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lunes, octubre 31, 2011

Estados Unidos: Abusos sexuales contra mujeres inmigrantes

Un agente del ICE hace una inspección.


MÉXICO, (apro).- El abuso sexual de inmigrantes detenidas a manos de guardias es una constante en las prisiones de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

Tres víctimas –de Eritrea, Brasil y Guatemala– demandaron a funcionarios de ICE del condado tejano de Williamson y a la empresa Corporación de Correccionales de América (CCA), la mayor gestora privada carcelaria de Estados Unidos.

“La historia de ataques ha durado tanto porque la agencia se ha negado a actuar al respecto. Lo ha sabido por décadas y parece haber cultivado una cultura de indiferencia hacia estos asaltos”, dijo a Apro Mark Whitburn, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU, por sus siglas en inglés), y uno de los representantes legales de Sarah, Kimberly y Raquel Doe, nombres ficticios de las víctimas, quienes se presentan así en los documentos por razones de seguridad.

El pasado miércoles 19, las tres inmigrantes demandaron ante la Corte del Distrito Oeste de Texas a tres funcionarios de ICE y a otros dos no identificados, así como al Condado de Williamson y a uno de sus funcionarios. También a CCA, a uno de sus guardias y a una exadministradora de un centro de detención.

El pliego consultado por Apro, identificado con la clave 1:11-cv-907, de 76 páginas, narra que el acusado Donald Dunn, un oficial de acompañamiento y supervisor residente en el Centro Residencial Familiar T. Don Hutto en Taylor, Texas, abusó sexualmente –el 20 de marzo de 2010– de Sarah Doe, una inmigrante guatemalteca detenida por ICE, cuando era trasladaba hacia el aeropuerto.

El pasado 15 de abril, Dunn hizo lo mismo con la brasileña Kimberly Doe, interna también en Hutto. Poco después, el 6 de mayo, el guardia actuó de la misma forma en contra de la guatemalteca Raquel Doe, otra residente de ese lugar.
En los tres casos, Dunn se estacionó en una calle poco iluminada, bajó a las mujeres de la camioneta e hizo que levantaran los brazos, separaran las piernas y luego tocó sus pechos, su área genital y sus caderas.

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miércoles, abril 28, 2010

Contra la falsimedia en Narco: Millonario empresario colombiano es traficante de drogas, sostiene agente de la CIA

Contra la falsimedia en Narco: Millonario empresario colombiano es traficante de drogas, sostiene agente de la CIA.
¿Quiénes son los verdaderos narcotraficantes?... no serán las oligarquías de Colombia y México, la CIA y la DEA?..otra confesión de un ex agente de la CIA relacionado en operaciones para FBI y la DEA.



La CIA usa los dineros del Narco para financiar sus operaciones encubiertas contra los pueblos que busquen liberarse: golpes de estado,paramilitarismo .

Bill Conroy de Narconews, traducido por el Turbión


Quizás existe otra realidad detrás de la amenaza narcotraficante y no sean los sospechosos de siempre sino, más bien individuos considerados "más allá de las sospechas", tales como banqueros de renombre, hombres de negocios con asiento en las cámaras de comercio y servidores públicos de carrera.

Vega llamó la atención de Narco News a comienzos de 2006, poco tiempo después de que el “Memorándum Kent” apareciera. Este documento afirma que agentes federales de EEUU en la embajada de Bogotá estaban en la lista de pagos de los narcotraficantes, actuando como cómplices de asesinatos de informantes que sabían demasiado y ayudando a escuadrones de paramilitares de extrema derecha en el lavado de dinero.

Una cosa es cierta: las muertes de Juárez en México, y de otros lugares a lo largo de las fronteras de la guerra contra las drogas no son un cuento. Los restos de las víctimas proporcionan un recuerdo vívido de toda esta carnicería, que no es un espectáculo de caricaturas...

Basta ya de falsimedia sobre el tema del narcotráfico que les permite narcotraficar a las oligarquías y CIA, a la vez que invaden países en sus supuesta "lucha contra el narco".

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Millonario empresario colombiano es traficante de drogas, sostiene agente de la CIA. Otra fuente, un ex empleado, sostiene que el narco empresario está conectado con fuerzas paramilitares.

Narco News ganó una batalla histórica en 2001, cuando la Suprema Corte de Nueva York desestimó una demanda por calumnia contra su publicación en línea por parte de un poderoso banco mexicano. En el proceso, la corte extendió las protecciones a la libertad de prensa por primera vez a sitios de noticias y reporteros que publican en Internet.

El editor de Narco News, Al Giordano, y su aliado de vieja data, el periodista mexicano Mario Menéndez, editor del diario mexicano ¡Por Esto!, fueron acusados en el litigio por el poderoso Banco Nacional de México S.A. (Banamex), encabezado y controlado por el banquero Roberto Hernández Ramírez.

La base del litigio fue la siguiente afirmación:

“El demandante [Banamex, desde que fue adquirido por el Citigroup de Nueva York] alega que los acusados [Giordano y Menéndez] acusaron al señor Hernández Ramírez de estar envuelto en tráfico de drogas ilegales, específicamente con el comercio de droga colombiana”, precisa la Corte Suprema de Nueva York en su fallo de 2001.

Y ahora, nueve años después, una serie de acusaciones similares han sido realizadas contra otro poderoso empresario, esta vez de Colombia, que también ha amenazado a quienes lo acusan con una demanda por difamación.

Pero, en este caso, el acusador es un veterano agente de la CIA, que ha estado relacionado en amplias operaciones antinarcóticos para el FBI y la DEA las décadas de los 80 y 90, así como a comienzos de la primera década de este siglo.

Esta persona es Baruch Vega, quien bajo la apariencia de un afable fotógrafo de moda jugaba un rol clave hace más de una década en los acuerdos que se establecían entre importantes narcotraficantes colombianos y representantes del sistema de justicia de EEUU. Hoy en día, Vega es todavía un individuo bien conectado en Colombia y EEUU.

En un libro sobre sus aventuras en Colombia, a punto de ser publicado, señala al hombre que lo amenazó con una demanda a comienzos de este año, después de que Vega apareciera en un popular programa de radio y lo señalara como presunto narcotraficante.

En una carta enviada en abril de 2009 a este empresario como respuesta a su amenaza legal, Vega reafirma:

Los informes y reportes [de la DEA y el FBI] elaborados en contra de ustedes [...] continuaron surgiendo y se les acusaba de participación directa con el Cartel del Norte del Valle, especialmente muy ligados a Wilmer Varela [un violento narcotraficante baleado en un centro turístico venezolano en 2008] y protegidos por miembros de la policía colombiana, en especial por el coronel Danilo González [asesinado en Colombia en 2004].

Vega afirma también en la carta, que fue enviada también al Departamento de Justicia, el Servicio de Rentas internas (IRS, por su sigla en inglés, que cumple como dirección de impuestos de EEUU), el FBI y la DEA, que el hermano del empresario colombiano que dirige una compañía de transporte en Medellín (Colombia), ha puesto precio a su vida en dos ocasiones, que el hermano de aquél fue miembro del cartel de Medellín y que, a comienzos de los noventa, junto con otro grupo de narcotraficantes desde entonces apodados 'Los doce del patíbulo' “habían recibido amnistía debido a la posible colaboración contra Pablo Escobar [baleado en Colombia por las fuerzas del Estado en 1993]”.

“Otro punto relevante es el que se produce el 24 de enero de 2003, cuando el FBI y la DEA me notificaron de haber descubierto otro complot para asesinarme”, sostiene Vega en la carta, y añade que “en esa época salí públicamente en todos los medios de prensa, radio y televisión, y denuncié al Cartel del Norte del Valle y sus miembros como cómplices de este complot”.

Vega continúa así, hasta afirmar, en la carta fechada en abril de 2009, que el ex coronel de la policía nacional de Colombia, Danilo González, decidió acercarse a las autoridades de EEUU poco después de convertirse en objetivo de una acusación de los EEUU por narcotráfico, lavado de activos y asesinato.

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lunes, noviembre 16, 2009

Los hoyos negros

México podría estrenar un nuevo monopolio: el del control financiero de la nación. Y es que en el relevo de Guillermo Ortiz al frente del Banco de México se asoma una alerta. El cabildeo desde Los Pinos para colocar en el banco central a Alonso García Tamez. De tener éxito la iniciativa, se estaría depositando el equilibrio económico y financiero de México en el mismo cártel económico y financiero que ya controla Hacienda, Pemex y la mitad de la banca mexicana. Con ello podrían volver las tentaciones presidenciales de influir en la política monetaria, las reservas y la inflación. Conoce los detalles de...
OPERACIÓN BANXICO
Los escenarios:
La Cumbre de Negocios de Monterrey.
Las calles de la Ciudad de México.
Las listas de los poderosos de Forbes.
El auditorio:
Los hombres de empresa de México.
Los mexicanos que sufren por
los servicios públicos caros y malos.
Los actores:
Carlos Slim, el sexto en el ranking de
los hombres más poderosos del mundo.
Felipe Calderón, presidente de México,
sin ranking mundial.
La trama:
Las telecomunicaciones
en un México rezagado.
El freno a los monopolios.
El derecho de Telmex a dar el triple play.
En una palabra, el futuro México.

Dos diputados pretenden, mediante una ley, transparentar los famosos “guardaditos”. ¿Prosperará la iniciativa? Lamentablemente, muchos lo dudan.
¿Cuál es el destino de los recursos presupuestales que no se ejercen? ¿A dónde van a parar, por ejemplo, las multas que impone el IMSS a sus contratistas incumplidos?
¿En dónde quedaron los recursos que el presidente Felipe Calderón dijo que teníamos ahorrados hace un año para hacer cuantiosas inversiones?
Hasta ahora casi nadie lo sabe.
Las leyes de presupuesto dejan fuera de toda fiscalización estos recursos. Hasta la propia Auditoría Superior de la Federación está impedida para adentrarse en las oscuras profundidades de los hoyos negros del gasto público.
Y es que en muchas ocasiones, recursos no ejercidos "se ejercen" invirtiéndose en fideicomisos y fondos oscuros, opacos, negros, que si son inaccesibles para la Auditoría Superior de la Federación, con mayor razón lo son para un ciudadano común y corriente.
El propio candidato del PAN a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, reconoció la opacidad del manejo de los recursos públicos cuando el 25 de abril de 2006 prometió: "Voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo. Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos, ni cajas misteriosas. Tú vas a saber: a dónde se va, quién lo gasta, cómo lo gasta, hasta el último centavo que pagues de impuestos".
Sin embargo, las promesas del candidato Felipe Calderón en esta materia, como las que hizo también en su tiempo Vicente Fox, se diluyeron.
En octubre de 2008, nos enteramos por boca del propio presidente que los mexicanos teníamos, además de las enormes y cuantiosas reservas del Banco de México, otros ahorros enormes y cuantiosos.
Tan cuantiosos que con ellos podríamos hasta construir refinerías.

Previo al primer viaje de Obama a China, un diplomático de alto perfil prepara el camino. Pero se necesita más que un Mickey Mouse para mejorar las relaciones entre ambos países.

PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.

lunes, noviembre 02, 2009

Publicidad oficial: 5 MMDP en premios y castigos

En 2008 el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad. El 62 por ciento de estos recursos se destinó a televisión, radio y medios impresos. Los medios electrónicos se vieron favorecidos con 2 mil 731 millones de pesos. A pesar de los cuantiosos montos que se asignan a la publicidad gubernamental, no hay reglas claras para su distribución y asignación. Este manejo discrecional ha propiciado que la publicidad oficial se use como un mecanismo para controlar los medios, señalan especialistas.

El gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad en 2008, lo que equivale a 1.4 veces el presupuesto que recibió la Universidad Autónoma Metropolitana el mismo año.
El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos.
Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del gobierno federal han gastado en publicidad, no existe una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación. Esta ausencia en la normatividad ha propiciado que la distribución de las pautas publicitarias sea un ejercicio discrecional de la autoridad, que puede maximizar o minimizar la recepción de publicidad con base en consideraciones generalmente de orden político, dice el doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina el área de derecho de la información.
“La publicidad oficial puede suponer por sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común. Esta posibilidad se incrementa cuando los criterios de asignación publicitaria son definidos en forma casuística y discrecional por las autoridades competentes”.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los anuncios en televisión, radio, periódicos y revistas costaron al erario público 3 mil 373 millones 322 mil 540 pesos, que equivaldrían a la mitad de lo que el gobierno federal propuso para apoyos a pequeñas comunidades rurales el año pasado.
Preponderancia de medios electrónicos
Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación.
De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.
Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radiofórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.
Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.
De acuerdo con las órdenes de inserción emitidas en 2008 por las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ssa) y Hacienda, de las que Contralínea tiene copia, las tres dependencias gastaron en publicidad en medios impresos 75 millones 934 mil 213.37 pesos. Eso significa que de su presupuesto de 218 millones 94 mil 520 pesos, Segob gastó 5.8 por ciento en promocionarse en periódicos y revistas. De los 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos que Hacienda recibió, destinó apenas 2.3 por ciento a medios impresos, mientras que las inserciones en diarios y revistas significaron para la Secretaría de Salud una erogación del 9.2 por ciento de los 327 millones 191 mil 450 pesos que recibió del erario para publicitarse.
El periodista Don Podesta, consultor del Center for International Media Assistance (Centro Internacional de Ayuda a Medios), dice que en años recientes el uso de la publicidad oficial se ha convertido en una nueva vertiente del uso del dinero para controlar los medios de comunicación. Conocida como “censura indirecta o suave, se trata de una manera de influir sin tener directamente el control del medio”, pero que favorece con contratos publicitarios a los medios de comunicación que son condescendientes con el gobierno y se los niega a aquéllos que se expresan de forma crítica.
En 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía de la incidencia de esta práctica, que no da lugar a investigaciones ni ha merecido la reprobación generalizada debido a que, con frecuencia, se trata de “obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente”.
Inequidad publicitaria
La relatoría señalaba que los gobiernos utilizan la propaganda pagada para incidir en el comportamiento social de los ciudadanos a través de la difusión de sus programas y campañas, por lo que el Estado debe usar los medios informativos que lleguen de manera más eficaz a los sectores que quiere impactar, independientemente de su contenido editorial.
Sin embargo, la falta de criterios claros para quienes son favorecidos o excluidos de tales beneficios genera un condicionamiento implícito de los medios, de acuerdo con el director de la Fundación Manuel Buendía y de la Revista Mexicana de Comunicación, Omar Raúl Martínez.
“Lo más preocupante radica ahora en que a los medios impresos en general se les reduce cada vez más la poca publicidad. Hoy día es un hecho que la mayor parte de las revistas ajenas a los grandes grupos mediáticos están siendo excluidas y arrinconadas en los planes de publicidad gubernamental. En otras palabras: muchas revistas políticas, culturales y especializadas, que no están supeditadas a los poderes fácticos, están siendo afectadas por esta falta de equidad publicitaria. Es el caso, por ejemplo, de la Revista Mexicana de Comunicación, que al igual que otras publicaciones especializadas, ciertamente no imprime tirajes masivos pero aporta contenidos para crear masa crítica”.
Las órdenes de inserción de las tres dependencias señaladas, muestran que de 2 mil 797 inserciones publicitarias, sólo una quinta parte (578) fue para revistas. Y que de los más de 75 millones de pesos que se gastaron en publicidad en medios impresos, las revistas recibieron poco más de 28 millones de pesos, equivalentes al 37 por ciento del total.
Fueron 137 las revistas que percibieron recursos por publicidad gubernamental, cuyos montos variaron de los 8 mil pesos a casi 1 millón y medio de pesos. Letras Libres, TV Notas, Ganar Salud y Tv y Novelas son las únicas cuatro publicaciones que facturaron más de 1 millón de pesos; en los cuatro casos, los mayores montos (superiores a los 500 mil pesos) provinieron de la SHCP.
TV Notas obtuvo de esa secretaría 777 mil 977.14 pesos por cinco anuncios; Tv y Novelas recibió 768 mil 706 pesos por siete inserciones; por anunciarse 10 ocasiones en Ganar Salud, la secretaría pagó 623 mil 300 pesos; y por hacerlo nueve veces en Letras Libres, erogó 569 mil 250 pesos.
La Segob entregó su mayor pago (326 mil 600 pesos) a Letras Libres. Sin embargo, no fue ésta la que tuvo más inserciones de la dependencia entre sus páginas, sino la revista Zócalo, con ocho. Letras Libres anunció a la Segob en cinco ocasiones, al igual que Día Siete, Vértigo, Tiempo Libre y Libro Vaquero.
En el caso de Ssa sí coincidió que la publicación con la mayor cantidad de inserciones fuera también la que más dinero recibió. Se trató de la revista ONG’s, a la que Ssa entregó 976 mil 925 pesos por 14 pautas.
El caso de los periódicos
En lo que respecta a los periódicos, de estas tres dependencias recibieron 47 millones 903 mil 89 pesos. Ocho grupos editoriales recibieron poco más de la mitad de estos recursos.
Ediciones del Norte, SA de CV, que edita los diarios El Norte, El Metro, Mural, AM, Metro, Reforma y el suplemento Primera Fila, facturó por propaganda de las tres entidades gubernamentales 5 millones 496 mil 625.3 pesos; la Organización Editorial Mexicana, SA de CV, que agrupa a la treintena de ediciones locales de la Compañía Periodística El Sol de México, así como al diario Esto, obtuvo pautas publicitarias por 3 millones 538 mil 584.7 pesos; El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, que imprime los rotativos El Universal y El Gráfico, recibió 3 millones 485 mil 210.9 pesos; mientras que el grupo Milenio Diario, SA de CV, facturó 3 millones 12 mil 114.5 pesos, incluyendo los 543 mil 468.9 pesos por publicidad en su revista Milenio Semanal.
Al periódico La Jornada y sus ediciones locales de Morelos, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí se les pagaron 2 millones 563 mil 93.6 pesos por publicidad; Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que edita diarios locales de Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Colima, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Baja California, sumó 3 millones 244 mil 993.1 pesos por inserciones; mientras que los periódicos capitalinos El Economista y Excélsior obtuvieron 2 millones 51 mil 722.5 pesos y 2 millones 12 mil 770 pesos respectivamente.
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jueves, abril 02, 2009

Transparencia inútil


La transparencia, el acceso a la información pública, la creación de un órgano de fiscalización con “autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones” y el desarrollo de medios de comunicación más distantes del poder político permiten a la opinión pública conocer con más puntualidad los abusos y excesos de los servidores públicos; lamentablemente, esto no se traduce en un mejor ejercicio ni en el control de la autoridad y el poder.Según los estudiosos del tema, los tres elementos indispensables de la rendición de cuentas son: información, justificación y sanción. La transparencia sin rendición de cuentas equivale al cinismo, pues simplemente se traduce en el conocimiento público de la corrupción y las arbitrariedades de los funcionarios, pero no permite castigarlas.
Sus consecuencias sobre la vida democrática son funestas, pues provoca que estos actos se extiendan y se reproduzcan ante la permisividad o inoperancia de las instituciones, y con el consecuente desánimo de la ciudadanía ante la ausencia de soluciones. Eso es precisamente lo que sucede en México, pues únicamente se avanza en la transparencia, pero no en los ámbitos de la justificación y la sanción.Los casos se repiten: primero fueron los escándalos públicos por la intromisión del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, en el asunto de Lydia Cacho y la absolución del mandatario por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el argumento de que las violaciones a los derechos humanos no eran lo suficientemente graves; después, el mismo tribunal exoneró al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, al procurador general Eduardo Medina Mora y a los altos mandos policiacos federal y estatal, pues aunque admitió que se cometieron graves violaciones a las garantías individuales contra los pobladores de San Salvador Atenco, determinó que los únicos responsables son los policías ejecutores de las órdenes y sus jefes inmediatos.Por otra parte, son constantes las denuncias de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) sobre la falta de sanciones a los funcionarios que se niegan a acatar las resoluciones de esa instancia. De acuerdo con una información publicada en El Universal, en los primeros cuatro años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información (2003-2007) únicamente 14 funcionarios federales enfrentaron las consecuencias de incumplir las resoluciones del IFAI, y la mayor de las sanciones fue la destitución del responsable y su inhabilitación por un año para ocupar un cargo público. Otro ejemplo. Tras entregar a la Cámara de Diputados el informe de su revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2007 –el primer año de ejercicio del gobierno de Felipe Calderón–, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, lamentó que haya tantos obstáculos y limitaciones para la aplicación de sanciones. Y en una entrevista con el diario Reforma el auditor señaló que, en más de siete años que él lleva al frente de la institución, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha resuelto ninguna de las 24 denuncias penales que la ASF ha interpuesto contra funcionarios que desviaron o aplicaron inadecuadamente los recursos públicos. Mencionó también la falta de firmeza que en ese aspecto ha demostrado la Secretaría de la Función Pública (SFP).En la revisión de las cuentas públicas el problema es muy claro. El auditor documenta los hechos, finca las responsabilidades y presenta las denuncias, pero los responsables de las irregularidades (y en ocasiones delitos) no son castigados, ya que la aplicación de la sanción depende del mismo poder en que se cometieron las irregularidades: el Ejecutivo.De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF procederá a determinar los daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos federales, “fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas”; “promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades”; y “presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar”. Casi en todos los casos, las “autoridades competentes” son la PGR y la SFP.Así, los obstáculos para hacer efectiva la rendición de cuentas aparecen en todos los ámbitos y tienen distintos grados de complejidad. Sin embargo, las responsabilidades administrativas tienen una solución muy obvia y que permitiría avanzar en la materia: la creación de una instancia independiente del Poder Ejecutivo que sea la responsable de instruir y resolver las quejas que se finquen contra los funcionarios públicos federales. Esta medida beneficiaría directamente al IFAI y a la ASF, además de que puede brindar una opción más confiable para que la ciudadanía interponga sus quejas.El hecho de que actualmente sean los Órganos Internos de Control (OIC), dependientes de la SFP, los responsables de cumplir esas tareas, impide su adecuado funcionamiento, ya que finalmente todos ellos dependen del presidente de la República y, por lo mismo, se producen las complicidades. Pero si el responsable de atender las quejas administrativas fuese un órgano autónomo, al que pudieran acudir los propios OIC en el caso de que detectaran irregularidades, el asunto cambiaría diametralmente, pues ya no habría esos conflictos y el nuevo órgano tendría esa única responsabilidad.El problema es dónde colocarlo. En una lógica integral, ese órgano nuevo no debería pertenecer al Poder Judicial, ya que éste puede ser requerido en un litigio como instancia posterior. Así que las únicas opciones son, en primer lugar, adscribirlo a la ASF, otorgándole a ésta autonomía constitucional –como lo demanda González de Aragón– o bien crear otro órgano autónomo. Cualquier otra opción, incluida la de adscribir ese órgano al Poder Judicial, parece mejor que mantener las condiciones actuales, pues cuando se trata de fincarles responsabilidades administrativas a los servidores públicos, los OIC forman un valladar infranqueable, como lo muestran las estadísticas, así como las críticas de los comisionados del IFAI y del titular de la ASF.