Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista parece satisfecho con una nueva forma de censura: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobierno intenta deslindarse legalmente, sin tener en cuenta que viola derechos por omisión, y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.
La edición 1821 de la revista ProcesoDurante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo.
La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: Veracruz sangriento. Reacomodo del narco, que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.
“A las tres de la tarde del domingo, recibimos información del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habituales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares”, explica Margarita Carreón, gerente de Ventas y Mercadotecnia de este semanario.
Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: El zar del juego. Una historia siniestra. En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo.
Como ejemplo, señala Carreón: “En Monterrey detectamos que en el operativo participaron mujeres que llegaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran, y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas”.
De acuerdo con los estudios del departamento de Mercadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.
Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública –casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado.
Antes de las incautaciones disfrazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso registró por lo menos 10 de estas operaciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos, los temas principales tienen que ver con los cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.
En 2007 fueron así “decomisadas” en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al cártel del Golfo, y el encabezado Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría.
La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, en la portada y la cabeza: El señor de la guerra en Tamaulipas. Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerrados donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue “cateado”.
A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organizada “obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido”, como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.
En ese documento se le explica que la decisión de acudir a la instancia internacional se debe a la urgencia de “solicitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión”.
El caso de Proceso, se añade, “es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el control que ejerce en algunas partes del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas”.
De acuerdo con los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos violados serían a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Proceso está en espera de la resolución final de la CIDH, toda vez que el Estado mexicano no ha dado respuesta a ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las medidas solicitadas.
Lavamanos oficial
La acción concertada para impedir la libre distribución de los números 1819 y 1821 de Proceso indignó a representantes de las Naciones Unidas, de la OEA y de Artículo 19, que en una alerta internacional consideró la compra masiva como “una modalidad de censura previa y, en consecuencia, una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público”. Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón “la compra masiva no es un delito”.
El martes 27 de septiembre, durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, calificó la maniobra como “un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información”.
Agregó: “Cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma, empresarialmente, la revista gana. Pero el objetivo es clarísimo: que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores”.
En ello coincidió el relator especial de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en el país el pasado 30 de septiembre, al culminar su visita oficial de tres días.
Consultado sobre los decomisos de hecho, Escobar Gil dijo: “En relación con la compra masiva de periódicos como una forma de acallar la libertad de expresión, es una práctica censurable y que también debe reprimir el Estado, porque cuando una persona o un agente compra masivamente todos los diarios o toda la circulación de un determinado periódico, lo que está haciendo es perpetrar un ataque contra la libertad de expresión. Este es un hecho que debe ser investigado, juzgado y sancionado por el Estado como una conducta violatoria a la libertad de expresión”.
En contraste con estas posturas, el gobierno calderonista sostiene que le corresponde a Proceso comprobar que se violentaron derechos fundamentales. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal Ordoñez, aseguró:
“Comprar revistas no es un delito en nuestro derecho vigente. Ustedes tienen elementos (…) para presumir o suponer que alguien está violentando su debida circulación, entonces están ustedes en condición de aportar esos elementos al Ministerio Público para que pueda iniciar, en su caso, la averiguación correspondiente.”
En entrevista telefónica realizada el martes 27, Villarreal Ordóñez manifestó, a nombre del gobierno federal, el “rechazo absoluto, categórico de cualquier tipo de práctica, sea de quien sea, orientada a impedir o a irrumpir o a obstaculizar la libre circulación de una publicación en este país”.
Los abogados de Artículo 19, Cynthia Cárdenas e Iván Báez, reaccionan a esta posición oficial:
“¡Si no es delito, es una clara violación a derechos humanos!—suelta Cárdenas–. Nada más ni nada menos es una clara violación al libre ejercicio de la libertad de expresión, y como gobernantes están obligados a resguardarlos, porque México ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos. Están obligados, más ahora con la reforma del artículo primero constitucional, que establece el respeto y apego irrestricto a los derechos humanos considerados en tratados internacionales”.
Por su parte, Báez destaca que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, reconocida por las Naciones Unidas y la OEA, es clara al señalar que “cualquier limitación a la distribución que llegue a usuarios de cualquier información se considera que es una violación al derecho tanto de libertad de expresión como al derecho de las personas”.
Y concluye: “Siendo que el objetivo del flujo de información es llegar al mayor número de destinatarios posible, si eso no pasa y el Estado no garantiza que ésta llegue al mayor número de personas, está incumpliendo sus obligaciones internacionales en la materia”.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario