La época infame: ¿adiós a todo eso?

Entrégale a un simio un sombrero y un bastón, ¿y qué obtendremos?: un ensayo de dictador

Ignacio Ramírez, el Nigromante

Querían ganar la mayor cantidad de dinero lo más rápido posible, de manera poco honrada en lo posible y honradamente si no quedaba más remedio

Mark Twain

No leí la Biblia completa. Cuando llegué a no robarás y no matarás, ya no me gustó y dejé de leerla

Ironía de un tuiteroprole

Marcos Chávez *

En 1857, durante las discusiones del Congreso Constituyente, Ignacio Ramírez, el Nigromante, propuso que “el saqueo del erario [fuera] considerado [como] un delito grave y equiparable a la traición a la patria, porque los Estados y su gente cuentan con esa erogación presupuestal que resolvería sus apremiantes necesidades”. También manifestó que el presidente debería de ser destituido por el Congreso, sin más declaratoria que la votación por mayoría simple, por “traición a la patria, comprometer la soberanía política o económica de la nación, el patrimonio y los recursos nacionales a favor de Estados o empresas extranjeras o nacionales, en detrimento del pueblo, por asociarse en forma reiterada con minorías o congregaciones religiosas que promueven fueros, privilegios o exenciones legales, al violar con ello las leyes de equidad vigentes en México por disponer del Ejército o de las fuerzas del orden público en contra del pueblo, por mentir a éste y no acatar las resoluciones y las leyes emanadas del Congreso”.

Para evitar la acumulación de poder, las facultades discrecionales y los excesos del presidente y las instituciones, dada “la dolorosa experiencia que ha tenido el país” –se refiere a los Iturbide, los Santa-Anna, los conservadores o el clero–, el Nigromante siempre tuvo claro el imperativo categórico de la “división y el equilibrio de poderes”. De un lado, un “presidente que vigile y observe la Constitución y las leyes que de ésta emanan, labor difícil de cumplir cuando el mismo presidente es juez, parte y quejoso del mismo asunto”. Del otro, “el Congreso, los representantes del pueblo que [cumplan] a cabalidad los compromisos y las promesas que hizo al pueblo”, nombren a los secretarios de Estado y cuenten “con los elementos y los procedimientos para echar de la Presidencia a los impostores, a los embaucadores o a los aventureros que hacen perder tiempo a la nación y cuestan grandes cantidades de dinero”; y “por salud de la nación, [un] Poder Judicial independiente, autónomo, transparente, probo”, designado por el Congreso, que hará “entender al presidente y a sus empleados que no hay nadie por encima de la ley”, que “permita saber al pueblo que la justicia se aplicará con todo rigor, incluso al presidente no importando su alta investidura” (Emilio Arellano, Ignacio Ramírez, El Nigromante. Memorias prohibidas, Planeta, 2009).

Siglo y medio después, sus palabras resuenan con fuerza, acusatorias, lapidarias, toda vez que definen con precisión lo que ha sido el sistema político mexicano posrevolucionario y, en especial, evidencian la magnitud del retroceso histórico observado por el país desde que los gobiernos priístas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, los “ensayos de dictadores” tropicales, asaltaron el poder, el cual, después, se vieron obligados a compartirlo con los panistas confesionales de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa con el objetivo de asegurar la continuidad autoritaria y neoliberal del proyecto de nación impuesto por las elites dominantes.

¿Cómo esperar que los poderes Legislativo y Judicial velen por la Constitución, jueguen su papel de contrapeso y, ante sus abusos y excesos, destituyan al Ejecutivo y sus empleados para restablecer el imperio de las leyes, si su independencia no es más que una fantasía, si son sus cómplices que legitiman y legalizan sus violaciones del estado de derecho, si ellos lo subvierten y se benefician de esa situación?

La alternancia electoral no parió la democratización del sistema, la igualdad política y la justicia. Tampoco dio paso a un modelo económico socialmente incluyente. Sólo provocó un reacomodo entre las fracciones de los grupos gobernantes, entre éstas la de la derecha neoliberal priísta y la reacción neoliberal panista que han preservado el régimen cleptocrático impuesto desde 1983. Una forma de acumulación capitalista y de enriquecimiento basados en la institucionalización de la rapiña y el pillaje del erario, las obras públicas, las riquezas y los sectores estratégicos de la nación entregados a los hombres de presa locales y extranjeros que pisotean la Constitución; en el prevaricato, el nepotismo, el clientelismo, el peculado y otras prácticas delictivas amparadas en la impunidad, el solapamiento y la protección de los diferentes órdenes de gobierno, por los grupos de poder corrompidos. Popularmente, esas formas son conocidas como un gobierno corrupto y ladrón.

“Tengo las manos limpias”

“Mírese la manos, ¿tiene algo que le manche?”, le preguntó un plumífero mercenario, el 23 de enero de 2005. “Tengo las manos limpias”, respondió Calderón a Joaquín López Dóriga, uno de los más feroces cancerberos del sistema. “No tengo nada que ocultar. Tengo las manos limpias; 20 años de una trayectoria de servicio honrado en la vida pública. Con estas manos limpias voy a entrar a la Presidencia, con estas manos voy a salir en 2012. Manos limpias, manos firmes, manos de México y para México. Tengo las manos limpias de sangre. Queremos un gobierno dirigido por una generación que tenga las manos limpias: ético, honesto, y la mirada puesta en el futuro” (sic; http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/506153.html).

La expresión “tengo las manos limpias” se ha convertido en una especie de agua bendita, quizá consagrada por la mano santa del cardenal Norberto Rivera, en la que, como “un Pedro que se hunde en el agua” (Calderón a López Dóriga), los políticos mexicanos se lavan las manos y purifican sus pecados. Recién la usó Fernando Herrera, precandidato panista al Senado, acusado de emplear recursos públicos para su campaña electoral y repartir despensas a cambio del voto; también Rogelio Alonso Vizcarra, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunciado por disponer de los recursos del Instituto –una aeronave– para asistir a mítines panistas; la repitió José M Anaya, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, precandidato panista por el municipio de Cortázar, Guanajuato, y que se equivocó al apoyar a Ernesto Cordero, sobre quien gravita la misteriosa desaparición de 15 millones de pesos en la dependencia que encabezó; la coreó Miguel Ángel Yunes Márquez, del programa Oportunidades, al conocerse un desvío de 50 millones de pesos cuando fue alcalde de Boca del Río, Veracruz; la salmodió la diputada priísta Sofía Castro, inculpada por una operación dolosa que benefició a un hermano, durante la gubernatura de Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca.

“Tengo las manos limpias”, aseguró la virtual candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, en relación al turbio negocio entre Calderón y Elba Esther Gordillo, en 2006. A cambio del apoyo ilegal a su campaña presidencial, Calderón le concedió a Gordillo puestos públicos (una Subsecretaría de Educación y la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por ejemplo) y jugosas partidas presupuestales, entre otros beneficios económicos y políticos, como si las plazas y el dinero estatales fueran de su propiedad. En ese momento, Vázquez Mota era la coordinadora de campaña de Calderón. Las tienen intachables ella, Cordero y Santiago Creel, denunciados por disponer de la hacienda pública durante sus precampañas. Tan límpidas como las de Enrique Peña Nieto y los misteriosos 25 millones provenientes del gobierno priísta veracruzano, presumiblemente para financiar su carrera presidencial. Tan diáfanas como las garras que desaparecieron millones de las arcas federal, estatal y municipal por los hoyos negros de las campañas de 2000, 2006, 2009, y lo volverán a hacer en 2012, gracias a la generosidad del Congreso de la Unión y a cambio de unos cuantos pesos de multas impuestas por las hazmerreír autoridades electorales.

Tengo “las manos limpias de dinero y sangre”, afirmó el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, ante el fantasma de la persecución política-policial que se cierne en su contra, en vísperas del término de su gestión.

A decir verdad, pulcras, lo que se dice pulcras, no han sido las manos del “pecador standard, con aciertos, errores, virtudes, defectos, de carne y hueso” (como se confesó Calderón ante López Dóriga). Ya traía unas manchitas luego de su paso por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (el crédito hipotecario que se concedió) y la Secretaría de Energía (sus tratos con la trasnacional Repsol) durante el foxismo. Luego agregó otras con el financiamiento de su campaña presidencial y su guerra sucia. La transacción con Gordillo se las enmugreció aún más. Por acción u omisión, las tiene tan negras como la conciencia del cardenal Rivera. O rojinegras. Sus palmas y dorsos chorrean sangre de los asesinados durante su “guerra” de limpieza social.

Dada las penurias de la hacienda pública, el Nigromante repartía equitativamente su salario entre sus empleados. Al momento de su muerte llevaba año y medio sin recibir el pago por su trabajo, y su familia no pudo costear el funeral. “Era el liberal más honrado y decente de México”, expresó Ignacio L Vallarta, exgobernador de Jalisco (1861-1862).

Los priístas y los panistas convirtieron en botín de guerra al erario. En 2011, el 2.9 por ciento de los altos funcionarios de las 18 secretarías de Estado, la Procuraduría General y la Presidencia acapararon el 22 por ciento del presupuesto para los sueldos y prestaciones. Si se suma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cámaras y el Instituto Federal Electoral, probablemente se duplica el porcentaje. Percibieron 3.4 millones al año, mientras oficialmente 58 millones de mexicanos (extraoficialmente casi 80 millones) sobreviven en la miseria, la pobreza y mueren de hambre.

Calderón tiene las manos de un renegrido chillante en su trato con las mafias del poder, insaciables cuando se trata de los recursos nacionales. Hasta el momento, las familias Mouriño y Fox-Sahagún disfrutan de las rentas de sus negocios privados con los bienes públicos. El exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, una de las dueñas de la Guardería ABC, Marcia M Altagracia Gómez del Campo Tonella (prima de la primera dama Margarita Zavala) y otros duermen tranquilos luego de comerciar la vida y la muerte en las guarderías del IMSS. Felipe el católico dio a los mercaderes de Dios lo que es del César. Mezcló jugosamente la política y la religión. La concesionaria española del ferrocarril suburbano, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles ha sido rescatada y mantiene el negocio. Una historia que rememora a la de la banca y las empresas constructoras de carreteras privadas.

Con la Ley de Asociaciones Público-Privadas dio un paso más para entregar la riqueza nacional a la depredación. A la Iglesia católica le reparte el diezmo público. A los hombres de presa les va mejor. Los sobreprecios de los proveedores del IMSS encarecen 36 por ciento el costo de los fármacos, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Las joyas de la corona son sometidas a un portentoso saqueo. La Organización señala que Petróleos Mexicanos otorga 46 por ciento de sus contratos de manera directa a sus proveedores, mientras que en otras empresas petroleras apenas llega al 15 por ciento. Equivalen a 139.4 mil contratos de 303.1 mil 100. Los proveedores suman más de 4 mil y los favorecidos son menos de menos 450 (Repsol, Royal Dutch Shell, Exxon Mobile Corporation, etcétera), alrededor del 10-11 por ciento. En lugar de bajar los costos, éstos se elevaron entre 10 y 35 por ciento –equivalentes a 32-113.8 mil millones de pesos–. Un negocio redondo. Y para 2009-2018, se tiene pensado otorgar 731 proyectos de largo plazo, por un monto de 227.7 mil millones de dólares anuales. Por éstos la OCDE recomienda “luchar contra licitaciones fraudulentas”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha reprivatizado un tercio de la industria, otorgó más de 2 mil 400 contratos a firmas privadas durante 2011, y pagó 3 mil millones de pesos a los contratistas. Curiosamente, le venden a la CFE la energía más cara de la que ésta produce. El pueblo paga.

Ahora Dionisio Pérez-Jácome, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indica que Calderón sueña con abrir completamente las telecomunicaciones al capital extranjero. Ese sector, propiedad de la nación, que los oligarcas Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, dueño, presidente y director general del Grupo Salinas, y Carlos Slim, considerado por la revista Forbes el hombre más rico del mundo en 2010 y 2011, se pelean con una ferocidad digna de perros de caza.

Apesta a corrupción. ¿Cuántos nuevos ricos arrojarán el calderonismo? Ese sí que es el verdadero crimen organizado.

Y pensar que el yerno del rey de España, Iñaki Urdangarin, está imputado por delitos de falsificación y corrupción, equivalentes a unos cuantas decenas de millones de euros. Y el expresidente de Francia Jacques Chirac fue condenado por cosas similares.

El monumento emblemático la Estela de Luz, cuyo costó pasó de 398.9 millones de pesos a 1 mil 110 millones 575 mil, es la mejor expresión de la corrupción y la depredación en la que han chapoteado el presidente y las elites dominantes, política y económica. Hombre de escasas luces, Calderón nunca se imaginó que será el símbolo de su podredumbre con la que pasará a la posteridad. Hasta que la población arrase con esa insultante construcción de horrendo gusto arquitectónico y de mayúsculo oprobio social.

Esa es la herencia que se disputan Vázquez Mota y Peña Nieto.

*Economista