Néstor Moreno. Prófugo.MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si el enriquecimiento de Néstor Moreno Díaz, el funcionario fugitivo que adquirió un yate y un automóvil Ferrari producto de sobornos, exhibió la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un fraude por más de 300 millones de pesos cometido por uno de sus subordinados, Alejandro Morales Méndez, apunta a que el saqueo en esa institución es también una práctica impune.
En efecto, pese a estar preso, Morales Méndez logró que más de 100 millones de pesos en propiedades –casas de lujo, ranchos, terrenos y cuentas bancarias– no le sean incautados para reponer por lo menos una tercera parte del dinero que robó a la CFE para adquirirlas.
Y es que al mismo tiempo que Moreno Díaz recibía sobornos de la empresa Lindsey Manufacturing por otorgarle contratos de la CFE, como acreditó una investigación en Estados Unidos, Morales Méndez robaba claves de acceso de sus empleados para hacer transferencias de recursos de la paraestatal a cuentas bancarias suyas y de sus familiares.
De acuerdo con el expediente del caso, que ocurrió durante la gestión de Alfredo Elías Ayub como director de la CFE, Morales Méndez, encargado del manejo de recursos financieros de la Subdirección de Transmisión, transfirió 308 millones de pesos de la cuenta de la paraestatal en HSBC a las suyas y las de algunos parientes, entre 2003 y 2007, aunque luego se supo que esa práctica la venía realizando desde 1999.
Así como los órganos de control de la CFE no detectaron los sobornos a Moreno Díaz, director de Operación nombrado por Elías Ayub, tampoco lo hicieron con las operaciones financieras de Morales Méndez hasta que una cajera, María Elena Guerrero Escamilla, descubrió y denunció el fraude.
Pero la justicia en México cometió una aberración: La sentencia a Morales Méndez por el robo de los más de 300 millones de pesos a la CFE, cuatro años y seis meses, es la misma que se impuso a Guerrero Escamilla, que sólo tiene en contra pruebas como su clave de acceso bancaria (password) que le fue hurtada y el testimonio de un empleado de Noé Peña –un alto exfuncionario allegado a Moreno Díaz– que resultó ser falso.
“Es una sentencia absurda, porque son cuatro años y seis meses para el que se robó 300 millones de pesos y se benefició a él y a su familia, que para María Elena, que no tiene un cinco en su bolsa ni en su única cuenta bancaria ni de sus familiares. ¡Es una incongruencia del juez!”, afirma Alejandro Ortega Sánchez, abogado de Guerrero Escamilla.
–¿Es un caso parecido al del premiado documental Presunto culpable?
–Es peor –dice el abogado–, porque María Elena no sólo es inocente, sino que descubrió cómo se estaba robando a la CFE, detuvo las transferencias que estaban en curso y presentó la denuncia.
Pero mientras la cajera ha sido privada de su libertad a pesar de ser inocente, Morales Méndez no tiene de qué quejarse, dice el abogado: “Si dividimos 300 millones de pesos entre los cuatro años y seis meses de la sentencia, veremos que él gana cinco millones y medio cada mes. Le conviene estar en la cárcel”.
En contraste, apenas el miércoles 28 de septiembre Guerrero Escamilla fue notificada por el Órgano Interno de Control de la CFE de su destitución definitiva de su puesto de cajera, junto con otros 13 involucrados en la investigación, incluido Morales Méndez, el beneficiario del fraude.
Encubrimientos
Esta historia del mayor fraude documentado en la CFE, dirigida durante 12 años por Elías Ayub –desde el gobierno de Ernesto Zedillo hasta marzo de este año–, no se explica sin la protección al más alto nivel de la que aún goza Morales Méndez, dice Ortega Sánchez.
Es la misma protección, relaciona el abogado, que se le dio a Moreno Díaz, quien recibió sobornos entre 2002 y 2009 y que las autoridades mexicanas sólo intervinieron hasta 2010, cuando se conoció públicamente la investigación que se hizo en Estados Unidos por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Morales Méndez, quien jerárquicamente dependía de Moreno Díaz, trabajó en la CFE hasta 2005 y dos años después seguía haciendo transferencias de la cuenta de la paraestatal en el banco HSBC a sus cuentas personales, aun en horarios inusuales, sin que los órganos de control de ambas instancias las percibieran.
“Hay protección al más alto nivel de la CFE, desde luego, porque los flujos de dinero tenían que ser detectados”, insiste el abogado, quien dice que el propio banco entregaba estados de cuenta a la paraestatal donde se establecía, inclusive, que las transferencias se hacían en horario no previsto en el contrato con HSBC.
En efecto, conforme a los registros obtenidos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los que Proceso tiene copia, hay transferencias realizadas a las cinco, seis y siete de la mañana a cuentas de Morales Méndez, su esposa Dora Alicia Hernández García y de su primo Crisógomo Morales González.
Por ejemplo, el 6 de julio de 2006, cuando ya no era funcionario, Morales Méndez transfirió de la cuenta de CFE a una suya en HSBC 1 millón 875 mil 489 pesos, a las 7:19 de la mañana; el 15 de agosto siguiente hizo otra transferencia, a las 6:48 AM, por 758 mil pesos, y al día siguiente realizó una más, a las 6:18 horas, por 1 millón 689 mil 521 pesos.
El mismo 6 de julio de 2006, Morales Méndez realizó otras dos transferencias, a las 7:22 y 7:26 de la mañana, pero a una cuenta de su primo Crisógomo Morales González: una fue por 1 millón 452 mil 781 pesos y la otra por 1 millón 874 mil 512 pesos.
Justamente a la cuenta de Crisógomo fueron a parar varias de las transferencias que supuestamente hizo la cajera Guerrero Escamilla en julio de 2006, quien sin embargo se percató del fraude sólo hasta el año siguiente, el 20 de junio de 2007, cuando llegó a su oficina y vio que su computadora estaba encendida y estaban en proceso transferencias.
Ella misma narró cómo ocurrieron las cosas en una carta manuscrita que envió a Felipe Calderón el 23 de agosto de 2007 desde la penitenciaría de Santa Marta Acatitla, que también dirigió al entonces procurador Eduardo Medina Mora, a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y a Elías Ayub, director general de la CFE:
El pasado 20 de junio de 2007, me percaté de un cuantioso fraude que se estaba llevando a cabo en la caja de la Subdirección de Transmisión, Comisión Federal de Electricidad, en donde presto mis servicios desde hace 21 años e inmediatamente lo denuncié ante mis superiores.
Al participar en la investigación, grande fue mi sorpresa al descubrir que se había utilizado, entre otros, mi password para realizar transferencias indebidas a cuentas personales, destacando entre ellos a quien fue mi jefe inmediato anterior. Ese mismo día por la noche fue robado de mi computadora el disco duro, el cual contenía información vital para mi defensa.
El Ministerio Público decidió cambiar mi situación jurídica de testigo a indiciada, terminando en mi detención, y deseo ratificar ante ustedes mis declaraciones hechas anteriormente, en el sentido de que jamás proporcioné mi password a persona alguna y niego tajantemente haber participado en ningún tipo de fraude en contra de la Comisión Federal de Electricidad, empresa a la que respeto profundamente, pues me ha dado sustento a mí y a mi familia, y nunca mantuve ninguna relación de amistad ni comercial con las personas que se vieron beneficiadas económicamente con el desvío de dinero.
Como se ha comprobado, no poseo bienes muebles e inmuebles y los que tengo son producto de mi salario. He demostrado a través de mis estados de cuenta y propiedades que ni yo ni ninguno de mis familiares nos hemos visto beneficiados.
Mi honestidad en el trabajo puede se constatada no sólo por el desempeño y resultados obtenidos, sino por la opinión de mis superiores y compañeros.
Me encuentro detenida injustamente porque soy inocente y si tuviera que denunciar nuevamente lo haría porque creo en mis principios, en la Comisión Federal de Electricidad, en la justicia y en México.
Es por ello que desde este lugar les solicito no un favor, sino su intervención para que se me imparta justicia y aboguen por que mi caso sea revisado y se castigue a los verdaderos culpables.
La carta fue formalmente recibida por aquellos a quienes estaba dirigida, pero el ruego de Guerrero Escamilla fue ignorado, a pesar de que el testimonio del testigo de cargo, René Trejo Orduña, fue desacreditado y se comprobó que su clave de acceso le fue hackeada, luego de un peritaje al sistema del banco.
Trejo Orduña, quien actualmente es jefe de unidad en la Subdirección de Transmisión, declaró que, en un baño, escuchó que Julián García Aguado, otro de los procesados, le decía a Guerrero Escamilla que habían sido descubiertos y que debían huir, pero no quiso sostener su dicho, según el abogado Ortega Sánchez.
Ni justicia ni nada
Luego de que el 20 de junio de 2007 Guerrero Escamilla descubrió las transferencias en curso, por casi 4 millones de pesos, lo reportó de inmediato a su jefa, Diana Patricia Gutiérrez Molina, pero la Procuraduría General de la República (PGR) procedió contra ambas.
A la funcionaria que hizo el descubrimiento le fincó responsabilidades por el delito previsto en el artículo 113 bis, párrafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que utilizó un sistema electrónico interno para hacer los depósitos a través del sistema Mysap-R3 conectado a cuentas bancarias de HSBC, instalado precisamente por Morales Méndez para el manejo de los recursos financieros.
Morales Méndez, quien fue detenido por la PGR cinco meses después de la captura de Guerrero Escamilla, el 7 de noviembre de 2007, ya había cometido robos desde 1999, como consta en un oficio de la Dirección de Finanzas de la CFE fechado el 30 de abril de 2008.
El primer desvío lo realizó el 29 de abril de 1999 por 168 mil pesos a su cuenta en HSBC número 4009820770 y casi un año después, el 17 de mayo de 2000, desvió otros 273 mil 856 pesos a la misma cuenta. Y después de otras dos transferencias por alrededor de 200 mil pesos, en agosto de ese año, el 29 de noviembre aumenta la cifra: 490 mil 520 pesos.
Es decir, durante ocho años Morales Méndez pudo hacer centenares de transferencias sin que los órganos de control de la CFE y del banco HSBC hayan detectado nada, lo cual implica que ha contado con complicidades, mientras que a Guerrero Escamilla se le acusa sólo por su clave bancaria que le fue robada, afirma el abogado Ortega Sánchez.
“El único sustento de la acusación y la sentencia a María Elena es que se utilizó su password para transferencia de unos 20 millones de pesos, pero muchos datos acreditan que ella no tuvo ninguna participación. Uno de ellos es que no obtuvo ningún tipo de beneficio para ella ni para nadie de su familia, que es un elemento muy importante, y otro es que ella fue la que descubrió ese tipo de transferencia, y en lugar de recibir un agradecimiento, lo que recibió fue la cárcel.”
Y destaca una paradoja: Aunque Morales Méndez está preso, logró que le devolvieran muchas de las propiedades que adquirió con el dinero robado a la CFE, porque ganó un amparo a la PGR.
“En un principio le aseguraron sus bienes, más de 50 casas, cinco ranchos y dinero en efectivo que tenía en las cuentas –más de 20 millones de pesos–, que sumaban más de 100 millones, que del gran total que se había sustraído a CFE era más de 30% pero, a través de un juicio de amparo, Alejandro Morales logró un desaseguramiento”, puntualiza.
Ortega Sánchez trató de evitar que se devolvieran los bienes producto del delito al exfuncionario, para tener pagada la reparación del daño y obtener la libertad de Guerrero Escamilla, pero el juez le dijo que sólo lo podía promover la parte ofendida, la CFE.
–¿Y lo hizo la CFE?
–No lo hizo, no entendemos por qué la CFE no pidió que se aseguraran los bienes de Alejandro Morales. Se ve una protección desde dentro de parte de funcionarios, y contra ellos no se fue la CFE. Al contrario, inventaron un testigo con una versión completamente falsa. No hay duda: Había una línea para irse en contra de la gente de abajo y no ver a la gente de arriba, la que realmente lo estaba ayudando a llevarse esos casi 300 millones de pesos.
Insiste: “¿Cómo los taparon? Agarrando a los de abajo que había involucrado el propio Alejandro Morales a través de su password. Ahí se ve claramente la protección, que también se ve a él porque no le quisieron asegurar sus bienes. ¿Cómo los va a repartir después? No sabemos qué tipo de compromisos haya adquirido”.
El caso de Guerrero Escamilla es complejo, porque ahora resulta que un magistrado consideró que el delito que se le imputa no es del fuero federal, sino común, lo que implicaría iniciar un nuevo proceso después de cuatro años de estar presa.
Y mientras se resuelve este conflicto de competencias en el Cuarto Tribunal Colegiado, cuya magistrada ponente es Elvia Díaz de León, Guerrero Escamilla ya perdió también su empleo sólo por haber descubierto y denunciado el fraude por más de 300 millones de pesos.
Ortega Sánchez promovió una denuncia contra Morales Méndez por el robo del password de Guerrero Escamilla y otra contra el testigo Trejo Orduña por dar falso testimonio, pero la PGR no ha hecho nada. “Ahí no actúan, no hay justicia ni hay nada”.
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