, se le abrió la averiguación previa 042/2010. Como pocas veces, pudo sentar a un general (Díaz Pérez) en su juicio, pero éste respondió con burlas y divagaciones en la diligencia mientras el juez lo festejaba. Ahí sigue Contreras, a un año y medio de ser indiciado.

Al teniente Gómez, según el expediente 057/2011, se le acusa de no percatarse a tiempo de un fraude. Contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, Gómez realizó una auditoría en la Primera Región Naval, en Tuxpan, Veracruz, y aportó los elementos para la denuncia.

Al presentarse en el juzgado para dar su testimonio, se sorprendió porque apareció como responsable y ahora está sujeto a proceso militar. “Cuando a los mandos les pegas en el dinero, no sabes lo que te espera”, dice.

Contreras abunda en que el agrupamiento es un negocio fraudulento que capta recursos que los militares y marinos denunciantes calculan entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, ya que a unos 2 mil indiciados se les retiene el 90% de su ingreso y el destino de ese dinero no es transparente.

“Con eso, según mis cálculos, se pagarían la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro”, interviene la teniente Eguileta.

De acuerdo al artículo 20, fracción IV del RGMPS, la nómina y beneficios incautados deben reintegrárseles a los indiciados si quedan absueltos. Pero eso no ocurre y nadie sabe a dónde va el dinero. A eso le atribuyen que siempre resultan culpables.

Contreras afirma que en esta trama juega un papel importante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que termina siendo un instrumento de persecución por las retenciones de nómina sin transparencia.

En el mencionado oficio de 2011, el teniente Álvares Domínguez observó: “Se pierde totalmente el fin único de la existencia de la justicia, pues ya no se busca balancear la ecuación existente entre delito, acusado y daño, sino la tipificación del acusado, la persecución y exterminio en vida”. Añade que la mayoría de los indiciados no cuenta con una profesión civil, pues ha dedicado su vida a las Fuerzas Armadas.

“Hemos olvidado el concepto de dignidad y nos hemos dedicado a sobrevivir, no escatimando modo alguno de obtener ingresos, trabajando de cargadores, pintores, vendedores de tamales o dulces y, los más afortunados, trabajando de escoltas, sin la certeza de que en alguna ocasión escolten, sin darse cuenta, a personas de la delincuencia organizada, con la única intención de no ver a sus hijos lamentándose en la miseria.”

Para Contreras Marqueda, las consecuencias del fuero de guerra van más allá y provocan un daño a la sociedad, ya que posibilita la impunidad de los mandos superiores en la violación de derechos humanos. Por eso, dice, todos los actores políticos le temen al Ejército, pese a que con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla el Estado mexicano debería reformar el Código de Justicia Militar.

–Sabe usted mucho de leyes –se le comenta.

–La mayoría no sabemos nada, confiados en que siendo gente de bien nunca nos pasará nada, hasta que un día pasa y tienes que aprender para defenderte.

En octubre pasado los oficiales inconformes sostuvieron un encuentro con Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Fue un logro, pues desde hace un año han pedido cita al ómbudsman Raúl Plascencia pero ni él ni nadie los recibe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Zavala los escuchó, fue amable, les dio una lectura jurídica y les dijo que ya habían hecho mucho, que ahora confiaran en quienes deben resolver las cosas. Esperaron y nada, como también aguardan respuestas del Congreso, del Poder Judicial y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al que le hicieron llegar sus denuncias para que se investigue a los responsables de la justicia militar por su actuación y se indague el destino del dinero confiscado, así como para proponer reformas que erradiquen el fuero de guerra.

Eguileta y Gómez, marinos ambos, alzan sus tazas de café y las chocan. La primera advierte:

“Los militares y marinos somos buenas personas, gente común como todos, pero con una responsabilidad con el país. Muchos creemos en las Fuerzas Armadas y en la lucha contra el narco. Muchos arriesgan sus vidas a diario, por eso nos duele esta situación. No somos maleantes, pero nuestras familias sufren y, claro, tenemos miedo por nosotros y por ellos. Lo único que queremos es justicia para todos, militares y civiles, por eso es esta lucha.”

En México, militares violan derechos y gozan de impunidad: HRW

La Redacción

MÉXICO, D.F. (apro).- La tortura y las amenazas de muerte son prácticas comunes utilizadas regularmente por las fuerzas armadas de México contra aquellas personas acusadas

20 Ways the Obama Administration Has Intruded on Your Rights

Is there a fundamental difference between the Bush presidency and the Obama presidency in the area of domestic civil liberties?

AlterNet / By Bill Quigley

The Obama administration has affirmed, continued and expanded almost all of the draconian domestic civil liberties intrusions pioneered under the Bush administration. Here are twenty examples of serious assaults on the domestic rights to freedom of speech, freedom of assembly, freedom of association, the right to privacy, the right to a fair trial, freedom of religion, and freedom of conscience that have occurred since the Obama administration has assumed power. Consider these and then decide if there is any fundamental difference between the Bush presidency and the Obama presidency in the area of domestic civil liberties.

Patriot Act

On May 27, 2011, President Obama, over widespread bipartisan objections, approved a Congressional four year extension of controversial parts of the Patriot Act that were set to expire. In March of 2010, Obama signed a similar extension of the Patriot Act for one year. These provisions allow the government, with permission from a special secret court, to seize records without the owner’s knowledge, conduct secret surveillance of suspicious people who have no known ties to terrorist groups and to obtain secret roving wiretaps on people.

Criminalization of Dissent and Militarization of the Police

Anyone who has gone to a peace or justice protest in recent years has seen it – local police have been turned into SWAT teams, and SWAT teams into heavily armored military. Officer Friendly or even Officer Unfriendly has given way to police uniformed like soldiers with SWAT shields, shin guards, heavy vests, military helmets, visors, and vastly increased firepower. Protest police sport ninja turtle-like outfits and are accompanied by helicopters, special tanks, and even sound blasting vehicles first used in Iraq. Wireless fingerprint scanners first used by troops in Iraq are now being utilized by local police departments to check motorists. Facial recognition software introduced in war zones is now being used in Arizona and other jurisdictions. Drones just like the ones used in Kosovo, Iraq and Afghanistan are being used along the Mexican and Canadian borders. These activities continue to expand under the Obama administration.

Wiretaps

Wiretaps for oral, electronic or wire communications, approved by federal and state courts, are at an all-time high. Wiretaps in year 2010 were up 34% from 2009, according to the Administrative Office of the US Courts.

Criminalization of Speech

Muslims in the US have been targeted by the Obama Department of Justice for inflammatory things they said or published on the internet. First Amendment protection of freedom of speech, most recently stated in a 1969 Supreme Court decision, Brandenberg v Ohio, says the government cannot punish inflammatory speech, even if it advocates violence unless it is likely to incite or produce such action. A Pakistani resident legally living in the US was indicted by the DOJ in September 2011 for uploading a video on YouTube. The DOJ said the video was supportive of terrorists even though nothing on the video called for violence. In July 2011, the DOJ indicted a former Penn State student for going onto websites and suggesting targets and for providing a link to an explosives course already posted on the internet.

Domestic Government Spying on Muslim Communities

In activities that offend freedom of religion, freedom of speech, and several other laws, the NYPD and the CIA have partnered to conduct intelligence operations against Muslim communities in New York and elsewhere. The CIA, which is prohibited from spying on Americans, works with the police on “human mapping”, commonly known as racial and religious profiling to spy on the Muslim community. Under the Obama administration, the Associated Press reported in August 2011, informants known as “mosque crawlers,” monitor sermons, bookstores and cafes.

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Cédula de Identidad, a IPN-Cosmocolor

La empresa de este NARCO diputadillo; Jorge Kahwagi, que va a cagar el curul drogo y borracho a votar las reformas de la nacion, podría obtener indirectamente un contrato para el tramite de esta cedula.
El aspecto y comportamiento inquieto del diputado Jorge Kahwagi, coordinador del Panal, en la Cámara de Diputados causó polémica pues además de incoherente, se presentó con la camisa desabotonada y por fuera del pantalón, a veces dormitando, unas más distraído e indiferente. También se le vio sudoroso, despeinado, con la cara y los ojos hinchados, y bebiendo agua.....

Debido a “problemas técnicos” en la credencialización de la Cédula de Identidad Ciudadana, el Registro Nacional de Población e Identificación Personal entabla relaciones con el Instituto Politécnico Nacional para desarrollar un software que permita la toma biométrica: huellas dactilares y del iris, de la población mexicana menor de 18 años. Uno de los posibles proveedores de este equipamiento tecnológico para la casa de estudios es Cosmocolor, invalidada en el primer proceso de licitación. Con ello, la empresa de Jorge Kahwagi podría obtener indirectamente un contrato que perdió en 2009.

Érika Ramírez/Ruth Roque

El Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo) se encuentra en negociaciones con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para afianzar el proceso de enrolamiento de la Cédula de Identidad Ciudadana. Al organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) le urge recabar los datos personales, huellas dactilares y la lectura del iris de todos los ciudadanos menores de 18 años.

A la fecha existe una disparidad entre el número de registros y las credenciales emitidas, como consecuencia de unos “problemas técnicos” que se han presentado en la primera etapa del proyecto, reconoce en entrevista con Contralínea el titular del Renapo, Alberto Alonso y Coria.

Entre los posibles contratistas de este nuevo proceso, a través de una tercerización de servicios con el IPN, podría encontrarse la empresa Cosmocolor, propiedad de Jorge Kahwagi Gastine y su hijo Jorge Kahwagi Macari. Los representantes de esta compañía presentaron un recurso de inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la Segob al término del primer proceso de licitación, entonces ganado por la trasnacional Smartmatic International Holding. El principal argumento fue supuestas “irregularidades” en el concurso.

Al frente del Renapo desde el 10 de julio pasado, Alonso y Coria destaca que hasta el momento se han matriculado 1.9 millones de niños para obtener la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC). Señala que los padres se han “volcado” para registrar a sus hijos. No obstante, los números no coinciden con la emisión de tarjetas-credenciales. Fuentes cercanas al enrolamiento aseguran que han tenido problemas en la operación de los equipos, por lo que sólo se han emitido 400 mil plásticos con los datos biométricos de los ciudadanos.

Convenio con el IPN

La urgencia del gobierno federal para reproducir estas tarjetas ha llevado al Renapo a establecer relaciones con el Centro de Investigación en Computación del IPN, cuyo titular es Luis Villa Vargas.

Las mismas fuentes –allegadas al registro de casi 2 millones de niños– afirman que en lo que va de este año se le habrían entregado 75 millones de pesos a Cosmocolor, a través del Politécnico, sin previa licitación. A esto se suman los 1 mil 200 millones de pesos invertidos desde el inicio de este proyecto calderonista. Parte de estos recursos fueron operados “ineficientemente”, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), (Contralínea 245, 7 de agosto de 2011).

Entrevistado en sus oficinas de Reforma 99, Alberto Alonso y Coria hace un balance del programa para desarrollar la CIC y los vínculos con el Instituto. Comenta que el Renapo tiene programado un presupuesto de 800 millones de pesos, con una posible ampliación para 2012. Dos entidades ya concluyeron la etapa de registro: Colima y Baja California. En tanto, en Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Guanajuato y Baja California Sur se llevan a cabo las convocatorias para los padres de familia en las escuelas.

—¿El número de registros corresponde a la emisión de cédulas? –se le pregunta al titular del Renapo.

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—Hay una pequeña diferencia por los tiempos de transmisión. Una cosa es registrar y otra es que lleguen [las credenciales]. Hay que recordar que algunos de los equipos están en zonas rurales… O a lo mejor en urbanas, pero el enlace no está bien. Hay una serie de problemas, una pequeña merma.

—¿Cuántos niños cuentan ya con su cédula?

—No tengo el dato.

—Tengo entendido que son 400 mil.

—No cuento con esa información; no lo podría decir. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos para que todos los niños que han hecho su registro tengan su credencial.

Alonso y Coria asegura que “se está buscando mejorar el plan al llevar a cabo un número importante de acciones para optimizar nuestros procedimientos. Un proyecto de esta naturaleza requiere de una revisión permanente, constante, diaria”.

Uno de los problemas actuales del proceso de la CIC, comenta, es que debe desarrollar un soporte lógico en las propias maletas (equipo portátil), “un software que captura, procesa y eventualmente manda la información; la tecnología luego hace sus diabluras y tenemos que tener un registro de qué pasó”. A final de cuentas, añade, “quien debe tener el control es el Estado mexicano. En ese sentido, se está trabajando para el desarrollo de un programa informático con el IPN. Es una institución estatal financiada con dinero público. Entre sus objetivos, además de la educación, está la parte de investigación [científica] y desarrollo tecnológico”.

Los vínculos con el IPN

De las relaciones con el Instituto Politécnico Nacional, indica, se plantea una “solución integral”. Ésta tiene que ver con el desarrollo de sistemas y capacitación. También se tienen contemplados la generación de 3 mil puntos de recabación adicionales, “que son maletines para la captura del biométrico de los muchachos y el soporte que se requiere para toda esta operación”.

El director del Renapo añade que “es una solución que le conviene al Estado, a éste le favorece tener un insumo que le es necesario y se beneficia con soberanía sobre el aparato tan importante o la situación. Instrumentos tan valiosos que permiten [obtener] la información confidencial de los niños, sus datos personales”.

—Tenemos entendido que Cosmocolor también participa en este proyecto –se le cuestiona.

—El convenio que estamos por concluir con el Politécnico Nacional tiene una vinculación con los distintos proveedores de los diferentes equipos. Hay una serie de dispositivos que deben ser integrados y quien los completa es el Politécnico, que lleva esa relación, no la Secretaría de Gobernación.

Alonso y Coria niega que hasta el momento el acercamiento con el IPN haya generado algún tipo de gasto del presupuesto.

Contralínea solicitó una entrevista con Luis Villa Vargas, director del Centro de Investigación en Computación del IPN, área encargada de desarrollar el software para el Renapo. La solicitud se realizó a través de la Unidad de Comunicación Social del Instituto, que encabeza José Arnulfo Ramírez Cordero, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta.

Gestiones para Datacard-Cosmocolor

Una carta emitida por la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con copia en poder de Contralínea, muestra la promoción realizada por esta entidad gubernamental para que Datacard sea “considerada” como uno de los posibles proveedores del Renapo. Datarcard tiene como distribuidora en México a Cosmocolor.

Regina Gándara Mendoza, entonces encargada de la Dirección General de Promoción Económica Internacional, es quien firma el documento DGPEI-00399, fechado el 17 de febrero de 2009. En éste solicita al oficial mayor de la Segob, Abel Ignacio Cuevas Mel, una reunión con los ejecutivos de Datacard para “conocer los servicios que esta empresa podría ofrecer para la implementación de un programa de identificación en el Registro Nacional de Población”.

Para ese encuentro, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2009, ya se había confirmado la presencia del entonces director general del Renapo, Carlos Raúl Anaya, con los directivos de Datacard, Leonard W Levine, asesor decano del presidente; Zeca Peris, director de servicios de consultoría; y Joe López, director de Ventas para la Región de América Latina y el Caribe.

Datacard y Cosmocolor, los aliados

Otro documento –esta vez firmado por el gerente de Ventas de la trasnacional, Aaron Williams– muestra la relación entre la trasnacional y la empresa familiar de los Kahwagi. En éste, Datacard Group, con sede en Miami, Florida, acredita como su distribuidor mayoritario a Sistemas Integrales de Automatización, quien tiene como representante autorizado a la empresa Cosmocolor.

El comunicado se llevó a cabo para autorizar que fuera la compañía de Jorge Kahwagi la que mercantilizara el equipo de impresión al gobierno del Estado de México, como resultado del fallo de la licitación pública nacional LPN-019-2009.

Cosmocolor inconforme

Cosmocolor es la compañía que presentó su inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la Segob, luego de que se le adjudicara a Smartmatic International Holding el contrato relativo a la adquisición de equipo especializado para la obtención de la información biométrica para el Servicio Nacional de Identificación Personal.

Datos del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Compranet, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, indican que la compañía de Kahwagi ha obtenido en el fallo de licitaciones a su favor 418 millones 632 mil 500 pesos. Ésta ha sido proveedora del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, de la Secretaría de Transporte del Estado de México, del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, así como de la Secretaría de Administración del gobierno de Tamaulipas.

En sus argumentos de la inconformidad, la empresa afirma que se registraron irregularidades en el proceso de licitación SG-N-DA-11/09. El concurso implicó la adquisición de 2 mil equipos especializados para la obtención de la información biométrica que integrará el Renapo.

Jorge Pineda, encargado de Licitaciones Públicas en Cosmocolor, negó la entrevista a Contralínea, toda vez que, arguyó, tienen una agenda saturada y no hay postura al respecto. También se solicitó una entrevista a la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Unidad de Comunicación Social, sin que se haya obtenido respuesta.

Observaciones de la ASF, pendientes

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 identifica que la Segob, encabezada por Francisco Blake Mora, no cumplió con las normas que debieron ser aplicadas en los capítulos de “Servicios personales” (1000), “Servicios generales” (3000) y “Bienes muebles e inmuebles” (5000), a través de la Dirección General del Renapo (Contralínea, 7 de agosto de 2011).

Al respecto, el director general del Registro, Alberto Alonso y Coria, asegura que personal de ambas instituciones se encuentra trabajando en conjunto para dar salida a la solventación de observaciones emitidas por la ASF. “Hemos resuelto prácticamente la totalidad; todavía tenemos algunos puntos de atención”. Respecto de la falta de programación, asegura que “sí hubo ese tipo de problema, no al momento de la situación. Al día de hoy tenemos una calendarización muy precisa sobre cómo vamos a atender a las entidades, es parte de nuestro trabajo. No solamente tenemos eso, sino un seguimiento puntual de cada una de las acciones”.

El senador Felipe González González, secretario de la Comisión de Gobernación por el Partido Acción Nacional, desestima las observaciones de la Auditoría, entre las que destaca que el Renapo no cuenta con un sistema actualizado que pueda garantizar la seguridad de todos los datos.

“Está mal. Asistimos a una presentación en la que se nos informó cómo está reforzado para que no entre un hacker al programa de captación de toda la información. La ley misma señala que [para] todo aquel que mal use, saque un dato de esa base de datos, que va a ser el Registro de Población, existe una pena de 20 años. Van a estar juramentados todos los que entren al sistema, porque cada sexenio los cambian.”

Ante el incumplimiento de contratos, como lo documentó la ASF en el Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2009, el legislador panista indica: “Ahí hay una responsabilidad que no la puede evadir nadie. El haber empezado a hacerlo en Baja California y Guanajuato fue para quitarse de encima el golpe de que no se estaba cumpliendo los tres años”.

Niños, sin protección

Uno de los argumentos del Estado para promover la afiliación de los niños y adolescentes de México es la seguridad. Los discursos del secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, y del presidente Felipe Calderón argumentan que la inscripción de la población infantil “obedece a que son un segmento de la población, probablemente el más expuesto a la vulnerabilidad de sus derechos y hay que protegerlos contra cualquier amenaza”.

No obstante, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, critica esta postura, pues la garantía de seguridad, señala, se da a través de la institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección de los derechos de los niños. Los argumentos oficiales “son frágiles”, asegura, y aunque jurídicamente están en el derecho y conforme a la ley para llevarlo a cabo hay un tema de carácter técnico y de viabilidad: “El derecho a la identidad no está en una cédula de identidad, sino en un acta de nacimiento. La tipificación de los chicos que han sido sustraídos de su núcleo familiar no se resuelve con una cédula sino con investigación e inteligencia policiaca”.

Señala que los mexicanos se deben preguntar “cuál es la tarea y el sentido de las acciones del gobierno para garantizar la defensa de los derechos de los niños”. Además, considera, que no es lo mismo “resguardar a los niños” que cuidar sus derechos. Cuando resguardas a éstos creas institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección”.

El documento Inversión pública en la infancia y la adolescencia en México (versión actualizada 2008-2011), publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés), indica que casi el 6 por ciento del producto interno bruto está destinado para atender a la niñez.

Durante este periodo, indica la Unicef, “la inversión federal en niños y adolescentes osciló entre 737 mil millones y 819 mil millones de pesos al año, a valores constantes de abril pasado. En total, en el periodo referido se invirtieron 3 billones 123 mil 554 millones de pesos en los niños del país, lo que implica una inversión promedio de 5.85 por ciento del producto interno bruto de México y de 30.25 por ciento del gasto programable total”.

El gasto empleado en salud corresponde a 34.41 por ciento; vivienda y su infraestructura, 0.19 por ciento; alimentación y nutrición, 4.6 por ciento; asistencia social, 3.72 por ciento; educación, 46.94 por ciento; deportes, recreación y cultura, 0.65 por ciento; urbanización y desarrollo regional, 8.61 por ciento; medios masivos de comunicación, 0.01 por ciento; y en el rubro de protección contra abuso, violencia, explotación y discriminación sólo se emplea el 0.87 por ciento.

La SCJN desecha controversia constitucional

El 7 de septiembre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional interpuesta por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El senador panista Felipe González defiende la puesta en marcha de este proceso y expone que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 36, fracción primera, que es obligación de los residentes inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que las leyes dicten.

“De la misma forma, el segundo párrafo del artículo 36 establece que la organización y el funcionamiento del citado registro y la expedición del documento de identidad son servicios de interés público. Por lo tanto, es una responsabilidad que le corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que se vayan estableciendo en la ley.”

El 25 de enero pasado, la Cámara de Diputados interpuso ante la SCJN una controversia constitucional en contra de Calderón y su gabinete, al considerar que la Cédula de Identidad Ciudadana incurría en ilegalidades: la primera, “el Ejecutivo no puede por sí solo regular o reglamentar un aspecto que la ley le ha conferido al Legislativo, mismo que no ha normado respecto a la Cédula”. La segunda corresponde a la violación de los derechos humanos con la obtención de los datos biométricos y la lectura del iris de los mexicanos.

Jaime Cárdenas Gracia comenta que después del fallo de la SCJN la única vía que podrían utilizar los ciudadanos para evitar la “violación de sus derechos humanos” será mediante el amparo.

Estado policiaco

De acuerdo con especialistas, defensores de derechos humanos y de la niñez, la Cédula de Identidad Ciudadana violenta la integridad de los menores, pues en ningún país se recaban los datos biométricos y las huellas dactilares de las personas en un sólo documento.

David Peña, abogado defensor de derechos humanos, indica que “ni en Estados Unidos, una de las naciones más desarrolladas del mundo, existe un registro de las huellas dactilares de sus ciudadanos, en tanto no hayan cometido ningún delito. La CIC responde más a un Estado policiaco de la actual administración, que a la protección de los mexicanos” (Contralínea, 7 de agosto de 2011).

Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, añade que “es excesiva la cantidad de elementos biométricos que se han incorporado, sobre todo cuando en el estándar internacional no está sustentado en los esquemas de identidad policiaca, sino de identificación de una persona. Éstos están definidos con el pasaporte, que es un documento biométrico de reconocimiento mundial”.

De la revisión de las solicitudes que hacen los gobiernos de México, España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Reino Unido para identificar a sus ciudadanos se desprende que ninguno conjunta los biométricos, con huellas dactilares y la lectura del iris.

El director del Renapo justifica: “Hay que tener cuidado porque el tema, por ejemplo del iris, es una cuestión nueva. No tiene mucho tiempo y los sistemas de identificación de los países tardan mucho tiempo en tomar decisiones hasta que se logra instrumentar; por consiguiente, no son tan dinámicos, no son cambiantes las innovaciones tecnológicas”.

Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011