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sábado, enero 01, 2011

2010, año sangriento

Gracias al hijo de puta del ESPURIO Calderon......

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 31 de diciembre (apro).- En medio de la narcoviolencia y altos niveles de crueldad concluye uno de los años más sangrientos del sexenio calderonista.

El aumento del crimen organizado en México ha ido aparejado de escenas cada vez más espeluznantes. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 12 de diciembre: el hallazgo de tres cuerpos mutilados en la carretera de Acapulco. El hecho no resulta novedoso de no ser porque las tres personas fueron desolladas de la parte superior del cuerpo. Como trabajo de filigrana, quienes lo realizaron hicieron cortes precisos para arrancarles la piel de la cara y, cual si se tratara de mascaras, fueron presentadas y colocadas sobre las barras de concreto de la carretera con sus respectivos narcomensajes.

Esta parte, oscura y repulsiva del narcotráfico, es lo que la población va conociendo día tras día; es lo que la autoridad y los medios de comunicación muestran. Pero del otro lado de la moneda está el beneficio que deja tanta ejecución y crueldad al crimen organizado: el blanqueo de sus ganancias, de su dinero sucio y lleno de sangre.

Las ejecuciones son producto de enfrentamientos entre diversas organizaciones criminales que, a su vez, se disputan el territorio y el mercado para la venta de estupefacientes. Si la lucha es tan cruenta es porque el negocio para los narcotraficantes vale la pena, porque la plaza es buena, porque la venta de droga les resulta gratificante. Siendo así las cosas, todo parece indicar que, a mayor violencia, mayores ganancias.

Y si las ganancias son multimillonarias, ¿por qué el gobierno no habla de ello? ¿Por qué no ataca el lavado de dinero en México? ¿Por qué ni siquiera, cuando aborda el tema, ofrece cifras creíbles? ¿Qué hay detrás del silencio y la inacción gubernamental?

Las cifras que dan el gobierno y organismos internacionales son diametralmente opuestas. Por ejemplo: de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), cada año se lavan 10 mil millones de dólares producto del narcotráfico; según el la consultora internacional Mancera, Ernst and Young la cantidad asciende a 24 mil millones de dólares. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de entre 8 mil y 25 mil millones de dólares, pero para expertos independientes, como la firma estadunidense “No Money Laudering”, el lavado es de alrededor de 45 mil millones de dólares al año.

Y siendo cantidades impresionantemente, ¿por qué el gobierno no habla de esa parte que también genera el crimen organizado, porqué sólo muestra la parte escandalosa y terrible de la muerte?

Quizá el gobierno evita hablar del lavado de dinero porque, como dicen los expertos, toda la economía mexicana está inundada de ese dinero ilícito. Porque ese dinero es el que circula en casas de cambio, bancos, casas de bolsa, empresas de seguros, subastas de arte v venta de joyas, de inmuebles de aeronaves, de yates, de autos, de aparente explotación de minerales, conglomerados de medios de comunicación y, lo más novedoso, por las agrupaciones religiosas.

Y sin olvidar a los sindicatos, fideicomisos, obras de gobierno y, por supuesto, de campañas políticas. Por lo menos es lo que sostienen especialistas, como Edgardo Buscaglia.

A partir de esto, podemos entender que “los señores del dinero en México” tendrían que ser investigados, pues quizá, sin saberlo, sus grandes empresas están siendo utilizadas para lavar multimillonarias sumas de dinero. ¿Será por esto que el gobierno no habla de esa otra parte del crimen organizado? Porque si verdaderamente investiga llega hasta su propia casa pasando por todos los poderes fácticos del país.

En 2008, el gobierno federal anunció al Poder Legislativo que presentaría su iniciativa sobre el lavado de dinero, pero tuvieron que pasar dos años para que cumpliera. Apenas en agosto pasado, Calderón envió su iniciativa contra el blanqueo de dinero, pero ésta no ha podido avanzar en la Cámara, cuyos legisladores no han tenido la capacidad política para concretar la política de su jefe: el Presidente la República.

¿O será a caso que esto es una farsa y en realidad no se pretende atacar el problema, justamente porque se podrían afectar grandes consorcios y diversos sectores de la sociedad? No lo sabemos. Lo único que vemos es que mientras el gobierno más se tarda en atacar lo que da vida al crimen organizado, su sistema financiero, las nuevas formas de lavar dinero siguen apareciendo y con altas posibilidades de que aquí en México se estén poniendo en práctica.

Por ejemplo, según la Internacional Compílanse Association, ICAM, un instituto académico con sede en Londres y que en forma asociada con la Universidad de Manchester imparte capacitación en materia de criminalidad financiera y políticas sobre el combate al lavado de capitales, la forma más novedosa de lavar dinero es a través de actividades aparentemente religiosas y que tienen representación en diversos países de Latinoamérica.

Es decir, parte del lavado de dinero se realiza en organizaciones que dicen ser religiosas Si esto efectivamente es así, entonces el gobierno de Calderón debiera incluir en su iniciativa la indagación de los recursos que “mueven” las 7 mil 554 asociaciones religiosas que existen en el país y que tienen registro en la Secretaría de Gobernación.

No es novedad que algunas membresías de carácter religioso en México no sólo se dedican al culto, sino que han participado en algunos delitos, como por ejemplo la introducción de un buen número de extranjeros al país, muchos de los cuales lo hacen con documentos que se han detectado como falsos.

Entonces, si el gobierno quiere acabar con la narcoviolencia, con el desollamiento de jóvenes atrapados por el narco, con los mutilados, descabezados y ejecutados, debe empezar por atacar esta parte de la cadena del crimen organizado: el blanqueo del dinero sucio, que por cierto, no sólo es producto de la venta de estupefacientes. También está el secuestro y tráfico de indocumentados, por ejemplo, acontecimientos que, por cierto, son con los que esta cerrando el gobierno calderonista.

mjcervantes@proceso.com.mx

viernes, mayo 22, 2009

Sistema penitenciario, un fracaso

M I G U E L Á N G E L G R A N A D O S C H A P A
Plaza pública
Sistema penitenciario, un fracaso

Todos los días un acontecimiento grave ocurre en alguno de los 400 penales de la república: en estos días de mayo, ocurrió una fuga masiva en Zacatecas, y un motín reprimido con dureza en el Distrito Federal. En marzo en el Centro de readaptación social de Ciudad Juárez fueron asesinados 21 reclusos en una riña entre reos. Y en septiembre anterior en Tijuana, otra ciudad emblemática del narcotráfico, un número similar de muertes fue provocado por la represión excesiva a presos amotinados. Un juicio sumario, pero no simplón, al sistema penitenciario mexicano no puede menos que concluir que sirve para todo menos para el propósito que lo define y da nombre a sus establecimientos: no hay readaptación social posible en ellos. Imperan allí la violencia y la corrupción, la práctica de delitos contra internos y hacia fuera, el hacinamiento. Casi no hay cárcel que encierre al número de reclusos para el que está diseñada. Casi todas se hallan en el extremo contrario. En Baja California, por escoger un ejemplo al azar, hay una sobrepoblación de ciento por ciento. En el Distrito Federal el porcentaje es cercano a ese máximo: en sus diez penales se amontonan cuarenta mil reos, en espacios construidos para 21 mil. En la capital de la república están bien identificadas las causas de la sobrepoblación: un número muy grande de presos no pueden pagar la fianza que se les reclama para obtener la libertad a que tienen derecho mediante ese requisito. Y se ha acrecentado el censo porque reformas legales alentadas por la desesperación social imponen penas de prisión a delitos como el robo simple cuyo monto sea superior a 2 mil pesos. Igualmente crece el número de reos del fuero federal alojados en centros de reclusión locales, promiscuidad de la que surgen otras graves dificultades que el régimen carcelario no está en condiciones de enfrentar. Desde la perspectiva de su competencia, la Comisión de derechos humanos del Distrito Federal ha preparado un proyecto de ley penitenciaria. Partió para formularlo de consideraciones como la registrada en el Diagnóstico sobre derechos humanos en el Distrito Federal: "Las violaciones a los derechos humanos de las personas recluidas más recurrentes son hacinamiento, suministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas de salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del personal administrativo, negativa y suspensiones de visita familiar o íntima, discrecionalidad en los beneficios de la libertad anticipada, problemas en las zonas de aislamiento." Desde su fundación en 1993, y hasta el año pasado, la CDHDF ha emitido 40 recomendaciones sobre la materia a las autoridades. La mitad han sido consideradas como cumplidas por el órgano emisor. Pero de poco o nada vale el que se acaten las recomendaciones, porque su alcance particular no impide que las conductas denunciadas se repitan. Por eso se hizo precisa una propuesta general que adquirió la forma de proyecto de ley penitenciaria. Pero hay aspectos de la vida carcelaria que no pueden ser remediados y ni siquiera incluidos en normas legales que sin duda contribuirían a mejorar la vida en los penales, pero que deben ser parte de una reforma penal y aun social más amplia. Téngase en primer lugar la corrupción, que podría y debería ser contenida y aun eliminada sin necesidad de nuevas disposiciones legales. Parecería que los funcionarios de todo nivel en las cárceles de todo el país son movidos por una mecánica compensatoria: el carácter peligroso y lúgubre de su misión debe ser aliviado con la obtención de gajes que remedien las magras remuneraciones que oficialmente reciben. Para ello admiten la relajación de la vida en la comunidad carcelaria, que puede llegar al extremo del cogobierno, es decir la coexistencia de autoridades formales que simulan no ver lo que acontece en las crujías y en las celdas. En ellas, al cobijo de esta corrupción, se realizan delitos como el tráfico de estupefacientes y los secuestros organizados y dirigidos por vía telefónica. Apenas resulta comprensible que no se practiquen periódicamente revisiones que impidan la posesión y uso de teléfonos celulares y el comercio de drogas, tal como se presume que se hace para evitar los de armas y objetos punzocortantes. Otras maneras de corrupción son las que permiten acontecimientos como la evasión masiva de 53 reos en Zacatecas. Es claro que los custodios y otras autoridades del penal de Cieneguillas fueron cómplices de la fuga. Pero también lo son las autoridades policíacas federales, que en esta como en otras ocasiones han dejado transitar por carreteras federales convoyes, el del sábado pasado en suelo zacatecano estaba integrado por 8 vehículos, con gente ostensiblemente armada a bordo. Eso, en el supuesto de que los miembros del comando armado que asaltaron de modo incruento el Cereso de marras, se hayan disfrazado de agentes federales y no lo sean realmente. La sociedad no puede ver con impasibilidad que fácilmente se trueca en indiferencia lo que ocurre en las cárceles, aun por la mezquina consideración de que brotan de allí acciones del crimen organizado. Se requiere aplicar con rigor las leyes presentes y reformar los códigos para despresurizar las prisiones manteniendo en ellas a un número mucho menor del que actualmente se inicia en la delincuencia o afina allí sus tácticas y sus modos. La readaptación social debe dejar de ser una denominación burlesca.