Europa contribuye a la ocupación de Palestina

La Unión Europea no sólo ha sido omisa ante las violaciones a los derechos humanos cometidas contra palestinos por el Estado de Israel, sino que incluso ha apoyado a diversas instituciones de este país que mantienen la ocupación del territorio árabe. Mientras que, en el discurso, Europa dice trabajar por los derechos del pueblo ocupado, en los hechos apoya con financiamiento y respaldo político a los israelíes.

Sarah Irving / Red Voltaire

En su nuevo libro La alianza de Europa con Israel: su contribución a la ocupación, el periodista David Cronin describe los pormenores de la relación del Estado de Israel con instituciones como la Unión Europea y la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Cronin señala la “mala fe” de Europa que dice ser una fuerza neutral favorable a los derechos más elementales del pueblo palestino.

Sarah Irving (SI): Hasta ahora usted se había interesado en las instituciones y asuntos de Europa. ¿Por qué decidió escribir un libro sobre las relaciones de Europa con Israel y Palestina?

David Cronin (DC): Por dos razones. En primer lugar, como miembro de una “misión por la paz” europea, estuve en Israel y en los territorios palestinos ocupados en 2001, poco después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Recuerdo, en particular, que asistí a una conferencia de prensa que (el exprimer ministro israelí) Ariel Sharon dio en el hotel Rey David en Jerusalén y el profundo disgusto que sentí ante su arrogancia y sus vitriólicas palabras.

Sharon empezó por dar la bienvenida a los presentes en lo que llamó –no recuerdo sus palabras exactas– algo así como “la eterna capital del pueblo judío desde hace 3 mil años”, sin reconocer en lo más mínimo que se trataba también de la capital de las otras dos grandes religiones monoteístas del mundo. Dijo que se alegraba cada vez que un palestino moría haciéndose explotar con una bomba en un atentado suicida, ya que así los palestinos se destruían a sí mismos. Aquello me escandalizó. Otra cosa me sorprendió enormemente: Sharon acusó a Europa de financiar “el terrorismo palestino”.

Yo nunca había oído decir aquello. Era completamente nuevo para mí. Supongo que yo era entonces un poco crédulo al pensar que no hay humo sin fuego y al sacar de todo aquello la impresión de que la Unión Europea apoyaba a los palestinos. Chris Patten era por entonces el responsable de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa y presentaba muy hábilmente a Europa como “un honesto intermediario”, insistiendo constantemente en que la Unión Europea hacía todo lo que podía por el progreso del “proceso de paz”. Subrayaba que la Unión Europea era el mayor donante de la Autoridad Palestina y que ayudaba a desarrollar un Estado palestino embrionario. Yo acepté como ciertas muchas de esas afirmaciones.

El viraje se produjo para mí de forma completamente banal. Asistía a una conferencia organizada por uno de los comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Palestina en el Parlamento Europeo de Bruselas en 2007, y había una sesión sobre las relaciones de la Unión Europea con Israel. Por primera vez, tuve entonces conciencia de la otra versión de los hechos y recibí información sólida sobre la profundidad de la complicidad entre la Unión Europea e Israel. Me impresionó el hecho de que hay muchos escritos sobre la relación de Estados Unidos con Israel, pero no existe nada, exceptuando algunas publicaciones académicas, sobre la relación entre Europa e Israel. Así que pensé que si nadie escribía un libro sobre ese tema, tenía que hacerlo yo mismo.

SI: ¿Cuál es, en su opinión, la poderosa palanca que puede explicar la actitud de Europa? En su libro, usted identifica diferentes elementos: la culpabilidad por el Holocausto, intereses económicos, la influencia de Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales influencias en ese rejuego de fuerzas capitalistas y políticas?

DC: Es la combinación de varios factores. Henry Kissinger dijo una vez que la Unión Europea nunca sería un actor significativo en el Medio Oriente. Es indudable que Estados Unidos sigue siendo el principal actor de la política mundial; a pesar del ascenso de China, para la Unión Europea está lejos de no tener ningún poder. Ésta es el principal socio comercial de Israel y es ella quien aporta la mayor ayuda a la Autoridad Palestina, lo cual le confiere un importante poder económico.

La asociación entre la Unión Europea e Israel se basa en el acuerdo que se hizo efectivo en 2000. El artículo 2 de ese acuerdo condiciona su aplicación al respeto de los derechos humanos. Los funcionarios europeos afirman que la cláusula de los derechos humanos no es obligatoria, pero hay especialistas que dicen que la propia Unión Europea la califica de “elemento esencial”.

Legalmente, es claro que esa disposición es de obligatorio cumplimiento y la Unión Europea tiene la obligación de invocar esa cláusula y de castigar a Israel, de ser necesario, cuando sobrepasa los límites. El problema es la cobardía de nuestros políticos que carecen de voluntad política para enfrentarse al poder hegemónico de los estadunidenses o de los israelíes en materia de relaciones internacionales.

Israel ha desarrollado estrechas relaciones con la Unión Europea y con la OTAN. La misma estrategia se aplica en ambos casos, y a veces son las mismas personas quienes dirigen el proceso. Cuando era ministra de Relaciones Exteriores (de Israel), Tzipi Livni entendió que depender únicamente de Estados Unidos podía ser peligroso para Israel.

En noviembre de 2008, lograron acuerdos para mejorar las relaciones de Israel simultáneamente con la Unión Europea y con la OTAN. Gabi Ashkenazi, el jefe del ejército israelí, visitó varias veces la sede de la OTAN e Israel participó en ejercicio militares con ésta.

En julio de 2010, varios soldados israelíes murieron en un accidente en Rumania. Los medios no hablaron mucho del asunto, pero eso demuestra hasta qué punto está implicado Israel en los asuntos de la Unión Europea y de la OTAN.

SI: Usted habla mucho en su libro del provecho que saca Israel de esa relación. Pero ¿qué provecho saca la Unión Europea?

DC: No está demostrado que esta relación tan estrecha con Israel resulte verdaderamente provechosa para la Unión Europea. Existe una escuela de pensamiento –con la que yo simpatizo– que defiende la idea de que la Unión Europea haría mejor en olvidarse de Israel y concentrar sus esfuerzos en mejorar sus relaciones con los Estados árabes. Pero los factores decisivos residen en las oportunidades comerciales y económicas.

En 2000, según la Agenda de Lisboa, la Unión Europea se había fijado como objetivo oficial convertirse en la economía más avanzada del mundo en el sector de la informática. Pero mientras que los europeos hablaban del asunto, los israelíes se dedicaron a hacerlo y lo lograron. Intel está preparando en Israel la próxima generación de semiconductores para computadoras. Gran cantidad de aplicaciones “atractivas” sobre internet han sido desarrolladas en ese país.

Los israelíes dedican a la investigación tecnológica el 5 por ciento de su producto interno bruto, alrededor del doble que los estadunidenses. La Agenda de Lisboa había fijado como objetivo un 3 por ciento que no se alcanzó. El aspecto más importante de las relaciones entre la Unión Europea e Israel es, por lo tanto, la cooperación científica.

Los israelíes forman parte del Programa de Investigación Científica de la Unión Europea desde la década de 1990. La semana pasada pude ver algunas cifras según las cuales los israelíes participan en 800 proyectos de investigación científica por un valor de 4 mil 300 millones de euros, entre 2007 y 2013.

La burocracia de la Unión Europea piensa que hay que mantener buenas relaciones con los israelíes debido a su superioridad tecnológica.

El problema es que buena parte de los logros tecnológicos de los que tanto se enorgullece Israel están estrechamente vinculados con la ocupación. Como señalo en mi libro, Elbit (la firma que fabrica los aviones sin piloto utilizados contra la población de Gaza) e Israel Aerospace Industries figuran entre los beneficiarios de las subvenciones de la Unión Europea destinadas a la investigación científica. Así que el contribuyente europeo está ayudando al desarrollo de la industria bélica israelí.

No podemos olvidar que la Unión Europea presenta la misión de policía Copps (la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Cisjordania) como la preparación de una fuerza policial con vistas a un Estado palestino independiente; pero esos policías no tienen ninguna autoridad para arrestar a los colonos israelíes y no tienen derecho a entrar en el sector C (la parte de Cisjordania donde, según los acuerdos de Oslo, Israel conserva la prerrogativa de imponer la ley, además de mantener el control de las construcciones y proyectos).

Más del 60 por ciento de Cisjordania no se encuentra bajo la jurisdicción de esa fuerza de policía. Hay también muchas pruebas de que la Unión Europea cierra los ojos ante los abusos que comete la policía palestina. Existen pruebas de torturas documentadas por las organizaciones palestinas de derechos humanos. Por lo tanto, es bastante repugnante que la Unión Europea presente su acción como una amable ayuda a los palestinos.

Es inconcebible que Kathy Ashton viaje a algún lugar del mundo y se niegue a reunirse con los líderes políticos locales. Cuando estuvo en Jerusalén este verano, dio una conferencia de prensa conjunta con [el ministro israelí de Relaciones Exteriores Avigdor] Lieberman y el único prisionero por quien se interesó, al menos en público, fue por Gilad Shalit. Ignoró totalmente el hecho de que Israel encarcela cada año a 700 niños palestinos –a menudo, únicamente por haber lanzado piedras– que, además, sufren abusos en prisión. Pero, en su buen comportamiento, Kathy Ashton no parece interesada en los abusos a los que son sometidos los niños palestinos. Le parece más interesante lo que puede suceder con un soldado –quien debe, por supuesto, ser tratado de forma humanitaria y liberado– que estaba siendo partícipe de una brutal ocupación militar.

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El Tratado de Lisboa o la errática deriva de la UE

Gerardo Pisarello y Jaume Asens
Rebelión

Tras un largo período de incertidumbre, las élites europeas han acordado un nuevo texto para regir los destinos de la UE: el Tratado de Lisboa. Como hace tres años, los brindis y los gestos de felicitación mutua han vuelto a poblar las fotos oficiales. Como hace tres años, buena parte de los comentaristas ha destacado el “paso adelante” que el nuevo Tratado comporta. Como hace tres años, sin embargo, comparecen los mismos interrogantes que rodearon la irrupción del fallido Tratado constitucional.

El primero: este Tratado ¿acerca la UE a la ciudadanía? ¿La hace más transparente, menos opaca? La respuesta es sin dudas negativa. Tras la restringidísima apuesta por una “Convención Europea”, el viejo secretismo intergubernamental ha vuelto a campar a sus anchas. La discusión pública del nuevo proyecto de Tratado ha sido prácticamente nula. Ya no se habla de Constitución. Con ello, las élites comunitarias pierden en legitimidad simbólica. Pero se deshacen, como bien sabe el presidente francés Nicolás Sarkozy, de un lastre incómodo: la necesidad de consultar al poder ‘constituyente’, a las imprevisibles poblaciones europeas.

La versión disponible del Tratado de Reforma consta de 255 páginas. Además de 12 Protocolos y 53 Declaraciones, se incluyen en ellas los preceptos que modifican los ya extensos Tratados vigentes. El resultado, más que un “mini-tratado” o un “tratado simplificado”, es un “maxi-engorro” inaccesible incluso para los expertos. Una maraña de normas que se someterá a votación parlamentaria sin que haya tiempo apenas para su escrutinio público.

Segundo interrogante: ¿supone este nuevo Tratado un instrumento de democratización de la UE? También aquí, la respuesta es decepcionante. A medio siglo del Tratado de Roma de 1957, los órganos que disponen de más poder en la UE siguen siendo los menos representativos y los que menos controles tienen: el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia o el todopoderoso Banco Central Europeo. El único órgano representativo –el Parlamento– conserva una cierta capacidad de veto. Pero continúa sin ser un auténtico legislador y ocupando un papel subalterno en el conjunto del aparato institucional. Un presidente del Consejo con un mandato más largo, mayor peso a los parlamentos nacionales en el control de proyectos europeos, un jefe de diplomacia de bajo perfil y nuevos mecanismos de votación y nuevas mayorías para que los ejecutivos estatales puedan gestionar una UE con 27 miembros. Este es el legado reformista –bastante magro en términos democráticos– que el Tratado Lisboa deja tras de sí.

Tercer interrogante: ¿se da el salto a la Europa social exigida por la mayoría de votantes franceses y holandeses que dijeron “no” al Tratado Constitucional? Más bien lo contrario. Se insiste en entregar el alma del proceso de integración a la “competencia libre y no falseada” y a la circulación ilimitada de capitales y servicios. Ello comporta, en una Europa de 27 países, una apuesta inequívoca por las privatizaciones y por la precarización del mercado laboral –ahora bajo los designios de la flexi-seguridad– así como una presión para la reducción del gasto social en los Estados. Al igual que en el Tratado Constitucional, el Tratado de Lisboa estipula que los Estados deberán “mejorar progresivamente sus capacidades militares”. Sus capacidades militares, sí. Pero no sus políticas sociales o ambientales, que será casi imposible armonizar al alza y que seguirán sin contar con una fiscalidad progresiva que las financie.

No cabe llamar a engaño: nada de esto se verá alterado en sustancia por la asunción del carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales o por la introducción de tal o cual competencia para el Parlamento. Ni la Carta, de por sí limitada en su contenido, ha dejado de ser un convidado de piedra en el conjunto de los tratados, ni el Parlamento ha dado el salto que una voluntad genuinamente democratizadora exigiría. Desaparecerá, por un tiempo, la apelación formal a la palabra Constitución. Pero la Constitución material de la UE, las relaciones de poder trabadas entre las élites comunitarias y estatales, y entre éstas y los incontrolados poderes privados que giran a su alrededor, permanecerán inalteradas.

En casos como el español, la apelación al europeísmo como superación del pasado y como promesa de bienestar ha conducido a una aceptación acrítica del proceso de integración. Pero el mito ha comenzado a perder fuelle. La elevadísima abstención –un 56%– en el último referéndum sobre el Tratado constitucional es, junto a los votos negativos y nulos, una señal que no debería minusvalorarse.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que más que ante un simple Tratado, se está ante un “proyecto fundador (...) para una nueva Europa”. Tras el acuerdo de Lisboa, sin embargo, el déficit social de la Unión y sus efectos en la vida cotidiana de las personas resultarán cada vez más visibles. Disminuirán las ayudas a las regiones más vulnerables, se insistirá en una reforma de la Política Agraria Común que comporta la liquidación de los pequeños agricultores, aumentará la presión privatizadora en materia de servicios públicos y precarizadora en el ámbito laboral, se intensificarán las alternativas represivas a la cuestión migratoria.

¿Qué ocurrirá entonces? Es difícil saberlo. Lo cierto es que, una vez en este nuevo escenario, no bastará con invocar Tratados o Constituciones que introduzcan “pequeños pasos adelante”. Habrá que plantearse, de una vez, el abandono o la refundación democrática de un proyecto de integración que ha dejado de ser, para muchos, sinónimo de progreso civilizatorio o un posible eslabón para la construcción de un internacionalismo solidario. Eso, o ceder la iniciativa a otras propuestas xenófobas, populistas y de repliegue estatalista, que no dejarán pasar su oportunidad.

Gerardo Pisarello es Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.