Piratas sobre el Caribe...La próxima construcción de un nuevo megaproyecto turístico, estilo Cancún, en el municipio de Isla Mujeres, en Quintana Roo, revela el descaro del gobierno de Felipe Calderón para favorecer a empresarios mexicanos y españoles, así como a toda suerte de políticos y personajes sin escrúpulos, en perjuicio de la población local. Hay señales de que en ésta, una trama depredadora más del Caribe mexicano, convergen los intereses del propio mandatario; del aspirante priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto; del exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, e incluso de un ejemplar de negro estigma: Mario Villanueva, preso en Estados Unidos por narcotráfico…
ISLA MUJERES, QR.- Un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares para construir en los próximos 12 años un total de 9 mil 600 cuartos de hotel en 221 hectáreas, dos marinas, un campo de golf, casinos y residencias exclusivas en los terrenos de Isla Blanca, ubicado en la parte continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue aprobado en sigilo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 10 de noviembre de 2011.
Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a consorcios españoles.
De golpe, la autorización para construir un nuevo polo turístico convertirá a esta zona en la tercera ciudad más importante de Quintana Roo, sólo detrás de Cancún y Playa del Carmen. En 40 años de existencia, Cancún ha acumulado cerca de 32 mil habitaciones de hotel. En esta zona se pretende construir casi 10 mil cuartos en menos de tres lustros. Y asimismo se busca que en Isla Blanca existan 25 mil cuartos de hotel en 25 años.
Detrás del Proyecto Soto Lindo (PSL) –como lo denomina la Semarnat– está el interés de consorcios españoles, como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexicanos, como el diputado federal priista Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el empresario Arturo Bojórquez León, quien mantiene los terrenos cercados y vigilados con guardias armados.
En la trama de intereses también está involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ricalde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la construcción de este megadesarrollo.
La prensa quintanarroense también ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calderón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresario que encabeza otro grupo de desarrolladores y ha sido uno de los principales impulsores de Puerto Aventuras.
En la trama de esta historia también está involucrado el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales de 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
Enríquez, compadre y amigo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto, es señalado en la Península de Yucatán como el principal operador de los negocios del exmandatario mexiquense. Fue el vínculo entre Toluca y los mandatarios priistas Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y Félix González Canto, quien dejó en la gubernatura de Quintana Roo a Roberto Borge Martín. En 2011, el actual diputado federal fue delegado del CEN del PRI en la campaña del Estado de México.
Los millonarios intereses transexenales de hoteleros, desarrolladores y políticos del PRI y del PAN se concentran en las 200 hectáreas de Isla Blanca, un sitio de extraordinaria belleza que fue decretado parque nacional en 1972 y considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad que se han conservado, a pesar del explosivo crecimiento hotelero y urbanístico de Cancún.
Antes de que se desarrollara ese destino turístico, a la franja costera de Isla Blanca se le consideró para que fungiera como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el sexenio echeverrista. Sin embargo, a la vuelta de los años y ante la saturación de Cancún y de la Riviera Maya, este sitio se ha convertido en la “joya de la corona” para los nuevos desarrolladores.
En los terrenos colindantes también existen predios que fueron propiedad de la familia Hank González, así como de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.
Desalojo de pescadores
Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de desarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la población. Uno de los principales interesados en este cambio fue Arturo Bojórquez León, socio del Grupo Martinón y quien se ostenta como el propietario de los terrenos de Isla Blanca.
En 2001 y en 2002, este empresario se amparó y ganó el litigio en contra del gobierno del estado de Quintana Roo para que no se decretara Área Natural Protegida (ANP) los predios en su posesión que forman parte del sistema lagunar Chacmochuch. De acuerdo con el amparo 1558/90, se trata de los predios San Felipe, Santa Elena, El Rincón y San Augusto.
Bojórquez León es identificado como “el patrón” por las decenas de veladores que cuidan el terreno. Ellos no permiten el ingreso de nadie, aun cuando son litorales del mar Caribe. Están armados, son de origen chiapaneco y advierten que “desde que hubo muertos” en enfrentamientos en 2009 por el pleito de estos terrenos no dejan entrar a nadie.
Junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zona. Desde 2007 se los llevaron a Boca Nueva, en Isla Mujeres, y a otros terrenos de la costa quintanarroense. Les quemaron sus casas. Formaban una cooperativa de migrantes de Veracruz.
El próximo en ser desalojado es don Crescencio Navarro Pallares, dueño de un predio que queda exactamente a la entrada de los terrenos de Isla Blanca y por donde pasará la carretera de cuatro carriles que ya comenzó a construir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para unir la zona con Punta Sam y las principales avenidas de Cancún.
“La exalcaldesa cambió el PDU y el uso del suelo para facilitar la inversión de los españoles. A mí me han querido desalojar varias veces. Desde hace dos meses tengo pleito con los españolitos que llegaron de manera muy prepotente a decirme que debía dejar mi terreno”, afirma Navarro Pallares, entrevistado por Proceso.
En esos terrenos, Don Chencho, como es conocido por los lugareños, tenía el restaurante Acapulco, devastado por el huracán Wilma. Sus terrenos están en un punto privilegiado ya que van hacia la laguna Chacmochuch y hacia los bancos de arena y manglares que se extienden hasta la punta, donde está Soto Lindo.
“Lo que nos afectó fue el cambio del PDU. Antes pagaba 3 mil pesos de impuesto predial y ahora me están cobrando 38 mil pesos. Hace 20 años llegué a este sitio porque Carlos Hank González negoció conmigo la venta de unos terrenos que eran míos para que ahí desarrollara Puerto Mujeres. Ahora ni siquiera negocian conmigo. Sólo me quieren desaparecer”, sintetiza Don Chencho.
Proyecto depredador
El Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda) ha sido uno de los principales opositores al permiso que otorgó la Semarnat para el Proyecto Soto Lindo, ya que, afirma, destruirá especies en peligro de extinción como la cacerolita de mar, cuatro tipos diferentes de manglares y afectará la fauna costera de la zona, como el manatí, las tortugas marinas y el tiburón ballena.
En 2010, la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Soto Lindo para que distintos grupos expusieran sus opiniones. El Cemda elaboró un extenso documento de 25 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, donde argumenta la inviabilidad de este megadesarrollo y el daño ecológico que ocasionará.
Alejandra Serrano, abogada representante del Cemda en Quintana Roo, advierte que en la autorización de la Semarnat no se incorporaron las observaciones de los ambientalistas y se ignoró la petición de que se realizara una consulta pública antes de emitir el permiso en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, el 10 de noviembre de 2011.
Estas son las principales argumentaciones que presentó el Cemda:
–“El Plan Maestro para el Proyecto Soto Lindo pretende un uso de suelo mixto, en el que se contemple el uso de suelo residencial o habitacional contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmochuch”. Esto es incompatible con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que le ordena a la Semarnat no afectar las áreas naturales protegidas.
–De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el Proyecto Soto Lindo 32% de las 689 hectáreas será para lotes de uso hotelero y comercial, 5% para el campo de golf, 0.92% para la infraestructura náutica, 0.17% para el equipamiento urbano y 5.27% para las vialidades.
La Semarnat considera que de los 39 impactos ambientales identificados, sólo 18% son significativos, 51% no son significativos y 30% son despreciables.
El Cemda rebate esta valoración y señala que “hay evidencias de que la reforestación y/o restauración de manglar como medida de compensación no es viable y no aplica… La reforestación no es algo fácil en manglar, no es posible restituir a los manglares en zonas distintas para recuperar las que desaparezcan con la construcción de desarrollos turísticos”.
–El MIA también afirma que para la construcción y mantenimiento del campo de golf se utilizarán “aguas tratadas” y se construirá “un lago artificial, que almacenará agua residual tratada y de lluvia”.
El Cemda cita una investigación de Metcalfe donde se demuestra que la inyección de aguas residuales en los acuíferos de agua salada en la Riviera Maya y en Cancún ha sido “un elemento que ha contribuido a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona”.
–El Cemda también advierte que la construcción del megadesarrollo afectará el hábitat natural de especies de agua dulce, como el manatí (que sólo existe en esta zona y en Holbox), y de otras especies, como el tiburón ballena, la tortuga carey y la tortuga verde. En especial, la construcción de dos marinas “representaría un gran impacto tanto para los ejemplares de la población que se encuentran en la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena como para los ejemplares de la población que se encuentran al noreste de la isla Contoy e isla Mujeres”.
–Otro de los riesgos, dada la vulnerabilidad de la zona frente a los huracanes y la erosión propiciada por los desarrollos turísticos y el cambio climático, es la desaparición de la duna costera y la vegetación asociada.
“Se asume en el proyecto que la franja dunar sería altamente transitada y modificada por la construcción de los lotes mixtos (hoteleros y comercial) y del campo de golf. Esto sustituiría vegetación especialmente adaptada al ecosistema, que cumple la función de estabilizar y regenerar las dunas, por vegetación de raíces cortas y con requerimientos hídricos elevados, así como se produciría un proceso de compactación, agravando los efectos producidos por el cambio climático”, advierte el reporte del Cemda.
Red de ambiciones
La historia de tráfico de influencias, doble escrituración e intereses políticos y empresariales en esta pequeña ínsula ubicada al norte de Cancún comenzó desde que en 1972 el gobierno federal decretó estos terrenos como propiedad nacional.
Varios políticos locales, entre ellos Mario Villanueva Madrid, el exgobernador preso por presuntos vínculos con el narcotráfico, empresarios nacionales y especuladores de terrenos se apropiaron de los lotes y en los últimos 20 años han aparecido varios dueños.
En el sexenio de Vicente Fox, Karol Rattinger Aranda fungió como apoderada de los empresarios Rosalío Sánchez León, Arturo Bojórquez León y Sergio Gante Cruz, accionistas mayoritarios del proyecto Isla Blanca. Rattinger estaba vinculada a Paulina Fox, hija del exmandatario. Logró que el decreto de Área Natural Protegida fuera inválido en los terrenos de cada uno de estos empresarios. Así consta en el oficio 002382 de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo del 10 de junio de 2002.
En febrero de 2004 se divulgó un video donde se observa al empresario Luis Lara solicitar el “apoyo” del entonces senador del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, con el propósito de conseguir los permisos para un desarrollo turístico en Isla Blanca, la misma zona donde la Semarnat autorizó en noviembre del año pasado. El Niño Verde pidió 2 millones de dólares por la “ayuda”.
Durante el gobierno de Felipe Calderón y la administración de la alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, se aceleraron las maniobras para favorecer al grupo de inversionistas encabezados por Arturo Bojórquez.
La especulación y la ola de irregularidades en estos predios valuados en más de 200 millones de dólares provocó que en agosto de 2007 el Tribunal Unitario Agrario anulara dos títulos de propiedad de Bojórquez León, quien ya se había asociado a los grupos españoles Obratur y Grumasa del Grupo Martinón.
Los demandantes fueron los empresarios Jaime García Gutiérrez, José Francisco Dives León y Alejandro Fernando Culebro Siles, quienes reclamaron la propiedad de estos terrenos, por lo que las autoridades agrarias declararon procedente el recurso de revisión promovido en 2003.
A pesar del litigio jurídico, los consorcios españoles promovieron en sus páginas en internet el “desarrollo de un proyecto turístico de gran lujo, situado a 17 kilómetros al norte de Cancún, integralmente planeado mediante una concepción de vanguardia, donde la vialidad del desarrollo se articula con la sustentabilidad ambiental”.
Isla Blanca “nace con el anhelo de ser uno de los proyectos del Caribe más importantes a nivel internacional, dadas sus características únicas, su inmejorable ubicación, su condición de ser una isla de playas de arena blanca, el azul incomparable de sus aguas y su inquebrantable quietud”.
La “inquebrantable quietud” de la zona se afectó cuando en abril de 2009 un centenar de golpeadores invadieron el lote número 3 de Isla Blanca, presuntamente propiedad de Arturo Bojórquez León, pero reclamado por Isabel Tenorio Romero, esposa del exgobernador Mario Villanueva. El enfrentamiento con los guardias del terreno provocó que una policía muriera, que otros tres fueran heridos y 30 personas resultaran detenidas, según reportó la prensa local.
El 6 de marzo de 2008 el exgobernador Villanueva constituyó la sociedad denominada Desarrollos IM, S.A. de C.V., según consta en el folio 19290 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún. Los dos accionistas son su esposa: Isabel Tenorio Romero y Rodolfo Antonio Páez Villaseñor. Isabel Tenorio aparece como administradora única.
El objetivo de Desarrollo IM, S.A. de C.V., fue “comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, desarrollar, lotificar, fraccionar, urbanizar, arrendar, subarrendar o hipotecar” toda clase de “bienes inmuebles”, incluidos terrenos, casas lotes comerciales, fraccionamientos, etcétera.
El lote 3 de Isla Blanca fue reclamado como propio por la sociedad que creó Mario Villanueva. Desarrollo IM S.A., acelera la regularización y posesión de la propiedad de este predio, que también era reclamado por otros dos presuntos propietarios: Juan Ángel Valle Campos y Arturo Bojórquez León.
Vínculo con Felipe Enríquez
La clave de la disputa y los negocios de especulación de terrenos fue que Felipe Enríquez le envió emisarios a Mario Villanueva hasta el Reclusorio Norte para que vendiera estos terrenos a la sociedad que formó el diputado federal regiomontano, denominada GLS-4 Corporativo S.A. de C.V. El presidente del Consejo de Administración de esta sociedad era Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
El 3 de diciembre de 2009, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, los socios de GLS-4 Corporativo S.A. de C.V., celebraron una asamblea para anunciar la integración de dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V., y Consorcio GH S.A. de C.V.
En el Consorcio GH aparece Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno. Y en Raíces Consultoría vuelve a aparecer Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, así como el empresario yucateco Arturo Millet, según documentó la revista digital Reporte Índigo.
Arturo Millet y Felipe Enríquez también tienen intereses en los terrenos en disputa en la Isla Holbox, en la punta noreste de la Península de Yucatán, donde también han librado una batalla soterrada con el empresario refresquero Fernando Ponce y su yerno Ermilo Castilla.
El 18 de diciembre de 2009 ya estaban integrados como socios de las empresas creadas por Enríquez y González Parás los españoles del Grupo Martinón y Arturo Bojórquez León, el mismo personaje que es identificado por los guardias del terreno como “el patrón”.
El texto del 11 de noviembre de 2011 de Reporte Índigo caracteriza de esta manera a Bojórquez León:
“Este hombre está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguardando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra… No lograron sacar a Bojórquez León, así que quien fuera su enemigo, ahora debía ser su socio”.
GLS-4 Corporativo, Raíces y Consultoría y Arturo Bojórquez son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA). El 65% de las acciones de FICSA están en manos del consorcio español Grupo Martinón.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario