MÉXICO, D.F. (Proceso).- Considerados como una “mina de oro” –sus ingresos anuales superan los 2 mil millones de pesos, sin fiscalización alguna–, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) operan también como una “caja chica” de los políticos mexiquenses, en particular para Enrique Peña Nieto, en cuya administración proliferaron los servicios privados de escolta y traslado de valores de ese organismo.
De acuerdo con oficios del Instituto del Seguridad Social del Estado de México (Issemym), durante la gestión de Peña Nieto Cusaem llegó a tener oficialmente 14 mil 162 elementos, aunque en su página electrónica la corporación menciona “una cifra superior a los 17 mil” y de que otras fuentes estatales hablen de 35 mil. Esta cifra supera ampliamente a los 16 mil agentes adscritos a la Agencia de Seguridad Estatal –rebautizada como Secretaría de Seguridad Ciudadana por Eruviel Ávila, sucesor de Peña Nieto.
Cusaem es “una especie de ornitorrinco”, advierte el diputado local Carlos Madrazo Limón, quien insiste en que se investiguen las irregularidades de estos cuerpos policiacos. “Cuando les conviene a las autoridades estatales y federales (Cusaem) es una policía pública; cuando no, es una policía privada, sintetiza el legislador en entrevista con el reportero.
La “corporación” –como se le denomina en los contratos con dependencias federales, según las copias obtenidas por Proceso– puede cobrar desde 3 millones 300 mil pesos anuales por servicios de vigilancia de 12 elementos en Liconsa, hasta 100 millones anuales para custodiar los bienes decomisados por el gobierno federal al narcotráfico, como en el caso del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda.
Además, los grandes contratos se otorgan por adjudicación directa, sin someterse a los concursos de licitación correspondientes.
Según distintos estudios e información de personas que laboran en la institución, Cusaem tiene más de 3 mil clientes, a los cuales proporciona servicios de guardias intramuros, custodia de mercancías de movimiento, custodia personal para empresarios, detección de armas, narcóticos, guardia, protección y ataque, entre otras, incluyendo asistencia multilingüe.
Controlado por un grupo de 110 comandantes que lo administran como si fuera una “franquicia de servicios de seguridad”, Cusaem es un verdadero miniejército, pues cuenta con armamento de punta, un parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y patrullaje. Su cobertura abarca el Valle de México y varios estados.
“Estamos hablando de un organismo tan irregular, que puede ser considerado delincuencia organizada”, advierte Madrazo Limón, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Hace un año, Madrazo Limón interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quienes resulten responsables por las irregularidades con las que opera Cusaem.
No son pocos los casos registrados en la prensa en los cuales han estado implicados en casos delictivos elementos de Cusaem. En junio de 2009, por ejemplo, fue capturado un grupo de zetas en Jalisco y Querétaro, nueve de los cuales portaban armas de Cusaem y credenciales firmadas por el entonces director de esa corporación, Ciro Mendoza Becerril.
El 9 de junio de ese año, en su emisión unomasunoradio el editor mexiquense Naim Libien Kaui acusó a Cusaem de ser “centro de reclutamiento” de sicarios de Los Zetas.
En febrero de 2010, tres policías que escoltaban a José Jorge Balderas, El J.J. –detenido por su presunta participación en la agresión al futbolista paraguayo Salvador Cabañas–, pertenecían a Cusaem. Los tres comparecieron ante la fiscalía especial en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la delegación Álvaro Obregón.
En esa ocasión también comparecieron Marco Rutilio Vargas, José Ángel Cabello y Rey Antonio López Vázquez, director jurídico, coordinador operativo y apoderado legal de Cusaem, respectivamente. Asimismo rindió su declaración José Roberto Mancio Bonilla, jefe del agrupamiento 41 de Cusaem, quien tramitó un contrato de servicio de escolta con Maximiliano Peralta Sáenz, una de las siete identidades del J.J., en septiembre de 2008.
Y en agosto pasado, un incidente en Polanco documentó que una de las ladies que agredieron a policías del Distrito Federal –Azalia Ojeda, quien participó en la primera versión del programa televisivo Big Brother– trabajó en Cusaem durante 62 días en el cuerpo denominado Grupo Atenea, especializado en custodia personal e integrado sólo por mujeres. Su tarea consiste en escoltar a mujeres y niños.
Reforma legal a medias
Frente a los numerosos casos de escándalos que involucran a Cusaem y a las denuncias y críticas presentadas por legisladores mexiquenses y federales de la oposición, el 10 de octubre último el titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) –ahora denominada Secretaría de Seguridad Ciudadana–, Salvador Neme Sastré, habló de regular a esos cuerpos, pero omitió hablar sobre la posibilidad de fiscalizar sus millonarios ingresos.
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