La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 52 denuncias de hechos ante la PGR por el probable delito de lavado de dinero cometido en el circuito financiero mexicano durante 2010, revela la Auditoría Superior de la Federación. De éstas, se consignaron 34 ante la justicia federal. La Procuraduría General también tuvo conocimiento de otros 70 reportes de inteligencia por operaciones presuntamente hechas con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Aunque el combate a este delito es una supuesta prioridad para la “guerra” antinarcóticos, a los delincuentes no se les tocaron sus finanzas: ese año, se lavaron al menos 88 mil millones de dólares en México.
En 2010 y en plena “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la inteligencia civil de México sólo logró llevar a juicio 34 casos de presunto lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, revela el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados el pasado 15 de febrero.
Se trata de las 34 averiguaciones previas que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante la justicia federal, de un total de 52 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio Público federal a lo largo de ese año, y que integraron igual número de indagatorias judiciales.
Del informe elaborado por el máximo órgano de fiscalización se desprende que el 59.6 por ciento de las denuncias se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. En total, esta área abrió 31 averiguaciones por igual número de denuncias, pero sólo realizó 19 consignaciones.
La Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud recibió el 26.9 por ciento de las denuncias: abrió 14 averiguaciones previas, de las cuales consignó 10. La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas abrió y consignó tres averiguaciones previas. La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas abrió tres indagatorias de las que sólo consignó una. Y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos abrió y consignó una.
Pero aunque en esas 34 operaciones tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la PGR presumieron que se vulneró el circuito financiero mexicano y sí se lavó dinero, hasta ahoraningún dueño, accionista ni alto ejecutivo de instituciones financieras legales ha sido encarcelado.
Además de los 52 casos denunciados, otras 70 transacciones que implican al sistema financiero en operaciones altamente riesgosas prendieron los focos rojos al interior del aparato de inteligencia civil, especializado en políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Éstas, de entre un total de 4 millones 695 mil 31 reportes por operaciones inusuales, preocupantes y relevantes que recibió y analizó la Unidad en ese periodo.
En total, los expertos antilavado de la UIF dieron parte a la Procuraduría General de 122 operaciones en la banca comercial, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles), seguros que consideraron prácticamente constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (118 casos) y financiamiento al terrorismo y tráfico de armas (cuatro casos).
Con base en el oficio 110.-A.-065/2011 de la Unidad de Inteligencia Financiera, la ASF refiere que los 70 reportes se presentaron de la siguiente manera: 52 a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; ocho a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; seis a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; uno a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; y uno más a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.
Finanzas ilícitas intactas
Las tres decenas de casos llevadas ante la justicia federal, así como los otros 90 casos enterados a la Procuraduría General de la República contrastan con la realidad del lavado de dinero en México, que provee a la criminalidad todo su andamiaje operativo: personal, armas, vehículos, casas de seguridad, capacidad de corrupción.
Desde que inició la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y hasta la fecha, este ilícito implicaría operaciones por unos 88 mil millones de dólares anuales: 49 mil millones que trasnacionales y empresas sacan ilícitamente del país a través del sistema financiero y que constituyen operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con la reciente investigación de la consultora Global Financial Integrity (Contralínea 271); y 39 mil millones de dólares que los criminales logran legalizar con éxito en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas de Estados Unidos (Contralínea 237).
Por tanto, en 2010 los delincuentes de cuello blanco –incluidas las trasnacionales que operan en México con capacidad para realizar facturaciones fraudulentas en otros países– sacaron del país unos 49 mil millones de dólares; mientras que los criminales ingresaron al circuito financiero un porcentaje no determinado de esos 39 mil millones de dólares producto sólo de la venta de narcóticos en Estados Unidos.
La balanza de las finanzas ilícitas no es desconocida: en sus reportes International narcotics control strategy report 2010 y 2011, el Departamento de Estado de ese país señala que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero” y que “el contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”.
No obstante, la inteligencia civil destinada a detectar estas operaciones que llegan al circuito financiero en México ni siquiera tiene un sistema confiable, señala la Auditoría Superior: la Unidad reportó un total de 4 millones 695 mil 31 operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, mientras que los organismos reguladores y supervisores reportaron en conjunto 11 mil 558 operaciones, “lo cual refleja que la información no es confiable y los reportes no son congruentes”.
El órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados indica, además, que no se tuvo evidencia para determinar si los sujetos obligados emitieron los reportes trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 por todas las operaciones relevantes realizadas mediante el uso de cuentas concentradoras de sus clientes o usuarios.
Ello, porque la UIF se negó a proporcionar los datos con el argumento de que “la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para tener acceso a la información contenida en los reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, ya que dichas operaciones están relacionadas con posibles actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código y no cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales (sic)”.
Banca trasnacional lava en México
En todo el ejercicio de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó un caso de probable lavado de dinero que involucró a una trasnacional financiera. Se trató de una oficina de representación de una institución extranjera que se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impedida para realizar actividades de intermediación financiera en el mercado nacional, por no contar con la autorización del gobierno federal.
La Unidad de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “determinó que dicha oficina deberá abstenerse de actuar, directamente o por medio de interpósita persona, en operaciones de captación de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena, y de proporcionar información o hacer gestión o trámite alguno para este tipo de operaciones”.
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