*Los fondos provenían de préstamos y del presupuesto federal
*Hubo operación concertada de funcionarios, sostiene Reyes Orona
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en el último año del gobierno de Vicente Fox y en el primero de Felipe Calderón desaparecieron 37 mil millones de pesos provenientes de préstamos del extranjero y de recursos disponibles del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El documento Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, elaborado por el auditor Arturo González de Aragón, describe la “acumulación desmedida de disponibilidades derivadas, muchas veces, de subejercicios de recursos” que fueron aplicados a obras y programas financiados con anterioridad.
Ejemplo de la opacidad con que las autoridades panistas han administrado el erario son los préstamos adquiridos por el gobierno federal, “cuyos recursos son utilizados para cubrir erogaciones efectuadas previamente. En 2006 fue suscrito un contrato de préstamo entre México y el Banco de Reconstrucción y Fomento por 501 millones 260 mil dólares, con objeto de financiar acciones que ya habían sido realizadas antes de suscribir dicho instrumento, por lo que dichos recursos obraron como disponibilidades del gobierno federal”.
Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, advierte que este caso en particular implicaría una responsabilidad directa de Vicente Fox Quesada y de todos los funcionarios que operaron esa simulación. La cantidad ascendió a 5 mil millones de pesos y corresponde a la maquinación de funcionarios públicos que se desconozca el uso y destino de ese dinero que la administración federal contrató como deuda pública. Esta violación constitucional no sólo implica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino directamente al Ejecutivo federal, que es el responsable de cumplir la fracción octava del artículo 73 del ordenamiento”, el cual señala que “… ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, sólo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, operaciones de conversión y los que se contraten durante una emergencia declarada por el Presidente de la República”.
La denuncia del auditor contiene otro dato sobre opacidad: indica que el 31 de diciembre de 2006 se detectó un remanente de recursos por 7 mil 732 millones de pesos, como resultado de restar al endeudamiento neto interno del sector público la suma del déficit federal, resultando el citado monto disponible para el gobierno federal. De esa cantidad Hacienda no informó su destino.
“Hallazgos similares de la ASF, determinados con motivo de la revisión de la cuenta pública de 2007, arrojan otros casos particulares, como el Fondo de Inversión en Infraestructura, el cual, en ese año, contaba con un saldo de recursos disponibles de 16 mil 656 millones de pesos, así como recursos invertidos en contratos por 10 mil 885 millones, haciendo un total 27 mil 541 millones de pesos para apoyar proyectos y estudios de infraestructura. De esos recursos, el fondo aplicó ese año 4 mil 429 millones de pesos, lo que representó sólo 16 por ciento del total de sus disponibilidades”.
Otro caso que documenta la ASF se refiere a los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que al 31 de diciembre de 2007 contaba con 2 mil 323 millones de pesos no asociados ni comprometidos con proyecto alguno; porque ocho fondos sectoriales y uno mixto no emitieron convocatorias para su aplicación.
Para Reyes Orona la conducta de los gobiernos de Fox y de Calderón no sólo entrañan un desvío, sino una conducta tipificada por el Código Penal Federal, porque “constituyó una operación concertada de servidores públicos, y peculado. Pero sobre todo revela la existencia de un presupuesto alterno y una caja negra de recursos de los cuales se desconoce su cuantía, y no existen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Si encontramos aquí que específicamente no es un funcionario el que esté desviando recursos a otros propósitos no autorizados, hay un concierto de servidores públicos; es decir, existe una coalición que está deteriorando la calidad del crédito público, y lo están destinando a funciones y finalidades que no están presupuestadas, y así no hay formas de encontrarlas. El gobierno federal, deliberadamente, le está quitando la potestad de la autorización y control del gasto a la Cámara de Diputados.”
El documento Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, elaborado por el auditor Arturo González de Aragón, describe la “acumulación desmedida de disponibilidades derivadas, muchas veces, de subejercicios de recursos” que fueron aplicados a obras y programas financiados con anterioridad.
Ejemplo de la opacidad con que las autoridades panistas han administrado el erario son los préstamos adquiridos por el gobierno federal, “cuyos recursos son utilizados para cubrir erogaciones efectuadas previamente. En 2006 fue suscrito un contrato de préstamo entre México y el Banco de Reconstrucción y Fomento por 501 millones 260 mil dólares, con objeto de financiar acciones que ya habían sido realizadas antes de suscribir dicho instrumento, por lo que dichos recursos obraron como disponibilidades del gobierno federal”.
Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, advierte que este caso en particular implicaría una responsabilidad directa de Vicente Fox Quesada y de todos los funcionarios que operaron esa simulación. La cantidad ascendió a 5 mil millones de pesos y corresponde a la maquinación de funcionarios públicos que se desconozca el uso y destino de ese dinero que la administración federal contrató como deuda pública. Esta violación constitucional no sólo implica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino directamente al Ejecutivo federal, que es el responsable de cumplir la fracción octava del artículo 73 del ordenamiento”, el cual señala que “… ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, sólo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, operaciones de conversión y los que se contraten durante una emergencia declarada por el Presidente de la República”.
La denuncia del auditor contiene otro dato sobre opacidad: indica que el 31 de diciembre de 2006 se detectó un remanente de recursos por 7 mil 732 millones de pesos, como resultado de restar al endeudamiento neto interno del sector público la suma del déficit federal, resultando el citado monto disponible para el gobierno federal. De esa cantidad Hacienda no informó su destino.
“Hallazgos similares de la ASF, determinados con motivo de la revisión de la cuenta pública de 2007, arrojan otros casos particulares, como el Fondo de Inversión en Infraestructura, el cual, en ese año, contaba con un saldo de recursos disponibles de 16 mil 656 millones de pesos, así como recursos invertidos en contratos por 10 mil 885 millones, haciendo un total 27 mil 541 millones de pesos para apoyar proyectos y estudios de infraestructura. De esos recursos, el fondo aplicó ese año 4 mil 429 millones de pesos, lo que representó sólo 16 por ciento del total de sus disponibilidades”.
Otro caso que documenta la ASF se refiere a los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que al 31 de diciembre de 2007 contaba con 2 mil 323 millones de pesos no asociados ni comprometidos con proyecto alguno; porque ocho fondos sectoriales y uno mixto no emitieron convocatorias para su aplicación.
Para Reyes Orona la conducta de los gobiernos de Fox y de Calderón no sólo entrañan un desvío, sino una conducta tipificada por el Código Penal Federal, porque “constituyó una operación concertada de servidores públicos, y peculado. Pero sobre todo revela la existencia de un presupuesto alterno y una caja negra de recursos de los cuales se desconoce su cuantía, y no existen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Si encontramos aquí que específicamente no es un funcionario el que esté desviando recursos a otros propósitos no autorizados, hay un concierto de servidores públicos; es decir, existe una coalición que está deteriorando la calidad del crédito público, y lo están destinando a funciones y finalidades que no están presupuestadas, y así no hay formas de encontrarlas. El gobierno federal, deliberadamente, le está quitando la potestad de la autorización y control del gasto a la Cámara de Diputados.”
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