Quienes afirman que la elección del 1 de julio se puede anular han descubierto el agua tibia. Desde su creación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación cuenta con facultades legales y constitucionales para anular las elecciones.
Más que una posibilidad, la anulación es en este caso una obligación legal. La compra masiva de votos en todo el país que está plenamente comprobada; la propaganda ilegal del Partido Verde (que postuló a Peña) durante la jornada electoral y en la veda, que constituye un hecho público y notorio; el sorianagate y el monexgate, denunciados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN); pero especialmente el financiamiento privado que utilizó Peña Nieto para su campaña y que superó con creces el financiamiento público, obligan a que el Tribunal Electoral anule la elección presidencial. De otra forma estaría violentando la Constitución Mexicana y su propia jurisprudencia.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha consolidado como el más fraudulento de la endeble democracia mexicana. Esto lo expresa el propio Tribunal Electoral, pues el 62 por ciento de las elecciones que ha anulado en la historia fueron fraudes orquestados por el PRI. A través de sus prácticas enquistadas, dicho partido ha logrado una vez más defraudar la voluntad popular en las urnas.
Esta realidad se debe a deficiencias en nuestro marco jurídico, pero fundamentalmente es posible gracias a la tolerancia y la complicidad de las autoridades electorales.
El presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos, emitió pronunciamientos prejuzgando el caso que llegará a su conocimiento.
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