Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.La fragmentación social del sistema educativo de nivel superior es clara. Profundas las diferencias socioeconómicas entre alumnos de instituciones públicas y privadas, los jóvenes que se preparan en las de presupuesto gubernamental se enfrentan a la desigualdad, la discriminación y la indiferencia que se fomentan desde el Estado, coinciden analistas consultados por Proceso.
A su entender, apoyos que se están canalizando hacia las universidades privadas tendrían que abrir las oportunidades en universidades públicas y respaldar las necesidades de los alumnos que menos recursos tienen para sostenerse en el estudio. En pugna por los favores del gobierno, ambos subsistemas, público y privado, demandan apoyo desde dos lógicas completamente distintas: La lógica mercantil del sector privado de querer mantener su negocio y la lógica pública en la medida de poder prestar un servicio.
Autor del estudio Un sistema de educación superior, dos circunstancias distintas: la universidad pública y la universidad privada, el exrector de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) Adrián de Garay ha dedicado años de investigación a documentar el abismo entre ambas realidades.
Entrevistado por Proceso, el investigador asegura que las diferencias socioeconómicas entre cada subsistema son reflejo de la polarización social y cultural que hay en el país.
Estudian y trabajan
En sus investigaciones, De Garay ha manifestado que el sistema de educación superior está marcado por la necesidad. Desde su ingreso, miles de estudiantes universitarios del sector público –más de 40%– no dedican su tiempo completo a los estudios por exigencias laborales. El 27% de los universitarios inscritos en instituciones privadas también trabaja.
Repercutiendo “inevitablemente” en su desempeño académico, según los datos del experto, de los estudiantes-trabajadores que integran la universidad pública 40% dedica entre cuatro y ocho horas diarias a su empleo. De la educación privada destaca, con 37%, el sector que invierte de 11 a 20 horas laborando.
La desigualdad se ahonda a medida que el estudio se va explicando: 53.4% de los alumnos de educación pública está destinado a trabajar en algún sector ajeno a su carrera. Lastimoso el contraste con 70.9% de los alumnos de instituciones particulares que logra emplearse en un mercado “de plena relación” con sus estudios.
De Garay lanza una pregunta. ¿Es un secreto a voces que las empresas prefieren contratar a los jóvenes que estudian en instituciones privadas?
El 26.1% de los estudiantes de instituciones públicas tiene dependientes económicos y 42.7% no podría sostener sus estudios sin trabajar. El 54.8% de los alumnos de instituciones privadas trabaja para adquirir experiencia laboral.
“Es un problema grande. Muchos alumnos tienen que trabajar forzosamente para pagar sus estudios, algunos no tienen tampoco para su manutención o tienen que llevar dinero a su casa. Eso merma en gran medida el desempeño de los estudiantes y muchos terminan por desertar en algún momento de su carrera”, reconoce Ángel Cano, presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
Otro factor diferencial es lo que Adrián de Garay llama el “capital cultural”: el pasado académico de los padres marca el destino de los hijos. En tanto 70% de los padres de alumnos que atienden a la educación superior particular cuenta con estudios profesionales, sólo 28.6% de los padres del subsistema público alcanzó la universidad.
Dentro del contexto social en el que se desarrollan los alumnos, los que llegan a las universidades públicas “en buen número” provienen de estratos sociales de clase media y media baja, dice a este semanario el investigador de la UNAM y doctor en sociología René Jiménez. “Los más pobres no pueden estudiar. Van creciendo en un contexto social desigual. Los que más recursos tienen llevan una trayectoria estudiantil en el sector privado desde la educación básica hasta la superior”, explica.
El tránsito a la educación superior se ha convertido en “suplicio” para los aspirantes al sector público, explica la doctora Carlota Guzmán, especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
“Influye todo: que tengan computadora con conexión a internet, que tengan dinero para comprar libros, lo que comen, el lugar en donde viven y hasta las horas que tardan para llegar a la universidad. Las condiciones en las que estudian son muy distintas. Y esto incide”, señala.
El estudio de Adrián de Garay lo dice claro: los alumnos “padecen” un desgaste cotidiano: simplemente en transportarse, 51.4% tarda más de una hora en llegar a su universidad en transporte público. Algunos, tardan más. De Garay cuenta la historia de un alumno suyo que, por esa circunstancia, abandonó la UAM-A: “(Ese alumno) hacía dos horas de ida y dos de regreso y tenía clase de siete. Se tenía que levantar a las cuatro de la mañana. El transporte le costaba 900 pesos mensuales. Se inscribió en una universidad “patito” a 10 minutos de su casa, por los mismos 900 pesos mensuales de colegiatura”, relata el exrector y remata con el argumento del joven. “Pagaba lo mismo, pero se ahorra cuatro horas y el riesgo de que lo asalten”.
Beneficio a particulares
El pasado 9 de enero, Felipe Calderón anunció el Programa de Financiamiento de la Educación Superior, que prevé otorgar créditos bancarios con la garantía de Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto de 2 mil 500 millones de pesos, etiquetados para 23 mil plazas a distribuirse en 21 universidades privadas.
Los préstamos, que estarán a cargo de Financiera Educativa México (Fiem), Banco Santander, HSBC, Bancomer y Banorte, serán de 250 mil a 280 mil pesos a pagar en plazos de 15 años y medio con tasas de interés que irán de 9 a 13% anual.
Al hacerlo público en el campus del Instituto Tecnológico de Monterrey, Calderón celebró esta medida en pos de un “México más justo y más igualitario”. El financiamiento a estudiantes, dijo, “democratizará el acceso a la educación superior y acelerará la ampliación de la cobertura educativa”.
Según De Garay, es una “mentira” que la finalidad de esta medida responda a un interés por aumentar la cobertura educativa y propiciar mayor equidad. Con la incorporación de los 23 mil beneficiarios del financiamiento promovido por Calderón –comenta a este semanario– el aumento de la matrícula nacional de estudiantes en educación superior alcanzaría “un impacto mínimo” de apenas 0.8%. Y se pregunta: “¿Cuántos estudiantes más podrían adherirse al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) con esos recursos?” La respuesta es que se podrían triplicar los más de 300 mil apoyos que actualmente otorga ese programa.
De Garay recuerda que, en noviembre de 2011, el Congreso negó 57% de los recursos adicionales que instituciones de educación superior solicitaron a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Según De Garay, “si los recursos destinados al programa de créditos para estudiantes de universidades privadas se hubieran destinado a las públicas” se habría conseguido 69.3% de lo gestionado, “garantizando que las instituciones públicas pudieran admitir a mucho más de 23 mil estudiantes”.
No sólo eso. De haber seguido el rol natural del Estado, el gobierno pudo impulsar significativamente a diversos sectores de la educación superior pública antes de priorizar al sector mercantil. Jóvenes de universidades públicas que reclamaron por esta medida aseguran que 2 mil 500 millones de pesos serían suficientes para cubrir 56% del presupuesto de la UAM, 23% del Politécnico, cuatro veces el presupuesto anual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como ampliar 17% la matrícula de la UNAM, un equivalente a 30 mil alumnos más de nuevo ingreso al año.
El economista Salomón Rodríguez publicó –un día después del anuncio– que tomando en cuenta los intereses de un crédito para licenciatura por 215 mil pesos, a una tasa de 10% anual, un estudiante terminaría pagando más del doble. Aproximadamente 600 mil pesos por su preparación. Para posgrados, cada alumno terminaría endeudado por cerca de 750 mil pesos por los 280 mil recibidos.
Un negocio redondo para la banca y el sector privado de la educación superior, dice a Proceso Carlota Guzmán. “Llama la atención que es el modelo chileno, por el que vemos tantas movilizaciones por el endeudamiento de las familias, hipotecadas por la educación. Y justamente se vino a escoger ese modelo. Los créditos no van a ser utilizados por los miles de aspirantes que no logran ingresar a la educación pública, sino por un sector que por falta de recursos ya antes perdieron las universidades privadas”, aseguró la investigadora. Según Guzmán, no se dimensiona la magnitud del problema.
No obstante, el subsecretario de Educación Superior y encargado del despacho de la SEP, Rodolfo Tuirán, justifica el modelo de financiamiento, que también se aplica en países como Estados Unidos.
Sobre el endeudamiento de los estudiantes Tuirán dice: “Son decisiones como cuando compramos una casa o tomamos una hipoteca. Tiene responsabilidades y riesgos, y también los beneficios”.
David Brooks, de The New York Times, describió a la actual como la generación de estadunidenses universitarios más endeudada de la historia de aquel país a causa del sistema de créditos, similar al que se acaba de implementar en México.
Dichos préstamos, escribió Brooks el pasado 10 de enero, convierten a los estudiantes en “esclavos” de su deuda, en beneficio de universidades e instituciones bancarias.
En 2011 el monto de préstamos estudiantiles superó 100 mil millones de dólares. “Estos jóvenes aceptaron el equivalente a la hipoteca de una casa en deuda”.
Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, cita Brooks, en 2008 67% de los egresados de escuelas de educación pública estaba endeudado y 96% de las instituciones privadas también.
Esos jóvenes nutren el movimiento de indignados Ocupa, que desde el pasado septiembre protesta por el endeudamiento y la falta de empleo.
En el sistema de créditos se dio concesión a 21 universidades, bajo dos criterios: que fueran grandes en cuanto a matrícula y cumplieran ciertos estándares de calidad.
Sin embargo, el presidente de la FIMPES, instancia encargada de acreditar la calidad de las instituciones de educación superior privada, dice que el requisito primordial, que es la calidad, no todas lo cumplen: “Algunas están en proceso (de acreditación). Nosotros siempre insistimos en que fueran puras acreditadas para que no hubiera ninguna duda. No es una decisión que tomó la FIMPES. Ellos lo que hicieron fue buscar que tuvieran una acreditación de calidad, aunque insisto que no todas están propiamente acreditadas”.
–Ellos, ¿quiénes?
–Fue propiamente Nafin la que impulsó el programa. Nafin hizo el contacto con la SHCP, que son parte de la misma administración, y entre ellos escogieron las universidades. Seguramente algo tuvieron que ver los bancos con los que están trabajando y la financiera (Fiem). Supongo que tuvo que ver mucho el contacto que ya tenían los bancos con las universidades para impulsar estos programas.
–¿Sabe el criterio para elegir los 23 mil alumnos, se busca también un perfil socioeconómico determinado?
–Sí. Se les pide a cada uno de los alumnos su poder adquisitivo familiar, su estatus socioeconómico. Estamos partiendo de que esos alumnos puedan pagar esos créditos, aunque ahorita sólo pagan los intereses. En algunas ocasiones no es muy significativo, dependiendo de la colegiatura de cada universidad.
–¿No podría aspirar a ese crédito un alumno de bajos recursos?
La familia necesitaría un aval para tomar en cuenta los pagos de intereses que se tienen que hacer en este momento. Para la parte del capital, que se pagaría seis meses después de haber egresado, lo que se busca es que el alumno con su propio trabajo lo pueda pagar.
“Los créditos van dirigidos a un sector de clase media o clase media alta que antes podía ingresar a la universidades privadas y que por cuestiones económicas en los últimos años ya no lo pueden hacer. Están tratando de recuperar para las universidades privadas un público que tenían y que han perdido. O que acceden a universidades más baratas. Pero no son nuevos públicos los que acceden porque no todos son sujetos de crédito. No es un beneficio, es un endeudamiento”, según Carlota Guzmán
Para Adrián de Garay la explicación del programa de financiamiento responde a una generación gubernamental que no tiene claro qué es lo público. “Es inadmisible que el señor (Calderón) otorgue 2 mil 500 millones para que se beneficien la banca privada y las escuelas privadas con las cuotas que los jóvenes van a pagar. No acaban de entender que la principal responsabilidad de la educación es pública. Ahora le metieron 2 mil 500 millones de pesos. ¿Qué tal que el año que viene le meten más?”.
–Y si le meten más, ¿qué?
–Ahí sí creo que iniciamos ya, con toda claridad, un proceso de privatización de la educación.
Durante el anuncio del programa Felipe Calderón alardeó: “Y le vamos a meter más. ¿Cuánto? Todo lo que se necesite para que cualquier estudiante que no tenga recursos para pagar su universidad pueda obtener un crédito accesible dentro de este programa”.
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