El exfuncionario fue citado por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, donde el próximo 6 de agosto deberá rendir declaración como testigo dentro de la causa penal 53/2012 abierta por los delitos contra la salud, acopio de armas y robo, pero que forma parte de una investigación más amplia relacionada con la desaparición de personas a manos de militares durante 2008.
El citatorio está fechado el 17 de junio para que Galván declare desde la Ciudad de México por videoconferencia y enlazado con el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, donde se ubica la prisión militar en la cual están varios de los procesados en las causas penales que se siguen por homicidio, tortura y desaparición de cadáveres.
Se trata de la primera acción de la justicia civil en la que es citado el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a causa de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón. El citatorio coincide con la liberación, decretada el viernes 5 por otro juzgado federal, de tres generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército a quienes no se les pudo comprobar la acusación fincada por el anterior gobierno de que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva.
El testimonio de Galván fue requerido por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, interno en la prisión militar de Mazatlán desde agosto de 2009, acusado inicialmente por robo, posesión de arma y posesión de droga, pero después de casi cuatro años de prisión, apenas el 13 de junio pasado, fue encausado penalmente en una alegada desaparición forzada.
Juárez Ramírez, un oficial con 29 años de servicio en el Ejército al momento de su detención, pidió la declaración de Galván y de otros jefes y exjefes del Ejército para desacreditar las acusaciones en su contra y demostrar la actuación por consigna de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), asegura su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano.
En la prueba testimonial requerida, Galván deberá responder sobre el Operativo Chihuahua y lo que le fue informado por los comandantes de la zona en respuesta a sus instrucciones de actuar con mano dura durante los operativos ordenados por Calderón.
En septiembre u octubre de 2008, refiere la defensa del teniente coronel, Galván se reunió con los generales a cargo del operativo iniciado por el Ejército en Chihuahua medio año antes. Galván llegó a la base aérea militar de Chihuahua, donde se encontró con los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, aunque abarca también a Chihuahua. Juárez Ramírez era comandante de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), ubicada a siete kilómetros del cuartel general de la guarnición militar de Ojinaga.
La instrucción de Galván fue innovar los métodos de trabajo y de operación para combatir a los narcotraficantes. El cumplimiento quedó a la interpretación de los jefes militares, comandantes de regiones, zonas, guarniciones y unidades no sólo en Chihuahua, sino en todo el país. Lo que siguió fue la fuerza desmedida y, en el caso del Operativo Chihuahua, prohijó al llamado “pelotón de la muerte” (Proceso 1889).
“Ese tipo de medidas son correctas para los superiores cuando se tienen resultados adecuados, pero cuando hay un error, los encargados de cumplir las órdenes quedan en una situación muy endeble, los dejan solos. Eso es lo que ha pasado con quienes ejecutaron esas órdenes, que van desde clases, oficiales y hasta comandantes de unidades operativas.
“Cuando algún jefe preguntaba qué iba a pasar si ocurriera algún error y quién respaldaría a los implicados, la respuesta era simple: ‘Platique con su comandante’”, refiere el litigante, quien sirvió al Ejército entre 2000 y 2009.
Los citatorios
Egresado de la Universidad del Valle de México y con estudios de posgrado en la Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tadeo Solano pretende también la presentación ante la justicia civil del general de división Marco Antonio González Barreda, quien al momento de los hechos era comandante de la XI Región Militar.
El divisionario concluyó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército. Hoy es director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, designado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena.
El abogado busca además la declaración judicial del entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Demetrio Gaytán Ochoa, quien después de los sucesos en Chihuahua fue designado subsecretario de la Sedena. El año pasado encabezó una de las más fuertes disputas en la secretaría para suceder a Galván. Ahora es el director del Banco del Ejército (Banjército), también por decisión del general secretario.
El litigante también citó al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien en 2008 era comandante de la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del Operativo Chihuahua. De acuerdo con la defensa, ambos estuvieron en la reunión con Galván, lo mismo que los comandantes de las zonas militares Sexta, con sede en Saltillo, Coahuila, y 42, con base en Parral, Chihuahua.
El actual comandante de la Quinta Zona Militar es el general Leopoldo Noé Gaytán Ochoa –hermano del director del Banjército– quien se niega a una inspección judicial de esas instalaciones solicitada por el abogado y autorizada por los juzgados Segundo y Décimo de Distrito Civil en Chihuahua. Según el comandante, el ingreso sólo puede ser autorizado por el titular de la Sedena.
Tadeo Solano, quien litiga el caso entre la Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua, asegura que la defensa ha recibido amenazas de muerte por parte de “personal de la Quinta Zona Militar”. Ello lo motivó a enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que responsabiliza al general secretario y a la PGJM de cualquier acto en su contra.
En el documento se queja también de la procuraduría militar porque, expone, se ha negado a presentar durante el juicio a los elementos de la Policía Judicial Militar (PJM) que participaron en la captura de los militares y están acusados de tortura para involucrar a jefes que participaban en el Operativo Chihuahua. La PGJM asegura que no los puede presentar por seguridad personal.
En entrevista, el abogado asegura que sin ser parte en los juicios, el agente del Ministerio Público de la Quinta Zona Militar y personal del Juzgado de la III Región Militar, en Mazatlán, solicitan informes a los juzgados Segundo y Décimo de Distrito con sede en Chihuahua.
Ambos juzgados radicaron las causas penales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterios respecto al fuero militar y estableció que el caso Ojinaga debía pasar a la jurisdicción civil. Y aun cuando desde septiembre y octubre de 2012 fijó los criterios para limitar el fuero militar, fue en enero pasado cuando se resolvió en definitiva el conflicto competencial a favor de los juzgados civiles, por lo que durante más de tres años la instrucción estuvo a cargo de la justicia castrense.
El encuentro de 2008
Entre los asistentes a la reunión con Galván en la base aérea de Chihuahua estuvo el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, donde, según las acusaciones en la causa penal 49/2012 que se instruye en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, ocurrieron las muertes de por lo menos un civil y adonde fueron llevados tres presuntos delincuentes antes de ser torturados, asesinados y calcinados en poblados aledaños a Ojinaga, entre junio y agosto de 2008. Los desaparecidos son José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca, y Erick Campos Valenzuela, El Campitos.
Moreno Aviña es ahora uno de los 31 militares procesados en las diferentes causas penales que, de acuerdo con los acusados, fueron enderezadas por consigna por la justicia militar. Apenas el 27 de junio pasado durante una audiencia para recabar su testimonio, alegó que su primera declaración ministerial hecha el 19 de agosto de 2009 ante la PGJM en la Ciudad de México, donde se encontraba en la Dirección General de Personal, desapareció de su expediente. Esa irregularidad no fue tomada en cuenta por el juez militar Gonzalo Corona González, quien inicialmente conoció la causa antes de que declinara a favor de la justicia civil.
Moreno Aviña asegura además que fue declarado antes de que existiera una petición oficial del Ministerio Público militar adscrito a la comandancia de Ojinaga. La justicia militar falseó documentos, asegura, para ocultar esa arbitrariedad, también cuestiona los peritajes de la PGJM sobre los supuestos restos óseos de los desaparecidos y que la procuraduría militar no ha querido aportar como prueba.
El mismo día de la detención del general Moreno Aviña, el 19 de agosto de 2009, ocurrió la del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y la de otros oficiales y soldados. El operativo estuvo a cargo del entonces coronel y ahora general brigadier David Eduardo Velarde Sigüenza, director de la PJM.
También participó el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, como investigador de la PJM. Todos los detenidos, excepto uno, alegan haber sido torturados para incriminarse.
En el caso del teniente coronel Juárez Ramírez, quien tiene diferentes cursos de instrucción en México, Chile y Estados Unidos, efectivos de la PJM llegaron al cuartel donde se alojaba en la CINE.
Según el parte oficial, en un cajón del buró de Juárez Ramírez le encontraron dosis de cocaína y mariguana que, alega el acusado, eran utilizadas para el adiestramiento del personal bajo su cargo por órdenes del general Moreno Aviña. Los policías militares lo acusaron de flagrancia en el delito de posesión de enervantes con fines de comercio.
Lo interrogaron hasta las 11 de la noche del siguiente día. Por la mañana lo llevaron en un avión del Ejército a la prisión militar de la III Región, en Mazatlán, donde está preso desde entonces.
Los militares detenidos fueron entregados al mayor Rivera Medeles, quien asentó en el acta ministerial haber interrogado al teniente coronel sobre una caja de madera escondida fuera de la CINE y cerca de la mina La Perla, rumbo a la ciudad de Camargo. Según el mayor, la caja contenía armas de fuego, dinero nacional y extranjero, cartuchos de diferentes calibres y joyas de oro, y dio con ella por las declaraciones del sargento conductor hojalatero Andrés Becerra Vargas, uno de los señalados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”.
El ministerial dijo que el teniente coronel respondió que las armas eran de las que se aseguraban a los civiles y no se ponían a disposición de las autoridades porque las utilizaba para sembrarlas a otros civiles que se detenían y a los que no se les encontraba nada. En la versión asentada por el Ministerio Público militar Juárez Ramírez señaló que el general Moreno Aviña le daba dinero, también asegurado a civiles, para gastos de operaciones militares y que el comandante de la Guarnición era quien en complicidad con dos civiles ordenaba la ejecución de otros civiles.
En sus primeras declaraciones ministeriales el sargento Becerra Vargas y el mayor Alejandro Rodas Cobón, señalado como uno de los jefes del “pelotón de la muerte”, acusaron a Juárez Ramírez de quedarse con droga y dinero y de estar relacionado con el asesinato de varias personas, entre ellas un policía municipal y una empleada de la PGR.
No fueron los únicos que declararon contra el comandante de la Guarnición y el de la CINE. También lo hicieron los demás integrantes del “pelotón de la muerte” y otros efectivos de la Guarnición. Pero en sus declaraciones ante el juez casi todos, a excepción de Becerra Vargas, alegaron que fueron presionados y torturados por la Policía Militar para declarar contra el general Moreno Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez.
El juez castrense de las causas penales abiertas contra los elementos de la Tercera CINE, el general Corona, desechó las acusaciones de tortura y dio como válidas sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público militar.
Uno de los principales inculpados, Rodas Cobón, asegura que fue torturado por la justicia militar para inculparse del homicidio de Rojas Lemus y Samaniego Rey, y responsabilizar al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez. El 16 de abril pasado, en un testimonio que dio a petición de Moreno Aviña, Rodas Cobón identificó a quienes, alega, lo torturaron.
Después de su traslado a la Ciudad de México desde Ensenada, Baja California, el 26 de agosto de 2009 fue llevado a Ojinaga, donde fue entregado al mayor Rivera Medeles en una cabaña dentro de las instalaciones militares: “Me ordenó… que me sentara. Al sentarme, el capitán Héctor Raúl Salgado Urióstegui me propinó bofetadas, y al quererme levantar fui sujetado por ambos brazos por el mayor Rivera Medeles y el capitán Román Rodríguez…
“Dime ya de muertos y ejecutados ordenados por el general Moreno Aviña, no te hagas pendejo… Nosotros como agentes de la Policía Federal Militar estamos protegidos y recibimos órdenes directas del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y mientras él esté en el poder no nos van a hacer nada, así se quejen ante quien se quejen…
“Me dijeron que me dejarían descansar 20 minutos para que descansara e inculpara al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez”, tal y como aparece en su primera declaración ministerial firmada 18 días después de su detención en Baja California, periodo en el que, según su dicho, no lo dejaron bañarse ni cambiarse de ropa.
Aunque ahora nadie se quiere responsabilizar de la existencia del “pelotón de la muerte”, el Ejército sigue en el centro de la polémica por la “guerra” de Calderón. Apenas la madrugada del viernes 5 el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, decretó por falta de pruebas el sobreseimiento de la causa penal e inmediata liberación de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y del mayor Iván Reyna, quienes estaban en prisión desde el año pasado acusados por el gobierno de Calderón de fomento al narcotráfico.
En abril pasado la justicia federal liberó al general de división en retiro y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la PGR se desistiera de las acusaciones fincadas en su contra por el gobierno de Calderón de proteger desde los más altos niveles del Ejército al Cártel de los Beltrán Leyva.
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