Ana Lilia Pérez
Jalisco. Sigilosamente, los jaliscienses aprenden a tirarse al piso cuando escuchan un tiroteo; resguardarse en casa, en la escuela, en la oficina, cuando los cristales de las ventanas estallan y el piso cimbra por la detonación que precede a la humareda y fuego de una granada; o de plano, encomendarse a cualquier santo si acaso quedan atrapados entre disparos cruzados.“Jalisco se convierte en un infierno”, dice Rosaura, una tapatía de ojos color miel, avecindada en La Providencia, una de las colonias más exclusivas de Guadalajara convertida en asiento de capos del narcotráfico, que en los últimos meses vive convulsiones cotidianas. Apenas en septiembre de 2011, allí asesinaron a Javier García Morales, exdiputado priísta e hijo de Javier García Paniagua, descendiente del general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional en la administración de Gustavo Díaz Ordaz.
Rosaura, integrante de una pudiente familia de empresarios, relata, con un dejo de espanto, los avatares que la “guerra” oficial contra el narcotráfico ha traído al estado: la disputa del negocio entre los nuevos cárteles contra familias herederas de linajes mafiosos que reclaman su antigüedad, y en medio de ellos, una sociedad civil indefensa desdeñada por las autoridades de todos niveles.
Hasta antes de los aparatosos narcobloqueos del 9 de marzo pasado, el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y el estatal por González Márquez, habían minimizado los brotes de violencia e inseguridad que se han generalizado en Jalisco y que vislumbra para el estado un ambiente de violencia desbordada como se vive hoy, de manera más evidente, en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
“Parecía que Jalisco era una entidad en relativa calma. Eso parecía, porque no se informa lo que pasa en realidad, que en ciudades, barrios, pueblos, la gente vive amenazada, aterrada, sometida por el crimen organizado. La realidad supera lo poco que se difunde en los medios, pero el problema ha crecido tanto, que ya no lo puede esconder, aún cuando desde la Presidencia de la República o desde el gobierno del estado sigan diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control”. El de la voz es Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, quien coordina los trabajos de la sociedad civil jalisciense adheridos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige el poeta Javier Sicilia.
Joya geográfica
Jalisco es uno de los estados con más alta influencia del narcotráfico desde la década de 1980, cuando bajo el mando del sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, surgió el cártel de Guadalajara, que trasegaba ya grandes cantidades de cocaína y mariguana a Estados Unidos. A la postre, basadas en la capital del estado, familias enteras dedicadas al narcotráfico se encumbrarían como los capos más poderosos del país.
Dentro del mapa del narcotráfico, Jalisco es territorio especial y fuertemente codiciado, no sólo por su ubicación geográfica, con 342.93 kilómetros de litoral al Pacífico y frontera a seis entidades que conectan a los cuatro puntos cardinales del país: Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato, sino por la infraestructura carretera que conecta directamente hacia el centro del país en rutas cortas, lo que sumado a sus condiciones físicas facilita los trasiegos de droga o cualquier mercancía.
También porque en la entidad está asentado el tercer aeropuerto más importante del país por afluencia de pasajeros sólo después del de Distrito Federal y de Cancún; pero el segundo en importancia para el transporte de carga aérea sólo después del capitalino. Las incautaciones hechas en sus instalaciones, registradas por la Secretaría de Seguridad Pública dan una idea de la incidencia en el trasiego sobre todo de drogas sintéticas.
Además de ser terruño de siembra de amapola y mariguana, Jalisco ocupa el primer lugar en producción de drogas sintéticas, particularmente anfetaminas, y esto se facilita gracias a que es un punto neurálgico de descarga de las materias primas, que vía marítima llegan de los países asiáticos en la ruta Asia-Pacífico. Las zonas rurales y urbanas concentran cientos de narcolaboratorios, en cantidad tal, que de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Jalisco es la tercera entidad con mayor número de narcolaboratorios del país. Guadalajara y sus municipios conurbados son asiento de fincas y viviendas que albergan esos centros de elaboración de drogas sintéticas que abastecen a México y Estados Unidos, principalmente.
Pero además, su capital es todo un paraíso para el lavado de dinero. La economía formal se ha fortalecido en gran parte con el dinero sucio que se blanquea con facilidad en los circuitos financieros de la entidad.
El Estudio binacional de bienes ilícitos México-Estados Unidos, elaborado en 2010, por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala que Guadalajara es la tercera ciudad de México con mayor flujo de lavado de dinero, sólo después de Monterrey y Culiacán.
“Guadalajara es un paraíso natural para los empresarios que tiene doble cara: la pública, que es de respetados empresarios, y la otra, que es de miembros de la delincuencia organizada, cuya función es lavar el dinero”, explica el jalicinense Dante Jaime Haro Reyes, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad y narcotráfico.
Laboratorios farmacéuticos, importadoras, estéticas, talleres mecánicos, transportistas, clubes nocturnos, restaurantes, entre otros giros, están identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como compañías fachada mediante las cuales las organizaciones criminales lavan dinero en la entidad.
Considerados también los cientos de inmuebles identificados como propiedad de familias estirpes de distintos cárteles, desde las casas a nombre de exesposas o familiares de Joaquín Guzmán Loera Guzmán, el Chapo; las de familiares de Ismael Zambada Niebla,el Mayo, o aquellas casonas que a sus 14 de edad sus padres le regalaron a Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, el menor de familia integrantes del cártel de Tijuana.
Todo Jalisco es una de esas entidades donde es más comprobable, por visible, la tesis del doctor Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de seguridad y experto en delincuencia organizada, de que la peor falla de la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico es que no impacta el patrimonio de los cárteles de la droga. Con ello coincide Ramón Martínez Escamilla, doctor en economía por la Universidad de Miramar, San Diego, California, e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien destaca también la urgencia de que se combata el financiamiento de las organizaciones criminales, “y ello por supuesto también incluye la depuración gubernamental de los funcionarios que colaboran en esos ilícitos”.
Aún con las detenciones de supuestos líderes del narcotráfico que el gobierno federal ha hecho en la entidad o la muerte de otros de ellos, “las estructuras financieras siguen intactas, lo que significa que en realidad no se está atacando nada”, refiere Haro Reyes.
“En los cárteles no hay vacío de poder, no por el hecho de que quiten al gerente quiere decir que acaben con la empresa. Con el hecho de que tomen a uno o dos cabecillas no quiere decir que se pierda la estructura ni que se termine la delincuencia organizada. Lo que es evidente es que mientras no se ataque realmente la estructura operativa, financiera, corporativa, de protección –lo que en realidad se tienen que atacar–, no se estará combatiendo nada”, agrega el jurista, doctor en derecho por la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, Alemania.
—¿Qué advierte para Jalisco de no atacarse el flujo financiero de los cárteles?
—Desde luego que si no se desmantelan sus estructuras de financiamiento, seguirán teniendo poder y control y la violencia irá en ascenso, por la disputa que hay por el territorio.
La guerra interna
Llama la atención las últimas detenciones de la autoridad federal encaminadas a golpear a las organizaciones que le dieron la espalda al cártel de Sinaloa, revelándose a su control, así parecen las detenciones de Érick Valencia Salazar, alias el 85, a quien la Sedena identificó como líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de su lugarteniente Otoniel Mendoza, Tony Montana, el pasado 9 de marzo.
Hasta 2010, el cártel de Sinaloa tenía un férreo control de territorio jalisciense, lo que al parecer mantenía la aparente calma en la entidad. A cargo de la “plaza” estaba Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, identificado como el tercero al mando en la estructura de la organización que dirige Joaquín Guzmán Loera (el segundo es el Mayo).
Pero la muerte del también llamado Rey del cristal, el 29 de julio de 2010, a manos del Ejército en su lujoso condominio de Colinas de San Javier, en Zapopan, fue un parteaguas. A partir de entonces, parafraseando a los lugareños, “en Jalisco los demonios se desataron”.
“A partir de aquel día se dio una atomización de los cárteles, cayeron liderazgos, se rompieron alianzas y entonces cada operador quiso tomar el control defendiendo sus propios intereses, y es esa escisión y disputa lo que padecemos hoy”, explica Haro Reyes.
En esa atomización, Los Valencia, o el llamado cártel del Milenio, conocidos desde la década de 1990 como los “reyes de las drogas sintéticas”, antaño asociados al cártel de Sinaloa rompieron su alianza tras la muerte de Nacho Coronel.
Fracturada la sociedad, de esa escisión surgieron el cártel de Jalisco Nueva Generación y como sus antagónicos, La Resistencia, que buscó alianzas con el cártel del Golfo, con La Familia Michoacana y con Los Zetas, de acuerdo con datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
En sus primeros meses, al cártel de Jalisco Nueva Generación lo dirigió un sobrino de Nacho Coronel, Martín Beltrán Coronel, el Águila, detenido en julio de 2011, también en Zapopan. La organización anunció su presencia en mantas y en videos en internet en los que se autodenominaron como Matazetas, atribuyéndose la ejecución de 32 hombres en Veracruz, en octubre de 2011, cuyos cadáveres fueron tirados en la zona conurbada Boca del Río-Veracruz. Pronto Los Zetas les devolvieron la afrenta, en noviembre arrojaban 26 cadáveres en el centro de Guadalajara y colocaban también mantas alusivas al gobernador González Márquez.
Desde antes de la muerte de Nacho Coronel, hubo grupos que decidieron no aliarse con el cártel de Sinaloa, como los Güeros, que asociados con Los Zetas, entre Jalisco y Guanajuato coordinaban trasiegos de droga de Colombia y Perú.
La Sedena identifica en Jalisco la presencia de seis cárteles que hoy se disputan el control: el cártel de Sinaloa (o del Pacífico), el de Jalisco Nueva Generación, el de la Resistencia, el de La Familia Michoacana, el de Los Caballeros Templarios y la organización de los Beltrán Leyva, alguno de éstos asociaciones o en alianzas temporales con otros grupos con mayor influencia a nivel nacional como Los Zetas.
El cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, extendió su área de operación a Nayarit, Michoacán, Colima y Guanajuato, pero también, mediante videos en internet, la organización anunció su presencia en Veracruz, con los 35 cuerpos que, como ya se mencionó, arrojaron en Boca del Río, en 2011.
El municipio de Zapopan es el principal bastión del cártel de Jalisco Nueva Generación, desde hacía décadas, era uno de los municipios con mayor influencia de los Valencia. Los registros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dan cuenta de numerosas fincas y ranchos de ese grupo usados también como casas de seguridad y laboratorios. En una de las incautaciones a ese grupo, en 2010, por ejemplo, se hallaron armas de alto poder, incluídas lanzagranadas, municiones, vehículos, joyas.
Gobierno sin confiabilidad
En Jalisco hay un reclamo ciudadano que va en el sentido de que el gobernador Emilio González Márquez se ha negado a reconocer públicamente que la violencia y el nivel de operación de los cárteles rebasa por mucho a las autoridades por la filtración en las áreas de gobierno.
Las operaciones de la Sedena al margen del Ejecutivo estatal son para los jalisciences indicativo de la desconfianza en la administración de González Márquez.
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