Las masacres perpetradas en Culiacán y Guadalajara la semana pasada indican que Los Zetas han lanzado una ofensiva a gran escala contra sus enemigos, en particular el cártel de Sinaloa. Sus acciones, sin embargo, rebasan lo que podría llamarse una venganza. En el trasfondo yacen asuntos de envergadura binacional: la incapacidad del gobierno mexicano para sacar adelante su guerra contra el narcotráfico y las crecientes sospechas acerca de la protección y colaboración que parece recibir el cártel de Sinaloa por parte de autoridades de Washington, incluida la escandalosa entrega de armamento de alto poder a través de la operación Rápido y furioso. No en balde el proceso contra el hijo del Mayo Zambada, en Chicago, ha sido declarado un asunto de “seguridad nacional”.
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miércoles, noviembre 30, 2011
La ofensiva “zeta”
Las masacres perpetradas en Culiacán y Guadalajara la semana pasada indican que Los Zetas han lanzado una ofensiva a gran escala contra sus enemigos, en particular el cártel de Sinaloa. Sus acciones, sin embargo, rebasan lo que podría llamarse una venganza. En el trasfondo yacen asuntos de envergadura binacional: la incapacidad del gobierno mexicano para sacar adelante su guerra contra el narcotráfico y las crecientes sospechas acerca de la protección y colaboración que parece recibir el cártel de Sinaloa por parte de autoridades de Washington, incluida la escandalosa entrega de armamento de alto poder a través de la operación Rápido y furioso. No en balde el proceso contra el hijo del Mayo Zambada, en Chicago, ha sido declarado un asunto de “seguridad nacional”.
domingo, octubre 02, 2011
Proceso: La disfrazada operación para callarnos
La censura disfrazada
Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista parece satisfecho con una nueva forma de censura: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobierno intenta deslindarse legalmente, sin tener en cuenta que viola derechos por omisión, y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.
La edición 1821 de la revista ProcesoDurante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo.
La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: Veracruz sangriento. Reacomodo del narco, que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.
“A las tres de la tarde del domingo, recibimos información del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habituales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares”, explica Margarita Carreón, gerente de Ventas y Mercadotecnia de este semanario.
Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: El zar del juego. Una historia siniestra. En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo.
Como ejemplo, señala Carreón: “En Monterrey detectamos que en el operativo participaron mujeres que llegaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran, y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas”.
De acuerdo con los estudios del departamento de Mercadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.
Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública –casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado.
Antes de las incautaciones disfrazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso registró por lo menos 10 de estas operaciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos, los temas principales tienen que ver con los cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.
En 2007 fueron así “decomisadas” en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al cártel del Golfo, y el encabezado Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría.
La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, en la portada y la cabeza: El señor de la guerra en Tamaulipas. Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerrados donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue “cateado”.
A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organizada “obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido”, como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.
En ese documento se le explica que la decisión de acudir a la instancia internacional se debe a la urgencia de “solicitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión”.
El caso de Proceso, se añade, “es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el control que ejerce en algunas partes del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas”.
De acuerdo con los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos violados serían a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Proceso está en espera de la resolución final de la CIDH, toda vez que el Estado mexicano no ha dado respuesta a ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las medidas solicitadas.
Lavamanos oficial
La acción concertada para impedir la libre distribución de los números 1819 y 1821 de Proceso indignó a representantes de las Naciones Unidas, de la OEA y de Artículo 19, que en una alerta internacional consideró la compra masiva como “una modalidad de censura previa y, en consecuencia, una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público”. Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón “la compra masiva no es un delito”.
El martes 27 de septiembre, durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, calificó la maniobra como “un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información”.
Agregó: “Cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma, empresarialmente, la revista gana. Pero el objetivo es clarísimo: que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores”.
En ello coincidió el relator especial de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en el país el pasado 30 de septiembre, al culminar su visita oficial de tres días.
Consultado sobre los decomisos de hecho, Escobar Gil dijo: “En relación con la compra masiva de periódicos como una forma de acallar la libertad de expresión, es una práctica censurable y que también debe reprimir el Estado, porque cuando una persona o un agente compra masivamente todos los diarios o toda la circulación de un determinado periódico, lo que está haciendo es perpetrar un ataque contra la libertad de expresión. Este es un hecho que debe ser investigado, juzgado y sancionado por el Estado como una conducta violatoria a la libertad de expresión”.
En contraste con estas posturas, el gobierno calderonista sostiene que le corresponde a Proceso comprobar que se violentaron derechos fundamentales. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal Ordoñez, aseguró:
“Comprar revistas no es un delito en nuestro derecho vigente. Ustedes tienen elementos (…) para presumir o suponer que alguien está violentando su debida circulación, entonces están ustedes en condición de aportar esos elementos al Ministerio Público para que pueda iniciar, en su caso, la averiguación correspondiente.”
En entrevista telefónica realizada el martes 27, Villarreal Ordóñez manifestó, a nombre del gobierno federal, el “rechazo absoluto, categórico de cualquier tipo de práctica, sea de quien sea, orientada a impedir o a irrumpir o a obstaculizar la libre circulación de una publicación en este país”.
Los abogados de Artículo 19, Cynthia Cárdenas e Iván Báez, reaccionan a esta posición oficial:
“¡Si no es delito, es una clara violación a derechos humanos!—suelta Cárdenas–. Nada más ni nada menos es una clara violación al libre ejercicio de la libertad de expresión, y como gobernantes están obligados a resguardarlos, porque México ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos. Están obligados, más ahora con la reforma del artículo primero constitucional, que establece el respeto y apego irrestricto a los derechos humanos considerados en tratados internacionales”.
Por su parte, Báez destaca que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, reconocida por las Naciones Unidas y la OEA, es clara al señalar que “cualquier limitación a la distribución que llegue a usuarios de cualquier información se considera que es una violación al derecho tanto de libertad de expresión como al derecho de las personas”.
Y concluye: “Siendo que el objetivo del flujo de información es llegar al mayor número de destinatarios posible, si eso no pasa y el Estado no garantiza que ésta llegue al mayor número de personas, está incumpliendo sus obligaciones internacionales en la materia”.
lunes, septiembre 26, 2011
Veracruz, zona de terror
Rota la tranquilidad en territorio veracruzano por los reacomodos de los cárteles de la droga –no obstante la presencia masiva de elementos de la Marina en todo el estado-, la violencia se ha recrudecido en el último año, lo que convierte a Veracruz en la entidad más inestable por las balaceras y las constantes ejecuciones, sobre todo de zetas, quienes dominaron el entorno en la administración de Fidel Herrera. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció su llegada, es el que comienza a tomar posición. A ellos se les atribuye el medio centenar de violentas ejecuciones de la semana pasada en Boca del Río y el puerto jarocho.
XALAPA, VER.- La búsqueda de nuevos liderazgos entre la delincuencia organizada ha hecho de 2011 –el de la llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno estatal– uno de los peores años en la historia del estado de Veracruz, donde suman cientos los muertos y desaparecidos y el temor crece entre la población por las balaceras indiscriminadas en los principales centros urbanos y aun en esta capital.
XALAPA, VER.- La búsqueda de nuevos liderazgos entre la delincuencia organizada ha hecho de 2011 –el de la llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno estatal– uno de los peores años en la historia del estado de Veracruz, donde suman cientos los muertos y desaparecidos y el temor crece entre la población por las balaceras indiscriminadas en los principales centros urbanos y aun en esta capital.
La tortura y ejecución de 35 personas cuyos cuerpos fueron arrojados la tarde del martes 20 al pie del Monumento a los Voladores de Papantla y frente a una de las principales áreas comerciales de Boca del Río –la zona conurbada del puerto de Veracruz– constituye el hecho más sangriento de la violencia que escaló alarmantemente desde el anterior gobierno, el de Fidel Herrera Beltrán.
A pesar de la conmoción causada por esa demostración de fuerza y del despliegue de un millar de efectivos del Ejército, la Marina y la policía estatal para proteger el Decimoprimer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia el jueves 22 y viernes 23 en el hotel Fiesta Americana de Boca del Río, el día 22 aparecieron 14 cadáveres más en distintos puntos de esta ciudad y en barrios del puerto jarocho.
La tarde del martes 20, apenas tres horas después de que fueron tirados los primeros 35 cuerpos en Boca del Río, el procurador estatal, Reynaldo Escobar Pérez, declaró que varios de ellos eran miembros de la delincuencia organizada recién evadidos de tres penales locales.
Testigo de la penetración del narco en el estado desde los cargos públicos que ha ocupado durante una década, Escobar dijo haber echado mano de Plataforma México –la base de datos del gobierno federal sobre la actividad delictiva en el país– para determinar que entre las víctimas había delincuentes dedicados al secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo y otros ilícitos.
Con ello dio por válidos los mensajes inscritos en las mantas dejadas junto con los cadáveres y el “comunicado de prensa” enviado en forma anónima a las redacciones de los medios locales, que sólo publicó el periódico porteño Notiver, especializado en nota roja.
Aunque ninguna organización reivindicó la autoría, los escritos indicaban que los asesinados pertenecían a Los Zetas, el cártel que durante el gobierno de Herrera comenzó a tener el control delictivo en el estado a través de la organización conocida como La Compañía.
Según esa versión, el propósito es “sacar a Los Zetas” de territorio veracruzano, por lo que las autoridades temen más ejecuciones entre sicarios, colaboradores y aun agentes ministeriales y policías municipales y estatales.
Las primeras informaciones extraoficiales adjudicaron los crímenes a los matazetas, al cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció, en el portal de internet YouTube, su “llegada” a la entidad, luego de que, según el procurador, Los Zetas asesinaron en el puerto jarocho a los periodistas de Notiver Miguel Ángel López Velasco (en julio) y Yolanda Ordaz de la Cruz (en agosto).
El grupo, que en el video mostró a una treintena de paramilitares, es una escisión del cártel de Sinaloa y mantiene una disputa con La Resistencia, organización escindida de La Familia Michoacana y que durante la administración de Herrera se asentó en el sur de Veracruz.
Hoy, ante cada hecho relevante de violencia, el gobierno de Duarte suele enviar mensajes antizetas desde su cuenta de Twitter para asegurar que “en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”; incluso elude hablar de los reacomodos de Los Zetas provocados por el surgimiento de nuevos liderazgos de la propia organización en el estado, todo ello pese a que el cártel domina las actividades de delincuencia organizada en territorio veracruzano.
Los reacomodos
Durante el gobierno anterior La Compañía se organizó en la entidad como “consejo de gobierno” o “triunvirato”. Lo integraban Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss o el Doble X, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado, según una investigación judicial abierta en Estados Unidos en noviembre de 2007, a la mitad del gobierno de Herrera Beltrán.
De acuerdo con la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), La Compañía operó en todos los estados mexicanos que lindan con el Golfo entre 2006 y 2008 para traficar droga a Estados Unidos. En Veracruz se pudo establecer gracias al apoyo y control de autoridades municipales y estatales (Proceso 1736).
La Compañía fue integrada por los jefes del cártel del Golfo y su entonces brazo armado, Los Zetas, que estaba formado por desertores del Ejército. Pero tras su separación, a finales de 2008, la organización de exmilitares comenzó a dominar Veracruz, aun cuando había presencia de células del cártel del Golfo.
Varios de los integrantes de La Compañía ya han sido detenidos. Uno de ellos, Aurelio Cano Flores, incluso fue entregado el mes pasado en extradición a Estados Unidos, donde es juzgado en la corte federal para el distrito de Columbia por tráfico de cocaína y mariguana, junto con otros 18 miembros de esa organización.
La crisis de inseguridad se desató desde marzo de 2007, con una balacera en una carrera de caballos en el rancho Villarín, propiedad de Marciano Nayen Arrioja, en la congregación Santa Fe, municipio de Veracruz. Nayen se dedica a la actividad hotelera y restaurantera precisamente en Boca del Río.
La prensa local informó que el objetivo había sido Efraín Teodoro Torres, Z-14, aunque refirió también la presencia no confirmada de Tony Tormenta en la carrera donde se cruzaban apuestas millonarias. La violencia no se detiene desde entonces.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de 2009, dado a conocer en febrero de este año, detalla que la incidencia delictiva en Veracruz se incrementó 39.1% entre 2008 y 2009, al pasar de 4 mil 400 delitos por cada 100 mil habitantes a 6 mil 120.
Al realizar una auditoría de desempeño de la Policía Federal (PF), la Auditoría Superior de la Federación encontró que esas cifras colocaron a la entidad entre una de las más violentas en las que esa fuerza federal coordinó operativos conjuntos.
El control inicial de La Compañía y el posterior dominio de Los Zetas se trastocó con el cambio de gobierno. La llegada de Duarte, el 1 de diciembre pasado, agudizó la crisis de inseguridad. A finales de la administración de Herrera Beltrán la violencia se concentraba en los municipios del norte de la entidad, limítrofes con Tamaulipas, como Pánuco y Poza Rica. A inicios de 2011 el crimen organizado avanzó hacia plazas de mayor importancia, como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y la propia capital estatal.
Psicosis
El primer año de gobierno de Duarte ya quedó marcado como el más violento en el estado. Tan sólo en agosto y septiembre se registraron más de 200 muertos en trifulcas protagonizadas por sicarios y entre éstos y fuerzas federales, principalmente en zonas urbanas y a cualquier hora del día. Las balaceras han provocado psicosis entre la población. Cifras conservadoras mencionan que han caído 300 personas en esos encuentros.
A diferencia de su antecesor, Duarte se plegó a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón “contra el narcotráfico” y permitió que la Infantería de Marina sustituyera al Ejército en los principales operativos.
La confrontación política entre Herrera y Calderón limitó la presencia del gobierno federal en Veracruz en la política contra la delincuencia organizada entre 2007 y 2010, si bien Herrera dejó que la Secretaría de la Defensa designara a los secretarios de Seguridad Pública y entregó a la Marina el control del C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).
Durante la gestión de Herrera los operativos del Ejército se concentraron en zonas rurales, mientras que la PF sólo participó en acciones conjuntas, sin que éstas tuvieran mayor incidencia en los ataques a la delincuencia organizada.
Desbordado por la violencia, desde el inicio de su gestión, Duarte prácticamente dejó la seguridad del estado en manos de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, aunque el Ejército sigue participando en operativos tanto en zonas urbanas como rurales.
Apenas se dio el cambio de gobierno, el jefe de la Armada, el almirante Francisco Saynez Mendoza, oriundo de la entidad, acudió el 19 de enero de este año a la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, para advertir: “Veracruz es mi tierra, se va a limpiar”.
La Marina hizo entonces del puerto de Veracruz su principal centro de operaciones contra el narcotráfico, con más de 2 mil efectivos de Infantería y Fuerzas Especiales, desplegadas al inicio de agosto pasado, según reveló el diario La Jornada el 23 de ese mes.
El objetivo militar son Los Zetas, por lo que la fuerza naval especializada en operaciones continentales se envió directamente al propio puerto y a Xalapa, pues según la explicación oficial los integrantes de ese cártel se trasladaron de Tamaulipas hacia el sur en abril pasado, como reacción a los operativos militares en ese estado tras el descubrimiento de las fosas clandestinas en el municipio de San Fernando.
El despliegue ha incrementado los enfrentamientos en la entidad y ha tenido severos costos en ambos bandos. La Marina ha sufrido el secuestro, tortura y desaparición de algunos de sus miembros, lo que ha obligado a los marinos a cambiar de rutinas cuando están francos, lo mismo que las actividades de sus familiares. Los mandos les han sugerido incluso que modifiquen su apariencia y modo de caminar.
La Marina ha presentado a varios zetas como supuestos responsables de los agravios sufridos. Además, apenas el 9 de septiembre pasado, en una demostración de que ha trasladado su principal centro de operaciones al puerto, allí anunció el desmantelamiento de una red de “comunicación táctica” de Los Zetas en el estado.
Informó también que en operativos realizados entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre aseguró antenas, radios y unidades de telecomunicaciones en Poza Rica, Cofre de Perote, Naranjos, Tepetzintla, Veracruz, Orizaba, Tantoyuca y Xalapa. Además, dio cuenta de la detención de 80 personas, de las cuales 30% son mujeres.
Según el vocero de la Secretaría de Marina, el contralmirante José Luis Vergara, el cártel de origen castrense controlaba la información sobre los operativos de las Fuerzas Armadas, los puestos de control vehicular y la llegada de convoyes de organizaciones enemigas.
Las demostraciones de la semana pasada, avaladas por el gobierno de Duarte como acciones antizetas, coinciden con los operativos del gobierno federal contra la organización delictiva que dirige El Lazca, pero también demuestran la facilidad con la que operan los grupos delictivos que junto con las acciones militares han aterrorizado al estado.
Cuota roja
Los 35 cadáveres fueron arrojados el martes 20 a plena luz del día sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en Boca del Río, abajo del paso a desnivel Los Voladores de Papantla, frente al centro comercial Plaza Américas, una de las zonas comerciales más importantes de esa conurbación.
Pese a que se trataba de una hora hábil, las autoridades no se percataron cuando al lugar llegaron dos camiones de redilas para arrojar sobre el pavimento los cadáveres de hombres y mujeres semidesnudos, maniatados y con huellas de tortura.
Ante el cerco informativo impuesto por el gobierno y los propios grupos delictivos, la noticia empezó a difundirse de inmediato en las redes sociales, perseguidas penalmente por las propias autoridades estatales. El hecho pronto se volvió noticia internacional y el procurador quiso salir al paso, pero a tropezones. Pronto resolvió que se trataba de delincuentes.
Dos horas después de que se conociera lo que hasta ahora ha sido la principal ostentación de la violencia en el estado, el procurador Reynaldo Escobar Pérez, quien en el gobierno de Herrera fue secretario general de Gobierno –cargo al que llegó luego de pasar por la presidencia municipal de Xalapa–, ya había abierto la averiguación previa 843/2011.
El hecho ocurrió un día después de la fuga simultánea de 32 reos de los penales Duport Ostión en Coatzacoalcos, La Toma en Amatlán de los Reyes y el de Cosamaloapan, que provocó la renuncia del director general de Prevención y Readaptación Social, Víctor Hernández, y la detención de seis directivos de esos reclusorios.
En su edición del miércoles 21, Notiver difundió un mensaje que, asegura, fue colocado junto a los cadáveres y donde se habla de 50 ejecutados y no de 35, como sostienen el procurador y el gobernador. La cifra, sin embargo, llegó el jueves 22 por la noche a 49, con los 14 cuerpos encontrados ese día en distintos puntos de la zona conurbada del puerto y en la capital estatal, en condiciones similares a las primeras víctimas.
Según el rotativo, el comunicado fue enviado a todas las redacciones de periódicos, televisoras y estaciones de radio del estado. Sin embargo, sólo fue publicado en Notiver, cuyos directivos no explicaron cómo llegó a su redacción, aunque aseguran que el mensaje “lo vieron muchas personas que pasaban caminando y otras que iban en sus vehículos”.
El contenido dice: “Este día 20 de septiembre, aproximadamente a la 5 PM, aparecieron cincuenta cadáveres de hombres y mujeres ejecutados, pertenecientes a integrantes del cartel de Los ZETAZ (sic), tirados en el bulevar Ruiz Cortines, abajo del puente de Los Voladores de Papantla, frente a la Plaza Américas, todos con huellas de tortura.
“Estaban amarrados de manos y pies con cinchos, tenían pintadas unas Zetas en la espalda y con la leyenda ‘Por Z’, unos cuerpos estaban tirados en el suelo y tapaban la circulación de los autos que circulaban de Mocambo a Veracruz y otros estaban dentro de las redilas de dos camionetas Nissan.
“Fueron dejados con dos mantas con mensajes que alcanzaban a leerse: ‘No más extorsiones, no más muertes de gente inocente. Fuera ZETAZ (sic) del estado de Veracruz, aun faltan más ministerios públicos. Comandante Marcelo Castillo Torres. Zetas así acabaron o como los que hemos matado’.”
Al final, hacen un llamado: “Al pueblo veracruzano, no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas, si lo hace es porque quieren”.
La violencia se ha incrementado en casi todo el territorio veracruzano. Incluso se han registrado sucesos jamás vistos en la entidad, como la explosión de bombas en lugares públicos como los ocurridos en el puerto de Tuxpan, donde la mañana del 2 de agosto un comando lanzó un artefacto que explotó en la plaza cívica, muy cerca del Palacio Municipal, dejando a tres personas heridas.
Otro hecho que causó estupor e indignación, el mayor atentado perpetrado hasta ahora contra la sociedad veracruzana, fue la explosión de un artefacto lanzado por desconocidos en el bulevar Manuel Ávila Camacho del puerto de Veracruz, cerca del Acuario, donde murió una persona y tres resultaron gravemente heridas, entre ellas dos menores de edad de una familia del Estado de México que se encontraba de vacaciones.
Al comienzo del gobierno de Duarte, el 15 de enero pasado, la sociedad jalapeña se escandalizó por una balacera en la colonia Lomas de Casa Blanca, una de las más populares de la zona, entre tropas del Ejército y un supuesto grupo criminal. El enfrentamiento duró más de 12 horas y dejó 14 muertos, entre ellos dos militares. “No hubo víctimas de civiles”, según el reporte oficial.
Después de la balacera los familiares de las víctimas reclamaron los cuerpos de Lorenzo García, ingeniero en sistemas de 44 años, y de Miguel Ángel Sánchez Torres, un empleado de seguridad. Ambos eran originarios de Nuevo León y habían sido reportados como desaparecidos.
Sus deudos aseguraron que no eran delincuentes sino víctimas del grupo criminal que se enfrentó con las fuerzas federales, ya que los habían secuestrado cuando llegaron a esta ciudad el 10 de enero en misión de trabajo, para luego exigir un rescate. Sin embargo, “nos los entregaron muertos”, acusó la esposa de una de las víctimas.
Hoy la tranquilidad que caracterizaba a esta ciudad, famosa por su actividad cultural y artística, ha sido rota por las constantes balaceras, enfrentamientos y presencia de las fuerzas castrenses. Hoy, es cotidiano ver a efectivos encapuchados y fuertemente armados rondando las calles de esta capital en unidades artilladas.
martes, septiembre 13, 2011
Edición de Proceso “desaparece” de Monterrey, Puebla, Durango y León
MÉXICO, D.F. (apro).- La edición 1819 de la revista Proceso, actualmente en circulación, fue comprada maisvamente en las ciudades de Monterrey, Durango, Puebla y León, presuntamente para evitar su circulación.
En las cuatro regiones, la operación de compra del semanario se dio en circunstancias similares: personajes desconocidos para los voceadores preguntaban cuántos ejemplares tenían de la revista e inusualmente compraban la dotación completa.
De acuerdo con cifras preliminares, entre la tarde del domingo y la tarde del lunes, en Monterrey adquirieron alrededor de 2 mil 500 ejemplares, en Puebla, 2 mil 100, en León y Durango, mil en cada una.
La portada de Proceso destaca como su asunto principal un reportaje sobre el Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, que titula “Una historia siniestra” y que lo acompaña con una foto de dicho personaje de cuyas ligas con funcionarios, políticos y jerarcas católicos se va sabiendo.
La foto principal del reportaje escrito por los periodistas Jesusa Cevantes y Álvaro Delgado, que se despliega a partir de la página 6 y que tiene como cabeza principal: El gran corruptor y sus corrompidos, ubica en el centro al cardenal Norberto Rivera Carrera y a su lado al arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán, ambos flanqueados, a su derecha por Rojas Cardona y a su izquierda por el actual senador panista Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.
Otros personajes que aparecen en esa foto son Iván Garza Téllez, director del Registro Nacional de Miembros del PAN y Arturo Rojas Cardona, presidente de la empresa “Entretenimiento de México” y hermano del Zar de los Casinos, asi como David Aguilar Romero, director de comunicación social del alcalde panista de León, Ricardo Sheffield Padilla.
La presunta “desaparición” de la revista fue tema en las redes sociales. En Durango, Rafael Herrera Piedra, estratega de medios y primo del actual gobernador, Jorge Herrera Caldera, publicó a través de su cuenta de Twitter un mensaje en relación a la revista: “¿Quién es (son) el (los) personajes que están comprando masivamente la edición de hoy domingo de la revista Proceso?”, cuestionó.
Acto seguido, señaló que la respuesta a esa pregunta se encuentra en la página 6 de la edición 1819, en la que se publica el reportaje de Cervantes y Delgado.
Aunque el personaje principal del reportaje es el Zar de los Casinos, en él se refiere el papel que el senador por Durango, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, jugó en el presunto financiamiento a la campaña de Gustavo Madero para la dirigencia nacional del PAN; el duranguense era el enlace para la entrega de recursos económicos por parte de Juan José Rojas Cardona.
En esta ciudad, varios estanquillos de la capital del estado en los que se vende la revista Proceso se quedaron sin ejemplares de la edición 1819 momentos después de que se puso a la venta: la razón, una presunta compra masiva por parte de personajes desconocidos.
Durante un recorrido realizado la tarde del domingo y la mañana del lunes se pudo comprobar que establecimientos como La Estrella, Sanborns y La Revista de Cristal –tres de los principales distribuidores del Centro Histórico- ya no tenían disponible el número.
Sin embargo, el ejemplar sí pudo conseguirse en sitios como El Palacio de la Revista, otro de los principales centro de venta de Proceso, y en tiendas de conveniencia como Oxxo y Extra, donde su venta se dio de manera normal.
Consultados por Agencia Proceso, los dependientes de los establecimientos en que la revista se agotó rápidamente, dijeron no haberse dado cuenta de quiénes compraron los ejemplares. “Se estuvo vendiendo toda la mañana, vinieron varias personas”, dijo el responsable de “La Estrella”.
En Sanborns, el responsable de la caja reconoció que aunque la revista frecuentemente se agota, el comportamiento de venta no fue el normal: “regularmente la gente empieza a comprarla el domingo en la noche o lunes por la mañana”. A las 3 de la tarde del primero de esos días, ya estaba agotada.
Desde el sexenio pasado, fueron comunes los incidentes de este tipo. Medios como La Jornada y El Universal, así como la propia revista Proceso, han sido víctimas de boicots para evitar su circulación.
El martes 10 de junio de 2008 no fue posible comprar la versión impresa de El Universal en la que se narraba el presunto alojamiento a las actrices Penélope Cruz y Salma Hayek en una finca propiedad del narcotraficante Sergio Villarreal, “El Grande”.
El 24 de febrero de 2009 ocurrió lo mismo con La Jornada. Aquel día, aparecían publicadas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quién afirmaba que la mayoría de los medios locales de comunicación estaban “maiceados” por el ex gobernador, Ismael Hernández Deras.
Igual ocurrió con el número 1609 de Proceso, en 2007, cuando los ejemplares no se pudieron encontrar en los estanquillos locales. En aquella ocasión, el impreso tenía incluido el reportaje de Patricia Dávila titulado “La boda de El Chapo”.
En aquel ejemplar, se menciona al senador Dorador Pérez Gavilán como el responsable de colocar la corona a la princesa real en el certamen de belleza en que Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, fue nombrada reina de belleza del municipio de Canelas.
Mientras, en León, los ejemplares de Proceso también comenzaron a “desaparecer” de puestos de periódicos y tiendas departamentales donde se expenden desde el domingo 11, como es el caso de las dos sucursales de Sanborn’s en las plazas León y Mayor.
Reportes de varios voceadores indican que desde la mañana del lunes 12 fue imposible encontrar un solo ejemplar en los puestos del centro.
En la foto donde destacan el cardenal Rivera y el arzobispo Berlié, también se encuentra David Aguilar Romero, el director de Comunicación Social del ayuntamiento de León.
Aguilar Romero aparece identificado como “politólogo panista de Rojas”, justo a un lado del senador duranguense Rodolfo Dorador Pérez, y delante de Arturo Rojas Cardona, presidente de Entretenimiento México.
El actual funcionario de la administración municipal leonesa no fue localizado este día por los reporteros que lo buscaron para entrevistarlo sobre sus vínculos con esos personajes. Tampoco el alcalde Ricardo Sheffield habló del asunto y, literalmente, huyó de los representantes de los medios.
Ayer, durante la homilía dominical en catedral, el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago afirmó que la proliferación de casinos en México no sólo conlleva el riesgo de la violencia –luego de la tragedia ocurrida en el Royale de Monterrey, Nuevo León–, sino que también se presta a otros negocios ilícitos, como el lavado de dinero y la prostitución.
Martín Rábago pidió revisar hasta qué punto es conveniente la apertura de este tipo de establecimientos de apuestas, o que sigan operando los que actualmente funcionan en todo el territorio nacional.
En Monterrey, se repitió la compra masiva de ejemplares. El reportaje principal de la revista se centra en las relaciones que el Zar de los Casinos ha tejido con la clase política y gobernante de Nuevo León.
Finalmente, en Puebla, de la que no existen referencias en el texto, la adquisición masiva de ejemplares rebasó los dos mil.
viernes, agosto 05, 2011
Publicidad de gobierno: la ruta judicial
MÉXICO, D.F. (Proceso).- He preparado una obra, que lleva ya dos ediciones, sobre publicidad oficial. Algunas organizaciones de la sociedad civil han hecho campañas a efecto de que haya racionalidad a propósito del mismo tema. Se ha reformado el artículo 134 constitucional, que limita el alcance y contenido de la publicidad pagada con recursos públicos. Se han presentado diversas iniciativas de ley desde hace algunos años sobre la materia que no han sido dictaminadas. Lo cierto, a fin de cuentas, es que a pesar de que cada día más estamos de acuerdo en los argumentos para eliminar esta forma de censura sutil, el Estado ha predicado, pero no ha practicado nada.
Por esa razón, Proceso inició un litigio estratégico, coordinado por la doctora Perla Gómez Gallardo y yo, a fin de generar incentivos legales para legislar respecto a este rubro, de suerte que los criterios de equidad y de mercado primen sobre la filiación política de los medios de comunicación y se mantenga a salvo el ejercicio de las libertades de expresión e información. Veamos qué ha pasado hasta ahora.
Primero. Con todos los augurios en contra, por lo inexplorado del camino legal, se decidió ejercer el derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional a un número aleatorio de dependencias de la administración pública centralizada, incluida la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, entre los días 24 de septiembre y 4 de octubre de 2010. El director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, formuló, a efecto de obtener pronunciamiento fundado y motivado, proveniente de autoridad competente y por escrito, los siguientes puntos:
a) ¿Cuál es la normatividad que rige la contratación de publicidad en medios de comunicación impresos, por parte del gobierno federal; b) ¿Cuáles son los criterios específicos que aplica el gobierno federal para contratar publicidad en medios de comunicación impresos?; c) ¿Qué órgano del gobierno federal se encarga de que la normatividad y criterios referidos sean observados en la contratación de publicidad en medios de comunicación impresos, y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento?; ¿ha habido sanciones por su inobservancia?; d) ¿Cuáles son las razones por las que el gobierno federal ha venido contratando una cantidad de publicidad mínima al semanario de información y análisis Proceso, a pesar de que, de conformidad con información contenida en el portal del Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, cuenta con un promedio de circulación pagada de 75 mil 878 ejemplares semanales, cantidad superior a la de otros medios de comunicación impresos que se han visto beneficiados por el gobierno federal?; y e) ¿Cuáles son los requisitos que debe cubrir el semanario de información y análisis Proceso para que el gobierno federal aumente la contratación de publicidad en dicho medio impreso, en los subsecuentes meses? Sobra decir que, en sus respuestas, la autoridad tiene la obligación de “fundar”; es decir, citar normas legales exactamente aplicables al caso y “motivar”; en otras palabras, argumentar racionalmente que la conducta específica está lógicamente relacionada con la norma jurídica invocada. Esto es lo que se conoce como principio de legalidad, el que toda autoridad tiene el deber ineludible de cumplir.
Segundo. El artículo 8 constitucional dispone que la autoridad debe responder a la petición en “breve término” y por escrito. La Suprema Corte ha establecido que la idea de “breve término” se satisface como regla en cuatro meses. Las autoridades respondieron la petición entre los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, pero lo hicieron sin observar los principios de legalidad, con respuestas genéricas, ininteligibles y uniformadas, de manera que se presume la utilización de un formato único para salir del paso. Ante la insatisfacción por las respuestas, el director de Proceso interpuso tres demandas de amparo indirecto en contra de las contestaciones del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, del director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria, y del jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social.
Todos los casos (expedientes: 22/2011, Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 48/2011, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y 69/2011, Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal) fueron resueltos positivamente para la revista Proceso, con lo cual se obtuvo el amparo y la protección de la justicia federal a efecto de que las autoridades ajustaran sus respuestas conforme a derecho.
En ese lapso, diversas dependencias y entidades de la administración pública federal ofrecieron anunciarse en el semanario, en cuyo caso las demandas hubieran podido quedar sin materia. En una difícil y honrosa decisión, porque el dinero nunca sobra, el director de Proceso decidió anteponer el interés público, seguir con el proceso judicial y no aceptar la publicidad ofrecida.
Tercero. Las autoridades a las cuales se hicieron las peticiones interpusieron sendos recursos de revisión, ante el Tribunal Colegiado de Circuito, contra las resoluciones de los jueces de Distrito. Con número de expediente R.A. 209/2011, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió confirmar la resolución del juzgador de Distrito que otorgó amparo definitivo a Proceso.
El 14 de julio pasado, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la Secretaría de la Reforma Agraria respondió de manera parcial al omitir un punto central relativo a las razones legales que habilitan a la dependencia para dar un tratamiento diferenciado a Proceso respecto a otras publicaciones que tienen, de acuerdo con datos oficiales, un tiraje menor. La respuesta de la SRA reconoce expresamente que no existen criterios de asignación de publicidad, e invoca acuerdos y tratados internacionales inaplicables al caso concreto, razón por la cual sigue sin cumplir la ejecutoria del órgano jurisdiccional y abre firmemente la posibilidad para que su director de Comunicación Social sea sujeto de responsabilidad administrativa al actuar bajo la lógica de la costumbre y no del estricto cumplimiento de la ley.
Siguen, por supuesto, otros pasos legales que dará Proceso. Por lo pronto, este caso está generando un precedente judicial para no dejar sin atención la necesidad de elaborar una ley de transparencia y equidad de publicidad oficial.
ernestovillanueva.blogspot.com
Twitter: @evillanuevamx
jueves, julio 21, 2011
Militares al servicio… pero del narcotráfico
La capacidad corruptora del narco es proporcional a la magnitud de los recursos económicos de que dispone. Mediante el ariete del dinero ha infiltrado las más altas esferas de la política y de los cuerpos de seguridad, incluidas las policías y el Ejército. Así lo documenta el reportero de Proceso Ricardo Ravelo en su libro El narco en México, que a partir de esta semana estará en circulación. Con autorización del sello Grijalbo presentamos fragmentos del capítulo IV: “El Ejército doblegado”.
La noche del 23 de abril de 1989, la cena estaba servida en una amplia mesa del restaurante San Ángel Inn, al sur de la Ciudad de México. Una decena de comensales se disponían a festejar el cumpleaños del general Jorge Maldonado Vega, personaje con una amplia trayectoria en las filas castrenses.
(…) En la mesa del agradecido festejado se chocaban las copas de vino. Amigos y familiares habían sido convocados por el coronel Alfonso Caiseiro Pérez para celebrar al hombre, ahí relajado y sonriente, que él respetaba y admiraba por su carrera militar (…) la amena plática del grupo se vio interrumpida por un individuo de 1.85 m de estatura, que bordeaba los 34 años de edad. Una voz amable apagó la conversación del grupo y la atención se centró en aquel personaje que vestía ropa informal.
–¿Es usted el general Maldonado? –preguntó el sujeto con un tono de amabilidad y fineza.
–A sus órdenes –respondió el militar.
El general Maldonado Vega no había visto antes al personaje, quien atrajo su atención cuando, en cascada, le empezó a enumerar pasajes de su vida castrense. Le dijo que admiraba su entereza porque no lo habían podido comprar ni con 5 millones de dólares, que sabía de su duelo de Chapultepec, que tenía datos acerca de las veleidades que estuvieron a punto de llevarlo a enrolarse con la guerrilla; que tenía conocimiento de su intachable comportamiento ante sus prisioneros, quienes nunca fueron torturados, ni víctimas de delitos inventados ni les robó droga. Aquel personaje también le mencionó que sabía que esas prácticas eran exclusivas de las corporaciones policiacas y del Ejército, que torturan y matan.
(…) Transcurridos 30 o 40 minutos, el viejo general vio despejadas sus dudas: su interlocutor le confesó que era Amado Carrillo Fuentes. La charla prosiguió en confianza. Derribada esa barrera, el festejado terminó por proporcionarle su nombre completo, su dirección y sus teléfonos. Carrillo Fuentes se retiró de la mesa y desapareció del lugar.
Pasaron tres meses, aproximadamente, sin que Maldonado Vega tuviera noticias de Carrillo Fuentes, hasta que una madrugada de julio de ese mismo año, en su departamento del Desierto de los Leones, en el Distrito Federal, recibió una llamada telefónica. Era la voz de una mujer desesperada: Luz Bertila Carrillo Fuentes, hermana del Señor de los Cielos. (…) le comunicó la urgencia: su hermano Amado había sido detenido por un grupo de militares y estaba preso en una ranchería del poblado de Huixiopa, Sinaloa. Le dijo que sabía que lo habían torturado y que corría peligro.
–(…) le pido, por favor, que lo ayude. Usted es el único que puede hacerlo –suplicaba la mujer del otro lado del auricular.
(…) A las 8:00 de la mañana del día siguiente, Joel Martínez, quien dijo ser ayudante de Amado Carrillo, se puso a las órdenes del general Maldonado y lo trasladó al aeropuerto de la Ciudad de México. Allí, el militar abordó rápidamente un avión Cessna 210, cuyo piloto en cuestión de minutos tomó pista y despegó con destino a Culiacán, Sinaloa.
A su llegada a esa entidad, el general fue llevado a Navolato, donde radica la familia Carrillo Fuentes. Allí se presentó Luz Bertila, quien le expuso más detalles de la aprehensión de su hermano: Amado Carrillo había asistido a una fiesta a Huixiopa con algunos familiares y amigos. Lo acompañaban, como ya era habitual, varios agentes del Ministerio Público Federal y de la extinta Policía Judicial Federal (PJF); sin embargo, un grupo de militares lo había detenido, sin motivo aparente, y ella sabía que, por los golpes que le propinaron, su hermano estaba inmóvil de medio cuerpo y la gente del pueblo decía que lo iban a linchar.
–Sálvelo, general, por favor. Sé que usted puede hacerlo…
(…) El general se dirigió a la base de operaciones que el Ejército tenía en ese sitio y se puso en contacto con el comandante para preguntarle si era verdad que tenían como prisionero a un tal Amado Carrillo.
(…) Minutos después llegó el sargento Heriberto Baltasar Pantaleón, quien de inmediato increpó a Maldonado Vega, preguntándole para qué quería verlo. El general le respondió que sabía de la detención de Amado Carrillo, que la familia desconocía la razón y que estaba preocupada porque entre la gente corría la versión de que lo iban a ejecutar.
Baltasar Pantaleón expuso que el señor había sido detenido porque les pareció sospechoso, debido a que iba armado: portaba una pistola calibre .45 con empuñadura de oro y andaba enjoyado. “Nos parece que puede ser un capo grande” y estamos esperando a que nos den instrucciones sobre qué hacer con él.
–Golpear a una persona tan severamente y retenerlo tanto tiempo no se les ha enseñado en el Colegio Militar y es un error grave. Para eso está la PGR, es la instancia a donde lo deben enviar con todas las pruebas que tengan en su contra –expuso Maldonado Vega al sargento.
(…) El diálogo entre Maldonado Vega y Baltasar Pantaleón se cortó. Éste dio por terminada la plática, pidiéndole al general que se retirara del lugar y que no siguiera insistiendo. Para ese momento, el titular de la Sedena estaba enterado de la detención de Amado Carrillo y de las gestiones que en su favor realizaba Maldonado Vega.
(…) Luego, se retiró del sitio y abordó la avioneta de regreso a Culiacán, donde volvió a encontrar a la hermana de Amado. Ambos se dirigieron a la casa de la madre del detenido. En una charla, en la finca La Aurora, municipio de Navolato, el general fue claro y directo:
–El problema de Amado es mayor a mi capacidad para hablar por él. Se le detuvo con un arma y es probable que sea consignado. De todo este asunto, y hasta de mi presencia aquí, ya está enterado el secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán. Yo les sugiero que acudan ante las autoridades civiles o militares para arreglar este asunto.
La señora Aurora Fuentes, una mujer bragada y de fuerte carácter, entendió la posición del general Maldonado, a quien agradeció el gesto y la atención de acudir en apoyo de la familia y su hijo.
–Preparen el avión para que lleven al general a la Ciudad de México –ordenó la madre de Carrillo Fuentes.
El general solicitó que mejor lo trasladaran por carretera a la ciudad de Guadalajara, desde donde voló en línea comercial a la Ciudad de México.
El reencuentro....
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lunes, mayo 30, 2011
Desde el Campo Militar No. 1, Hablan los soldados presos...
Proceso en la prisión militar Represores y reprimidos
Su nombre hacía temblar a los luchadores de la izquierda en los años setenta y ochenta… En torno a la prisión del Campo Militar Número 1, emblema de la represión ilegal de Estado, se tejieron historias siniestras: que desde ahí el Ejército se deshacía de los “problemas” del gobierno en turno, que era un auténtico hoyo negro del que pocos salían vivos... Durante varios meses, la reportera Gloria Leticia Díaz, como parte de una investigación periodística, logró franquear los muros de esa cárcel, que se creía inexpugnable, y entrevistar a soldados y oficiales presos, de cuyo testimonio se desprende que la sórdida instalación castrense mantiene su vocación torturadora y represiva. En este reporte especial ofrecemos las historias de quienes han comprobado que la maquinaria negra del régimen continúa vigente...
Lugar de torturas y encierro de estudiantes, sindicalistas y luchadores sociales; de campesinos “sospechosos” de simpatizar con la guerrilla; de militantes de organizaciones armadas clandestinas y hasta de ciudadanos inocentes –muchos de ellos incluidos en las listas de desaparecidos políticos del país–, la del Campo Militar Número 1 se consideraba en los años setenta y ochenta la prisión clandestina más grande y siniestra de México.
Una investigación periodística realizada durante varios meses por Proceso en las entrañas de esa cárcel, considerada inexpugnable, permite sostener que los motivos de su negra fama permanecen tan vigentes como entonces.
Inaugurada en el sexenio de Adolfo López Mateos y destinada supuestamente al confinamiento de militares que incurrieran en delitos, durante la guerra sucia y el movimiento estudiantil de 1968 se convirtió en el punto de origen de las desapariciones de opositores al régimen.
En abril de 1988, la publicación en este semanario de una serie de revelaciones hechas por un desertor del Ejército permitió confirmar las atrocidades que solían cometerse en el Campo Militar Número 1, siempre desmentidas por autoridades civiles y militares que señalaban que eran meras leyendas inventadas por los enemigos de la nación.
En la publicación referida, el paracaidista Zacarías Osorio Cruz, quien solicitó y logró obtener refugio político en Canadá, reveló que entre 1978 (cuando se dio de alta en las Fuerzas Armadas) y 1983 (cuando desertó) participó en acciones en las que decenas de civiles recluidos en la prisión del Campo Militar Número 1 fueron ejecutados.
El exmilitar dijo que había tomado parte en unos 15 ó 20 operativos ordenados por el general José Hernández Toledo, consistentes en sacar de esa prisión a grupos de entre cinco y siete presos civiles y trasladarlos a un polígono de tiro del Ejército en el Estado de México, en San Juan Teotihuacán, en el que, sin más, eran ejecutados.
Estas declaraciones las expuso Osorio Cruz en una audiencia efectuada en Montreal el 14 de marzo de 1988 para revisar su solicitud de refugio político (Proceso 598).
Las mismas historias
Según pudo constatar este semanario a lo largo de una investigación periodística que duró varios meses, los testimonios que refieren torturas y encarcelamientos bajo sospecha de ilegalidad en la prisión militar se repiten hoy como hace 30 o 40 años, ahora en perjuicio de soldados que participaron en la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.
En pláticas y confidencias de los familiares de algunos presos con la reportera de Proceso, surgió la idea de invitarla para que visitara a los reos y conociera de primera mano sus casos. Uno de los internos –cuyo nombre se reserva a petición suya para evitar represalias– accedió a recibirla como “visita” y la puso en contacto con numerosos militares dispuestos a rendir sus testimonios.
La reportera ingresaba a la cárcel los días de visita –jueves y sábados–, momentos que dedicó a realizar las entrevistas con quienes decidieron dar su versión acerca de la guerra contra el crimen organizado.
Son oficiales que estuvieron al frente de operativos de combate al narcotráfico y están convencidos de que, por encima de la lealtad que le deben al Ejército, está su derecho a la libre expresión y el de los ciudadanos a estar informados.
Las charlas con esos soldados tuvieron lugar en los jardines de la cárcel y su contenido se registró en notas a lápiz, pues está prohibido meter equipos de grabación o de telefonía.
En las conversaciones se tomó nota de la inconformidad de las tropas por estar obligadas a salir a las calles a combatir a narcotraficantes, sabedores de que la Constitución no los faculta para esa tarea y porque, aseguran, no tienen el equipo ni el armamento adecuados.
Hubo la oportunidad de entrevistar a oficiales. Algunos de ellos expresaron su frustración y su convicción de que fueron traicionados por la institución castrense.
Los procesados por supuestos vínculos con el narcotráfico afirman ser chivos expiatorios; quienes enfrentan cargos por asesinar a civiles consideran que su encarcelamiento es una estrategia mediática para contener las críticas de las organizaciones que exigen castigo a los soldados homicidas.
Los militares que aceptaron hablar con este semanario sobre su experiencia en la guerra contra el narcotráfico pusieron una sola condición: que no se publicaran sus nombres. La petición no es gratuita. Su vida está en manos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván. Además, aseguran, grupos de soldados han sacado de las celdas a prisioneros para torturarlos o desaparecerlos.
Más de uno expresó su temor por ellos y por sus familiares o amigos, de quienes la Sedena tiene todos los datos: acta de nacimiento, identificación oficial, dirección, teléfono, y en algunos casos hasta croquis con indicaciones claras para llegar a sus domicilios.
Lo menos que a los internos se les puede imponer como castigo, afirman, es recluirlos en “las negras” –celdas donde permanecen aislados largo tiempo–, prohibirles la visita conyugal o maltratar a sus mujeres e hijos en la revisión para ingresar a la prisión.
Quienes accedieron a que sus nombres se publicaran –los oficiales Freddy Colorado Montejo, Julián Hernández Hernández y Eladio Arriaga Pérez– lo hicieron para dar a conocer sus procesos jurídicos y para denunciar abusos y anomalías.
Dos de ellos, Colorado y Hernández –acusados de tener vínculos con el narcotráfico–, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Villa Aldama, en Perote, Veracruz, la madrugada del pasado 28 de abril, junto con otros 50 reos procesados por los mismos cargos, ante cuyas familias no se ha justificado la reubicación. Varios de los trasladados habían dado su testimonio anónimo a Proceso.
Todos los entrevistados solicitaron que se publicara la siguiente advertencia: responsabilizan al titular de la Sedena y a los encargados de la prisión militar y del Cefereso de Perote de cualquier atentado que pueda haber contra su vida o la de sus familias.
Por ese irregular traslado, familiares de algunos de los procesados interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
No es la primera queja que se presenta ante ese organismo por presuntas violaciones a derechos humanos de los militares. La CNDH informa que de 2008 a abril de 2011, 99 soldados y sus familias han interpuesto quejas por tortura o detenciones ilegales, entre otros agravios, contra miembros de la Sedena.
Filtros, filtros y más filtros…
Para encontrarse con los presos, desde el registro en la puerta 7 del Campo Militar Número 1 hay que pasar cinco puestos de revisión. Seis, si se llevan alimentos.
No todos los soldados reciben visitas. Muchos son de otras entidades y sus familiares no tienen los recursos suficientes para viajar al Distrito Federal.
Al trasponer las puertas de esta prisión, resguardada por altos muros de piedra vigilados desde torretas por guardias con armas de alto poder, hay que abordar un camión.
En ese transporte las esposas de los presos platican y se cuentan sus apuros. En la mayoría de los casos los soldados encarcelados eran el único sostén de sus casas, y ahora, por lo que establece el reglamento castrense, sus haberes se reducen: un teniente que ganaba 15 mil pesos al mes ahora sólo recibe mil; un cabo que percibía 6 mil mensuales ahora sólo gana 600.
A fuerza de verse durante ese trayecto, las familias acaban estableciendo lazos amistosos. Comparten angustias por las lesiones que, aseguran, tienen sus maridos tras las sesiones de tortura a que los sometieron para que aceptaran su responsabilidad en los delitos de los que se les acusa.
Al llegar al estacionamiento de la prisión se anotan los nombres de las visitas y se recogen las identificaciones. Después se pasa por un detector de metales. Por último, los visitantes son sometidos a una revisión corporal en busca de sustancias o artículos prohibidos que podrían ocultarse entre la ropa interior. A los guardias les preocupa especialmente que entren chips de celular, memorias usb, teléfonos, grabadoras o cámaras.
Para meter libros o revistas el interno debe hacer una solicitud a la dirección de la cárcel, instancia que analiza si el contenido es apto para los internos.
Si se lleva comida hay que pasar otro filtro. Con una misma cuchara que se usa una y otra vez y sólo se limpia con servilletas, los soldados revuelven los alimentos en busca de objetos prohibidos.
Una vez pasadas esas revisiones se cruza un camino flanqueado con malla ciclónica hasta llegar a los jardines donde los reos –vestidos con uniformes tipo militar pero de color azul añil– reciben a las visitas. La ocasión es ambientada con música instrumental, interrumpida de vez en cuando por el voceo a los presos para que se presenten a la puerta de ingreso a recibir a sus visitantes.
Aunque todos tienen los mismos uniformes azules, las insignias se conservan en hombreras y gorras. Aquí, el respeto a los rangos superiores debe mantenerse.
Aparentemente las instalaciones están bien cuidadas. El mantenimiento corre a cargo de internos que purgan penas por deserción; ellos deben llevar distintivos blancos en la ropa y no pueden hablar con los procesados o sentenciados por otros delitos.
Los desertores se levantan a las tres de la mañana todos los días y no dejan de trabajar sino hasta las ocho de la noche, cuando se cierra la treintena de dormitorios o cuadras, cada una de las cuales aloja un promedio de 50 hombres.
En los jardines hay juegos para los hijos de los soldados. También una pequeña tienda o “casino” donde se vende todo lo que los visitantes no pueden llevar: pan, gelatina, arroz, tamales, pasteles, frituras, dulces... productos que se llegan a vender hasta tres veces más caros que en cualquier tienda de la ciudad.
Los presos calculan que cada mes ingresan al casino alrededor de 80 mil pesos, dinero que por reglamento debe invertirse en el mantenimiento del penal. Pero aseguran que buena parte de esas ganancias va al bolsillo del director de la cárcel.
Como en todas las prisiones, la principal queja de los internos tiene que ver con la comida. Dicen que es tan mala que un día, después de comer, 90 de ellos tuvieron que ir a la enfermería con severas molestias estomacales.
Cifras carcelarias
En respuesta a una solicitud de información de Proceso, el pasado 30 de marzo la Sedena informó sobre los ingresos a la prisión del Campo Militar Número 1, clasificados por grados y delitos o faltas, de 2007 a los primeros meses de 2011.
El oficio de respuesta, con el número 1425 y firmado por el encargado de la Unidad de Enlace de la Sedena, general Julio Álvarez Arellano, hace evidente el crecimiento de ingresos por delitos relacionados con la guerra contra el narco.
Mientras que en 2007 fueron recluidos tres militares y en 2008 sólo dos acusados por delitos contra la salud, en 2009 la cifra se disparó a 28. En 2010 fueron 10 y uno más por “delincuencia organizada agravada”, mientras que en los primeros meses de 2011 la prisión militar registró 20 ingresos por esos delitos. En suma, 64 militares procesados presuntamente por colaborar con narcotraficantes.
El reporte señala que por esos delitos se procesa a un coronel, dos tenientes coroneles, un mayor, cuatro capitanes, 16 tenientes, 8 subtenientes, 17 sargentos, 11 cabos y cuatro soldados rasos.
Esa cifra cambió el 28 de abril cuando, en los primeros minutos del día, 52 de los procesados por delitos contra la salud fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Perote.
Hasta el cierre de esta edición, los familiares de los presos no tenían información acerca de los motivos del traslado y pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ni siquiera los jueces militares que llevan las causas de esos internos conocieron los motivos de la transferencia. Un oficio firmado por el director del penal, el general Carlos Murguía Alonso, informa que por órdenes de “DN-12”, a las 5:30 horas del 28 de abril se trasladó a los presos.
DN-12, se enterarían los familiares después, es la clave interna para identificar a la Procuraduría de Justicia Militar. l
domingo, mayo 08, 2011
Caminar en silencio para gritar ¡ya basta de la guerra!
http://www.proceso.com.mx
domingo, mayo 01, 2011
Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDH
Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDHRedacción
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El veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón y el acoso judicial de contratistas de su administración en contra de este semanario son parte de la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe de su visita oficial a México, la institución de la Organización de Estados Americanos urge al presidente resolver el agravio en cumplimiento a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión el Estado está obligado a cumplir.
Gobierno mexicano, omiso ante señalamientos de la CIDH
Redacción
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha develado ante la comunidad internacional la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón con las libertades de expresión y de prensa, coinciden defensores de derechos humanos y periodistas. El informe sobre México documenta persecución, acoso y represión contra medios y reporteros que ejercen su labor de manera independiente. Para organizaciones civiles, sólo fue la confirmación de lo que han venido denunciando desde hace casi cinco años.
Sindicatos del PRI protegidos por el PAN
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La administración de Felipe Calderón mantiene negociaciones con los llamados sindicatos charros o corporativos, otrora maquinaria obrera afiliada al PRI. Dona más de 75 millones de pesos a las viejas centrales y a los sindicatos incorporados a su propio sistema, revelan documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
6 mil pesos, para “vivir al día”
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La “recuperación económica” que pregona el gobierno federal y las cuentas alegres del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, son ajenas a la realidad de millones de familias cuyos ingresos apenas les alcanzan para “vivir al día”, en un país donde más de la mitad de la población recibe sueldos por debajo de los 5 mil 400 pesos al mes.
domingo, abril 24, 2011
FRANQUISMO a la Calderón
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