Calderón decide, en total opacidad, que Pemex apoye a la industria naval española

Los acuerdos entre el gobierno mexicano y el cártel español -gobierno y empresas hispánicas- siguen en todos los rubros. La construcción de dos hoteles flotantes en astilleros gallegos no salvará de la ruina a esta industria pero en abril del 2012 Calderón le prometió a Rajoy flujo de dinero hacía España. Y le cumplió.

Una empresa pública en apuros, Navantia, con trabajadores en huelga y un astilero privado podrán salvar el ciclo de la crisis terminal gracias a un mega-acuerdo que siguiendo la traidición necolonial que iniciara el presidente López Portillo pretende salvar regiones sumidas en el infierno de la crisis permanente como Galicia. Lo desveló el corresponsal de La Jornada en España, Armando Tejeda aunque ya era tema público y notorio en la prensa ibérica:

Firma del acuerdo Pemex-astilleros gallegos: presidente de SEPI, Ramón Aguirre, su homólogo en NAVANTIA, José Manuel Revuelta, el consejero delegado de Pemex en España, José Manuel Carrera y el presidente de Barreras, José García Costa de Barreras (Foto: navantia.es)

Antes de anunciar la firma del contrato para la construcción de las dos plataformas, el presidente de la Xunta de Galicia, el conservador Alberto Núñez Fiejóo, anunció en mayo pasado una alianza estratégica con Pemex en la que la paraestatal se comprometió a desembolsar centenares de millones de euros para que se construyeran 14 remolcadores y los dos hoteles flotantes.
Fue una operación impulsada y autorizada por el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y ejecutada por el consejero delegado, José Manuel Contreras.
Según el acuerdo, los dos hoteles flotantes tendrán una eslora de 131 metros y una manga de 27 metros, con lo que tendrá una capacidad operativa de 600 ocupantes cada uno, con un peso total de la embarcación de unas 7 mil toneladas.

Mientras los gallego-mexicanos de la comarca de Avión, encabezados por la familia Vázquez Raña, enriquecidos bajo el ala del poder desde tiempos de Echeverría, mueven dinero privado entre México y España sin aportar nada a la economía de ambos lugares, el gobierno de Calderón sigue la línea de José López Portillo que decidió usar a Pemex como palanca de salvación de la no nata refinería de Muskiz que en 1979. Tras el abandono de la norteamericana Gulf, el gobierno de México  construyó la primera refinería de España con personal de Pemex que le dieron a Repsol, entonces pública hoy privada, la mayor receptora y refinadora de petróleo crudo de España.

Prensa española informa a 8 columnas del acuerdo Pemex-Galicia (Foto: abc.es)

Igual que aquella maniobra de salvación, opaca y llena de mordidas de alto nivel, le supuso a López Portillo abrir casa en Sevilla en 1982 y ganarse el Premio Príncipe de Asturias, el panista sigue con la idea que las empresas de la madre patria merecen contratos y prebendas sin que esto suponga reciprocidad alguna, como mostró la abortad operación de compra de Repsol que Pemex intentó con una endeudada constructora española.

López Portillo se entrevista con el presidente español Adolfo Suárez en Sevilla: octubre de 1977 (Foto: agencia EFE)

Refinería de Petronor en Muskiz: un regalo de Pemex al gobierno español

A cambio, la estancada industria naval mexicana, tendría parte del contrato de las 14 remolcadoras que podría recaer en astilleros de Mazatlán, aunque esta parte no es clara y las negociaciones siguen abiertas con el ejecutivo gallego tras la promesa de Calderón a Rajoy en abril del 2012 que traería dinero fresco de México para la decaída economía peninuslar.

En todo caso, sigue la opacidad y los negocios conjuntos con el cártel español pero en el laberinto gallego, este mítico contrato no parece ser más que una auxilio temporal. Veamos, pues, que se dice en Galicia sobre el acuerdo estratégico con México.

¿Qué supondrán para Galicia los contratos de Pemex?

Los astilleros públicos Navantia toman un respiro gracias al contrato de Pemex (Foto: elpais.com)

Este es el reporte del periódico La voz de Galicia:

Ferrol padece, desde el pasado 4 de julio, y por primera vez en décadas, un panorama de gradas vacías en las antiguas Astano y Bazán. Dos gigantes industriales que bombean la económica de la comarca sin oxígeno y con una sangría que se ha cobrado ya unos 1.800 puestos de trabajo. El astillero vigués Hijos de J. Barreras acaba de salir de un concurso de acreedores que lo ha mantenido paralizado los últimos meses. Con este contexto como telón de fondo, los contratos con Pemex vienen a romper con una tendencia de carteras de pedidos vacías, aunque será necesario que lleguen nuevos encargos para despejar definitivamente la crisis del sector.

¿Qué va a suponer para los astilleros de la ría de Ferrol?

Las plantas de Ferrol y Fene tienen una plantilla directa de unas 2.300 personas, y la auxiliar ha llegado a superar las 3.600 en los años de bum del sector, aunque en los últimos 18 meses se han destruido unos 1.800 puestos en las subcontratas. Por sí solo, el encargo de Pemex no va paliar el número de empleos perdidos, pero viene a acabar con un lustro sin firmar nuevos encargos y a generar nueva ocupación para el sector. El inicio de la obra va a coincidir con el fin de la que está en curso: la quinta fragata F-100 para la Armada española, que se entregará en breve, y el segundo megabuque para Australia, que ya está en su última fase. Evitará, pues, la parálisis total de las instalaciones que se avecinaba.

¿Qué necesitan las plantas públicas para salvar definitivamente el bache?

Más trabajo. El presidente de la SEPI, el accionista único de Navantia, aseguró ayer que hay más de 50 acciones comerciales civiles y militares de la empresa en el mercado internacional y que pueden dar frutos en las próximas semanas. Arabia Saudí, Turquía, Noruega y Australia son algunos de los países que podrían reportar nuevos encargos. Además, los trabajadores demandan desde hace 18 meses la construcción de un dique flotante que cuenta hasta ahora con el apoyo de partidos, empresarios y la propia Xunta, y que generaría dos años de trabajo.

¿Qué supone para Hijos de J. Barreras el contrato firmado?

Sin rodeos: la salvación del astillero. La empresa saldrá oficialmente a finales de mes del concurso de acreedores, tras conseguir una quita del 80 %. Con toda la plantilla en expediente de regulación de empleo desde junio del 2011, la firma de este pedido supone la vuelta a la vida para el mayor astillero privado de Galicia y para su extenso anillo de auxiliares del naval.

¿El pedido pone a salvo al mayor astillero privado de España?

El contrato le permitirá arrancar, pero una vez dado el paso más difícil, es necesario afianzar la carga de trabajo futura con nuevos contratos. Para ello es imprescindible que Bruselas desbloquee el tax lease, lo que permitiría al astillero competir en el mercado en igualdad de condiciones en materia de incentivos fiscales que los países de la competencia.

¿Qué se juegan los astilleros gallegos con los barcos encargados?

Lo primero que se juegan es el dinero, claro está. Para ello, los astilleros deberán ser escrupulosos con los compromisos adquiridos y los plazos de entrega. Solo así se evitan las temidas penalizaciones. En ello les va también el prestigio y la capacidad de ganarse la confianza de una de las mayores petroleras del mundo, en pleno proceso de renovación de su flota y puede deparar prósperas operaciones con el sector.
En el caso de los astilleros públicos de la ría de Ferrol, el contrato de la fabricación del buque hotel permite la vuelta al sector naval civil de la antigua Bazán. Hace ya un cuarto de siglo que no salen de sus instalaciones barcos mercantes.

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¿Tú crees en Televisa? ¡Yo tampoco!

Televisa, el monopolio millonario, enemigo de los maestros y de la educación pública

Pedro Echeverría V.

1. “¡De Panzazo! El drama de la educación en México”, es una película hecha por Televisa y su principal locutor Carlos Loret de Mola. Presenta una variedad periodística de temas sobre educación, deforma a su manera el asunto y no logra plantear el problema educativo real que no es culpa particular de Calderón, de Esther Gordillo, de los profesores, los estudiantes o los padres de familia, sino de toda una estructura económica y política capitalista de la que nadie habla por profunda ignorancia o por así convenirle. La gente tonta –para no decir imbécil- siempre busca culpabilidad individual para no tener el trabajo de explicarse más los problemas. Antes de Calderón, de la Gordillo, de Vázquez Mota, de Lujambio, los problemas educativos eran parecidos y después que dejen el poder van a continuar si no hay una transformación radical. Todos ellos son funcionarios nefastos, que deberían estar en la cárcel por ineficaces, pero son sólo parte de la estructura.

2. ¿No es caso abstracto hablar de “estructura económica y política capitalista” porque no se culpa a nadie en lo individual? Hemos tenido presidentes de la República, líderes sindicales charros, secretarios de educación, cada sexenio y las cosas siguen igual (peor o menos peor). Allí están los mismos maestros y sus condiciones de trabajo y de vida; los mismos alumnos con o sin desayuno y dinero; los mismos padres de familia sin estudios o sin trabajo. ¿No es acaso todo eso y mucho más lo que en conjunto forma la estructura que determina sobre la educación? O, acaso puede Televisa -como siempre lo hace- culpar a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia, de su faltismo, su incapacidad, su irresponsabilidad, de los problemas educativos? El pobre Loret de Mola, como agente de Televisa puede decir como reportero en la película lo que le venga en gana, pero todo lo que haga no servirá para analizar bien la
educación.

3. La estructura educativa tiene que ver con la política educativa que se aplica, el presupuesto económico que se destina, con la forma de su distribución, con la situación económica del hogar de los estudiantes, los el empleo y los ingresos de los padres de familia, con la situación económica y sindical de los maestros, con los programas de capacitación o nivelación que reciben, con los métodos educativos, con las condiciones materiales de las escuelas; en fin, con todo el contexto en que se desarrolla el hecho educativo. ¿Qué pasa si las autoridades de educación son incapaces, si el liderazgo sindical no permite la unidad, si los profesores no reciben los salarios y las prestaciones adecuadas, si los estudiantes acuden sin comer a la escuela y los padres de familia por ignorancia y falta de trabajo tratan mal a sus hijos estudiantes? La educación es todo un contexto en el que si algo falla, se hace deficiente.

4. ¿Qué puede decir Televisa si combate, calumnia, denuncia, todas las manifestaciones, los paros, las protestas de los maestros y trabajadores en el país? En vez de informar de los derechos, las peticiones, las demandas de los trabajadores, entra a cualquier nota defendiendo a la empresa. ¿Por qué antes de decir cuantos niños o jóvenes pierden clases porqué antes no informa cuales son los motivos profundos de los paros? ¿Por qué antes de calumniar a un pobre trabajador que se roba una cartera no explica las causas del problema y del desempleo en la nación? Televisa es una poderosa empresa capitalista cuya única misión es ganar dinero y para ello hizo la película: no para explicar con verdad lo que pasa en educación sino para hacer propaganda contra los profesores y, sobre todo, para ganar dinero. Y para ello el pobre Loret está muy bien puesto en el oficio de vocero de esa empresa.

5. Los maestros no son unos santos, pero entre los dos millones de enseñantes hay buenos y malos maestros, así como en otras profesiones. Seguramente como los curas y los médicos, desde los años 20 hasta los 60 los profesores rurales tenían mucha más vocación y entrega que los actuales profesores urbanizados; pero ello no lleva a decir que aquellos eran mejores que los actuales; tampoco a pensar que fueron los maestros quienes cambiaron la vida. ¿Puede olvidarse que la sociedad capitalista de rural se hizo urbana, de agraria se hizo industrial, de unos miles de habitantes se transformó a millones? Así que explicar el problema educativo pensando en los maestros en lo individual o como grupo, olvidando que profesores, estudiantes, padres de familia, autoridades son un todo estructural, es no tener la menos idea de lo que se hace. Pero Televisa no tiene ideas, tiene intereses.

6. ¿Qué puede decir un monopolio televisivo –cuya única misión es deformar la realidad y hacer dinero- ante los hechos escolares y educativos que se desarrollan en el país, cuyos protagonistas principales son los estudiantes, los profesores y los padres de familia? Azcárraga Milmo dijo y reiteró que la misión de los programas televisivos de su empresa Televisa no son educar sino entretener y que para educar está la secretaría de Educación; dijo Televisa que sólo entretiene a un pueblo ignorante que necesita descansar, reír y divertirse después del trabajo. Y con esas declaraciones no mentía o sólo se burlaba uno de los millonarios más grandes en México; sólo decía de manera cínica su verdad: mientras más ignorante de sus derechos es un pueblo con mayor facilidad se le explota y se le somete. ¿Cuántos negocios hace Televisa? Telenovelas, novelas, revistas, libros, estadios de fútbol, equipos, y…
películas.

7. ¿Tú crees en Televisa? ¡Yo tampoco! ¿Cómo creerle a sus locutores, comentaristas, publicaciones, si todo lo que hace responde siempre a intereses empresariales y de gobierno? ¿Sabes cuántas manifestaciones diarias de trabajadores –con los puños en alto- llevan sus protestas frente a las oficinas de la empresa para reclamarle sus calumnias y mentiras? Por eso los profesores de la CNTE, la APPO oaxaqueña, los electricistas, los mineros y todo tipo de manifestación de trabajadores, han tomado la calle de Chapultepec –donde está ubicado el enorme edificio de Televisa- como escala obligatoria de protesta contra la empresa. Crecerán las protestas por la exhibición de esa película “De panzazo” que se proyecta en centenares de salas por la interpretación maniquea de la educación. Pero qué bajó cayó Loret de Mola, pero al contrario cuantos millones se ha embolsado.

Blog: http://pedroecheverriav.wordpress.com
Correo: pedroe@cablered.net.mx

Jalisco la silenciosa disputa del narco

Ocultado por la administración de Emilio González Márquez, el clima de ingobernabilidad que desde hace meses se vive en Jalisco, se desbordó el pasado 9 de marzo con los narcobloqueos y la detención de un jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación y su lugarteniente, pero en todo el estado había múltiples focos rojos que el gobernador ignoró. En la cruenta disputa por el territorio, Jalisco se convierte en otro Tamaulipas, Nuevo León o Coahuila.

Ana Lilia Pérez

Jalisco. Sigilosamente, los jaliscienses aprenden a tirarse al piso cuando escuchan un tiroteo; resguardarse en casa, en la escuela, en la oficina, cuando los cristales de las ventanas estallan y el piso cimbra por la detonación que precede a la humareda y fuego de una granada; o de plano, encomendarse a cualquier santo si acaso quedan atrapados entre disparos cruzados.

“Jalisco se convierte en un infierno”, dice Rosaura, una tapatía de ojos color miel, avecindada en La Providencia, una de las colonias más exclusivas de Guadalajara convertida en asiento de capos del narcotráfico, que en los últimos meses vive convulsiones cotidianas. Apenas en septiembre de 2011, allí asesinaron a Javier García Morales, exdiputado priísta e hijo de Javier García Paniagua, descendiente del general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional en la administración de Gustavo Díaz Ordaz.

Rosaura, integrante de una pudiente familia de empresarios, relata, con un dejo de espanto, los avatares que la “guerra” oficial contra el narcotráfico ha traído al estado: la disputa del negocio entre los nuevos cárteles contra familias herederas de linajes mafiosos que reclaman su antigüedad, y en medio de ellos, una sociedad civil indefensa desdeñada por las autoridades de todos niveles.

Hasta antes de los aparatosos narcobloqueos del 9 de marzo pasado, el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y el estatal por González Márquez, habían minimizado los brotes de violencia e inseguridad que se han generalizado en Jalisco y que vislumbra para el estado un ambiente de violencia desbordada como se vive hoy, de manera más evidente, en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

“Parecía que Jalisco era una entidad en relativa calma. Eso parecía, porque no se informa lo que pasa en realidad, que en ciudades, barrios, pueblos, la gente vive amenazada, aterrada, sometida por el crimen organizado. La realidad supera lo poco que se difunde en los medios, pero el problema ha crecido tanto, que ya no lo puede esconder, aún cuando desde la Presidencia de la República o desde el gobierno del estado sigan diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control”. El de la voz es Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, quien coordina los trabajos de la sociedad civil jalisciense adheridos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige el poeta Javier Sicilia.

Joya geográfica

Jalisco es uno de los estados con más alta influencia del narcotráfico desde la década de 1980, cuando bajo el mando del sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, surgió el cártel de Guadalajara, que trasegaba ya grandes cantidades de cocaína y mariguana a Estados Unidos. A la postre, basadas en la capital del estado, familias enteras dedicadas al narcotráfico se encumbrarían como los capos más poderosos del país.

Dentro del mapa del narcotráfico, Jalisco es territorio especial y fuertemente codiciado, no sólo por su ubicación geográfica, con 342.93 kilómetros de litoral al Pacífico y frontera a seis entidades que conectan a los cuatro puntos cardinales del país: Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato, sino por la infraestructura carretera que conecta directamente hacia el centro del país en rutas cortas, lo que sumado a sus condiciones físicas facilita los trasiegos de droga o cualquier mercancía.

También porque en la entidad está asentado el tercer aeropuerto más importante del país por afluencia de pasajeros sólo después del de Distrito Federal y de Cancún; pero el segundo en importancia para el transporte de carga aérea sólo después del capitalino. Las incautaciones hechas en sus instalaciones, registradas por la Secretaría de Seguridad Pública dan una idea de la incidencia en el trasiego sobre todo de drogas sintéticas.

Además de ser terruño de siembra de amapola y mariguana, Jalisco ocupa el primer lugar en producción de drogas sintéticas, particularmente anfetaminas, y esto se facilita gracias a que es un punto neurálgico de descarga de las materias primas, que vía marítima llegan de los países asiáticos en la ruta Asia-Pacífico. Las zonas rurales y urbanas concentran cientos de narcolaboratorios, en cantidad tal, que de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Jalisco es la tercera entidad con mayor número de narcolaboratorios del país. Guadalajara y sus municipios conurbados son asiento de fincas y viviendas que albergan esos centros de elaboración de drogas sintéticas que abastecen a México y Estados Unidos, principalmente.

Pero además, su capital es todo un paraíso para el lavado de dinero. La economía formal se ha fortalecido en gran parte con el dinero sucio que se blanquea con facilidad en los circuitos financieros de la entidad.

El Estudio binacional de bienes ilícitos México-Estados Unidos, elaborado en 2010, por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala que Guadalajara es la tercera ciudad de México con mayor flujo de lavado de dinero, sólo después de Monterrey y Culiacán.

“Guadalajara es un paraíso natural para los empresarios que tiene doble cara: la pública, que es de respetados empresarios, y la otra, que es de miembros de la delincuencia organizada, cuya función es lavar el dinero”, explica el jalicinense Dante Jaime Haro Reyes, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad y narcotráfico.

Laboratorios farmacéuticos, importadoras, estéticas, talleres mecánicos, transportistas, clubes nocturnos, restaurantes, entre otros giros, están identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como compañías fachada mediante las cuales las organizaciones criminales lavan dinero en la entidad.

Considerados también los cientos de inmuebles identificados como propiedad de familias estirpes de distintos cárteles, desde las casas a nombre de exesposas o familiares de Joaquín Guzmán Loera Guzmán, el Chapo; las de familiares de Ismael Zambada Niebla,el Mayo, o aquellas casonas que a sus 14 de edad sus padres le regalaron a Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, el menor de familia integrantes del cártel de Tijuana.

Todo Jalisco es una de esas entidades donde es más comprobable, por visible, la tesis del doctor Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de seguridad y experto en delincuencia organizada, de que la peor falla de la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico es que no impacta el patrimonio de los cárteles de la droga. Con ello coincide Ramón Martínez Escamilla, doctor en economía por la Universidad de Miramar, San Diego, California, e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien destaca también la urgencia de que se combata el financiamiento de las organizaciones criminales, “y ello por supuesto también incluye la depuración gubernamental de los funcionarios que colaboran en esos ilícitos”.

Aún con las detenciones de supuestos líderes del narcotráfico que el gobierno federal ha hecho en la entidad o la muerte de otros de ellos, “las estructuras financieras siguen intactas, lo que significa que en realidad no se está atacando nada”, refiere Haro Reyes.

“En los cárteles no hay vacío de poder, no por el hecho de que quiten al gerente quiere decir que acaben con la empresa. Con el hecho de que tomen a uno o dos cabecillas no quiere decir que se pierda la estructura ni que se termine la delincuencia organizada. Lo que es evidente es que mientras no se ataque realmente la estructura operativa, financiera, corporativa, de protección –lo que en realidad se tienen que atacar–, no se estará combatiendo nada”, agrega el jurista, doctor en derecho por la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, Alemania.

—¿Qué advierte para Jalisco de no atacarse el flujo financiero de los cárteles?

—Desde luego que si no se desmantelan sus estructuras de financiamiento, seguirán teniendo poder y control y la violencia irá en ascenso, por la disputa que hay por el territorio.

La guerra interna

Llama la atención las últimas detenciones de la autoridad federal encaminadas a golpear a las organizaciones que le dieron la espalda al cártel de Sinaloa, revelándose a su control, así parecen las detenciones de Érick Valencia Salazar, alias el 85, a quien la Sedena identificó como líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de su lugarteniente Otoniel Mendoza, Tony Montana, el pasado 9 de marzo.

Hasta 2010, el cártel de Sinaloa tenía un férreo control de territorio jalisciense, lo que al parecer mantenía la aparente calma en la entidad. A cargo de la “plaza” estaba Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, identificado como el tercero al mando en la estructura de la organización que dirige Joaquín Guzmán Loera (el segundo es el Mayo).

Pero la muerte del también llamado Rey del cristal, el 29 de julio de 2010, a manos del Ejército en su lujoso condominio de Colinas de San Javier, en Zapopan, fue un parteaguas. A partir de entonces, parafraseando a los lugareños, “en Jalisco los demonios se desataron”.

“A partir de aquel día se dio una atomización de los cárteles, cayeron liderazgos, se rompieron alianzas y entonces cada operador quiso tomar el control defendiendo sus propios intereses, y es esa escisión y disputa lo que padecemos hoy”, explica Haro Reyes.

En esa atomización, Los Valencia, o el llamado cártel del Milenio, conocidos desde la década de 1990 como los “reyes de las drogas sintéticas”, antaño asociados al cártel de Sinaloa rompieron su alianza tras la muerte de Nacho Coronel.

Fracturada la sociedad, de esa escisión surgieron el cártel de Jalisco Nueva Generación y como sus antagónicos, La Resistencia, que buscó alianzas con el cártel del Golfo, con La Familia Michoacana y con Los Zetas, de acuerdo con datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

En sus primeros meses, al cártel de Jalisco Nueva Generación lo dirigió un sobrino de Nacho Coronel, Martín Beltrán Coronel, el Águila, detenido en julio de 2011, también en Zapopan. La organización anunció su presencia en mantas y en videos en internet en los que se autodenominaron como Matazetas, atribuyéndose la ejecución de 32 hombres en Veracruz, en octubre de 2011, cuyos cadáveres fueron tirados en la zona conurbada Boca del Río-Veracruz. Pronto Los Zetas les devolvieron la afrenta, en noviembre arrojaban 26 cadáveres en el centro de Guadalajara y colocaban también mantas alusivas al gobernador González Márquez.

Desde antes de la muerte de Nacho Coronel, hubo grupos que decidieron no aliarse con el cártel de Sinaloa, como los Güeros, que asociados con Los Zetas, entre Jalisco y Guanajuato coordinaban trasiegos de droga de Colombia y Perú.

La Sedena identifica en Jalisco la presencia de seis cárteles que hoy se disputan el control: el cártel de Sinaloa (o del Pacífico), el de Jalisco Nueva Generación, el de la Resistencia, el de La Familia Michoacana, el de Los Caballeros Templarios y la organización de los Beltrán Leyva, alguno de éstos asociaciones o en alianzas temporales con otros grupos con mayor influencia a nivel nacional como Los Zetas.

El cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, extendió su área de operación a Nayarit, Michoacán, Colima y Guanajuato, pero también, mediante videos en internet, la organización anunció su presencia en Veracruz, con los 35 cuerpos que, como ya se mencionó, arrojaron en Boca del Río, en 2011.

El municipio de Zapopan es el principal bastión del cártel de Jalisco Nueva Generación, desde hacía décadas, era uno de los municipios con mayor influencia de los Valencia. Los registros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dan cuenta de numerosas fincas y ranchos de ese grupo usados también como casas de seguridad y laboratorios. En una de las incautaciones a ese grupo, en 2010, por ejemplo, se hallaron armas de alto poder, incluídas lanzagranadas, municiones, vehículos, joyas.

Gobierno sin confiabilidad

En Jalisco hay un reclamo ciudadano que va en el sentido de que el gobernador Emilio González Márquez se ha negado a reconocer públicamente que la violencia y el nivel de operación de los cárteles rebasa por mucho a las autoridades por la filtración en las áreas de gobierno.

Las operaciones de la Sedena al margen del Ejecutivo estatal son para los jalisciences indicativo de la desconfianza en la administración de González Márquez.

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Guzmán Loera: cuatro años consecutivos en Forbes

Más de cinco años de “guerra” oficial contra el narcotráfico y Joaquín Guzmán Loera conserva, por cuarto año consecutivo, su posición como uno de los hombres más adinerados del mundo. El narcotraficante mexicano apareció de nuevo en la lista de billonarios elaborada por Forbes, un ranking que en ediciones anteriores incluyó a otros poderosos traficantes de drogas, como el capo Pablo Escobar Gaviria y sus connacionales Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa, los amos de la cocaína colombiana.

Ana Lilia Pérez

Joaquín Guzmán Loera no asistió nunca a una escuela de negocios, pero en menos de una década construyó un emporio que lo llevó a ser reconocido como uno de los hombres más adinerados del mundo. En 2009 la revista estadunidense Forbes, especializada en el mundo de los negocios y finanzas, incluyó al sinaloense en la lista de billonarios, entre connotados empresarios, inversionistas y herederos de las fortunas más grandes de los cinco continentes, sólo que, a diferencia de ellos, el del Chapo es un emporio abiertamente ilícito: el tráfico de drogas.

La famosa lista, que desde hace 25 años elabora la publicación neoyorquina, va acompañada de una galería de fotografías de cada personaje. La mayoría de los enlistados evidencian su glamour con trajes de diseñador hechos a la medida; ellos mancuernillas lujosas en los puños perfectamente delineados y ellas primorosos pendientes. La suya en cambio, es una fotografía en la que aparece con una sencilla chamarra invernal color beige, las manos empuñadas una sobre la otra, y en la derecha, entre los dedos, asida una cachucha del mismo color, el beige que entonces –al momento de la instantánea– obligadamente Guzmán vestía a diario, característico de los días de prisión en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Su inclusión en el popular ranking, en la posición 1,153, entre 38 nuevos billonarios, desató fuertes críticas al tratarse evidentemente de una riqueza producto de actividades ilegales, pero la posición de la publicación es que aunque su negocio es ilícito, al fin y al cabo genera ganancias, y muchas.

Hacía ocho años que el Chapo se había fugado del penal de alta seguridad ubicado en Jalisco, supuestamente oculto en un carrito de lavandería, y aquel 2009, en plena “guerra” oficial contra el narcotráfico (declarada por Felipe Calderón, en diciembre de 2006), se encumbraba como billonario, junto con los hombres más destacados en el mundo de los negocios y las finanzas, entre éstos los barones del capital mexicano.

Al definirlo como “el rey de la cocaína”, la publicación Forbes expresa que “durante ocho años, Joaquín Guzmán Loera habría logrado su operación internacional de contrabando de drogas desde la cárcel mientras disfrutaba de una vida lujosa ahí mismo, con acceso a la bebida, mujeres y un sistema de entretenimiento. Luego, en enero de 2001, en vías de ser extraditado a Estados Unidos, Guzmán se metió en un carrito de lavandería y se escapó”.

Desde entonces, el Chapo, o Shorty, como se le llama, ha reforzado su control sobre el comercio de las drogas en México como jefe del cártel de Sinaloa, uno de los mayores proveedores de cocaína a Estados Unidos. Se trata de un negocio muy lucrativo: 35 millones de personas en ese país utilizan narcóticos o abusan de las drogas de prescripción y gastan más de 64 mil millones de dólares al año. La Agencia de Control de Drogas y otros expertos del sector creen que Guzmán, de 54 años, en los últimos ocho años ha controlado de un tercio a la mitad del mercado mexicano de la droga”.

La estimación de su fortuna se calculó a partir de que autoridades del gobierno de Estados Unidos documentaron que en 2008, traficantes mexicanos y colombianos lavaron un promedio de 39 mil millones de dólares de ganancias que por el tráfico de drogas obtuvieron en ese país. De tales ganancias, según el gobierno de ese país, Guzmán habría recaudado el 20 por ciento, “suficiente para que él se embolsada 1 mil millones [de dólares] durante su carrera y ganarse un lugar en la lista de multimillonarios por primera vez”.

El Chapo ingresó al mundo de las drogas bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, fundador del cártel de Guadalajara, detenido y encarcelado en 1989. A principios de 1990, comenzó a traficar por su cuenta. En 1993, sufrió un primer descalabro cuando se le decomisaron 7 toneladas de cocaína ocultas en latas de chile. Dos años después las autoridades de Estados Unidos abrieron una investigación en la que atribuyeron a Guzmán una red de trasiego de drogas que eran llevadas a ese país a través de túneles fronterizos. Luego llegó la detención y un breve encarcelamiento.

Para 2009, oficialmente era el hombre “más buscado” de México y uno de criminales más buscados del mundo, sólo por debajo de Osama Bin Laden. En ese año el gobierno de Calderón anunció una recompensa de 30 millones de pesos por información que llevara a su captura, y en marzo, su fotografía en Forbes lo presentaba como un nuevo billonario.

Su inclusión desató fuertes críticas del sector empresarial y la suspicacia sobre la manera en que la publicación estima la riqueza de un capo.

En una entrevista que la cadena Univisión hizo al equipo de Forbes para conocer el criterio de la inclusión del narcotraficante sinaloense, como años antes se hizo con el colombiano Pablo Escobar Gaviria, el hijo de éste, Juan Pablo Escobar, o también llamado Sebastián Marroquín, envió una carta a la televisora donde acusó a Forbes de supuesta falsedad en sus datos al argumentar que “Forbes no puede tener, no puede, y no siempre tienen acceso o revisar los libros de contabilidad de los mafiosos para que puedan calcular sus supuestas fortunas, ni siquiera cerca de las cifras reales y no todos los mafiosos llevan libros de rendición de cuentas, mi padre era uno de esos…”.

La respuesta de la publicación fue que “por supuesto que no se tiene acceso a los ‘libros de contabilidad’ del Chapo. Pero tampoco a los libros de contabilidad de los cientos de otros multimillonarios de nuestra lista que son dueños de las empresas privadas. Valoramos la empresa del Chapo de la misma manera que otras empresas privadas: mediante entrevistas con funcionarios gubernamentales, expertos y académicos que están bien posicionadas para estimar el volumen de las operaciones de este narcotraficante…”.

Emporio criminal

Edgardo Buscaglia, doctor en economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Illinois, Estados Unidos, y uno de los mayores expertos en temas del crimen organizado, define al cártel de Sinaloa como la organización criminal con la más formal estructura corporativa, que para lavar su dinero sucio utiliza amplios sectores económicos del país que van desde instituciones educativas, constructoras, compañías de transporte, empresas importadoras y exportadores, a pequeños negocios: gasolineras, talleres mecánicos, entre muchos otros giros.

Uno de los señalamientos que expertos en crimen organizado, analistas e integrantes de la sociedad civil le han hecho al gobierno de Calderón, es que su estrategia de la “guerra” oficial contra el narcotráfico parece encaminada a beneficiar precisamente al cártel que dirige Joaquín Guzmán Loera, no sólo para eliminarle a la competencia, sino por lo intocables que parecen sus activos.

La cuantificación que desde Estados Unidos se hace de su fortuna, parece de nuevo darles la razón. A diferencia de encumbrados empresarios mexicanos que por una merma en sus bolsillos salieron del club de los más ricos del mundo, durante cuatro años Guzmán se ha mantenido en la misma posición, aun con los costos que le suponen su defensa en la “guerra” oficial contra las drogas. En marzo de este año, en que la publicación neoyorquina dio a conocer su lista de billonarios de 2012, el Chapo aparece de nuevo.

Contralínea contactó con el equipo de investigación de Forbes para conocer los criterios que se usaron para este nuevo ranking. La periodista Erin Carlyle, del equipo de investigación explica el procedimiento:

“Para llegar a nuestra lista de billonarios mundiales hablamos con los billonarios y sus asesores, empleados, abogados, y hasta con sus rivales o competidores, como también con analistas especializados en cada sector. Registramos cada uno de los negocios de los billonarios, sus bienes inmuebles, los terrenos y propiedades que venden, el arte que compran y hasta el dinero que donan. Para calcular sus fortunas registramos sus activos incluyendo sus participaciones en empresas publicas y privadas, bienes raíces, artes, yates, activos, pasivos y flujo de efectivo, en fin, todo lo que poseen y lo que dejan de poseer”.

Para incluir a Guzmán Loera el equipo de Forbes siguió los mismos criterios. El principal indicador para estimar el patrimonio del sinaloense es que en la actualidad se le atribuye el 25 por ciento del comercio ilegal de drogas de México a Estados Unidos.

“Valoramos la fortuna de Guzmán en la misma forma en que la suerte de todos los hombres de negocios que ejecutan las empresas privadas: a través de entrevistas de expertos, funcionarios gubernamentales y académicos que entienden de negocio del Chapo”.

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En cinco años, más de 4 mil feminicidios

En lo que va de este sexenio al menos 4 mil 419 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en 17 entidades del país, de acuerdo con las procuradurías locales. La Segob se disculpa y reconoce que no han logrado erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, asegura que hay “esfuerzos” y que han cumplido con el 75 por ciento de la sentencia “Campo Algodonero”. La presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados no está de acuerdo: falta trabajo en materia de capacitación, bancos de información genética, investigación y reparación del daño. Durante este periodo, el Observatorio del Feminicidio ha documentado 3 mil 193 feminicidios. Denuncia que, en la “guerra contra el narcotráfico”, el 25 por ciento de éstos se adjudican al crimen organizado sin previa investigación.

Primera parte

Flor Goche

De diciembre de 2006 a enero de 2012, al menos 4 mil 419 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en 17 entidades de la república. Esto, de acuerdo con los informes que las procuradurías locales han rendido a la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados.

Se trata de funcionarios que en un acto de “voluntad” respondieron al llamado que les extendió dicha Comisión. El objetivo: dar cuenta de los feminicidios y desapariciones de mujeres a nivel local y seguimiento a los resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras versus México (conocida también como Campo Algodonero), y que se refiere a la “desaparición y ulterior muerte” de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.

Así, se sabe que Aguascalientes y Chiapas registraron, juntos, 89 feminicidios. En tanto, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guerrero y Guanajuato sumaron 4 mil 330 homicidios dolosos de mujeres.

También, que durante la actual administración federal de Felipe Calderón Hinojosa han sido consignados 947 casos, ya sea por feminicidio u homicidio doloso de mujeres, en 12 de estas 17 entidades. En el Estado de México, 236; Michoacán, 163; Sonora, 88; Sinaloa, 84; Guanajuato, 71; Nuevo León, 68; Guerrero, 65; Jalisco, 58; Chiapas, 44; Oaxaca, 38; Tamaulipas, 27; y Aguascalientes, cinco. Tabasco sólo notifica que 48 averiguaciones previas fueron determinadas.

Las entidades con más homicidios dolosos de mujeres son Chihuahua, que en 3 años acumuló 796; y el Estado de México, con 686, de 2007 a agosto de 2010.

Destaca Sinaloa, que de 2007 a 2010 presentó un incremento del 131 por ciento, al pasar de 48 a 111 homicidios dolosos de mujeres; y Nuevo León, en donde estos crímenes también se dispararon: en 2007 sumaban 24 y en 2010, 78.

En San Luis Potosí, el promedio anual de homicidios dolosos de mujeres, en 2005 y 2006, fue de 12; de 2007 a 2011, se incrementó a 34. Al tomar en cuenta los registros de una década (2000-2010), 2008 es el año en que Veracruz sumó más de estos delitos: 85; le sigue 2009, con 75.

En el caso de Nuevo León, el número de homicidios dolosos de mujeres durante los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón (169) superó en 29 por ciento los que ocurrieron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (131). Algo similar sucede en Quintana Roo: de 2003 a 2006 registró 96 homicidios dolosos de mujeres y de 2007 a 2011, 445, es decir, 364 por ciento más.

La situación en Nuevo León es tal que el 8 de febrero pasado organizaciones de la sociedad civil, como Arthemisas por la Equidad, AC, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se movilizaron, aunque sin éxito, para exigir al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que “emita la alerta de género” en Nuevo León. Arthemisas asegura que en esa entidad los feminicidios se incrementaron en 689 por ciento, de 2010 a 2011. En tanto, el Observatorio “registró un total de 176 asesinatos de mujeres, de enero de 2009 a junio de 2011”.

Aguascalientes, Chiapas, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco proporcionaron información relativa a la edad de las víctimas. De los datos de estas procuradurías se desprende que alrededor del 10 por ciento del total de mujeres asesinadas (en esas entidades) eran menores. También, que al menos el 50 por ciento eran jóvenes y adultas de entre 18 y 40 años.

Cerca del 30 por ciento, de un total de 1 mil 344 mujeres –las víctimas en Chiapas, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas– se dedicaban al hogar o eran amas de casa. Respecto de la suma de Sonora, Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas, alrededor del 30 por ciento eran solteras; y del 20, casadas. Tamaulipas informa que 39 de las 169 mujeres asesinadas en la entidad cursaron estudios de secundaria; 35, de primaria; y 22, de nivel superior.

De los 1 mil 264 casos registrados en Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, en 281, como mínimo, existía algún parentesco entre la víctima y el victimario. En 130 de éstos, el asesino es el esposo, cónyuge o concubino.

A las características del crimen se refieren Aguascalientes, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas. Juntos suman 2 mil 457 homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. En el 50 por ciento de éstos, aproximadamente, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego. Sobre el móvil del crimen, Chihuahua menciona que en 492 casos es la delincuencia organizada. Nuevo León, que en 45, es ejecución; en 29, pasional, y en 28, violencia familiar. Y Tamaulipas que en 13, pasional; en ocho, desavenencias conyugales, y en siete, consecuencia colateral de enfrentamiento entre grupos delincuenciales.

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PGR consigna 34 casos de lavado en la banca

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 52 denuncias de hechos ante la PGR por el probable delito de lavado de dinero cometido en el circuito financiero mexicano durante 2010, revela la Auditoría Superior de la Federación. De éstas, se consignaron 34 ante la justicia federal. La Procuraduría General también tuvo conocimiento de otros 70 reportes de inteligencia por operaciones presuntamente hechas con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Aunque el combate a este delito es una supuesta prioridad para la “guerra” antinarcóticos, a los delincuentes no se les tocaron sus finanzas: ese año, se lavaron al menos 88 mil millones de dólares en México.

Nancy Flores

En 2010 y en plena “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la inteligencia civil de México sólo logró llevar a juicio 34 casos de presunto lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, revela el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados el pasado 15 de febrero.

Se trata de las 34 averiguaciones previas que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante la justicia federal, de un total de 52 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio Público federal a lo largo de ese año, y que integraron igual número de indagatorias judiciales.

Del informe elaborado por el máximo órgano de fiscalización se desprende que el 59.6 por ciento de las denuncias se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. En total, esta área abrió 31 averiguaciones por igual número de denuncias, pero sólo realizó 19 consignaciones.

La Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud recibió el 26.9 por ciento de las denuncias: abrió 14 averiguaciones previas, de las cuales consignó 10. La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas abrió y consignó tres averiguaciones previas. La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas abrió tres indagatorias de las que sólo consignó una. Y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos abrió y consignó una.

Pero aunque en esas 34 operaciones tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la PGR presumieron que se vulneró el circuito financiero mexicano y sí se lavó dinero, hasta ahoraningún dueño, accionista ni alto ejecutivo de instituciones financieras legales ha sido encarcelado.

Además de los 52 casos denunciados, otras 70 transacciones que implican al sistema financiero en operaciones altamente riesgosas prendieron los focos rojos al interior del aparato de inteligencia civil, especializado en políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Éstas, de entre un total de 4 millones 695 mil 31 reportes por operaciones inusuales, preocupantes y relevantes que recibió y analizó la Unidad en ese periodo.

En total, los expertos antilavado de la UIF dieron parte a la Procuraduría General de 122 operaciones en la banca comercial, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles), seguros que consideraron prácticamente constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (118 casos) y financiamiento al terrorismo y tráfico de armas (cuatro casos).

Con base en el oficio 110.-A.-065/2011 de la Unidad de Inteligencia Financiera, la ASF refiere que los 70 reportes se presentaron de la siguiente manera: 52 a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; ocho a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; seis a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; uno a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; y uno más a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

Finanzas ilícitas intactas

Las tres decenas de casos llevadas ante la justicia federal, así como los otros 90 casos enterados a la Procuraduría General de la República contrastan con la realidad del lavado de dinero en México, que provee a la criminalidad todo su andamiaje operativo: personal, armas, vehículos, casas de seguridad, capacidad de corrupción.

Desde que inició la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y hasta la fecha, este ilícito implicaría operaciones por unos 88 mil millones de dólares anuales: 49 mil millones que trasnacionales y empresas sacan ilícitamente del país a través del sistema financiero y que constituyen operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con la reciente investigación de la consultora Global Financial Integrity (Contralínea 271); y 39 mil millones de dólares que los criminales logran legalizar con éxito en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas de Estados Unidos (Contralínea 237).

Por tanto, en 2010 los delincuentes de cuello blanco –incluidas las trasnacionales que operan en México con capacidad para realizar facturaciones fraudulentas en otros países– sacaron del país unos 49 mil millones de dólares; mientras que los criminales ingresaron al circuito financiero un porcentaje no determinado de esos 39 mil millones de dólares producto sólo de la venta de narcóticos en Estados Unidos.

La balanza de las finanzas ilícitas no es desconocida: en sus reportes International narcotics control strategy report 2010 y 2011, el Departamento de Estado de ese país señala que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero” y que “el contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”.

No obstante, la inteligencia civil destinada a detectar estas operaciones que llegan al circuito financiero en México ni siquiera tiene un sistema confiable, señala la Auditoría Superior: la Unidad reportó un total de 4 millones 695 mil 31 operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, mientras que los organismos reguladores y supervisores reportaron en conjunto 11 mil 558 operaciones, “lo cual refleja que la información no es confiable y los reportes no son congruentes”.

El órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados indica, además, que no se tuvo evidencia para determinar si los sujetos obligados emitieron los reportes trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 por todas las operaciones relevantes realizadas mediante el uso de cuentas concentradoras de sus clientes o usuarios.

Ello, porque la UIF se negó a proporcionar los datos con el argumento de que “la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para tener acceso a la información contenida en los reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, ya que dichas operaciones están relacionadas con posibles actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código y no cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales (sic)”.

Banca trasnacional lava en México

En todo el ejercicio de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó un caso de probable lavado de dinero que involucró a una trasnacional financiera. Se trató de una oficina de representación de una institución extranjera que se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impedida para realizar actividades de intermediación financiera en el mercado nacional, por no contar con la autorización del gobierno federal.

La Unidad de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “determinó que dicha oficina deberá abstenerse de actuar, directamente o por medio de interpósita persona, en operaciones de captación de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena, y de proporcionar información o hacer gestión o trámite alguno para este tipo de operaciones”.

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García Luna, contra la pared

Por Anabel Hernández

El 30 de octubre pasado, en la sesión del pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón hizo un enérgico reclamo.

Se refirió a los exámenes de confianza que por ley se tienen que aplicar periódicamente a todos los funcionarios y elementos de los cuerpos policiacos del país y a la lenta depuración de las policías estatales.

“Se los digo de veras de corazón, después de años de estar viendo este fenómeno, no podemos dejar al zorro dentro del corral de las gallinas. Tienen que salir los malos policías

de los cuerpos policiacos”, exigió Calderón a los gobernadores presentes en la reunión.

La diputada del PRD y secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Teresa del Carmen Incháustegui, recordó ese episodio en entrevista con Reporte Indigo.

“Sí sorprende que el primer alfil del presidente de la República en este rubro no observe los mandatos que el mismo presidente de la República ha reiterado en todos los foros”, señaló la legisladora.

La semana pasada, en su edición 261, Reporte Indigo publicó una investigación en la que revelamos que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal no se ha aplicado periódicamente los exámenes de control de confianza que exigen las leyes y normas que rigen a la SSP federal desde 2006.

Tampoco se ha sometido a estas evaluaciones su brazo derecho Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.

Señalamos que ambos funcionarios sólo han presentado un examen de control de confianza durante los cinco años que han estado en los puestos de más alta jerarquía de la SSP, el cuerpo policiaco más importante del país.

Y los resultados de ese único examen están clasificados como secretos.

García Luna se sometió a ese examen en 2011, y no se sabrá el resultado hasta dentro de cuatro años. Cárdenas Palomino lo realizó en 2008, y será necesario esperar 12 años para saber si lo pasó o no.

A la pregunta expresa de si García Luna es zorro o gallina dentro de las corporaciones policiacas, la legisladora respondió: “Eso no puedo yo decirlo, eso tiene que hacerse sobre la base de que él cumpla con todos los requisitos”.

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Tampoco mintiendo puede salvarse Zedillo

María Teresa Jardí

Aunque sea una pena que no se haya elegido a la Corte Internacional de La Haya para conocer del caso en primera instancia, seguramente lo conocerá en otras. Puede ser que la denuncia contra Zedillo por la masacre preparada con la creación de los grupos paramilitares y consentida con la desatención a los llamados de alerta sobre lo que se preparaba, se convierta en la ventana que propicie el inicio de un cambio en la actuación del ejercicio de la política en México.
Para la clase política aquí todo se vale, porque se saben impunes, entre otras cosas porque todos tienen largas colas que pueden pisarse. Pero cuando se vaya perdiendo, como de hecho ya está sucediendo, aunque sea a nivel internacional, la certeza de la impunidad para políticos, militares, policías y anexas que funcionan a la mexicana. El cambio se irá dando en función de que se sabrán carne de presidio.
La sola presentación de la denuncia contra Zedillo es un acierto porque torna en vulnerable a toda la clase política. Vulnerable, como somos los gobernados frente a la actuación de los funcionarios que se sienten amos de vidas y haciendas, porque en el México actual, con las instituciones y los poderes desarmados del todo en su estructura ética, se saben, y son, impunes.
Sabedores de que no tienen la razón los defensores de Zedillo, además de buscar ayuda por parte del usurpador Calderón quien se apresta desde ya a garantizarse también impunidad con base en una inmunidad que al dejar el cargo se pierde. Están usando también comunicadores a modo para filtrar, mintiendo, que el regreso de los paramilitares se dio con Carlos Salinas siendo secretario de la Defensa el general Riviello. Lo que me consta que es del todo falso. El general Riviello, al entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, le pidió que lo dejará acabar con la rebelión zapatista en dos semanas, recién declarada la guerra al Ejército Nacional, por cierto, por parte del EZLN. Salinas le dijo que no. Y me consta que el general Riviello acató la orden de manera puntual e impecable.
Salinas nombró a Camacho, otro gafe como Calderón, que todo lo que toca lo convierte también en mierda, “negociador” en Chiapas y Salinas en lugar de atajar, corriendo, “el berrinche” de quien hoy desasea la elección perredista en el D. F, le cumplió también el capricho de ser nombrado el mismo día en que Colosio iniciaba la campaña como candidato a la Presidencia de la República. Es obvio que porque antes le había hecho creer que él era el bueno.
Y Salinas volvió a equivocarse nombrando como sustituto de Colosio a Ernesto Zedillo, quien probablemente buscando borrar la forma de su llegada, también “haiga sido como haiga sido” como relevo de Colosio, puede ser que Zedillo haya querido legitimar la forma de su llegada, detener al subcomandante Marcos, infructuosamente, como saltaba a la vista que iba a ser, incluso por el apoyo internacional que tenía en ese momento el EZLN, que como logro indiscutible ha tenido el de hacer visible el deplorable pisoteo a la dignidad de los indígenas y la situación de injusticia que en contra de las naciones indígenas en México se da.
Y Zedillo, quien también tiene mucho de gafe, a partir de ese momento propició la creación de grupos paramilitares en México. Grupos paramilitares al estilo de los que en la Brigada Blanca habían tenido su expresión más deplorablemente inaceptable hasta ese momento.
Calderón, quien ha propiciado la multiplicación de los escuadrones de la muerte a lo bestia, aspira a que los crímenes de Zedillo queden impunes, en aras de garantizar que con su genocidio ocurra lo mismo.
No entiende Zedillo, ni tampoco lo entiende Calderón, ni los que ofrecen un perdón que amén de asesinar a la Justicia tampoco tiene la capacidad de encubrir la verdad que siempre acaba por salir del confinamiento al que la condena la clase política y la historia de cada uno, más temprano que tarde queda, a veces con letras de sangre, correctamente escrita.
Aprovecho para felicitar al director de nuestro diario y desearle muchos más años de vida y de labor imprescindible. De verdad quería estar. Pero... tres bolas de pelos (dos gatitas y una perrita) que hacen muy grata mi vida y que no me decido a dejar bajo el cuidado de nadie todavía, me mantienen atada a mi lugar de residencia.

Aristegui - Caso Acteal. Calderon Apoya Imunidad A Zedillo (Demanda, ¿Venganza De Salinas?)

http://youtu.be/cdLT23hg3uE


http://youtu.be/Nxv0D-uHJGE

Caso Acteal - Gobierno De Felipe Calderon Solicita Inmunidad Para Zedillo

http://youtu.be/bP2XqTgxwWc

Sacuden la fortaleza de “El Chapo”

El gobernador Mario López Valdez decía que en materia de seguridad él podía solo… El hallazgo de 16 cuerpos calcinados el miércoles 23 en Sinaloa lo obligó a retractarse: tuvo que enviar al grupo estatal de élite adonde no quería, Culiacán, y dejar que las fuerzas federales le invadieran el territorio, pues hay indicios de que la masacre sólo es el principio de una batalla mayor. La información acerca del “calentamiento” de esa entidad a raíz de la presunta incursión de grupos de zetas es publicada en la edición de este domingo 27 de Ríodoce. Proceso la reproduce con autorización del semanario sinaloense.

El TRIO-Marihuana

Alejandro Sicairos / Ríodoce

CULIACÁN, Sin.- Tuvo que ocurrir la siniestra incineración de 16 cuerpos, el miércoles 23, y hubo de llegarle información al gobierno de Sinaloa de que un grupo criminal ajeno penetró la capital del estado –antes fortaleza del cártel de Sinaloa–, para que el gobernador, Mario López Valdez, decidiera retirarle el veto policiaco a Culiacán y ordenara la incursión de 120 elementos del Grupo Élite.

Este municipio, gobernado por un alcalde (Héctor Melesio Cuen Ojeda) que no es del mismo grupo político que llevó al poder a López Valdez, había padecido durante ocho meses la ausencia de la policía estatal especial creada para combatir al crimen organizado.

Hasta que en la primera semana de este mes, vía Inteligencia Militar, llegaron informes al despacho de Malova en el sentido de que células delictivas que no habían cobrado fuerza en el centro del estado lograron introducir numerosos comandos de sicarios al territorio controlado por la organización liderada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

De acuerdo con la información que tiene el gobierno estatal, se trata del grupo Los Zetas, que desde mediados del año lucha por violentar la plaza en alianza con los Beltrán Leyva, que han establecido sus centros operativos en Ahome y Guasave, y los Carrillo Fuentes, que operaran parcialmente en Navolato, Angostura y Salvador Alvarado.

Algunas células de Los Zetas, por su parte, habían tomado como foco de operaciones el sur de Sinaloa y su aparente presencia se especuló en Culiacán el 2 de julio de 2011, cuando los restos de dos cuerpos decapitados fueron arrojados en la escalinata poniente de palacio de gobierno.

La sospecha del Ejército respecto “a la presencia en Culiacán de un numeroso grupo de zetas” fue sustentada a raíz de que el pasado 4 de noviembre un comando del narco asesinó a ocho personas en una cancha de volibol en la colonia Pemex.

Aunque no especifica cuántos son ni en qué zonas de Culiacán operan, la Novena Zona Militar, en coordinación con el Grupo Élite y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, instrumentó desde inicios de noviembre un cerco en las zonas limítrofes de la capital del estado tendente a contener la entrada de más zetas. Sin embargo, el casco urbano de la capital no fue cubierto.

El jueves 24, en reacción por los 24 homicidios dolosos ocurridos un día antes, entre éstos los 16 cadáveres calcinados, el gobernador confirmó que “todos sabemos que aquí opera el cártel del Pacífico y que hay otros cárteles o células locales que están aliadas con algo de zetas, los Beltrán Leyva, los Carrillo, que están en la disputa… Se trata de grupos, mensajes que se mandan, que nadie es lo suficiente fuerte o blindado como para no sufrir penetraciones”, expresó.

Sinaloa en alerta

Bastó también la psicosis de terror que impuso la quema de 16 cadáveres –12 en la colonia Antonio Rosales y cuatro en el Desarrollo Urbano Tres Ríos– para que el mandatario diera la orden de que el Grupo Élite, concentrado en Mazatlán y Los Mochis, entrara a Culiacán.

En la misma mañana de ese miércoles negro, horas después de sacudirse ante la peor embestida delictiva sufrida en el primer año del sexenio, Malova ordenó al secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdova Celaya, el despliegue de más policías en la zona urbana y rural de Culiacán.

El gabinete de seguridad se declaró en alerta y dispuso que los 18 alcaldes estuvieran atentos en sus municipios para detectar cualquier situación que signifique riesgos para la población. Deberán avisar de inmediato a la SSP para proceder a la coordinación de operativos.

En Culiacán, ciudad desdeñada anteriormente en acciones de seguridad pública implementadas por policías estatales y federales, se procedió a movilizar a alrededor de 300 soldados que desde la tarde del mismo miércoles 23 patrullan las zonas consideradas más conflictivas e instalan puntos de control en lugares estratégicos.

En algunos casos, como en las sindicaturas de los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Guasave se “aconsejó” a los presidentes municipales que recomendaran a la población extremar precauciones. Una de las sugerencias es que eviten andar en las calles, carreteras y caminos más allá de las ocho de la noche.

Trascendió que en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura, el comando que el lunes por la madrugada levantó ahí a tres policías preventivos, mismos que aparecieron incinerados en Culiacán al amanecer del miércoles, dejó un mensaje amenazando a los pobladores de correr la misma suerte si los encontraban por las noches fuera de sus casas.

La sacudida violenta de ese día puso a temblar a los sinaloenses. Incluso al gobierno porque el martes 22, a raíz de que el periódico El Debate publicó que una hija de Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, había sido trasladada de Culiacán a Los Mochis en el helicóptero gubernamental, el gobernador dio a conocer que la delincuencia acecha a los funcionarios de su gabinete y los pone en situación vulnerable.

Mario López Valdez reveló que sus hijos se han ido de Sinaloa, “no están aquí, tienen rato fuera”, agregó. Luego afirmó que “hay señales, informaciones, conversaciones de que cuando se detiene a alguien importante, tratan de atentar contra representantes del Poder Ejecutivo del estado”.

Enseguida el secretario Vargas Landeros declaró que también envió a sus hijos fuera de Sinaloa debido a que él y su familia han sido amenazados y que se han registrado intentos de extorsión en su contra: “Cuando hemos detenido a gente importante para ellos (los delincuentes) han tratado de intercambiar a nuestros hijos por las gentes que estamos encarcelando”.

En esa atmósfera de zozobra, los dirigentes de sectores productivos y de organismos ciudadanos alzaron la voz en demanda de medidas más enérgicas del gobierno de López Valdez. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, deploró de nuevo que los criminales se paseen por la ciudad sin que nadie los vea, haciendo lo que quieren y sometan a la gente a estados de terror.

En el mismo ambiente de miedo, el jueves 24 se ordenó en diferentes escuelas públicas que reforzaran labores de seguridad interna con tal de prevenir la presencia de delincuentes que buscarían atacar a grupos numerosos de personas para “calentar la plaza” en Culiacán.

Capital vulnerada

Pese a ser la ciudad que tiene mayor índice delictivo en Sinaloa –aquí se ha cometido 40% de los mil 755 homicidios dolosos registrados en todo el estado del 1 de enero al 24 de noviembre de 2011–, la presencia de agentes estatales y federales reporta un repliegue, a diferencia de urbes como Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que desde marzo de 2011 han tenido el despliegue de elementos del Grupo Élite, la Policía Federal y el Ejército.

De acuerdo con la información que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado entregó al Congreso local, en Mazatlán, donde el Grupo Élite fue destacado desde su creación, el robo de vehículo bajó 40% de 2010 a 2011, el homicidio doloso se abatió 21%, el robo a casa habitación se redujo 31% y el robo bancario descendió 83%.

En Ahome, que también ha recibido atención especial del gobierno de Malova, el informe de la SSP resalta que el índice delictivo ha bajado 26%.

En cambio en Culiacán, adonde el Grupo Élite no había entrado sino que lo hizo a partir del “miércoles negro”, la dependencia estatal reporta que los delitos de alto impacto han aumentado 44%, el robo en comercios creció 138% y el robo de vehículos subió 38%.

Aun cuando la capital sinaloense vive en las semanas recientes una situación de violencia extrema, tampoco López Valdez ha solicitado la intervención del gobierno federal para que efectúe operativos como los que realiza en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Ha dicho que puede solo con el problema.

–Cuando ustedes dicen que pueden solos con el problema de la delincuencia, sobre todo los delitos de alto impacto, ¿a qué se refieren? –se le preguntó a Gerardo Vargas Landeros (entrevista publicada en la edición 460 de Ríodoce).

–Lo que pasa es que se ha dicho que por qué no se declara a Sinaloa como un Sinaloa Seguro con el programa federal, es decir, que vengan e invadan las fuerzas federales al estado, y nosotros decimos que no, no consideramos todavía que estamos rebasados por la delincuencia –respondió.

En el seno de la LX Legislatura local también el gobierno del estado había sido cuestionado por la postura de Malova, insistente en que puede solo contra los grupos del crimen organizado. El 7 de noviembre, el diputado Miguel Calderón Quevedo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, preguntó a Francisco Manuel Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública: “¿En realidad podemos solos? ¿En realidad, si es así la premisa de que los sinaloenses podemos solos, eso quiere decir entonces que Ahome puede solo, que Mazatlán puede solo?”.

Córdova Celaya le respondió que “el comentario del señor gobernador ha ido en el sentido de que no vamos a esperar a que la federación actúe… en las administraciones pasadas vimos que le echábamos la culpa a la federación, decíamos, es una guerra entre capos grandes, guerra entre grupos grandes, y el estado no puede con el paquete y el estado no puede sacar adelante esto, que venga el Ejército, que venga la Marina, que venga la PFP, que venga la PGR y que limpien casas… ya vimos que no han llegado… entonces no nos podemos dar el lujo de decir, sabes qué, vamos esperando a que llegue la federación, tenemos que actuar como estado, como municipios y sacar adelante esta tarea, la gente no quiere saber que es un problema federal, la gente sabe que le está afectando la calidad de vida y ya están hartos, como lo estamos todos, yo pienso que podemos solos si nos agarramos de la mano sociedad y gobierno.

“Aquí hay de dos sopas: seguir lamentándonos, diciendo estamos superados y es problema de la federación, o agarrar el toro por los cuernos y buscar los mejores hombres y mujeres que defiendan a Sinaloa. Los sinaloenses van a tener que defender Sinaloa, la federación no lo va hacer, la federación se va a ir a donde ellos estén viendo que es la necesidad apremiante del momento, encuentran muertos acá, se arrancan para allá…”, remató Córdova.

Sin embargo, las circunstancias dieron un vuelco inesperado. El Grupo Élite, el Ejército y la Policía Federal recibieron la orden de concentrarse en Culiacán al contarse con información castrense que alertaba sobre el “calentamiento” de una plaza que durante 10 meses no ameritó la atención del gobierno.

El gobierno de Mario López Valdez ya no pudo solo.

Rápido y furioso: Armas para “El Chapo”

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán.

Armas de un decomiso en Estados Unidos.
Foto: AP

Andrew Kennis y Jason McGahan

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.

Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.

La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.

Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.

Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.

La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.

Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.

Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.

Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control”

Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.

Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.

El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.

Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.

Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.

Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa

Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.

El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.

En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:

Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…

Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.

Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).

Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.

El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.

Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.

Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.

El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.

Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.

Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez

En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.

En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recibido tantas armas como las que se necesitan para equipar a un regimiento entero”.

Y puso énfasis en los 34 rifles Barrett calibre .50 que habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa. Señaló que el poder de destrucción de estas armas es tal que podría cambiar el desenlace de cualquier combate.

*Andrew Kennis es un periodista independiente que trabaja en Chicago y en la Ciudad de México y ha colaborado en The Christian Science Monitor y Al- Jazeera. Jason McGahan es maestro de literatura británica y estadunidense; formó parte del equipo editorial de The Washington Post.