El Justo Reclamo

martes, abril 29, 2008

Los aliados mexicanos

Ortega Sánchez, Velasco Arzac y González Márquez

El presidente Álvaro Uribe encontró en México aliados naturales a su causa: José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, prominentes miembros de la organización de ultraderecha El Yunque, quienes, a su vez, gozan de apoyo y canonjías del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal –un organismo que le permite cobrar como asesor del gobierno panista de Jalisco y, simultáneamente, ser abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez–, estaba feliz después de reunirse con Álvaro Uribe, presidente de Colombia.
–¿Cómo le fue con él? –le preguntó Proceso.
–¡Excelente! ¡No me podría ir mejor! –contestó Ortega Sánchez. En efecto, la reunión –que inició a las 7:10 horas del miércoles 16 de abril en la suite del hotel Gran Meliá, en Cancún, Quintana Roo– estaba prevista para durar apenas unos minutos. Sin embargo, se convirtió en una sesión de trabajo de casi hora y media.Los asistentes eran de relieve: junto con Uribe estaban su canciller, Fernando Araújo; el ministro del Interior de Colombia, Carlos Holguín; el embajador de ese país en México, Luis Camilo Osorio Isaza, y otros tres colaboradores del mandatario sudamericano. Ortega Sánchez se hizo acompañar del gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, y de Guillermo Velasco Arzac, presidente de la agrupación filopanista Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.El encuentro, que exhibió una convergencia ideológica de la ultraderecha de ambos países, se produjo en el contexto de una vasta campaña del gobierno de Colombia para justificar la ilegal incursión de sus tropas en Ecuador, el pasado 1 de marzo, y para acusar a los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por soldados colombianos y a la sobreviviente Lucía Morett de formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).“La reunión en Cancún fue para decirle al presidente Uribe que ellos (Ortega Sánchez y Velasco Arzac) tenían el convencimiento de que esas personas estaban delinquiendo y que ellos están actuando en defensa de los intereses de los mexicanos, por lo que consideran que la presencia de mexicanos (en un campamento de las FARC en Ecuador) debe ser objeto de una investigación”, asegura a este semanario el embajador Osorio Isaza.En efecto, expone a Proceso Ortega Sánchez, el propósito del encuentro con Uribe fue discutir sobre el “narcoterrorismo” que, afirma, practican las FARC. Según información que proporcionó el gobierno de Uribe a Ortega Sánchez, el máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda, Tirofijo, gira instrucciones directamente a los miembros de esta organización que operan en México. Afirma Ortega Sánchez que también lo hacía, hasta su muerte el 1 de marzo, Raúl Reyes, canciller de las FARC. “Ellos tienen una gran evidencia de la participación de Lucía Morett en los grupos de las FARC como coordinadora –enfatiza Ortega. Ella se quedó en lugar de Olga Marín, hija de Manuel Marulanda, esposa de Raúl Reyes, quien fue expulsada en 2003 de México. Tenía un grupo de 38 muchachos. Uribe me lo corroboró y tiene pruebas.”El 11 de abril, cinco días antes de la reunión con Uribe, Ortega Sánchez y Velasco Arzac ratificaron una “denuncia de hechos” que presentaron el 25 de marzo ante la Procuraduría General de la República (PGR). En ella acusan a la sobreviviente Lucía Morett y a otros 14 jóvenes mexicanos de estar vinculados con las FARC.Esa denuncia –que corre en paralelo con la investigación que inició por su cuenta la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Tráfico de Armas– está basada en versiones periodísticas difundidas a raíz del ataque armado de Colombia a territorio de Ecuador, en datos que –asegura Ortega Sánchez– le proporcionaron “algunas fuentes de inteligencia mexicanas” y, sobre todo, en información del gobierno de Colombia que fue ampliada durante la reunión de Ortega Sánchez, Velasco Arzac, González Márquez y Uribe.Según Ortega Sánchez, la relación con Uribe, de quien soslaya su relación con los miembros del Congreso ligados a paramilitares de extrema derecha, se justifica por el riesgo latente de acciones bélicas en México por parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR):“Nosotros sólo hemos tenido las explosiones de los ductos (de Petróleos Mexicanos, el año pasado). Todavía no hay gente que haya sido privada de la vida, pero al rato nos va a suceder si no hacemos algo. Ellos (los colombianos) vienen de regreso y nosotros apenas vamos hacia allá. Si no hacemos nada, es probable que al rato tengamos narcoterrorismo en nuestro país.”
“La ultraderecha unida…”
Uribe se marchó feliz de México, tras su breve visita los días 16 y 17 de abril, cuando vino a “dar la cara” por el asesinato de los cuatro jóvenes mexicanos perpetrado por tropas de su país en territorio de Ecuador, a quienes tildó de “terroristas”.Había logrado una rotunda condena de Felipe Calderón a las FARC. “No se le podrá dejar de llamar terrorista a quien pone una bomba o a quien realiza un secuestro o a quien mata a sus víctimas”, dijo el presidente Calderón, lo que opacó el “beneficio de la duda” que el mandatario mexicano extendió a las víctimas en referencia a su militancia en las FARC. Más aún, el presidente Uribe proveyó a Calderón de un archivo de “pruebas” sobre las conexiones de la guerrilla con cárteles del narcotráfico y organizaciones estudiantiles de México.Durante la entrevista con Proceso, el embajador de Colombia insiste en imputar a los jóvenes asesinados y a Lucía Morett militancia en las FARC, con base en la información documental y videográfica encontrada en las computadoras de Reyes, el jefe guerrillero asesinado.“Hemos recaudado abundante material, que hemos compartido a Ecuador, Venezuela y México. Las computadoras siguen arrojando evidencias. Hay una cantidad de documentación gráfica y de audio que ha trascendido desde el mismo Ecuador”, dice.Según el diplomático, quien es acusado de dar protección a bandas paramilitares de extrema derecha de su país cuando fue fiscal general (Proceso 1597), “los videos donde aparecen las personas en los campamentos, con uniformes, departiendo de una manera muy cercana, nos indican que no se trata de visitantes esporádicos, sino de gente que está muy metida”. Cuestiona la posición adoptada por el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien rechazó las imputaciones del presidente colombiano contra los jóvenes asesinados: “Yo no entiendo mucho la posición de la Universidad. Nadie la ha invitado al debate, en el sentido de que se le haya citado, acusado o señalado. No entiendo mucho esa posición”.Puntualiza sobre las FARC: “Nuestra tesis en este momento es que es un grupo terrorista y que no hay ninguna razón, ni científica ni educativa ni social, que dé fundamento para que (los universitarios mexicanos) puedan estar interactuando con narcoterroristas”.Los aliados en México del gobierno de Uribe y del embajador Osorio Isaza están plenamente identificados con la extrema derecha del PAN. Han sido frecuentes los escándalos en los que se han visto involucrados. Fue el caso de la ilegal difusión de propaganda negra contra Andrés Manuel López Obrador, en el 2006, tal como lo acreditó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Su más reciente incursión: la difusión de un spot contra López Obrador y los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP) por la toma de las tribunas de las dos cámaras del Congreso, que el Instituto Federal Electoral (IFE) ordenó suspender por contravenir la Constitución.Ese spot, que compara a López Obrador con los dictadores Adolfo Hitler, Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, comenzó a difundirse –en el mejor horario de transmisión de Televisa y con una inversión de 5 millones de pesos– el pasado jueves 17, un día después de la entrevista de Ortega Sánchez, Velasco Arzac y González Márquez con Uribe y la misma noche en que Calderón recibió, en Los Pinos, a José María Aznar, exjefe del gobierno de España.
Más allá de las palabras
El IFE investiga a Velasco Arzac –quien tiene una trayectoria de más de cuatro décadas como activista de la ultraderechista organización nacional El Yunque– por haber contratado ilegalmente tiempos en Televisa, así como por haber utilizado para el spot contra López Obrador recursos públicos, vía prerrogativas de la Coordinadora Ciudadana, una agrupación política nacional que él preside simultáneamente con Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, el organismo que rubrica dicho spot.Ligado desde la década de los 70 a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Velasco Arzac ostenta el cargo de jefe nacional operativo de El Yunque, en el que tiene el seudónimo de Jenofonte, y es el creador de numerosos membretes u organismos externos por medio de los cuales esta organización de ultraderecha participa en política, siempre en respaldo al PAN.La Coordinadora Ciudadana, por ejemplo, está integrada casi exclusivamente por militantes del PAN de todo el país, según el padrón registrado ante el IFE que obtuvo Proceso. El fundador de esta organización, en 1996, fue Antonio Sánchez Díaz de Rivera, actual diputado federal de este partido, frustrado candidato a la alcaldía de Puebla y subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno de Vicente Fox. Expresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), como Velasco Arzac, Ortega Sánchez es, también, activista de El Yunque desde que era estudiante de la Preparatoria 9, de la UNAM, donde era conocido con el seudónimo de Del Campo y donde coincidió con la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien pretendió, en coordinación con él, acreditar que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue víctima de un complot de Estado.De hecho, el gobierno de Jalisco le paga a Ortega Sánchez al menos 50 mil pesos mensuales de honorarios como asesor para coadyuvar con la PGR –además de gastos y viáticos, como en el viaje que realizó al Vaticano en junio del 2007–, al mismo tiempo que es apoderado legal del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, tenaz impulsor de la tesis del complot contra su antecesor.Otro abogado de Sandoval, y plenamente vinculado con Ortega Sánchez y Velasco Arzac, es Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de gobierno de la administración de Emilio González Márquez, el tercer asistente a la reunión con Álvaro Uribe.La relación entre González Márquez, Velasco Arzac, Ortega Sánchez y Juan Sandoval va más allá de las palabras: el gobernador de Jalisco donó 90 millones de pesos del erario al cardenal Sandoval para edificar un santuario a los cristeros, lo que ha irritado a un amplio sector de la sociedad. Benefactor con dinero del pueblo –como otro regalo de 67 millones de pesos que le dio a Televisa–, el gobernador amigo de Uribe ni se inmuta. Apenas el miércoles 23, durante una cena en la que regaló 15 millones de pesos –también sustraídos del erario– al Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara, repudió las críticas por los donativos. “Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta de que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil”. En la cena, en la que estuvo presente su amigo Sandoval Íñiguez, el gobernador expresó: “Señor cardenal, don Juan Sandoval, qué desmadre traemos, ¿sí o no? Nos estamos haciendo famosos, don Juan. Digan lo que quieran –perdón, señor cardenal–: ¡Chinguen a su madre!”.