martes, abril 29, 2008

Del usurpador y su ineptitud

'Cuando Felipe Calderón usurpó la Presidencia declaró la 'guerra al narcotráfico'. Después de 17 meses, los resultados no son del todo favorables para las autoridades, ya que en este lapso han fallecido 47 soldados en diversas acciones contra el crimen organizado, cifra que representa casi el 20 por ciento total de militares fallecidos en el combate contra el crimen en los últimos 10 años...en nueve Entidades de la República se han cometido 3 mil 845 ejecuciones, mientras que del 2001 al 2008 se tienen contabilizados en total 12 mil 746 ejecutados,'

La trinchera

Tijuana y sus dirigentes inútiles

Tijuana es una tierra bendita que sobrevive a todo, inclusive a tener ineptos despachando en los edificios públicos. Con menos de un año en el palacio municipal y en el gobierno del estado, la mancuerna ramos-osuna no ha servido sino para causar pena ajena; atrás quedó eso de 'vamos a rescatar Tijuana' o el 'es muy sencillo, yo si cumplo'; su 'amor por BC' quedó en indiferencia y sobre todo nos han demostrado que ellos no son 'lo mejor que merece Tijuana'.

No había sido suficiente la violencia que nos heredaron los inútiles de elorduy y martínez luna, no, tenía que haber más; tenía que haber ejecuciones en bulevares a pleno mediodía, balaceras multitudinarias, decenas de muertos por semana y secuestros al por mayor. Tenía que haber más y para lograrlo fue prudente depositar la PGJE en un abogangster como rommel moreno y a la Secretaría de Seguridad de Tijuana en un débil mental como capella, el mismo gordito que exigió la renuncia N número de veces a algorri franco y que lo adjetivó de la misma forma que ahora lo adjetivamos a él: i n e p t o.

Lo peor del caso no es que esta ciudad sea una de las más violentas del país lo peor son algunos detalles que se me vienen a la cabeza y me hacen pensar lo jodidos que estamos; como la indolencia e impunidad con la que se reconoce que la PEP (ese ente creado por antonio martínez) está infiltrado por el crimen organizado y que no se va a hacer nada con ello.

De igual forma es de dar coraje ver sus estúpidas campañas publicitarias que invitan a la ciudadanía a recuperar los espacios públicos y que semanas después invitan a la misma ciudadanía a encerrarse en sus casas a piedra y lodo.

O la cruzada de ramos y capella contra los vidrios polarizados, como si el quererse proteger del sol fuera un delito, una medida que sólo ha servido para extorsionar al ciudadano común y que además no es pareja pues tratándose de elementos policiacos se hace la excepción y que decir de la ausencia de placas que con todo el cinismo que sólo puede caracterizar a un panista se aclara que el municipio le estaría financiado a los uniformados la regularización de sus vehículos chocolates.

Ahora que el Sindicato del IMSS aprovechará el 1ero de mayo para manifestarse en contra de la inseguridad pública que tanto ha golpeado al gremio de los médicos me gustaría saber si el puerquito de capella ibarra también va a marchar, para llamarse inepto a sí mismo.

Y el pleito de comadres que se traen el general aponte polito y el procurador que primero le desnuda la corrupción de las policías en estado, segundo el procurador va desde el enojo hasta la indeferencia y tercero no pasa nada; lo que me lleva a creer que es una farsa preparada que para lo único que sirve es para generarle popularidad a un militar que igual no ha hecho nada, aparte de molestar al público en general. Y es que seamos francos, los operativos militares nos ineficientes y muy costosos; el año pasado sirvieron sólo para atrapar a unas decenas de delincuentes en todo el país, los costos los conocemos: violaciones, asesinatos, robos y desmadres en bares y zonas de tolerancia.

El pleito rommel-aponte es lo repito una farsa, una farsa que dos o tres fachos utilizan para clamar por un golpe de estado militar.

Lo peor del caso es que quien la lleva es la ciudadanía, con la mayor indolencia los militares secuestran (lo repito, secuestran) el hospital general de Tijuana, el mismo que atiende a miles de tijuanenses que no tienen acceso a los servicios del imss o el issste y con esa misma indolencia les niegan la atención de urgencias, las visitas a enfermos y el informe de los mismos a familiares; eso señores es propio de un régimen fascista; porque no se los llevan a otros nosocomios como el Ángeles o el Excel, si tanta es la necesidad de tener un sanatorio para militares, delincuentes y policías, ¿por qué no hacen un hospital militar?

Tijuana ya no es la misma, y no hablo de hace 20 o 30 años, del '89 a la fecha, ya no es la misma del 2000 a la fecha; en los últimos años la ciudad ha caído en una espiral de violencia de la que ni ramos, ni osuna, sus achichincles o el guacho de aponte la van a sacar; son ellos y no el 'Teo' o los 'Arellano Félix' los responsables de este baño de sangre en la entidad.

Dicen que el pueblo se merece el gobierno que tiene; pero yo no creo que los que no votamos por ese trío de mentirosos (calderón, osuna y ramos) merezcamos vivir con el Jesús en la boca. Al pueblo le confiere la Constitución el derecho de remover a sus gobernantes cuando éstos no cumplen con su trabajo; por eso debemos exigir la revocación de mandato de los 3 órdenes de gobierno, si no sirven para nada, que se vayan.

Es cuanto

Invitación

ENCABEZARA SENADORA ROSARIO IBARRA ACTO

SOLIDARIO CON BOLIVIA CONTRA INTENTOS SEPARATISTAS

El Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia invita a su prestigiado medio de comunicación al ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO BOLIVIANO, contra los intentos separatistas de la oligarquía de Santa Cruz, que encabezará la senadora Rosario Ibarra.

El acto se se llevará a cabo este martes 29 de abril a las 16:00 hrs frente a la Embajada de Bolivia (calle Goethe 104, col. Anzures, entre Thiers y Gutenberg).

Los facciosos del Comité Cívico de Santa Cruz fueron rechazados por la ONU, la OEA, la Unión Europea , el Comité Internacional de Derechos Humanos y otros organismos que se negaron a enviar veedores u observadores al ilegal referéndum del 4 de mayo.

Los ciudadanos mexicanos repudiamos el plan de la oligarquía de crear en Bolivia otro país al modo del Kosovo, por eso nos manifestaremos en apoyo al gobierno democrático de Evo Morales.

De antemano agradecemos su atención y esperamos contar con la asistencia de un representante de su medio.

Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia


HUGO ROSELL
PRENSA-CILAS
52 07 41 47
(04455) 37 22 60 78

Empieza la rebambaramba azucarera

Por: Ing. Leopoldo Peña del Bosque, ME

Como era de suponer por la nula eficacia del Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y sobre todo por la reiterada negativa del Secretario de Agricultura a decidirse a empatar las subvenciones que otorgan los norteamericanos al cultivo de la caña y que hacen llegar la misma del 15 al 17% más barata a los ingenios allende el Bravo, las Organizaciones Cañeras correspondientes están urgiendo por enésima vez al Secretario de la SAGARPA para que interceda ante los Grupos Machado y Santos para que les paguen los más de 200 Mo de pesos que les adeudan por concepto de retenciones y caña; luego que desde que arrancó la zafra 6 ingenios de Santos y 3 de Machado se han retrasado en sus pagos según el precio que ordena el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2007; por ende no han pagado al IMSS y a la Banca de Desarrollo las retenciones que en teoría debieran estar acreditando al productor (al desconocer el precio según su recurso legal interpuesto), lo que pone en serios aprietos al Sector Cañero, y quienes a causa de ello, aparecen “fichados por malas pagas” en el Buró de Créditos, y es que el precio de referencia sigue en discusión por más que lo haya publicado la Secretaría de Economía en el Diario Oficial, porque al ser inasequible de pagar por los Ingenios Privados solo puede ser costeado por los 13 ingenios que siguen manejados por el Gobierno, quienes no obstante acusar pérdidas, sufragan con el erario del pueblo las pérdidas que generan año con año.

Los grupos azucareros en cuestión argumentan que no tienen liquidez primero porque aún están en pleito legal con el Gobierno por pendientes del juicio de expropiación, aparte porque que el precio de la caña a pagar al productor cañero está muy alto luego que el precio reales que esta pagando el mercado doméstico y el de exportaciones esta por debajo del considerado por la Secretaría de Economía para el pago de la caña, no se diga porque los inventarios al cierre de la zafra anterior estaban altísimos y a este precio de la caña impugnado exportar azúcar significa perder hasta la camisa.
Como lo hemos comentado en múltiples ocasiones, ya hasta la Cámara de Senadores ha encomendado al Secretario de Agricultura el asignar una partida de $4,000 Mo de Pesos para igualar las subvenciones entre los dos países y pueda bajar de precio la caña a los ingenios nacionales para igualar el precio a la caña norteamericana y así puedan sobrevivir los ingenios nacionales y por ende las fuentes de trabajo y el cultivo de la caña de esta importante agroindustria asentada en 15 entidades federativas y que da de comer a 15 millones de mexicanos en áreas rurales , pero esto no parecen entenderlo los cabezas huecas del Gobierno, quienes haciendo de la indolencia mutis, continúan en la ilícita absorción de pérdidas en los ingenios que manejan, ante la complacencia de la COFECO, quienes mudos, permiten la desleal competencia de este monopolio de gobierno que subvenciona solo la parte de la producción de caña que compran sus ingenios.

Seamos el amor que todo lo da. Amar es perdonar en todo instante: AMLO

Ante los ataques debemos pensar que tenemos adversarios, no enemigos. Adversarios a vencer, no enemigos a destruir.

Aceptemos la afirmación del amor como la mejor forma de hacer política. No debe caber en nosotros ni el odio, ni la amargura. Seamos el amor que todo lo da. Amar es perdonar en todo instante.

Que nos mueva el amor a la Patria y la vocación humanista del amor al prójimo. Luchar por los pobres, los humillados y los ofendidos, es nuestro propósito esencial. Tengamos la confianza de que la fuerza del amor se impondrá sobre la codicia y la manipulación.

Solidaridad con Bolivia

¿Apoya México secesión en Bolivia?

El Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia repudia la visita a México de uno de los activistas del proceso separatista oligárquico que ocurre en aquel entrañable país.

Este lunes 28 estará aquí el senador Óscar Ortiz, impulsor de la consulta ilegal de un estatuto de autonomía, que se considera el comienzo de una escalada escisionista en Bolivia.

Llama la atención que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México haya otorgado una audiencia especial a este personaje, que viene como enviado de la oposición al gobierno de Evo Morales.

¿Se apoyará el plan de la oligarquía de crear en Bolivia otro país al modo de Kosovo? Otro líder de ese proyecto, Rubén Costas, proclamó el pasado viernes 25 que ya está en marcha "la segunda república". ¿México negará la institucionalidad del gobierno boliviano electo democráticamente?

Los facciosos del Comité Cívico de Santa Cruz fueron rechazados por la ONU, la OEA, la Unión Europea, el Comité Internacional de los Derechos Humanos y otros organismos que se negaron a enviar visitadores u observadores al ilegal referendo del 4 de mayo.

El Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia invita a un acto solidario el día martes 29, a las 16 horas, frente a la embajada de Bolivia (calle Goethe 104, colonia Anzures, entre Thiers y Gutenberg), donde culminaremos la campaña de firmas en apoyo al gobierno y al pueblo bolivianos.

Responsable de la publicación: Héctor de la Cueva


Charlas en defensa del petróleo (hoy)

El martes 29 de abril:

CCH Oriente, 11 horas, Mario di Constanzo en la sala 2 de audiovisual.

ENAH, 12 horas, Claudia Sheinbaum.

Facultad de Ciencias, 12 horas, Hernández y El Fisgón en el auditorio Alberto Barajas.

FES Acatlán, asamblea informativa con los responsables de la Brigada 21.

Miércoles 30 de abril:

CCH Sur, 11 horas, Rafael Barajas, El Fisgón, en la sala del SILADIN.

Informes: http://redesuniversitarias.blogia.com, redesuniversitarias@gmail.com y movnedp@gmail.com

Movimiento Nacional de Estudiantes en Defensa del Petróleo (Brigada 21).


Ingresa en prisión el joven que descolgó la bandera del Ayuntamiento de Terrassa

http://www.lademocracia.es/ingresa-prision-joven-catalan-descolgo-bandera

BARCELONA. Esta mañana ha ingresado en prisión «Franki», el joven independentista catalán que descolgó la bandera española de la Casa Consitorial de Terrassa.
Todos los grupos municipales excepto el del Partido Popular han mostrado su solidaridad con el muchacho, cuya pena consideran desproporcionada y extemporánea.

El joven catalán condenado por ultrajes a España tras arriar la enseña monárquica que se encontraba en el balcón del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), tras un proceso judicial que se ha extendido durante cerca de cuatro años, fue encarcelado esta mañana, tras comunicar
formalmente a las autoridades locales la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, quien decidió hace unos días inadmitir —sin pronunciarse— a trámite el recurso de la defensa, ratificando así la condena impuesta a dos años y siete meses de cárcel.

El joven fue detenido esta mañana por efectivos de la policía autonómica catalana —una unidad de los Mossos d’Esquadra— y trasladado a la cárcel Modelo de Barcelona, donde ingresó pasadas las doce del mediodía.

Nada más saberse la noticia, algo más de un centenar de personas se han concentrado espontáneamente ante las puertas de la cárcel, a modo de protesta por la decisión judicial.

En medios cercanos a la defensa de «Franki», el procedimiento utilizado por la Administración del Estado ha causado cierto estupor, dado que en lugar de una detención policial forzada, se esperaba más bien que la emisión de una notificación escrita, a la que el joven hubiera podido responder sin tratar de evadir la acción de la Justicia —se trata de un trabajador, con familia y un más que considerable arraigo en la zona, que además ha respetado puntualmente a los anteriores llamamientos— por lo que las posibilidades de fuga resultaban muy remotas.

Precisamente en estos días, la defensa de «Franki» se encuentra ultimando los términos del recurso que se presentará ante el Trubunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, acción legal que se esperaba, pudiera impedir el ingreso en prisión.

El jueves pasado, un centenar de personas secongregaron frente al Ayuntamiento de Terrasa, para mostrar su apoyo al joven, portando pancartas en las que se podía leer: «Franki se queda en casa».

http://www.lademocracia.es/ingresa-prision-joven-catalan-descolgo-bandera

(SE RUEGA, MÁXIMA DIFUSIÓN)

Respuesta del FNCR al EPR

Con fecha del 24 de abril ha circulado un comunicado con la firma del Partido Democrático Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PRD-EPR), en el cual propone crear una comisión de intermediación con el gobierno federal, para dialogar sobre la presentación de con vida de Edmundo Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de esa organización, y detenidos - desaparecidos desde hace casi un año.
El FNCR se re-fundó el pasado 2 de octubre. Desde entonces ha sido uno de sus ejes centrales la lucha por la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos. En esta materia recientemente el FNCR ha entregado al congreso una propuesta de iniciativa de Ley de Amnistía.
En consecuencia, es una condición fundamental para el FNCR apoyar toda gestión política, legal o de cualquier índole, que acerque la libertad de los presos y la presentación de los desaparecidos.
Por lo anterior es que el FNCR responde afirmativamente a la propuesta del EPR de ser parte de una comisión de intermediación para lograr la presentación de los desaparecidos.
El FNCR recibe con beneplácito la noticia de que también las 4 personalidades que han sido convocadas hayan emitido una respuesta positiva al llamado del PRD-EPR.
En su próxima reunión de Asamblea el FNCR resolverá los mecanismos más apropiados para poder participar en esta Comisión de Intermediación. Sin embargo es importante dar a conocer la posición del FNCR, para que las otras partes involucradas puedan emitir alguna opinión en su caso.
Frente Nacional Contra la Represión
http://www.fncr.blogspot.com/

Respuesta de Rosario Ibarra

NO RENUNCIAMOS A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

Agradecemos mucho las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido en estos días, especialmente del Frente Nacional Contra la Represión, con motivo de la campaña de la derecha y su gobierno para criminalizar la protesta social y la solidaridad internacionalista. En realidad esa solidaridad es más necesaria y debe dirigirse a la memoria de los mexicanos asesinados por el gobierno colombiano, así como con Lucía Morett y sus compañeros a los que quisieran presentar como delincuentes.
Entre toda la campaña sucia de estos días ha destacado el artículo, reproducido por su supuesto autor en un programa de televisión, en que se señala que el "principal contacto" de las FARC en México lo constituimos tanto Rosario Ibarra, en mi calidad de Senadora de la República, conjuntamente con la colaboración de Edgard Sánchez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
En el mismo artículo citan a otras personas y compañeros en una amalgama incoherente que solamente pretende demostrar que las FARC cuentan en México con una red de apoyo y supuestos simpatizantes o militantes que son guerrilleros y que viajan a los campamentos de las FARC a recibir entrenamiento. La conclusión amarillista de lo anterior no sería grave si se recuerda la histórica presencia en México de refugiados y combatientes de otros países latinoamericanos, pero obviamente quiere implicar la comisión de delitos al utilizar la absurda caracterización de Bush sobre las FARC como parte del "eje del mal" y cómplice del narcotráfico. No hay nada en la amalgama de datos y nombres citados en el artículo que demuestren la relación de las FARC con el narcotráfico en México más que el prejuicio difundido por el Procurador General.
Los datos y nombres de personas y organizaciones, así como la foto que ilustra el artículo, la foto de una fiesta particular en México donde se ve a Lucía Morett bailando, obviamente no se encontraban en la supuesta lap top de Raúl Reyes, sino que son datos filtrados por la policía mexicana. Por eso aunque agradecemos el apoyo que se nos ofrece para demandar al articulista o exigir derecho de réplica en el diario que publicó el pasquín, no tenemos prisa de hacerlo pues entendemos que es parte de la campaña sucia de la derecha y que el autor del artículo no hizo investigación alguna sino simplemente mezclar datos que le ofreció la policía para en forma amarillista generar histeria anti-FARC y contra los movimientos de solidaridad latinoamericanos en nuestro país. Por eso ni nos molestamos en pronunciar su nombre y medio.
Lo único que resulta cierto del artículo es que hay mucha gente y organizaciones que somos solidarios con las luchas de los pueblos latinoamericanos. Y eso es lo que la derecha y su gobierno quieren criminalizar identificándolo con el terrorismo, que es algo radicalmente diferente. Con el pretexto del combate al terrorismo quieren perseguir y prohibir la solidaridad latinoamericana y bolivariana. Es una campaña mediática que quiere convencer de que es ilegal lo que hoy es legal y sobre todo legítimo, la solidaridad con los pueblos que luchan por la democracia y la soberanía nacional y contra gobiernos criminales, corrompidos por el narcotráfico –ellos sí- y por el paramilitarismo terrorista –ellos sí- como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe.
Nosotros no nos avergonzamos ni nos intimidamos con esta campaña negando nuestra convicción internacionalista y solidaria con las luchas de los pueblos latinoamericanos contra el imperialismo y sus gobiernos títeres, que tienen en Álvaro Uribe y Felipe Calderón a las dos cabezas de la derecha subordinadas al gobierno de Estados Unidos en nuestro continente. Somos internacionalistas, promovemos la solidaridad entre los pueblos, al igual que lo han hecho los jóvenes mexicanos asesinados junto a las FARC en Sucumbíos. Ellos, así como la sobreviviente Lucía Morett y otros jóvenes mexicanos más convencidos por sus estudios y conocimiento, están comprometidos con esa solidaridad internacionalista, como también nosotros la asumimos. Eso no es un delito. Ni ellos ni nosotros hemos cometido delito alguno al ser solidarios. Cualquier acusación fabricada contra ellos tendrían que hacerla también contra nosotros, pues compartimos ese compromiso y en ese marco es que nos conocimos, somos amigos y compañeros. Así recordamos a Juan, Verónica, Chac y Soren y no permitimos que ensucien su nombre y memoria pretendiendo presentarlos como delincuentes. Por eso también nuestra solidaridad con Lucía y otros compañeros que son mencionados, al igual que nosotros, en estos supuestos reportajes periodísticos como supuestos delincuentes.
Bush y Uribe insisten en presentar a las FARC como parte del "eje del mal" y narcotraficantes para negar la realidad política y diplomática que se viene imponiendo: las fuerzas insurgentes colombianas deberán ser reconocidas como fuerza beligerante que disputa territorial y políticamente el poder al gobierno paramilitar de Uribe. Esa es la realidad que mostró la primera entrega de rehenes por parte de las FARC al gobierno de Hugo Chávez y eso es lo que apuntalaría la misión de Raúl Reyes y su campamento para negociar una nueva entrega de rehenes. La criminal acción de Uribe de bombardear ese campamento precisamente, demuestra que el menos interesado en que rehenes como Ingrid Betancourt sean liberados es Alvaro Uribe. Para evitarlo, lo que haría evidente el carácter de fuerza beligerante de las FARC, no dudó en asesinar indiscriminadamente a los que estuvieran en Sucumbíos, incluso eventualmente rehenes. El Presidente Correa denunció en su propia cara a Uribe en la Cumbre de Santo Domingo, recordándole que él sabía que en ese campamento se encontraba Raúl Reyes.
Efectivamente en el mes de noviembre del año pasado en la tribuna del Senado presentamos un punto de acuerdo que era apoyado por el movimiento de solidaridad, exigiendo la expulsión del embajador colombiano en México que había anunciado la presencia de policías colombianos actuando en nuestro país. En el mismo punto de acuerdo se saludaba la intermediación del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba para lograr la liberación de rehenes en manos de las FARC. El siguiente paso era invitar a la Senadora Piedad Córdoba a México para difundir sus esfuerzos humanitarios. Esta invitación ya no se realizó pues en esos días Uribe desconoció la intermediación de Chávez y la Senadora. Todas estas acciones políticas se presentan en el "reportaje" como gran descubrimiento de la actuación de los contactos de las FARC en México. Es cierto que esas acciones se realizaron en el Senado. ¿Y qué? Eso no es delito. Y la propuesta de hacerlo fue comentada y apoyada por los compañeros de la solidaridad ¿Y qué? Eso no es delito.
El contacto con representantes de las FARC tampoco es delito en México. Efectivamente como se "denuncia" en el reportaje durante mucho tiempo hubo una representación oficial, pública y abierta de las FARC en México en la persona de Marco León Calarcá. Su presencia en nuestro país databa del momento en que se realizaron diálogos por la paz entre las FARC y el gobierno colombiano, siendo el gobierno mexicano anfitrión de esos diálogos en Tlaxcala. Aunque los diálogos no fructificaron, Calarcá permaneció mucho tiempo más en México, sin que fuera ilegal su presencia y sus esfuerzos y trabajo para promover la solidaridad con Colombia. En esa actividad lo conocimos y tratamos. En ese carácter asistió a eventos políticos, reuniones, conferencias o congresos para buscar la solidaridad. No fue sino hasta que Bush le contó a Vicente Fox que en México había una representación pública de las FARC que éste expulsó del país a Calarcá. La expulsión fue injustificada pues Calarcá no interfería en la vida política mexicana y el incidente representó simplemente otro gesto de obediencia de Fox a la política de Bush.
Nuestra relación política con las FARC, en este contexto, así como en otras reuniones latinoamericanas partidarias, es similar al contacto que hemos tenido en otros años con otras fuerzas insurgentes. Tener una relación de solidaridad no implica necesariamente coincidencia completa y militancia organizada con las FARC u otras organizaciones. Incluso en el caso colombiano donde además de las FARC hay otra fuerzas insurgentes como el ELN y destacadamente también fuerzas políticas opositoras al uribismo que se expresan en las ciudades, en la lucha política y electoral. Por eso nuestras relaciones solidarias se expresan también con gobiernos revolucionarios como el cubano o de carácter antiimperialista y progresistas como los de Venezuela, Bolivia o Ecuador que representan una alternativa política frente a la derecha neoliberal y proimperialista encabezadas por Uribe y Calderón y su Plan Colombia y el espejo del Plan Mérida y el ASPAN. No renunciamos a nuestro compromiso internacionalista e invitamos a todos los movimientos de solidaridad en nuestro país a no cejar y no dejarse intimidar por la campaña mediática de la derecha. La cabeza que aparece públicamente en esta campaña, incluso facilitando el trabajo de la policía al abrir una averiguación previa contra Lucía Morett y sus compañeros son José Antonio Ortega y Guillermo Velasco Arzac, del grupo "Mejor sociedad, mejor gobierno". Así la PGR alega que debe investigar por la denuncia presentada por unos particulares, pero que casualmente están ligados al PAN. Están claramente identificados y son las mismas personas que pagan los spots televisivos contra el movimiento en defensa del petróleo mexicano, y los que se reunieron con Uribe en Cancún para meter una denuncia penal contra Lucía Morett y sus compañeros. José Antonio Ortega y Guillermo Velasco Arzac son militantes de la extrema derecha yunquista, ya no tan clandestinos, que fueron a Cancún a coordinar su campaña con Uribe, representante de un gobierno señalado como infiltrado por el terrorismo paramilitar y la narcopolítica, para venir a gritar aquí contra el terrorismo, como el ladrón descubierto que grita "al ladrón".
No permitiremos la criminalización de la solidaridad internacionalista.
México, D. F. abril de 2008.
ROSARIO IBARRA EDGARD SÁNCHEZ.

Foro sobre la represión en Atenco

Hace dos años el pueblo de Atenco fue reprimido brutalmente por las policías estatal y federal bajo las órdenes de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. A la fecha, la injusticia perdura, ya que aún quedan 16 compañeros presos, varios perseguidos políticos y permanecen impunes las violaciones a nuestras compañeras y los asesinatos de Javier Cortés y Alexis Benhumea. Por ello, invitamos al pueblo en general a asistir al foro Atenco: por la libertad, en contra de la represión y en defensa de la tierra, que se efectuará el martes 29 de abril, a las 17 horas, en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ponentes: Trinidad Ramírez, Rosario Ibarra de Piedra y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
más spots para salvar a méxico...
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Los aliados mexicanos
Ortega Sánchez, Velasco Arzac y González Márquez

El presidente Álvaro Uribe encontró en México aliados naturales a su causa: José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, prominentes miembros de la organización de ultraderecha El Yunque, quienes, a su vez, gozan de apoyo y canonjías del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal –un organismo que le permite cobrar como asesor del gobierno panista de Jalisco y, simultáneamente, ser abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez–, estaba feliz después de reunirse con Álvaro Uribe, presidente de Colombia.
–¿Cómo le fue con él? –le preguntó Proceso.
–¡Excelente! ¡No me podría ir mejor! –contestó Ortega Sánchez. En efecto, la reunión –que inició a las 7:10 horas del miércoles 16 de abril en la suite del hotel Gran Meliá, en Cancún, Quintana Roo– estaba prevista para durar apenas unos minutos. Sin embargo, se convirtió en una sesión de trabajo de casi hora y media.Los asistentes eran de relieve: junto con Uribe estaban su canciller, Fernando Araújo; el ministro del Interior de Colombia, Carlos Holguín; el embajador de ese país en México, Luis Camilo Osorio Isaza, y otros tres colaboradores del mandatario sudamericano. Ortega Sánchez se hizo acompañar del gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, y de Guillermo Velasco Arzac, presidente de la agrupación filopanista Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.El encuentro, que exhibió una convergencia ideológica de la ultraderecha de ambos países, se produjo en el contexto de una vasta campaña del gobierno de Colombia para justificar la ilegal incursión de sus tropas en Ecuador, el pasado 1 de marzo, y para acusar a los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por soldados colombianos y a la sobreviviente Lucía Morett de formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).“La reunión en Cancún fue para decirle al presidente Uribe que ellos (Ortega Sánchez y Velasco Arzac) tenían el convencimiento de que esas personas estaban delinquiendo y que ellos están actuando en defensa de los intereses de los mexicanos, por lo que consideran que la presencia de mexicanos (en un campamento de las FARC en Ecuador) debe ser objeto de una investigación”, asegura a este semanario el embajador Osorio Isaza.En efecto, expone a Proceso Ortega Sánchez, el propósito del encuentro con Uribe fue discutir sobre el “narcoterrorismo” que, afirma, practican las FARC. Según información que proporcionó el gobierno de Uribe a Ortega Sánchez, el máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda, Tirofijo, gira instrucciones directamente a los miembros de esta organización que operan en México. Afirma Ortega Sánchez que también lo hacía, hasta su muerte el 1 de marzo, Raúl Reyes, canciller de las FARC. “Ellos tienen una gran evidencia de la participación de Lucía Morett en los grupos de las FARC como coordinadora –enfatiza Ortega. Ella se quedó en lugar de Olga Marín, hija de Manuel Marulanda, esposa de Raúl Reyes, quien fue expulsada en 2003 de México. Tenía un grupo de 38 muchachos. Uribe me lo corroboró y tiene pruebas.”El 11 de abril, cinco días antes de la reunión con Uribe, Ortega Sánchez y Velasco Arzac ratificaron una “denuncia de hechos” que presentaron el 25 de marzo ante la Procuraduría General de la República (PGR). En ella acusan a la sobreviviente Lucía Morett y a otros 14 jóvenes mexicanos de estar vinculados con las FARC.Esa denuncia –que corre en paralelo con la investigación que inició por su cuenta la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Tráfico de Armas– está basada en versiones periodísticas difundidas a raíz del ataque armado de Colombia a territorio de Ecuador, en datos que –asegura Ortega Sánchez– le proporcionaron “algunas fuentes de inteligencia mexicanas” y, sobre todo, en información del gobierno de Colombia que fue ampliada durante la reunión de Ortega Sánchez, Velasco Arzac, González Márquez y Uribe.Según Ortega Sánchez, la relación con Uribe, de quien soslaya su relación con los miembros del Congreso ligados a paramilitares de extrema derecha, se justifica por el riesgo latente de acciones bélicas en México por parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR):“Nosotros sólo hemos tenido las explosiones de los ductos (de Petróleos Mexicanos, el año pasado). Todavía no hay gente que haya sido privada de la vida, pero al rato nos va a suceder si no hacemos algo. Ellos (los colombianos) vienen de regreso y nosotros apenas vamos hacia allá. Si no hacemos nada, es probable que al rato tengamos narcoterrorismo en nuestro país.”
“La ultraderecha unida…”
Uribe se marchó feliz de México, tras su breve visita los días 16 y 17 de abril, cuando vino a “dar la cara” por el asesinato de los cuatro jóvenes mexicanos perpetrado por tropas de su país en territorio de Ecuador, a quienes tildó de “terroristas”.Había logrado una rotunda condena de Felipe Calderón a las FARC. “No se le podrá dejar de llamar terrorista a quien pone una bomba o a quien realiza un secuestro o a quien mata a sus víctimas”, dijo el presidente Calderón, lo que opacó el “beneficio de la duda” que el mandatario mexicano extendió a las víctimas en referencia a su militancia en las FARC. Más aún, el presidente Uribe proveyó a Calderón de un archivo de “pruebas” sobre las conexiones de la guerrilla con cárteles del narcotráfico y organizaciones estudiantiles de México.Durante la entrevista con Proceso, el embajador de Colombia insiste en imputar a los jóvenes asesinados y a Lucía Morett militancia en las FARC, con base en la información documental y videográfica encontrada en las computadoras de Reyes, el jefe guerrillero asesinado.“Hemos recaudado abundante material, que hemos compartido a Ecuador, Venezuela y México. Las computadoras siguen arrojando evidencias. Hay una cantidad de documentación gráfica y de audio que ha trascendido desde el mismo Ecuador”, dice.Según el diplomático, quien es acusado de dar protección a bandas paramilitares de extrema derecha de su país cuando fue fiscal general (Proceso 1597), “los videos donde aparecen las personas en los campamentos, con uniformes, departiendo de una manera muy cercana, nos indican que no se trata de visitantes esporádicos, sino de gente que está muy metida”. Cuestiona la posición adoptada por el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien rechazó las imputaciones del presidente colombiano contra los jóvenes asesinados: “Yo no entiendo mucho la posición de la Universidad. Nadie la ha invitado al debate, en el sentido de que se le haya citado, acusado o señalado. No entiendo mucho esa posición”.Puntualiza sobre las FARC: “Nuestra tesis en este momento es que es un grupo terrorista y que no hay ninguna razón, ni científica ni educativa ni social, que dé fundamento para que (los universitarios mexicanos) puedan estar interactuando con narcoterroristas”.Los aliados en México del gobierno de Uribe y del embajador Osorio Isaza están plenamente identificados con la extrema derecha del PAN. Han sido frecuentes los escándalos en los que se han visto involucrados. Fue el caso de la ilegal difusión de propaganda negra contra Andrés Manuel López Obrador, en el 2006, tal como lo acreditó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Su más reciente incursión: la difusión de un spot contra López Obrador y los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP) por la toma de las tribunas de las dos cámaras del Congreso, que el Instituto Federal Electoral (IFE) ordenó suspender por contravenir la Constitución.Ese spot, que compara a López Obrador con los dictadores Adolfo Hitler, Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, comenzó a difundirse –en el mejor horario de transmisión de Televisa y con una inversión de 5 millones de pesos– el pasado jueves 17, un día después de la entrevista de Ortega Sánchez, Velasco Arzac y González Márquez con Uribe y la misma noche en que Calderón recibió, en Los Pinos, a José María Aznar, exjefe del gobierno de España.
Más allá de las palabras
El IFE investiga a Velasco Arzac –quien tiene una trayectoria de más de cuatro décadas como activista de la ultraderechista organización nacional El Yunque– por haber contratado ilegalmente tiempos en Televisa, así como por haber utilizado para el spot contra López Obrador recursos públicos, vía prerrogativas de la Coordinadora Ciudadana, una agrupación política nacional que él preside simultáneamente con Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, el organismo que rubrica dicho spot.Ligado desde la década de los 70 a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Velasco Arzac ostenta el cargo de jefe nacional operativo de El Yunque, en el que tiene el seudónimo de Jenofonte, y es el creador de numerosos membretes u organismos externos por medio de los cuales esta organización de ultraderecha participa en política, siempre en respaldo al PAN.La Coordinadora Ciudadana, por ejemplo, está integrada casi exclusivamente por militantes del PAN de todo el país, según el padrón registrado ante el IFE que obtuvo Proceso. El fundador de esta organización, en 1996, fue Antonio Sánchez Díaz de Rivera, actual diputado federal de este partido, frustrado candidato a la alcaldía de Puebla y subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno de Vicente Fox. Expresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), como Velasco Arzac, Ortega Sánchez es, también, activista de El Yunque desde que era estudiante de la Preparatoria 9, de la UNAM, donde era conocido con el seudónimo de Del Campo y donde coincidió con la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien pretendió, en coordinación con él, acreditar que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue víctima de un complot de Estado.De hecho, el gobierno de Jalisco le paga a Ortega Sánchez al menos 50 mil pesos mensuales de honorarios como asesor para coadyuvar con la PGR –además de gastos y viáticos, como en el viaje que realizó al Vaticano en junio del 2007–, al mismo tiempo que es apoderado legal del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, tenaz impulsor de la tesis del complot contra su antecesor.Otro abogado de Sandoval, y plenamente vinculado con Ortega Sánchez y Velasco Arzac, es Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de gobierno de la administración de Emilio González Márquez, el tercer asistente a la reunión con Álvaro Uribe.La relación entre González Márquez, Velasco Arzac, Ortega Sánchez y Juan Sandoval va más allá de las palabras: el gobernador de Jalisco donó 90 millones de pesos del erario al cardenal Sandoval para edificar un santuario a los cristeros, lo que ha irritado a un amplio sector de la sociedad. Benefactor con dinero del pueblo –como otro regalo de 67 millones de pesos que le dio a Televisa–, el gobernador amigo de Uribe ni se inmuta. Apenas el miércoles 23, durante una cena en la que regaló 15 millones de pesos –también sustraídos del erario– al Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara, repudió las críticas por los donativos. “Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta de que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil”. En la cena, en la que estuvo presente su amigo Sandoval Íñiguez, el gobernador expresó: “Señor cardenal, don Juan Sandoval, qué desmadre traemos, ¿sí o no? Nos estamos haciendo famosos, don Juan. Digan lo que quieran –perdón, señor cardenal–: ¡Chinguen a su madre!”.
Los secretos de la paraestatal
IFAI. La única puerta

Como parte de su estrategia para sacar adelante la reforma energética, el gobierno de Felipe Calderón se ha valido de todos los medios a su alcance para justificar la participación de inversión privada en la exploración y explotación de recursos petroleros. Sin embargo, elude mencionar que un enorme volumen de expedientes relativos a la paraestatal fue puesto bajo reserva, en algunos casos hasta por 12 años, con lo que se escamotea información que debiera ser del dominio público.En el diagnóstico oficial sobre Pemex y en el paquete de reformas en materia energética, el gobierno de Felipe Calderón no mencionó que durante los últimos ocho años la paraestatal clasificó como reservados 75 mil 809 expedientes.Pese a que están de por medio recursos públicos, los directivos de la empresa han colocado bajo llave, por períodos que van de los cinco hasta los 12 años, expedientes sobre otorgamiento de franquicias, pagos a proveedores y contratos con particulares para la instalación de negocios en México y el extranjero. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como su reglamento y los lineamientos emanados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) les han brindado atribuciones para ello.El pasado 25 de marzo, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, envió a la Cámara de Diputados un diagnóstico de 128 cuartillas en torno de Pemex en el que señala los riesgos que corre México ante el eventual agotamiento de sus pozos. Dos meses antes, en enero de 2008, la Coordinación de Asesores de Pemex-Refinación ordenó que se colocara bajo reserva un expediente llamado Autoevaluación del organismo.Directivos de la paraestatal determinaron que el contenido de este documento quedara bajo llave durante los próximos cinco años. Si en este trabajo hay datos ocultos en torno del diagnóstico de Pemex-Refinación, no habrá forma de saberlo sino hasta 2013, cuando Calderón ya sea expresidente.Todo este acervo de información forma parte de los 5 millones 69 mil 577 archivos colocados por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón en el Índice de Expedientes Reservados, administrado por el IFAI.Este semanario tuvo acceso a una base de datos que cuenta con 12 mil 345 entradas que corresponden a igual número de expedientes bajo reserva. En esa lista si bien se localizan archivos que deben permanecer resguardados, como los que se refieren a las ubicaciones de pozos, ductos o medidas de seguridad, hay otros cuyo ocultamiento genera sospechas, como los que se relacionan con las inversiones hechas en la empresa Pemex Finance LTD, constituida por el gobierno de México en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.También se ha mantenido fuera del dominio público la información relativa al capital con que se estableció el Fideicomiso F/163, así como la concerniente a las cuentas bancarias del Project Funding Master Trust, abierto en Delaware, Estados Unidos, que han servido para mantener los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que tan sólo en 2003 la deuda del F/163 ascendió a 16 mil millones de pesos, resultado de tres emisiones de certificados bursátiles, así como por la contratación de otro tipo de instrumentos financieros. En ese fideicomiso participan Pemex, ING México y Casa de Bolsa BBVA Bancomer.
Cerrazón informativa
Aunque los servidores públicos se empeñan en colocar cerrojos a los archivos oficiales hasta por un período máximo de 12 años –como lo estipula la Ley Federal de Transparencia– siempre habrá manera de romper los candados para que la información sea pública.Sin embargo, cualquier ciudadano, investigador, periodista o empresario que pretenda desclasificar un archivo en México por medio del IFAI deberá armarse de paciencia, pues le llevará por lo menos tres meses. En caso de que quiera conocer información clasificada de Pemex y los funcionarios de la empresa muestren resistencia, el trámite puede llevarle hasta seis meses, sin tomar en cuenta puentes y periodos vacacionales.La información de Pemex sumergida entre los más de 5 millones de archivos que conforman el Índice de Expedientes Reservados en México, representa apenas una parte de la historia. La otra, la conformada durante el régimen priista, está enterrada en el Archivo General de la Nación (AGN). Para llegar a ella, no hay IFAI que medie a favor los ciudadanos.En entrevista con Proceso, el investigador Jacinto R. Munguía dice que debido a la falta de manuales de consulta, encontrar documentos acerca de cómo se fue metiendo Pemex en una grave crisis financiera desde los tiempos del priismo depende más que nada de la suerte.“Como están las cosas, una investigación sobre Pemex no tardaría menos de dos o tres años”; comenta el autor de La Nómina Secreta de Gobernación y de La Otra Guerra Sucia.En el AGN prevalece el desorden debido a que en México nunca ha existido una Ley de Archivos. “La situación es de un enorme rezago, lo que implicará hacer un gran esfuerzo para contar con más recursos financieros, así como con personal técnica y materialmente preparado”, dice el comisionado Juan Pablo Guerrero, en un video que en semanas venideras difundirá el IFAI.
Reconfiguración
Ante la necesidad de que México cuente con energéticos suficientes para atender la alta demanda interna y, al mismo tiempo, pueda elaborarlos con niveles de alta calidad –apegados a los estándares internacionales– en el diagnóstico de la Secretaría de Energía se planteó que es necesario reconfigurar tres refinerías.“Es un reto formidable para una sola empresa, cualquiera que esta sea. Cada una de las nuevas refinerías requerirá al menos de cuatro a cinco años para su realización. De esta manera el desafío es realizar varios proyectos simultáneos de manera continua, durante las siguientes dos décadas y al mismo tiempo realizar las reconfiguraciones y modernizaciones. Se trata de un enorme reto para cualquier empresa petrolera en el mundo”, indicó Kessel en su informe.Mientras en la Sener se trabajaba en el informe para convencer a los legisladores de que es necesaria la participación de la iniciativa privada en la construcción de refinerías, dentro del propio Pemex-Refinación se ordenó poner bajo reserva por cinco años un documento denominado Autoevaluación del organismo.Para la Coordinación de Asesores de esa área de Pemex, abrir estos archivos comprometería la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional. Además de ello, podría perjudicar la persecución de los delitos o la recaudación de impuestos, de acuerdo con la justificación que aparece en el Índice de Expedientes Reservados.Colocar bajo reserva archivos vinculados a las evaluaciones internas de la paraestatal es una práctica que viene desarrollándose desde el sexenio pasado. Entre 2004 y 2006, PMI Comercio Internacional, una de las áreas de Pemex, clasificó 26 expedientes de este tipo, sólo que a diferencia del gobierno de Calderón, los foxistas lo hicieron por el plazo máximo que les permite la ley: 12 años. Al cumplirse este período, los futuros servidores públicos podrán decidir entre levantar los sellos o dejarlos ahí por otro lapso igual.Por ejemplo, en Pemex-Refinación se hizo una evaluación de la situación económica entre 2005 y 2006 a la que le impusieron una reserva de dos años. Desde el pasado 31 de enero esta información está liberada. Sin embargo, los nuevos directivos pueden ratificar en cualquier momento los candados a menos que, en un recurso de revisión, los comisionados del IFAI consideren que ya no existen las causales para mantener en secreto esos documentos.Entre los miles de expedientes reservados por Pemex hay algunos que no deberían permanecer ocultos. Por ejemplo, el 22 de julio de 2005 los directivos de PMI Internacional consideraron que dos archivos que contienen detalles sobre los cierres de administración 1994-2000 –correspondientes al último sexenio priista encabezado por Ernesto Zedillo– debían enviarse a la reserva por siete años.Los directivos de ese organismo justificaron esa decisión sobre algunos archivos heredados del priismo al apelar al “secreto industrial”. Sobre este tipo de casos, no hay explicación alguna dentro del diagnóstico de Pemex entregado a la Cámara de Diputados por la titular de la Sener, aun cuando incluyeron un apartado dedicado a rendición de cuentas.“La política de la transparencia está basada en dos objetivos principales. Primero en institucionalizar la transparencia en la empresa y segundo en proporcionar más y mejor información a la ciudadanía. Para alcanzar dichos objetivos están en marcha diversas acciones que abarcan las distintas áreas de la empresa. Sin embargo, existen temas pendientes que deben atenderse de manera prioritaria”, se explica en el análisis entregado a los legisladores.En el resto del capítulo, el tema de los 75 mil 809 expedientes reservados de Pemex desde el gobierno anterior no aparece. De acuerdo con resoluciones del IFAI emanadas de las sesiones plenarias, incluso cuando en esos expedientes hubiese información sensible que no puede ser abierta –como son las coordenadas de un pozo petrolero– existen otro tipo de datos de los cuales se pueden elaborar versiones públicas.Nada de esto se consideró en el análisis sobre la crisis de la paraestatal. Por ejemplo, Pemex-Refinación decidió cerrar durante 12 años tres expedientes que contienen información sobre franquicias en todo el país, con el argumento de que, dejarlos al alcance de cualquier persona, implicaría violaciones a los secretos bancarios o fiduciario.
Ocultamiento
De no haber una impugnación ante el IFAI por esa decisión, no podrá conocerse la forma en que la paraestatal entrega franquicias por lo menos hasta 2016. Mientras tanto, en el análisis elaborado por la Sener se advierte que, dado el crecimiento de la demanda de gasolinas para los próximos 20 años, se requerirán tres reconfiguraciones pendientes y el establecimiento de varias nuevas refinerías para atender el mercado interno.“De hecho se estima que será necesaria la construcción de una nueva refinería cada tres cuatro años, durante las próximas dos décadas, si es que se quisiera abatir totalmente las importaciones de gasolinas para 2008”, destaca el estudio.Los datos duros empleados por la Sener para convencer a los legisladores de permitir la participación de inversiones privadas en Pemex, así como su promesa de trabajar para mejorar la rendición de cuentas contrasta con el hecho de que 5 mil 670 expedientes sobre la comercialización de refinados permanezcan bajo resguardo durante siete años.Si bien buena parte de esos documentos permanecen ahí desde el sexenio pasado, otros corresponden exclusivamente a decisiones del gabinete calderonista. Un paquete de unos 2 mil 701 contratos, por ejemplo, fue enviado al Índice de Expedientes Reservados el 10 de enero de 2007, cuando Felipe Calderón tenía alrededor de un mes de haber rendido protesta ante el Congreso de la Unión.Ya en 2008, cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado se esperaba que en cualquier momento se enviara una iniciativa para la reforma energética, los directivos de Pemex enviaron a la reserva otros 631 expedientes sobre comercialización de refinados. De hecho, según los datos disponibles, el registro de estos data del pasado 15 de enero y pueden permanecer ahí hasta 2015.En lo que se refiere a la comercialización de crudo, Proceso localizó al menos 3 mil 593 expedientes enviados al Índice de Expedientes reservados, y en torno de la comercialización de petroquímicos se ubicaron alrededor de 2 mil 580 archivos. La tendencia es siempre la misma: se trata de clasificaciones paulatinas que abarcan desde 2004 hasta 2007, que se escudan en el “secreto industrial” y con el argumento de que liberarlos comprometería la seguridad nacional.Lo mismo han colocado en ese sistema administrado por el IFAI expedientes susceptibles de ser abiertos mediante versiones públicas, que otros sobre temas como cuentas bancarias, contratos con bancos, deuda documentada de Pemex-Refinación, pagos a terceros proveedores, la modernización de la flota petrolera y hasta decisiones generadas por los Consejos de Administración de Pemex-Petroquímica Básica, Pemex-Exploración y Producción, así como de la propia Dirección General de la paraestatal.Desde que se inició el debate con motivo de la reforma energética, el secretario general del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, ha permanecido en la sombra. La relación entre este líder y el mandatario panista ha sido tersa. Ambos estrecharon cordialmente sus manos el pasado 18 de marzo durante el acto oficial para conmemorar el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.El dinero manejado en el Fideicomiso de Cobertura Laboral y Vivienda está protegido durante el gobierno calderonista. El gabinete de Vicente Fox actuó de la misma manera de 2003 a 2006, según consta en los registros localizados por este semanario. El primero que podrá liberarse será hasta el año 2013. El llamado Fondo Laboral de Pemex recibe el mismo trato de secrecía. No obstante, a diferencia del caso anterior, la protección a sus corridas financieras está garantizada desde los convenios firmados en 1998 hasta 2007.

El Pemex de Fox: un MEGA FOXATRACO!

El Pemex de Fox: un hoyo negro

Las revisiones de 2006 detectaron, en PEP, que la paraestatal pagó 97 facturas con datos iguales: en fecha de expedición, concepto, período facturado, tipo de moneda y número de estación, por 875.4 millones de pesos, a las empresas Compañía de Servicios Compresión de Campeche y Cotejar, de cuyos accionistas no se dan datos.....y este es un ejemplo de mas de 3000 irregularidades...de que tamaño fue el FOXATRACO!.

El "PEOR" presidente de Mexico.


En la revisión de las cuentas públicas correspondientes al sexenio de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación encontró en Petróleos Mexicanos irregularidades administrativas e indicios de malos manejos y corrupción...

En conjunto, los años de 2001 a 2006 forman un gigantesco hoyo negro en las finanzas del organismo paraestatal –cuya dirección estuvo en manos de Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo– por el que fluyeron recursos ilimitados y sin control. De 2001 a 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se sumergió en las aguas profundas de Petróleos Mexicanos con el objetivo de revisar parte de las operaciones de la paraestatal, y, no sorprendentemente, los auditores descubrieron una serie de irregularidades: adquisición de equipo innecesario, adjudicaciones fuera de norma, inversiones accionarias no reportadas, contratos desventajosos, registros omitidos y concesiones extraordinarias y fuera de la normatividad al sindicato petrolero, como el pago de festejos.Entre los hallazgos de los auditores resaltan fideicomisos asociados a Pemex manejados en las sombras desde su constitución misma en lugares como Delaware y las Islas Caimán, paraísos de la opacidad.El manejo ineficiente de la paraestatal durante el gobierno de Vicente Fox es uno de los hoyos negros de su sexenio, más hondos, en algunos casos, que los de la era priista. Las revisiones a la cuenta de 2006, cuyos resultados se divulgaron apenas el pasado 27 de marzo, confirmaron la tendencia detectada desde 2001: la empresa opera con controles muy laxos. Algunos ejemplos:En 2002 se revisaron diversos contratos de obra celebrados por organismos subsidiarios, con los resultados siguientes:En Pemex Exploración y Producción (PEP) se detectó sobrecosto por conservación de equipos y extensión de garantías (274.6 millones), “inversión ociosa generada por la adquisición de equipos en diciembre de 1998 y que no se habían puesto en operación a la fecha de la revisión” (650.8 millones) y, entre otras anomalías, incorrecta aplicación de precios unitarios.El sobrecosto y la inversión ociosa, según anexo de la auditoría, se refieren a cuatro paquetes de turbocompresores de alta presión, comprados a la empresa Stewart & Stevenson Internacional en octubre de 1997, para ser instalados en la plataforma marina adyacente al complejo Akal-C. Entregados en el plazo límite, a finales de 1998, los paquetes se almacenaron en Dos Bocas, Tabasco, desde el 4 de febrero de 1999, y ahí se quedaron varios años, como si fueran inservibles.En Pemex Refinación se detectaron “vicios ocultos” (defectos de construcción disimulados) en tanques de la coquizadora en Cadereyta (por 23 millones de pesos), incorrecta aplicación de precios unitarios (por 16.3 millones de pesos) e incorrecta cuantificación de volúmenes de obra (por 600 mil pesos).Los cuestionamientos sobre Pemex y las demás entidades revisadas –que sumaron unas 3 mil observaciones– molestaron tanto al gobierno federal que embistió por debajo de la mesa al auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, filtrando a Televisa documentos relativos a sus nexos con Carlos Salinas de Gortari y personajes de su régimen (Proceso 1393).Igualmente, a comienzos de abril de 2004, González de Aragón fue amordazado por los propios diputados miembros de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quienes le advirtieron que entregara el informe sobre la cuenta pública de 2002 prácticamente en privado y sin divulgar resultados específicos.“Entregas y te vas”, le dijo a González de Aragón el diputado Salvador Sánchez Vázquez, presidente de la comisión citada, según reveló días después este semanario.
Pidiregas
En 2003, los auditores revisaron con lupa las cuentas Pidiregas de Pemex, es decir las referidas al mecanismo financiero usado para fondear proyectos de infraestructura a largo plazo. El objetivo de los auditores era verificar si el mecanismo cumplía con los requisitos autorizados, que se pueden resumir en tres puntos: que el proyecto sea financiado con recursos de terceros, que sea viable y autosuficiente, y que su control y registro contable se ajusten a las normas. En la revisión se descubrió que la paraestatal encontró el modo de sacarle la vuelta a esos requisitos, por ejemplo fondeando proyectos con recursos propios pero encubiertos en fideicomisos, o seleccionando proyectos inviables.
Algunos casos:
–Pemex no registró en su contabilidad, no reveló en la Cuenta Pública 2003 ni presentó en su información financiera, como deuda de la paraestatal, el saldo por 185.6 millones de pesos de recursos obtenidos a través de los fideicomisos Pemex Project Funding Master Trust y F-163.
–Pemex no ha regularizado la autorización de su Consejo de Administración respecto de las contingencias pactadas por un monto estimado de 342.4 millones de dólares, equivalentes a 3 mil 848 millones de pesos, para el período 1999-2006, en el contrato suscrito con la empresa Compañía de Servicios de Compresión de Campeche.Se auditaron también los proyectos Cantarell y Burgos.
Sobre Cantarell se obtuvieron los resultados siguientes:
–En los cuatro contratos revisados, la forma de pago con recursos Pidiregas no se ajustó a los lineamientos establecidos en el esquema de financiamiento utilizado, toda vez que la obra no generó el necesario flujo de recursos.
–En otro contrato existió falta de coordinación entre el área de construcción y la de instalación de las plataformas.De la revisión en Burgos, destaca la observación de que el “financiamiento de este proyecto no se ajustó a la Ley General de Deuda Pública ni tampoco a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, toda vez que la obra, al igual que el proyecto Cantarell, no generó el flujo de recursos necesarios para su pago”.Además, la empresa canceló la construcción de tres ductos, pero construyó otro en un campo que no estaba considerado en el objeto del contrato, lo que ocasionó un sobrecosto de 4.4 millones de pesos.
Fideicomisos
En 2004 se repitió la historia y surgieron más pistas sobre la operación dudosa de organismos subsidiarios de la paraestatal:
–Pemex continúa sin reflejar en sus estados financieros consolidados –afirma la ASF– el saldo de la deuda por 36.6 millones de pesos del remanente de la emisión de bonos que la paraestatal hizo a través de Pemex Finance Ltd. La deuda sólo se reportó como tal, apuntan los auditores, a los mercados de valores de México y de Estados Unidos.Pemex Finance, según anexo del informe de la ASF, es propiedad del fideicomiso Pemex Finance Trust y se constituyó en Gran Caimán, en 1998. Mediante contrato, Pemex Finance compró cuentas por cobrar provenientes de petróleo crudo de PEP y PMI (Petróleos Mexicanos Internacional, otro organismo subsidiario de Pemex), ya efectuadas o por efectuarse en el futuro.Las cuentas por cobrar vendidas “son aquellas que se generan por la realización de petróleo crudo tipo maya a clientes designados en Estados Unidos, Canadá y Arabia. Los recursos netos obtenidos por PEP en estas operaciones fueron utilizados para financiar proyectos Pidiregas, por derivación de fondos al fideicomiso Master Trust, y esconder así que el fondeo se hace con recursos propios de la paraestatal y no a través de terceros.
–Pemex Finance Ltd., muestra utilidades acumuladas por 2 mil 538 millones de pesos, pero Pemex no acreditó haber realizado acciones para recuperarlas durante 2004.
–La empresa no reveló en la cuenta pública, como deuda, 292.2 miles de millones de pesos de financiamientos captados en el extranjero a través del fideicomiso Master Trust. Con estos recursos liquidó en dólares facturas de proveedores y contratistas de obras Pidiregas en construcción. Como en el caso de Pemex Finance Ltd., los financiamientos se reportaron como deuda sólo en los mercados de valores de México y Estados Unidos.
–El uso de los dos fideicomisos continúa mostrando inconsistencias respecto de la normatividad en el manejo de los recursos para este tipo de proyectos.Otra veta de manejos anómalos son las 52 empresas en las que Pemex tiene inversión accionaria; 33 de ellas con participación estatal mayoritaria. De esas 33, 12 están registradas como paraestatales y Hacienda autorizó que las 21 restantes no sean consideradas paraestatales, aunque la inversión accionaria sea superior a 50%. En nueve empresas no se cuenta con autorización alguna.Además, la ASF descubrió en la tesorería del corporativo de Pemex una inversión de la empresa Kot Insurance Company (filial de Pemex) en Oil Insurance Limited por 10 millones de dólares que no está reportada como parte de la información de las 52 empresas.
En Pemex Refinación se detectaron irregularidades diversas:
–No se encuentra actualizada la información de las bases de datos de las existencias físicas y de la capacidad de almacenamiento de los productos petrolíferos de las gerencias de Almacenamiento y Distribución.
–En la cartera de clientes al cierre del ejercicio de 2004 se reportaron adeudos por 12 mil 523 millones de pesos, dentro de los cuales se observa un monto de 284 millones de pesos correspondiente a los ejercicios de 1986 a 2003, sobre los cuales no se han realizado acciones para su recuperación y/o depuración.La ASF detectó indicios de malos manejos en el “Programa de Hidrocarburos”, como la diferencia no aclarada de 8.5 millones de barriles de más entre el volumen de crudo enviado a proceso contra el volumen de producción total obtenido en refinación. En complemento, “no se proporcionó la documentación comprobatoria del rendimiento obtenido de la producción de cada una de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación”.En el rubro de distribución, la ASF observa que “no se comprobó con documentación la recepción de petróleo crudo adquirido a Pemex Exploración y Producción” por un volumen de poco más de 12 millones de barriles. Señala la ASF que hay “una falta de conciliación de cifras y/o volúmenes entre los diferentes procesos y la entrega de producción para venta, lo cual no permite obtener cifras confiables de los volúmenes de productos transportados”.Aún más, “no se aclararon ni documentaron las diferencias entre el volumen de petrolíferos comercializados en el mercado interno reportado por la Subdirección Comercial, contra lo reportado por la Subdirección de Finanzas y Administración. Ni tampoco las diferencias entre el volumen de productos petrolíferos producidos y comercializados reportados en el ‘Sistema Nacional de Refinación-Rendimientos del Crudo 2004’ contra el de ventas totales de la Subdirección Comercial”.
Pemex-sindicato: más prebendas
En su revisión de la cuenta pública de 2005, la ASF examinó los compromisos de Pemex con el sindicato. Nadie levantó las cejas con los resultados, pero al menos se documentó esa relación viciada:
–En el Convenio 10257/04 –relativo a las obligaciones de la paraestatal con el sindicato petrolero– se comprometieron recursos sin contar con la suficiencia presupuestal correspondiente, lo cual debió ser aprobado previamente por el Consejo de Administración de Pemex y por las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
–Se entregaron directamente al sindicato petrolero mil 65 millones de pesos por concepto de vivienda para los trabajadores, sin sustento normativo y sin estar considerados en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
–Se le dieron directamente al sindicato 200 millones de pesos por concepto de mantenimiento de instalaciones deportivas, sin sustento normativo y sin estar previstos en el CCT.
–Otros 459 millones de pesos fueron entregados directamente al sindicato por concepto de ayuda correspondiente al período de 2001 a 2004, pagados en 2005, correspondientes a festejos relacionados con el aniversario de la expropiación petrolera, con el desfile del 1 de mayo y con revisiones anuales al CCT, sin sustento normativo, sin estar contemplados en dicho contrato y sin apego a disposiciones de carácter presupuestal al haberse reconocido indebidamente obligaciones de años anteriores con cargo al presupuesto de 2005.
De nuevo, de la revisión de Pemex Refinación se derivó una serie de observaciones por irregularidades:
–Se constataron adeudos pendientes de cobro por 192.5 millones de pesos, de “Clientes de Gobierno” provenientes de ejercicios anteriores, sin que haya evidencia documental de acciones para su recuperación.
–Hay saldos pendientes de cobro por 119.6 millones de pesos, a “Otros Clientes”, de los cuales se carece de la evidencia documental que sustente los derechos de cobro.
–Se presentó una diferencia de 1.5 millones de barriles del volumen total vendido, entre lo reportado en el Sistema Integral de Información Comercial (618.1 millones de barriles) de la Subdirección de Finanzas y Administración, y lo reportado por el Sistema de Transferencia de Custodia (616.6 millones de barriles) de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
Jubilados y contratistas VIP
En 2006, la ASF examinó el rubro de jubilaciones en el Contrato Colectivo de Trabajo 2005-2007, suscrito por Pemex y el sindicato. La revisión encontró que la empresa otorgó “incrementos marginales” que demandaron recursos importantes que, “al no verse acompañados de mayores niveles de productividad laboral, limitaron crecientemente su uso productivo y el desarrollo de la infraestructura de Pemex”.La jubilación mínima mensual promedio del personal sindicalizado fue de poco más de 5 mil pesos y la máxima ascendió a 117 mil pesos, mientras que para el personal de confianza la mínima fue de 7 mil 648 pesos y la máxima de 224 mil 558 pesos, “lo que indica una gran brecha entre ambos tipos de personal y al interior de cada grupo, ya que mientras para los primeros la diferencia entre la mínima y la máxima fue de 23 veces, para los segundos fue de 29.4 veces”.De acuerdo con la base de datos, se registran diferencias significativas entre las pensiones mínimas y máximas en ambos tipos de jubilados. O sea: hay jubilados comunes y jubilados VIP:El 74.1 de los jubilados recibió ingresos hasta por 20 mil pesos y participó con 58.1% del valor de la nómina total que se pagó por este concepto, “mientras que, en el otro extremo, solamente 4.1% de los beneficiarios obtuvieron percepciones superiores a los 40 mil pesos brutos mensuales”.
Una perla: en una muestra revisada, los auditores encontraron que cuatro jubilados –de los que no se dice su nombre, quizá por pudor– “percibieron un ingreso mensual de entre 100 mil y 200 mil pesos… El caso extremo de los cuatro jubilados es un hombre de 57 años de edad, quien con 33 años de servicio cumplió con lo establecido en el CCT 2005-2007, y percibe una pensión mensual de 173 mil 410 pesos”.Las revisiones de 2006 detectaron, en PEP, que la paraestatal pagó 97 facturas con datos iguales: en fecha de expedición, concepto, período facturado, tipo de moneda y número de estación, por 875.4 millones de pesos, a las empresas Compañía de Servicios Compresión de Campeche y Cotejar, de cuyos accionistas no se dan datos.Hubo también auditorías a los servicios técnicos pagados a terceros por PEP, con hallazgos como la existencia de un contrato con la empresa Hay Group que no establece el plazo y lugar de los servicios; o la aplicación indebida del registro presupuestal de un contrato con Dupont por 313.5 millones de pesos, del que, peor aún, no se acreditó la justificación de la adjudicación y los beneficios obtenidos.El contrato con Dupont “se formalizó” el 15 de noviembre de 2005, un año después que salió de la paraestatal Raúl Muñoz Leos, que fue directivo de esa empresa privada antes de incorporarse al sector público. La ASF señala que “la entidad fiscalizada” (Pemex) no entregó la justificación “para adjudicar el contrato a través de invitación a cuando menos tres personas”, ni tampoco “demostró los beneficios que se obtuvieron de la contratación de estos servicios”.Los auditores no rastrearon la probable conexión de Muñoz Leos con ese contrato, pero sí documentaron que el mismo se suscribió con el supuesto objetivo de brindar servicios de seguridad y protección ambiental y que en los hechos consistió en la impartición de cursos, de los cuales ni siquiera se proporcionaron informes completos. El servicio de seguridad contratado con Dupont sustituyó al sistema propio que tenía la paraestatal y que, según los auditores, era más eficaz.Otro contrato discrecional se estableció con la empresa Oceanografía, que ha sido vinculada en indagaciones legislativas y periodísticas con familiares de la exprimera dama Marta Sahagún. Señala la ASF que Pemex “modificó los requisitos de las bases de la licitación pública referente a las características técnicas de la velocidad de la embarcación requeridas para los trabajos de mantenimiento concursados y la fecha de inicio de los trabajos”.A la misma empresa se le adjudicó un contrato específico por 198.6 millones de pesos y 17 millones de dólares, de los cuales se pagaron 133.7 millones de pesos en el ejercicio 2006. Oceanografía también salió beneficiada con el pago de otro contrato, “sin que entregara los reportes finales que forman parte de la evidencia de ejecución de dichos trabajos”.
Para entender bien el "enrredo" de las tranzas y el organigrama entre las compañias offshore y fantasmas creadas en Pemex por los ultimos 5 rateros de la nacion, ver el Reporte Indigo de la semana pasada.

Reporte Indigo AQUI.

Y luego chillan "las chuchas" porque los amenazan.......

Al vapor, sin debate, leyes peligrosas
Toma de tribunas. Un triunfo, varios reveses
Jenaro Villamil

Quince días con las dos tribunas del Congreso ocupadas por legisladores del Frente Amplio Progresista, del 10 al 25 de abril, lograron evitar el “albazo” a la reforma energética propuesta por Felipe Calderón, pero los diputados y senadores del resto de los partidos aprobaron, en sedes alternas y en menos de dos semanas, modificaciones a 25 leyes, sin ningún voto en contra y sin discusión de fondo, en claro fast track.Estos fueron los auténticos “albazos” legislativos que no pudieron evitar el FAP ni las “adelitas”. A pesar de que el PRI y el PAN y varios medios de comunicación acusaron a legisladores del PRD, PT y Convergencia de mantener “secuestrado” el Congreso, en las sesiones alternas, aun con problemas de quórum, PRI y PAN aprobaron modificaciones de fondo a leyes como la de Adquisiciones, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a una decena de normas relacionadas con las instituciones de crédito y hasta al propio artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General.El martes 22 los senadores aprobaron 19 dictámenes. A través de los cambios a la Ley de Adquisiciones se permitirá la trasnacionalización de las compras del sector público –incluyendo, por supuesto, a Pemex– y se establecen los mecanismos de subasta electrónica y subasta en reversa, a pesar de la frontal oposición de empresas afiliadas a la Canacintra y a la Concamín.Sin consultar a los propios consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, menos a las autoridades capitalinas, y con el firme apoyo del senador René Arce y de la presidenta de la Cámara de Diputados Ruth Zavaleta, ambos perredistas y antilopezobradoristas, el Congreso aprobó por la vía rápida modificaciones a 10 artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que debilitan la autonomía del IEDF, disminuye a 40 el número máximo de diputados electos de cada partido, autoriza la creación de partidos locales y reduce de siete a dos años el encargo del actual presidente del instituto, Isidro Cisneros.Se aprobaron también cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prácticamente desaparecen la jurisprudencia de la llamada “causal de nulidad abstracta” que permitía la anulación de las elecciones por la inequidad en la cobertura de los medios o la injerencia de las autoridades estatales o federales.Legislar al vapor fue la consigna. En todas las sesiones anteriores a la “toma” de la tribuna, ocurrida el 10 de abril, sólo se habían discutido y aprobado 13 dictámenes, contra los 25 de las últimas dos semanas, según el registro de la Gaceta Parlamentaria del Senado.La única ley que ni siquiera se ventiló en tribuna fue la de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones, a pesar de que los tres principales partidos en el Senado se habían comprometido a dictaminar las reformas antes de que culminara el mes de abril.Otra ley que quedó suspendida fue la Ley del Libro que autoriza el precio único. Una semana antes de la toma de la tribuna, el jueves 3 de abril, la Gaceta Parlamentaria del Senado incluía el dictamen a discusión. Seis representantes de la industria editorial estuvieron presentes en la sesión. De improviso, la Mesa Directiva decidió quitarla del orden del día, ante el visible descontento de la senadora María Rojo. Durante estos 15 días la Ley del Libro fue una de las pocas que no fueron “mayoriteadas” por el PRI y el PAN, ya que se le incluyó un polémico artículo transitorio que prácticamente anularía la posibilidad del precio único.
Pemex y las adquisiciones
El martes 22 de abril, con 80 votos a favor y ninguno en contra, en menos de diez minutos el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reglamentaria del artículo 134 constitucional, que una semana anterior fue aprobada en la Cámara de Diputados.El diputado Eduardo Sánchez, promotor de la iniciativa, rechazó en entrevista que estas reformas formaran parte del “paquete alterno” de leyes para permitir la apertura al capital privado en Pemex.“No tienen que ver con Pemex. Son cortinas de humo que se han creado”, afirmó el legislador del PRI. Acusó a la Canacintra de encabezar la oposición a esta reforma porque “le pega a sus utilidades” y consideró que gracias a las subastas electrónicas, en tiempo real, se abatirá la corrupción. Aclaró que se le hicieron modificaciones para incorporar a un subastador gubernamental, centralizado, y para que las pequeñas y medianas empresas participen en las subastas.Mientras el diputado priista defendía ante este reportero su iniciativa, en el Senado la ley se aprobó sin mayor trámite antes de las 12 del día. Eduardo Sánchez recibió dos llamadas de felicitaciones: de Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI, y de Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Este último le aclaró que si se generaban críticas, les recordarían a quienes las hicieran que en el Distrito Federal, desde la administración de Cuauhtémoc Cárdenas y durante el gobierno de López Obrador se aplicaron las subastas en reversa.Eduardo Sánchez recuerda que el día que se iba a discutir en la Cámara de Diputados la ley de adquisiciones, tomaron la tribuna. El PRD puso de condición que no se aprobara, a cambio de dejar la tribuna de San Lázaro, rememora el diputado. Sin embargo, una votación unánime en el interior de la fracción del PRI forzó la decisión para que el jueves 17 de abril se aprobara en Cámara de Diputados.La senadora Yeidckol Polevnsky hizo todo lo posible por frenar la aprobación en el Senado. Le reclamó a Santiago Creel, presidente de la cámara alta, que la hubieran agendado para el martes 22. Creel le respondió: “¿Cuál es el problema? Gracias a esta ley el gobierno va a comprar más barato”.Polevnsky fue la única senadora del PRD que estuvo en la sesión realizada en la sede alterna del piso 5 de la Torre del Caballito para exponer su oposición a la iniciativa, a pesar de que ya la habían aprobado el PRI y el PAN con 80 votos a favor.La exdirigente de la Canacintra argumentó en la tribuna, en medio de los chiflidos y de las burlas de senadoras del PAN como Teresa Ortuño y Beatriz Zavala, que esta ley tiene problemas de anticonstitucionalidad. Polevnsky arguyó que en el país todas las dependencias le compran al extranjero, pero en territorio nacional. “No hay razón alguna para que se realicen las licitaciones en otra tierra, en otro país y con otras leyes”, subrayó.Para la senadora perredista, los cambios a favor de las pequeñas y medianas empresas constituyen una “tomadura de pelo” porque las empresas de menor tamaño sólo podrán participar en los supuestos de excepción, que son compras menores a los 100 mil pesos.Polevnsky afirmó que esta iniciativa “es meramente una propuesta de extranjerizar lo que falta de las compras del gobierno de este país, que se compran con recursos del erario público”.
Objetivo, el Distrito Federal
A iniciativa del senador René Arce, el Senado aprobó el 22 de abril cambios a 10 artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que pueden derivar en una controversia por presuntas contradicciones con el artículo 41 de la Constitución. Dos días después, el 24 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la minuta proveniente del Senado, aun cuando existían serías dudas sobre el quórum en la sesión, presidida por Ruth Zavaleta.Las modificaciones aprobadas constituyen una limitación a la autonomía del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Permiten que el acceso a los partidos políticos a medios de comunicación durante los comicios se realicen a través del IFE, que la autoridad local puede convenir con el IFE que éste organice los procesos electorales locales, disminuyen de siete a dos años el encargo del presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, y autoriza la anulación de las elecciones de jefe de Gobierno, diputados locales y jefes delegacionales sin señalar las causales en el propio Estatuto de Gobierno.El actual presidente del IEDF, Isidro Cisneros, consideró que estas reformas constituyen “una intromisión grosera” de los partidos políticos en la autonomía del organismo, son un “golpe de Estado técnico” y crean una crisis política en la Ciudad de México.Cisneros afirmó que lo más grave de estos cambios es que afectarán el proceso del 2009, cuando estaban en marcha decisiones como la compra de urnas electrónicas y permitir el voto de los capitalinos que viven fuera. Cerca de 800 mil de ellos que viven en el sur de Estados Unidos están en proceso de incorporarse al padrón del Distrito Federal.Cisneros consideró que estas reformas son resultado de la crisis interna del PRD. La corriente de René Arce, que impulsó esta iniciativa, busca crear tres nuevos partidos políticos locales que ya solicitaron registro ante el IEDF. Patria Nueva, Fuerza Democrática y Movimiento Social Democrático se identifican como cercanos al grupo de Arce y Nueva Izquierda en el Distrito Federal.La decisión de impulsar la aprobación fast track de estos cambios se tomó, al parecer, el mismo día de la toma de las tribunas. La noche del jueves 10 de abril, en el hotel Meliá del Paseo de la Reforma, se reunieron los senadores Federico Döring, del PAN, María de los Ángeles Moreno, del PRI, y el propio René Arce, integrantes de la comisión del Distrito Federal, para acordar el albazo legislativo.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fracturada entre la corriente Nueva Izquierda, representada por Víctor Hugo Círigo, y los grupos contrarios, todos del PRD, deberá ratificar o rechazar estos cambios. El área jurídica del gobierno de Marcelo Ebrard analiza la posibilidad de vetar o de realizar una controversia constitucional a la reforma.Para el diputado local Gerardo Villanueva Albarrán, estas modificaciones al Estatuto de Gobierno “violan la igualdad jurídica del Distrito Federal respecto a los demás estados, debilita al Instituto Electoral del Distrito Federal, anula prácticamente la representación proporcional, sustituyendo a los candidatos de partido por candidatos de mayoría, elimina arbitrariamente la representación mayoritaria por voluntad popular, limitando el número de diputados a que pueden acceder los partidos políticos o, más grave aún, las coaliciones”. l