viernes, junio 13, 2008
Nomás tantito
El fracaso que está teniendo en todos los ámbitos la propuesta de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera nacional anuncia que de persistir el gobierno en su cerrazón va a abrir una gravísima crisis en el país.
1. La desesperación del gobierno de facto ante el fracaso de su intentona por hacer aprobar en fast track por el Congreso mexicano su paquete de supuesta “reforma energética” –que no es otra cosa que una tentativa de fraude constitucional para culminar el desmantelamiento de Pemex y entregar la industria petrolera a las trasnacionales–, ha llevado a Felipe Calderón a una pérdida total de las formas y a evidenciar de manera más abierta su desprecio por las instituciones de México.
2. Los debates en la vieja casona del Senado en la calle de Xicoténcatl, a pesar de no haber sido transmitidos por la televisión abierta han terminado por cumplir dos funciones contrariando las expectativas de Los Pinos: a) lo mismo al hacer ver a amplísimos sectores de mexicanos las mentiras del diagnóstico oficial y la irracionalidad de ese proyecto privatizador y anticonstitucional, que constituye una verdadera traición a México, que b) al alertar a un sector de la derecha empresarial y a legisladores de la mayoría oficialista sobre la estupidez histórica que representaría para todos los sectores del país la entrega de nuestro principal recurso estratégico a fuerzas del extranjero.
3. Las declaraciones del magnate Carlos Slim al diario El País del día 8, señalando que “sería un error que Pemex y el país hicieran partícipes de la riqueza petrolera a otras empresas”, y las tomas de posición de varios legisladores priístas, desde Jesús Murillo Karam (secretario general del PRI), quien el jueves 5 indicó enfático que el Institucional no estaba dispuesto a entregar la petroquímica a los particulares, hasta diversos legisladores que al concluir los últimos debates han reafirmado que las iniciativas no pasarán en lo esencial, confirman que un sector de empresarios y fracciones del PRI están dejando a Calderón solo en su estupidez de creer que puede privatizar la industria petrolera mexicana.
4. El escenario para la mafia de traficantes de influencias y de delincuentes de Estado que rodea a Mourino y a Calderón, y que daban ya por sentado que iban a orquestar “el negocio del siglo”, se ha complicado conforme avanzan los debates públicos, en el Senado, en diversas universidades y en todos los rincones del país, pues al mismo tiempo que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo impulsado por Andrés Manuel López Obrador crece más allá de cualquier previsión, las disensiones en las elites no dejan de aflorar, haciendo ver que la propuesta de Calderón está definitivamente muerta en sus aspectos centrales.
5. Diversos dirigentes políticos y legisladores del PRI, que es la tercera fuerza electoral en las dos Cámaras, en consecuencia, buscan desde hace semanas elaborar otra propuesta, tomando como base elementos del proyecto del gobierno de facto, buscando que pueda tener su respaldo, pero por lo que se ha dejado entrever esta “nueva” propuesta se está olvidando también que la Constitución no puede violentarse nada más un poco y que la solución al problema energético de México y a la industria petrolera nacional no está en dejar entrar nada más de manera limitada –y supuestamente acotada– a las trasnacionales petroleras, sino en reorganizar y fortalecer a Pemex como una gran empresa de la nación.
6. La sinrazón del gobierno de facto es frente a esto cada vez mayor, y la respuesta política no deja de ser, por lo mismo, de enorme pobreza, por lo que en los grupos oligárquicos las dudas son cada vez mayores, no sobre el futuro de la propuesta, sino sobre el del propio gobierno. Mientras de Los Pinos se orquesta una campaña desquiciada para oponerse a la Consulta Popular en materia energética que se está preparando, y se ordena el cese fulminante de Santiago Creel, coordinador de los senadores panistas, culpándolo de lo que para los panistas es un desastroso balance tras los foros, anunciándose un endurecimiento del gobierno de facto en torno a su insensata propuesta, Calderón sigue hablando como loquito, ahora en España, de las supuestas bondades de sus iniciativas entreguistas.
7. A nadie puede sorprender, por lo mismo, que el miércoles 12 en Madrid, Calderón haya descalificado los foros del Senado, donde su propuesta anticonstitucional y privatizadora ha sido vapuleada, y los defensores de la misma no han tenido hasta ahora argumentos jurídicos ni técnicos para defenderla.
8. El grupo gobernante en estos días se sigue ufanando, sin embargo, de su impunidad para seguir pisoteando el marco constitucional mexicano, pues mientras se siguen haciendo públicos los negocios ilícitos de Mouriño y del grupo de Calderón, los funcionarios del gobierno hablan como si no tuviesen restricciones legales para privatizar la industria petrolera, y así, con desparpajo, Jesús Reyes Heroles Jr. (director general de Pemex) se ufana de los tratos que tienen con la española CLH y otras multinacionales (La Jornada del día 11).
9. El desafortunado viaje promocional del gobernante espurio a España, en consecuencia, está siendo visto por la prensa española como lo que es, pues no ha podido actuar como un hombre de Estado (lo que hubiese sido imposible), y no le ha importado comportarse como un intermediario o coyote que de manera turbia pone en subasta a su país, destacando su entrevista con un selecto grupo de empresarios y en especial con Antonio Brufau (presidente de Repsol-YPF), el día de ayer, sin ocultarse que busca entregar parte del sector petrolero de México a esa trasnacional, según señala El País del día 12, sin importarle que ello está prohibido de manera terminante por la Constitución Mexicana.
10. La Consulta Popular en el Distrito Federal organizada por el gobierno capitalino con el apoyo del IEDF, junto con otras más a nivel estatal y municipal expresarán muy pronto, sin embargo, lo que piensa la nación y los privatizadores calderonistas tendrán muy a pesar suyo que tomarlas en cuenta.
El INAH, bajo el asedio neoliberal
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) forma parte de los bienes públicos que los depredadores neoliberales desearían ver sometidos a la lógica de ese proceso de ocupación integral trasnacional y globalizador que caracterizó en estas páginas el grupo Paz con Democracia en el Llamamiento a la nación mexicana, en el que se asienta: “El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, violando el marco jurídico existente, han abierto el camino a su privatización y desnacionalización”.
La burocracia neoliberal –supuestamente modernizante– impuesta en las direcciones de los organismos culturales es consciente de que sus principales enemigos a vencer son sus propios trabajadores, quienes no están de acuerdo con el despojo del carácter nacional y público de esas instituciones. El actual director del INAH, Alfonso de Maria y Campos, embajador muy alejado de la tradición de prestigiados antropólogos e historiadores como Guillermo Bonfil, Gastón García Cantú, Enrique Florescano, que en el pasado ocuparon ese puesto, está empeñado en destruir desde dentro el instituto a través del desconocimiento sistemático de sus representaciones sindicales y de una propuesta de reglamento interno que violenta los derechos laborales amparados en las leyes y en las Condiciones Generales de Trabajo (CGT).
Efectivamente, los investigadores del INAH, en abierto enfrentamiento con la Dirección General, al grado de proponer algunos su desconocimiento, denunciaron que el embajador entregó a la Secretaría de Educación Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, lo que debiera ser un anteproyecto de Reglamento Interior del INAH, sin consultar a los sindicatos ni a su comunidad académica.
En dicho reglamento –que se contrapone a la Ley Orgánica del Instituto– se establece una estructura vertical y autoritaria en la que el director general se otorga poder plenipotenciario y jurisdicción en todos los ámbitos decisorios sin que los académicos tengan participación real en las medidas de su competencia. Del análisis del documento se infiere un establecimiento fabril y a sus trabajadores como meros peones de la autoridad patronal, sustrayéndole, en consecuencia, el perfil colegiado de los consejos con los que cuenta el máximo organismo cultural.
Las autoridades pretenden una corporación estructurada a partir del fortalecimiento de las instancias burocrático-administrativas en detrimento de las académicas. A este respecto las representaciones sindicales de investigadores y arquitectos conservadores del INAH declararon recientemente: “Nuestra institución se ha distinguido por ser un foro permanente de discusión académica y técnica con una amplia participación de sus especialistas, lo que ha permitido ocupar un lugar preponderante en la investigación y conservación del patrimonio cultural de la nación por lo que consideramos que el documento presentado por el director general olvida y deja a un lado los derechos y compromisos de la comunidad del instituto.”(La Jornada, 4/6/08)
El embajador Maria y Campos –nada diplomático– acostumbra un trato vejatorio, discriminatorio y clasista hacia los representantes sindicales, opinando peyorativamente sobre la indumentaria de los académicos, su forma de hablar y hasta poniendo en duda su desempeño laboral (bajo escrutinios y evaluaciones constantes, por cierto) y, lo más grave, negándose a cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos por las pasadas administraciones, como el convenio de equiparación IPN-UNAM, firmado el 31 de marzo de 1981 y depositado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como el pliego de prestaciones convenido bilateralmente. En reunión con una representación de trabajadores técnicos, administrativos y manuales, el embajador llegó a decir: “Si he sabido con qué gente iba a tratar, no hubiera aceptado el puesto”.
La autoridad del INAH, asimismo, trasladó sin consulta ni autorización de los interesados sus fondos de retiro, que desaparecieron de Banamex sin conocerse dónde se encuentran, incluyendo los de aquellos trabajadores que se ampararon contra la nueva Ley del ISSSTE. Decisiones arbitrarias como las descritas muestran un profundo desconocimiento del Instituto y un desprecio absoluto a las conquistas laborales ya obtenidas.
Este debilitamiento institucional llevado a cabo por la burocracia panista por la vía de pretender adocenar y someter a los trabajadores obedece a las políticas culturales del Estado mexicano y la trasnacionalización corporativa neoliberal que busca apropiarse de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. “El patrimonio cultural, como memoria de la nación y de todos sus pueblos y componentes regionales, como soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones trasnacionales y el uso privado que de él hacen las elites políticas regionales, y por la industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo” (Llamamiento, ítem 40 ).
La defensa de ese patrimonio es la razón de ser del INAH. Sus trabajadores se enfrentan a quienes desde su posición de autoridad intentan trastocar esa misión esencial de la institución para ponerla al servicio de sus intereses corporativos y de sus mentalidades elitistas y autoritarias. Como en el caso de los recursos energéticos, la nación debe prevalecer.
Por qué la consulta no es propiedad de los “expertos”
Siempre he sentido escalofrío cuando me presentan como “experto”, “especialista”, “docto”. Quienes nos dedicamos a la investigación científica corremos siempre el riesgo de ser deificados por los auditorios, las academias y las comunidades convertidas en pedantes elites de ilustrados, o de vender nuestros conocimientos y experiencia al diablo disfrazado de político o empresario. El verdadero investigador comparte una casi obsesiva pasión por la verdad, y en esa búsqueda genera conocimiento y asume posiciones arriesgadas y críticas. El “experto”, en cambio, se hace sospechoso cuando utiliza sus conocimientos, de manera poco escrupulosa, para justificar o dar soporte a ciertas decisiones. En el mundo moderno, el “experto” se ha vuelto un participante esencial que legitima “científicamente” las irracionalidades de la sociedad industrial.
Los poderes de la sociedad moderna, clasista, desigual y profundamente irracional, echan mano de los “expertos” cada vez que ven amenazados sus privilegios por las masas de “desinformados”, de la misma manera que desdeñan, soslayan o ignoran las opiniones de los investigadores cuando éstos asumen posiciones contrarias o críticas. El argumento de que la consulta sobre la reforma energética es inviable porque los ciudadanos son incapaces de entender un asunto cuya complejidad solamente es comprendida por los “expertos”, es un verdadero monumento a la ignominia, un acto de soberbia de clase.
No hay asunto de la realidad, por complejo que sea, que no pueda ser entendido por el ciudadano común. El problema no es de la ciudadanía, sino de la capacidad de quienes poseen los conocimientos para informar o comunicar de manera sencilla, concreta, gentil y honesta un cierto asunto. Yo he observado cómo muchos de mis colegas mexicanos han logrado hacer entender a cientos de ciudadanos de la ciudad o del campo temas tan complicados como el origen y evolución del universo, el calentamiento global, los peligros de la energía nuclear, o las peculiaridades genéticas del maíz transgénico. La sapiencia del vulgo, reconocida y defendida por Alfonso Reyes, Edgar Morin, Paulo Freyre o Miguel León Portilla, tiende a ser olvidada por las elites económicas, políticas y culturales de todos los tiempos.
El futuro del petróleo y del uso de las energías es un asunto que deben decidir los ciudadanos mexicanos, con base en la información ya actualizada, digerida y simplificada por los investigadores. En una sociedad verdaderamente democrática, todos los ciudadanos tendrían acceso al conocimiento para decidir cuestiones centrales para el devenir de la nación, o de sus comunidades y hogares. En un mundo dominado por la propaganda, ideológica y mercantil, lo anterior se hace cada vez más difícil, y nos remite a la batalla permanente entre educación y propaganda.
No hay, por otro lado, conocimiento desligado del valor, es decir, no hay ciencia y tecnología sin ética. Al final de las fórmulas complicadas, del entramado de datos, de la variedad de hipótesis y de los escenarios visualizados por los investigadores, siempre existe un dilema esencial, que el sentido común, que es la “ciencia de los pueblos”, reconoce de inmediato a pesar de su formación limitada. Más allá de los grupos de “expertos”, la sociedad siempre mantiene una cierta sabiduría, que aplicada cotidianamente, hace su aparición en el momento de las grandes decisiones. Por eso tiene mayor legitimidad una decisión, que es siempre moral, tomada por un amplio número de ciudadanos, que por un puñado de “expertos”.
Hoy los investigadores conocedores del tema energético, en todas sus dimensiones, consecuencias y aspectos, están obligados a ofrecer, cada uno desde sus dominios particulares y de manera honesta, los conocimientos necesarios para que el ciudadano común opine y decida. Es ésta una tarea extraña dentro de los medios científicos y académicos, pero fundamental para el funcionamiento de la democracia. El país dará entonces una lección al mundo, los científicos y técnicos cumplirán un servicio de enorme valor, y los mexicanos le pondremos un alto a los siniestros intereses de la oligarquía.
Europeos expulsan migrantes
“Prensa ideal” para “gobiernos modernos”
Hartos de la pobreza que afea sus calles, aunque enriquezca a sus economías, los 27 gobiernos europeos comunitarios decidieron expulsar a los “clandestinos”, aquellos latinoamericanos, africanos y asiáticos que migran de las ex colonias al viejo continente en busca de mejores condiciones de vida.
Hastiados de “importar miseria” de sus ex colonias, los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron por unanimidad, el pasado 5 de junio, la “directiva de retorno de inmigrantes ilegales” (que incluye a europeos extra comunitarios), la cual establece “las reglas para proceder a la expulsión de los ciudadanos de países terceros, incluyendo a menores, que sean hallados en situación irregular en el territorio de la UE”.
Alrededor de 8 millones de inmigrantes –menores de edad incluidos– son potenciales víctimas de la “nueva estética” migratoria de los gobiernos comunitarios (política de “alejamiento” le llaman), quienes de forma “voluntaria, dentro de lo posible” (aunque “en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, así como la posibilidad de recurrir a un periodo de detención de seis a 18 meses”) deberán abandonar el territorio de la UE si es que el Parlamento Europeo ratifica, el próximo 18 de junio, el acuerdo de los referidos ministros del Interior.
Todo “clandestino” está en la mira, no obstante el creciente aporte a la economía comunitaria europea. De contar con el visto bueno del Parlamento Europeo, las potenciales víctimas podrán presumir su condición de triplemente expulsadas: de sus comunidades primero, de sus países de origen después y, ahora, de la delgada tablita de salvación europea. Bien por los solidarios europeos comunitarios, que en tiempos no muy lejanos fueron recibidos sin mayores condiciones en, por ejemplo, América Latina, y hoy regresan el favor, gracias a la “directiva de retorno” promovida por los gobiernos derechistas del viejo continente.
El gobierno español, por medio de su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, “expresó su apoyo a la directiva de retorno de inmigrantes y al pacto europeo sobre inmigración que promueve Francia” (El País, 11 de junio), por mucho que esté documentado el aporte de las ahora potenciales víctimas. Por ejemplo, una investigación conjunta de la Caixa de Catalunya y la Universidad Autónoma de Barcelona, citado por la BBC, deja en claro que “si no hubiese sido por la llegada a España de más de 3 millones de inmigrantes en los últimos diez años (…) el producto interno bruto habría bajado en 0.6 por ciento, en lugar de mostrar un crecimiento de 2.6 por ciento; globalmente, la cantidad de dinero que estos inmigrantes han transferido al Estado español es más elevado que la cantidad que han recibido, esto se debe a que en su mayoría estamos hablando de personas jóvenes y fuertes, entre 25 y 45 años, que no significan un mayor gasto en educación, consumen menos recursos en materia de salud y especialmente no se benefician de los sistemas de pensiones”.
Ahora los quieren echar. Las estimaciones más recientes ubican en cerca de 2 millones el número de latinoamericanos adultos que viven en España. En 2006 enviaron a sus respectivos países poco más de 5 mil millones de dólares, monto que podría incrementarse (cálculo previo a la aparición de la “directiva de retorno”) a 7 mil millones en 2010, de acuerdo con el Ministerio de Economía de aquella nación.
Para los países latinoamericanos la “directiva de retorno” es una bomba de muy corta mecha, puesto que no sólo cancelaría cuantiosos recursos derivados de las remesas, sino el potencial regreso masivo de sus ciudadanos, ahora expulsados por tres. En enero de 2001 la población adulta de inmigrantes latinoamericanos en España se aproximó al medio millón; en enero de 2006 a un millón 600 mil, y para 2008 a cerca de 2 millones, quienes, según el acuerdo de los ministros del Interior, deberán hacer maletas.
Las rebanadas del pastel
La Agencia de Noticias Pelota de Trapo, de Argentina, nos envió el siguiente comentario que sintetiza el concepto de “prensa ideal” para “gobiernos modernos”, como el del inquilino de Los Pinos, sobre todo ahora que éste reclama porque “falta discutir lo central” de su “reforma energética”. Así, cualquier parecido con ciertos medios mexicanos de “comunicación” no es mera coincidencia: “el portal oficial del gobierno de la Provincia de Jujuy, como muchos otros portales de gobiernos provinciales argentinos, es un perfecto ‘Diario de Yrigoyen’. Durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, como se sabe, sus allegados le hacían imprimir un diario de un solo ejemplar en el que no había otra cosa que buenas noticias, para no preocuparlo y para no tener que soportar sus reprimendas. Como también se sabe, una mañana de septiembre de 1930 aquel presidente Yrigoyen se desayunó con la noticia (nunca publicada en su diario) de que un movimiento militar, con apoyo de buena parte de la ciudadanía, lo estaba sacando a empujones de la Casa Rosada. En este diario de Yrigoyen jujeño que comentamos las noticias son, por ejemplo, que empezó la zafra en Mendieta, que se han abierto cursos sobre tapir y pecarí labiado, que se busca a una persona desaparecida, que hay jornadas de Educación Solidaria en Perico y que ‘avanzan las obras’ del Hospital de Niños. Fuera de esas noticias del día, en los módulos correspondientes a los ministerios y secretarías del gobierno, se informa sobre los distintos planes en ejecución, todos con nombres optimistas: Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, dice uno. Programa Familias por la Inclusión Social, dice otro. Plan Provincial Familia Emprendedora, Plan de Fortalecimiento Alimentario, y así. Son tan auspiciosos los títulos de los planes, tan llenos de buenas intenciones, que dan ganas de irse a vivir a los Planes. Lástima que de planes no se vive. En el mejor de los casos, se sobrevive. Y el hecho de que los funcionarios se tranquilicen dibujando estadísticas y datos alentadores en una página web, no es más que la contracara de una realidad atroz, una realidad de desprecio y abandono, que sólo se hace visible cuando ocurre una catástrofe, un hecho policial notorio o una pueblada”. (Oscar Taffetani, agencia@pelotadetrapo.org.ar).
Muletazos madrileños
Faena de distracción
La plaza de Las Ventas
El vendedor políticamente más pequeño del mundo le pegó ayer desde Madrid una magnificada faena de distracción al desde siempre muerto debate senatorial sobre el futuro petrolero. Los pases de artificio hicieron embestir a los bureles opositores contra el trapo engañoso, muleta y capote de falsa polémica respecto al sentido de las discusiones legislativas: debatir sobre el debate porque, según el viajero jefe del bando que va perdiendo, las controversias no se han centrado en lo que a su muy autoritario parecer es lo “central” y porque el ejercicio de participación cívica organizado por un poder presuntamente soberano, como sería el Legislativo, se ha dedicado a hablar, en foros políticos organizados por políticos que representan a partidos políticos, sobre… política, historia e ideología y no sobre los puntos técnicos que al impositivo parecer del rudo luchador michoacano deberían ser abordados, sin querer darse por enterado éste de que sus propuestas han sido criticadas y rechazadas sin que los defensores oficialistas hayan podido ofrecer resistencia decorosa.
Los esfuerzos calderónicos de tauromaquia discursiva le dan la puntilla, desde luego, al amorcillado ente, que por cumplir con la denominación senatorial de origen suele ser llamado debate sobre el petróleo. El novillero Felipillo no está dispuesto a reconocerle valía a un ejercicio de maletillas que no le entran al toro “central” y sí, en cambio, pretende hacer respetar las decisiones del juez de plaza, que es él mismo y que reglamento en mano pretende acallar, invalidar e incluso enfrentar con la fuerza pública disponible a los asistentes al coso República de México que no aceptan que el fulanito torero y simultáneo juez de sí mismo ponga a remate entre particulares los asientos de un coso (una cosa) que pertenece a la nación.
Pero no está en la Plaza México, y sus debates desinflados, el asunto verdaderamente central sino en la madrileña de Las Ventas (la tercera con mayor capacidad en el mundo, después de las de México y Venezuela, pero considerada la más importante e inaugurada con un cartel en el que participaron Juan Belmonte, Marcial Lalanda y Cagancho). Vender México se llama la faena del gerente Calderón y, para que no haya tanta atención a esos lances netamente mercantiles, se han arrojado las luces mediáticas del traje pinolero sobre el tema político del debate. Que peleen los nativos sobre asuntos de saliva mientras el oro petrolero es ofrecido en canje por espejitos dizque modernizadores.
El diario hispano Público difundió, por ejemplo, una nota firmada por Belén Carreño en Madrid que, intitulada “Colchón mexicano para las constructoras españolas”, comienza así: “El paraíso de la inversión para las constructoras y empresas de suministros públicos. Algo parecido les dibujó ayer el presidente de México, Felipe Calderón, a decenas de empresarios españoles con el fin de animarles a participar en el arranque del ambicioso plan de infraestructuras que llevará a cabo en los próximos años. Calderón ha hecho una apuesta decidida por modernizar al país mejorando las comunicaciones, aeropuertos, puertos, autopistas, etcétera, hasta el punto de presupuestar un gasto de 150 mil millones de euros, hasta 2012”. Y, claro, “además de las infraestructuras, Calderón quiere abordar una profunda reforma energética del país (…) Para ello, necesita una mejora en los recursos de Pemex, donde también es posible que participen empresas españolas”. El vendedor Calderón (a quien ha abierto camino otro comisionista, el siempre bien colocado publicista Antonio Solá) se ha hecho organizar reuniones varias con inversionistas peninsulares, inclusive un encuentro muy reservado con un pequeño grupo de empresarios, entre ellos Antonio Brufau, presidente de Repsol-YPF, con quien hablará no sobre debates, ideología o política sino sobre el crudo tema dominante, el petróleo mexicano y la apertura a los capitales privados, haiga sido como haiga sido el debate senatorial y haiga de pasar en México lo que haiga de pasar.
Astillas
Restauradores y arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia se reunieron en asamblea el pasado miércoles para denunciar que “a espaldas de la comunidad del instituto se haya enviado recientemente a la SEP y a la Auditoría Superior de la Federación un documento denominado Reglamento interior del INAH, que se pretende sea convertido en reglamento de la ley orgánica de la materia”. Ese texto, según explicaron, “es centralista, autoritario y absurdo en sus planteamientos”, lo que va en concordancia con “las actitudes arrogantes e ignorantes del director general, Alfonso de Maria y Campos”, a quien se envió una carta en la que se le exige desistirse de ese proyecto y abrir “a la brevedad un espacio de análisis” en el que participe la comunidad del INAH… Ni a quién irle en el pleito bucanero por los restos del partido que ha pretendido ser alternativa, socialdemócrata y campesino, pero que finalmente sólo quedó en un botín peleado por bandos que quieren vivir de la política aparentando ser opción “de izquierda”. Las prerrogativas económicas y los negocios derivados de mercadear “alianzas” y “apoyos” a otros proyectos, son el fondo del litigio en ese grupo escindido con cuya franquicia quiso quedarse Alberto Begné, otro de los ejemplos del paso de la muerte que lleva de asesorías y cargos relacionados con lo electoral a la invención de redituables membretes sin base social… En diciembre pasado, esta columna piadosa mencionó que el cardenal de Monterrey, Francisco Robles Ortega, podría ser la opción del Vaticano para “relanzar” la imagen del catolicismo tan dañada por escándalos entonces presentes como los de Norberto Rivera (más los de Juan Sandoval que estaban por venir). Ayer, el Papa nombró al citado Robles Ortega como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, con lo que fortalece su posición para cualquier relevo en el mando católico mexicano…Y, mientras Creel hace declaraciones a contracorriente de Calderón, como si quisiera convertirse en una temprana versión de Felipillo frente a Fox en 2004, ¡feliz fin de semana torero!
Collares por petróleo
Taller para brigadista en defensa del petróleo
El curso-taller es gratuito con una duración de tres horas, y se llevará a cabo el próximo sábado 14 de junio del 2008, a las 17:00 horas, en el auditorio de "Tranviarios de México", ubicado en Dr. Lucio No. 29, Colonia Doctores, a un costado de la Arena México (Metro Balderas). Cupo limitado 300 brigadistas.
Nos estamos preparando espurio Calderón, te equivocas si crees que vas a poder privatizar el petróleo, grábatelo bien, el Petróleo es nuestro y no esta en venta.
Responsables: Yolanda Amigot, Arturo de Molina y Ángeles García
RESISTENCIA CREATIVA
Boletín Informativo ISA núm 447
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. Actúa Felipe Calderón como un auténtico virrey y no como presidente de México, señala López Obrador
II. Agustín Carstens miente sobre los excedentes petroleros y viola el decreto de presupuesto de egresos para 2008, por Mario di Costanzo
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ACTÚA FELIPE CALDERÓN COMO UN AUTÉNTICO VIRREY Y NO COMO PRESIDENTE DE MÉXICO, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR
Desde la región mazahua, Andrés Manuel López Obrador señaló que Felipe Calderón actúa como un auténtico virrey y no como presidente de una República libre, soberana e independiente como México. “La derecha panista, representada por Calderón Hinojosa, ha convertido al gobierno en un comité al servicio de unos cuantos”, precisó el presidente legítimo de México al manifestar que “al presidente pelele le colocaron una alfombra roja a su arribo a España, por tratarse del personaje que ha beneficiado al empresariado de aquella nación con millonarios contratos en el sector energético”.
Al término de su encuentro con los brigadistas en defensa del petróleo de este municipio, el presidente legítimo de México subrayó que Calderón Hinojosa es un “traidorzuelo” por su expreso interés de entregar la industria petrolera al capital privado extranjero. En entrevista, aseguró que “la traición es la doctrina que profesa el presidente usurpador” y aclaró que Felipe Calderón y su socio “sinvergüenza”, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, introdujeron a un debate nacional el tema de los subsidios a las gasolinas, con la deliberada intención de esconder el asunto del destino de los recursos excedentes captados por los altos precios del petróleo.
Tanto Calderón como Carstens tienen la firme intención “de desaparecer los excedentes, y ahora resulta que nadie sabe dónde está el dinero. Ese sinvergüenza, Carstens, se ha convertido en un mago, y su socio, Calderón, es igual de sinvergüenza”, puntualizó.
Por la mañana, López Obrador se reunió con los brigadistas de Jilotepec. Informó que en el Estado de México se tiene un registro de 85 brigadas, integradas por más de 40 mil brigadistas.
Al destacar que la defensa del petróleo es un asunto de carácter nacional, a pesar de que en los medios de comunicación, principalmente en la televisión, le dedican apenas 20 segundos, afirmó también que el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, forma parte de la comitiva de Calderón en España, en lugar de resolver las múltiples necesidades que enfrentan los productores, ejidatarios y comuneros de la entidad.
“Peña acompaña al pelele por España, pero nada más sirve para aparecer en la televisión. Ahora los potentados tienen un acuerdo y Peña se ha convertido en el prospecto presidencial de Televisa y en esa tarea anda metido, en vez de atender los problemas del estado. Y por si fuera poco, destina millonarios recursos públicos para la proyección de su imagen personal”, con miras a la elección presidencial de 2012, detalló.
Para disipar cualquier duda, agregó: “Peña Nieto es el candidato del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga”.
En las asambleas informativas que sostuvo con los brigadistas de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Jiquipilco e Ixtlahuaca, el presidente legítimo de los mexicanos advirtió que no habrá paz social en México mientras continúe la entrega de los bienes nacionales a las compañías multinacionales.
Al comunicar que el próximo 27 de julio se instalarán un promedio de 30 mil mesas de votación en el Distrito Federal para que los ciudadanos aprueben o rechacen la reforma energética, López Obrador mencionó que el domingo 29 de junio se reunirán los aproximadamente 200 mil brigadistas en el Zócalo de la Ciudad de México,; en lo que será una asamblea nacional, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo definirá la logística a seguir en la consulta ciudadana que se organizará en aquellos municipios gobernados por el PRI y PAN el domingo, 3 de agosto o a la semana siguiente, es decir, el 10 de agosto.
Mañana, 13 de junio, Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los brigadistas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Zihuatanejo, Guerrero.
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AGUSTÍN CARSTENS MIENTE SOBRE LOS EXCEDENTES PETROLEROS Y VIOLA EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2008
por Mario di Costanzo
secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México
Agustín Carstens miente al negar la existencia de excedentes petroleros y viola el decreto de presupuesto para desaparecer los excedentes petroleros, más aún si para ello ha argumentado que el costo de las importaciones de gasolina está absorbiendo los excedentes petroleros.
Sin embargo, datos de Pemex muestran que el precio promedio de importación de gasolina durante el primer trimestre fue de $7.39 para la gasolina magna y de $7.44 para la gasolina Premium; esto significa que el precio promedio de importación de ambos tipos de energéticos fue $7.41, por lo que en realidad el precio de importación fue menor al que se vendió a las gasolineras del país, ya que del mismo documento de Pemex se observa que durante el primer trimestre del año el precio a gasolineras nacionales fue de 7.08 para la gasolina magna y de 8.86 para la gasolina Premium.
Esto significa que, a pesar de que durante el primer trimestre del año se importaron aproximadamente 30 millones 687 mil litros de gasolina, el diferencial de precios entre importación y venta en el mercado interno le generó a Pemex ingresos por aproximadamente 3 mil 434 millones de pesos.
Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar que, de acuerdo con información de Pemex, durante los tres primeros meses del año el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de crudo se ubico en 82.8 dólares por barril con una plataforma de exportación mensual promedio de 44.9 millones de barriles.
Lo anterior significa que durante los tres primeros meses del año, los ingresos por concepto de exportación de petróleo ascendieron a 120 mil 853 millones de pesos; esta cifra resultó en un excedente de 37 mil 129 millones de pesos con respecto a la estimación original, en virtud de que en la Ley de Ingresos para 2008 se proyectó un precio promedio de 49.5 dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación y una plataforma de exportación de 50.3 millones de barriles mensuales.
Sin embargo, a pesar de estos cuantiosos excedentes, Agustín Carstens ha pretendido esconder o negar su existencia, argumentando que dichos excedentes se han utilizado para financiar las importaciones de gasolina, que han aumentado en valor debido principalmente al incremento de las gasolinas en Estados Unidos, como consecuencia del incremento en los precios del petróleo.
Por ello, el señalamiento de Carstens es un argumento falso y tendencioso; de acuerdo con información de Pemex, actualmente el costo promedio de la importación de gasolina, como lo establece Pemex en su oficio GP- 0437/2008 de fecha 13 de mayo de 2008, es de 7.41 pesos; lo anterior significa que, en promedio, por lo menos para el primer trimestre del año, el costo de un barril de gasolina importado fue de 112.3 dólares por barril.
De esta manera, si asumimos estos valores, el costo de importación para México de un barril de gasolina es de 112.3 dólares por barril, dado que un barril equivale a 159 litros y, de acuerdo con Pemex, al mes de marzo se habían importado 30 millones 687 mil barriles de gasolina, el gasto total en importación de gasolina fue de 37 mil 200 millones de pesos; sin embargo, a este total tenemos que descontarle los ingresos que obtuvo Pemex por la venta de esa gasolina importada, puesto que Pemex importa esa gasolina para venderla en el mercado nacional.
En virtud de que el precio promedio de venta de la gasolina que importa Pemex (Magna y Premium) es de 7.97 pesos, es decir, 0.75 centavos de dólar, se puede decir que Pemex recupera 120.7 dólares por cada barril que importa o, dicho de otra manera, que el subsidio neto actual por cada barril de petróleo importado es negativo, es decir, que Pemex no subsidió al menos al mes de marzo del presente año la importación de gasolina, ya que, dados estos precios durante los tres primeros meses del año, la venta neta total de gasolina arrojó una utilidad para Pemex de 3 mil 434 millones de pesos.
Más aún, de acuerdo con la “página A2” de los anexos del Informe Trimestral de Finanzas Públicas más reciente, se observa que los ingresos totales del sector público durante el primer trimestre del presente año ascendieron a 674 mil 628.4 millones de pesos, cifra superior en 20 mil 429 millones de pesos a la proyectada originalmente.
Sin embargo, si revisamos la información publicada por la SHCP, se observa que los ingresos recibidos por concepto de “Derechos a los Hidrocarburos” fueron de 229 mil 505.7 millones de pesos, lo que representó un ingreso adicional a lo programado por 82 mil 29 millones de pesos, pero mañosamente la misma SHCP señala que la recaudación por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), fue negativa en –61 mil 749 millones de pesos; esto significa en otras palabras que la SHCP de manera absurda y mañosa está descontando artificialmente una supuesta “desrecaudación” de 61 mil 749 millones de pesos de los ingresos excedentes por concepto de “Derechos sobre Hidrocarburos” que fueron de 82 mil 29 millones de pesos, para concluir que los ingresos excedentes durante el primer trimestre del año son de sólo 20 mil 429 millones de pesos.
Cabe destacar que si como lo ha señalado el informe referido esta desrecaudación obedece al subsidio que implica el diferencial de precio entre la importación de la gasolina y la venta en el mercado interno de las mismas, el “subsidio otorgado” debería de registrarse o bien reflejarse en los diversos conceptos del gasto programable y no como un ingreso negativo, en virtud de que se distorsiona la evolución real tanto del ingreso como del gasto, violando con ello el Decreto de Presupuesto para 2008.
Más aún, tan existen ingresos excedentes que si se revisa el resultado del ejercicio presupuestario, se observa que durante el primer trimestre del año, las finanzas del sector público arrojaron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 100 mil millones de pesos.
Petróleo: el debate incómodo
En una declaración que ha generado deslindes hasta en las filas de su propio partido, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, dijo ayer en Madrid que carece de profundidad el foro organizado por el Senado de la República para analizar la iniciativa privatizadora de la industria petrolera, presentada hace poco más de dos meses por Los Pinos. Arropado por los intereses empresariales peninsulares, prestos a beneficiarse a su vez con las pretendidas reformas legales, Calderón afirmó, además, que no se han abordado en el debate los asuntos técnicos; se quejó de que “se han discutido cosas ideológicas, cosas históricas” en lugar de “cuestiones técnicas”, de que han quedado fuera del debate los “elementos centrales de mi propuesta” y de cómo ésta “sí aumenta la producción de petróleo, sí aumenta la producción de gas, de gasolina, las reservas y la rentabilidad de Pemex para los mexicanos”.
Este discurso descalifica a quienes han participado en el foro senatorial –incluidos los defensores de su proyecto de reformas legales–, a quienes lo organizaron y, lo más lamentable, al propio Senado de la República, la institución que convocó y que modula el debate en curso. Por añadidura, las palabras de Calderón ponen de manifiesto una percepción sesgada –y marcadamente ideológica, ésa sí– o bien desinformada, de lo que ha venido ocurriendo en la casona de Xicoténcatl en semanas recientes, porque en las sesiones del debate se ha realizado un análisis exhaustivo no sólo de la iniciativa presidencial que pretende transferir a particulares filones enteros de la industria petrolera mexicana, sino también una revisión política, histórica, económica, financiera, tecnológica y legal de los hidrocarburos nacionales y de las labores de prospección, extracción, comercialización y administración relacionadas. En suma, el debate en el Senado no sólo ha ido a fondo en el tema estricto de la propuesta calderonista, sino también ha abordado en profundidad la circunstancia actual de Pemex y sus perspectivas posibles, tanto por los partidarios de la privatización propuesta como por sus detractores.
Varios exponentes cuestionaron las premisas mismas en que se basa, de manera explícita o por omisión, la iniciativa calderonista. En particular, se critica el pobrísimo y errado “diagnóstico” que sobre la paraestatal efectuó la actual administración, se ha señalado que la propuesta no plantea nada específico para corregir y erradicar fenómenos que empobrecen y asfixian a Pemex –el saqueo fiscal, la intolerable corrupción en la empresa y en el gobierno federal, así como el exasperante dispendio de recursos que caracteriza al estilo panista de administrar– y se ha dicho que el desafío del país, en la hora presente, no consiste en mantener o incrementar la producción de crudo, sino, por el contrario, en reducirla, a fin de preservar parte de ese recurso no renovable para usufructo de las generaciones futuras.
Al contrario de lo que sostiene Calderón Hinojosa, los debates en Xicoténcatl han alcanzado tal profundidad que han permitido a la opinión pública asomarse, desde el análisis del manejo oficial del petróleo, a las miserias e inconsecuencias de la política económica vigente, caracterizada por su extremado pragmatismo –extraer todo el crudo que sea posible y venderlo lo más rápido que se pueda–, por su irrefrenable tendencia privatizadora –de la refinación, de los oleoductos y de los trabajos de perforación y extracción–, por su vocación depredadora de los recursos naturales y por su tendencia a favorecer a los capitales foráneos en detrimento de los imperativos del desarrollo nacional.
Por lo que puede verse, Calderón desearía que su iniciativa dispusiera de un respaldo universal y unánime y que el debate alrededor de ella se limitara a precisar y afinar detalles de la transferencia de la industria petrolera del país a empresas privadas de México y, sobre todo, del extranjero. Sin embargo, en los foros convocados por el Senado de la República se ha manifestado lo contrario, es decir, la falta de consensos en torno a la política petrolera que debe adoptar el país y la gran división que este tema provoca en la sociedad mexicana. También se pone en evidencia que el rescate y la modernización de Pemex requieren –más que de capitales privados– de probidad, de austeridad y de transparencia en las oficinas públicas, de democracia sindical, de un mínimo sentido de justicia social para fijar las políticas fiscales, y de sentido nacional y de visión de futuro. No cabe extrañarse, en consecuencia, de que los ejercicios de reflexión que tienen lugar en Xicoténcatl resulten profundamente incómodos para el Ejecutivo federal.
Ing. Francisco Garaicochea: "Pemex y la Industrialización de México"...
PUAG!!!!!
México, D.F., 11 de junio (apro).- En su gira por España, Felipe Calderón busca la consolidación de ese país como el segundo inversionista extranjero en México, con ofrecimientos para aumentar su participación en los sectores energético y de infraestructura.Hasta ahora, las empresas españolas tienen inversiones por 26 mil millones de dólares en México, contra los 103 mil millones de dólares de empresas estadunidenses. El crecimiento de las empresas españolas en el país ha sido el más significativo en la última década hasta llegar a las 2 mil 740 que existen en la actualidad (Proceso 1649), pero su participación ha tenido un costo mayor para el país.A manera de ejemplo basta con lo que ha ocurrido con los doce aeropuertos del Pacífico entregados al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que en 1998 se hizo de esas terminales con irregularidades solapadas por el gobierno de Ernesto Zedillo y cuya investigación ha quedado en vanos intentos de algunos legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.Aunado a las facilidades con que se dio la concesión, de 50 años renovables a otro periodo igual, el gobierno de Vicente Fox le garantizó al GAP un millonario negocio al subvaluar las acciones del grupo antes de lanzarlas a los mercados de valores de México y Nueva York.La operación bursátil, efectuada en febrero de 2006, representó pérdidas para el Estado mexicano por 9 mil 905 millones 559 mil 800 pesos, cerca de mil millones de dólares.El despojo y la entrega irregular de la concesión prorrogable hasta por un siglo fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública del 2006.El órgano fiscalizador, que depende de la Cámara de Diputados, pide incluso se finquen responsabilidades administrativas a los funcionarios del gobierno de Fox que permitieron esa operación. Además de algunos legisladores federales que han buscado la revocación de la concesión, ahora el ayuntamiento de Tijuana promueve la misma acción por la negativa del Grupo a pagarle 164 millones de pesos por impuesto predial. La controversia se encuentra ahora en tribunales.Las irregularidades iniciaron en 1998 cuando el gobierno de Zedillo decidió desincorporar la mayoría de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Uno de los beneficiaros fue el GAP, de capital español mayoritario.Según la ASF, la decisión de desincorporar esos aeropuertos se realizó sin respetar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al darle trato a los aeropuertos como si no fueran entidades paraestatales, lo que allanó su venta.La entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, fue omisa en su “responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la normatividad que regulaba la enajenación de títulos” propiedad del gobierno federal.Una segunda irregularidad identificada por la ASF fue que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 1999, al tiempo de autorizar la venta de 15% del capital del GAP a un socio estratégico privado, inició un proceso para la desincorporación del mismo grupo, contrario a lo establecido por la ley. En todo caso, dice, esa decisión debió haber sido tomada por la Secretaría de Hacienda y no la SCT.Peor aún es lo que la ASF detectó en la venta de 85% de las acciones del GAP. El gobierno de Zedillo, a través de la SCT, a cargo de Carlos Ruiz Sacristán, pactó con Nacional Financiera (Nafin), dirigida en ese momento por Carlos Sales Gutiérrez, un precio mínimo de venta equivalente a 50% del valor contable de las acciones del grupo.Pero ese acuerdo fue modificado por el gobierno de Fox para bajar aún más el valor de las acciones. En 2005, la SCT a cargo de Pedro Cerisola decidió, junto con Nafin, que el precio fuera de 30% del valor contable.Ese precio, dice la ASF, se ajustaría después al alza, en función del importe neto de recursos que obtendría Nafin al vender esas acciones a inversionistas privados mediante su colocación en los mercados de valores de México y Nueva York. La emisión tuvo lugar el 24 de febrero de 2006 mediante una oferta pública internacional. El 30% se asignó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el 70% al New York Stocke Exchange.El precio final de la colocación fue de 22.03 pesos por acción en el mercado nacional y de 21 dólares por un instrumento financiero conocido como ADS en el mercado internacional.El importe obtenido por el gobierno federal fue de 10 mil 503 millones 620 mil 200 pesos, equivalente a mil millones 441 mil 600 dólares.Destacó la ASF: “El precio de la acción estuvo subvaluado de origen, por lo que resultó tan atractivo que todas se vendieron el mismo día en que se colocaron en los mercados…, y no se dio el supuesto que dijeron los promotores de la venta de que ‘el precio real de la compañía sería determinado por los mercados’”.La operación dejó en claro para la Auditoría que “no se cuidaron las mejores condiciones para el Estado”, ya que al 31 de diciembre de 2005 –antes de su venta– el valor contable de cada acción era de 42.8 pesos.Si las acciones se vendieron a 22.03 pesos, estima el ente auditor, “el erario federal dejó de percibir 9 mil 905 millones 559 mil 800 pesos, en el supuesto de que se hubieran vendido a 42.8 pesos”.En el caso del NYSE el comportamiento de las acciones ha sido igual. Al 25 de enero pasado, el valor máximo de venta de los ADS fue de 57.63 dólares, contra los 21 con los que salieron al mercado. De acuerdo con la Auditoría, a octubre del año pasado las acciones del Grupo se cotizaban 37.7% por arriba de la oferta inicial.El GAP asegura que la subvaluación fue responsabilidad de la administración foxista.Ante esas maniobras, la ASF solicitó que la SCT aclare y justifique por qué el erario federal dejó de percibir casi mil millones de dólares en la venta de 85% de las acciones del GAP.
México, D.F., 11 de junio (apro).- El administrador general de Aduanas, Juan José Bravo Moisés, negó a diputados información relacionada con los hijos de Marta Sahagún, la fundación Vamos México, el decomiso de mercancía ilegal y la entrega de donativos a diversas dependencias.Durante su comparecencia ante la comisión legislativa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del expresidente Vicente Fox y su familia política, Bravo Moisés se abstuvo de responder a las preguntas que le formuló el presidente de dicha instancia, el priista Víctor Valencia de los Santos.Además del priista Valencia de los Santos, al encuentro sólo acudieron dos diputados: la panista Alma Almaraz, y Juan Manuel Portillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El resto de los legisladores menospreciaron la comparecencia.Durante las dos horas y media que duró la reunión, el desinterés de los legisladores fue evidente, ya que sólo el priista Valencia de los Santos se atrevió a inquirir al funcionario, en un intento por mantener la comparecencia.Ante la falta de cuestionamientos, poco antes de concluir la reunión, el priista lanzó varias preguntas, de las cuales Bravo Moisés ninguna respondió.“¿Cuáles unidades tienen participación en la asignación, custodia y destino de bienes decomisados derivados de operaciones ilícitas? ¿Se entregaron bienes decomisados a la Fundación Vamos México? ¿Se entregaron bienes decomisados a los hermanos Bribiesca Sahagun? ¿Del 2000 al 2006, qué bienes se entregaron a instancias o empresas distintas al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes? ¿Cuáles son las agencias aduanales involucradas en las operaciones de Zhenli Yee Gon? ¿Cuáles son las agencias aduanales vinculadas a la importación de seudoefedrina en los últimos cuatro años?”, cuestionó el diputado priista.No conforme, ante el silencio del funcionario Valencia de los Santos continuó: “¿Quién designó a Felipe Angel Zamora Álvarez administrador de la aduana de Altamira, Tamaulipas?”, quien fue detenido el 14 de octubre de 2007 por la Procuraduría General de la República acusado de permitir la introducción de 11.720 kilos de cocaína.El encargado de Aduanas en todo el país, quien en la primera parte de la comparecencia había sido prolijo en sus respuestas a preguntas que nada tenían que ver con el tema principal que motivó la reunión, enmudeció, giró hacia su izquierda como pidiendo auxilio a sus asesores, quienes le recomendaron callar.“Lo contestaría por escrito”, alcanzó a balbucear el funcionario y con ello fulminó toda esperanza de que su comparecencia pudiera volverse interesante, por lo menos en la recta final.“Esta bien, envíenoslo por escrito, pero por lo menos hay una que sí puede responder ahora, quién nombró administrador a Zamora Álvarez, hoy encarcelado?”, insistió el priista.“Yo; fui yo”, respondió en seco generando un silencio incómodo. Después de ello no hubo más preguntas y se levantó la sesión.Juan José Bravo Moisés, antes de ser nombrado administrador general de Aduanas por Felipe Calderón, se desempeñó durante el sexenio foxista como administrador general de Innovación y Calidad en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Bravo Moisés era el encargado de llevar el inventario de los decomisos y decidía a qué organizaciones sociales se destinaba la mercancía, a qué dependencias federales se les asignaba o quién pretendía, en algún momento, hacerse de los decomisos. Era el auditor de los decomisos.Sin embargo, este día no pudo o no quiso responder a los cuestionamientos relacionados con su anterior actividad.En la primera y segunda comisión que investigaron a los hijos de Marta Sahagún, durante la legislación pasada, obran numerosos escritos firmado por Juan José Bravo Moisés, en los que autorizó las mercancías ilegales que se destinaron para la Presidencia de la República.“Las preguntas, aunque no parecen importantes lo son para poder atar algunos cabos de lo que estamos investigando”, comentó Valencia de los Santos al término de la comparecencia.El presidente de la comisión, “salvó” la reunión de trabajo pues sus compañeros, la panista Alma Alcaraz, en sus dos intervenciones, se dedicó a insistir en que la continuidad de la comisión es ilegal, ya que debió concluir su plazo el 11 de abril, mientras que el representante del Partido Verde, Juan Manuel Portillo, hizo una pregunta fuera de tema: “¿Quién autorizó la entrada de material médico que hizo Zhenli Ye Gon, después de que se le decomisó el dinero?”La respuesta, simple: “Nadie; no tenía los permisos requeridos y se decomisaron.”Juan N. Guerra, diputado por el PRD, justificó un supuesto interés de su parte al preguntar sobre la posible relación entre Zhenli Ye Gon y los hermanos Bribiesca; el administrador de la aduana no respondió.La segunda intervención del perredista mostró la poca preparación con que llegó a la comparecencia y, por ende, el desinterés de su partido sobre el tema. Su pregunta fue: “¿Qué hace aduanas para evitar la introducción ilegal de armas?”Antes de que el funcionario concluyera con su respuesta, el perredista tomó un flaco fólder amarillo que tenía frente a sí y se enfiló a hacia la puerta. “Qué pasó diputado, a dónde, si esto apenas inicia”, preguntó Bravo Moisés.“Es que Navarrete me acaba de hablar con urgencia, quién sabe qué esta pasando en el Senado”, fue la respuesta que más pareció una justificación para abandonar el salón, de apenas cuatro metros por dos.“Bueno, espero que en un rato más se reintegre el diputado Guerra”, comentó el presidente de la comisión, el priista Valencia de los Santos, quien de por sí ya tenía menguada la comparecencia debido a que no asistió el segundo representante panista, Juan de Dios Castro, quien, por lo menos, cada vez que asiste genera polémica.La comparecencia resultó aburrida para algunos legisladores, como el perredista Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia, quien durante las dos horas y media que duró la sesión prefirió leer, entre bostezos, la síntesis informativa de la Cámara de Diputados.“El diputado Ortega no forma parte de esta comisión, pero si quiere formular alguna una pregunta al señor administrador de Aduanas, adelante…”, aclaró Valencia de los Santos en un intento por lograr una participación adicional a la pobre comparecencia.No lo consiguió pues la referencia a Ortega sólo sirvió para espabilarlo y que balbuceara un tímido “no”.
México, D.F., 11 de junio (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) exigió al gobierno federal cesar el hostigamiento contra los luchadores sociales, la promulgación de una ley de amnistía e insistió en la presentación con vida de sus dos compañeros desaparecidos el año pasado.A través de un comunicado, el grupo rebelde denunció que el gobierno federal viola derechos humanos en comunidades donde ha puesto en marcha operativos militares en busca de luchadores sociales.El grupo armado acusó al Ejército Mexicano de actuar de “forma intimidatoria” en las comunidades indígenas, “cateando domicilios, preguntando por presuntos delincuentes o infractores de la ley, buscando en realidad a luchadores sociales”.Explicó que en los operativos el Ejército utiliza helicópteros artillados para hacer vuelos rasantes sobre las comunidades, “haciéndose acompañar por informantes que son exmilitares”.En la lista de acusaciones contra las tropas militares, el grupo armado destacó la detención, sin órdenes de aprehensión, de luchadores sociales, el despojo de las escasas pertenencias de los indígenas, la corrupción y prostitución de menores, así como la siembra de semillas de enervantes en las parcelas para después “llevar camarógrafos de televisión para que testifiquen que sí hay” droga sembrada.El EPR criticó la presencia de Felipe Calderón en la región mixteca de Guerrero y Oaxaca para presentar su programa de asistencia social y prometer el cumplimiento de sus promesas, “omitiendo que sus funcionarios son una pléyade de corruptos y sinvergüenzas, delincuentes de cuello blanco… empezando por J. Camilo Mouriño, delincuente confeso de sus negocios con Pemex”.El grupo insurgente reiteró que en México sigue practicándose la desaparición forzada y hay presos políticos, contra lo afirmado por el mismo secretario de Gobernación en días pasados.Señaló que “Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son sólo un caso de los 75 que existen en el país, delito imprescriptible de lesa humanidad que fue ordenado por el jefe nato de las fuerzas armadas de México, que Felipe Calderón Hinojosa, en complicidad con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz”.Al respecto, señaló que Ulises Ruiz sabe perfectamente bien quién tiene a sus compañeros y quiénes los torturaron.El EPR apuntó que la presencia de Calderón en las zonas indígenas de Oaxaca y Guerrero, la semana pasada, tiene como objetivo “tratar que los tiempos se alarguen con la comisión de mediación”, creada para buscar la liberación de los eperristas, por lo que consideró que el presidente “no tiene honor ni decoro”.En el comunicado el EPR demandó “respeto irrestricto” a los luchadores sociales; el traslado de presos políticos del penal de La Palma (sic) a cárceles comunes; la promulgación de una amnistía federal, y la presentación de sus compañeros desaparecidos.
* Exige amnistía para todos los “presos políticos y de conciencia” que hay en el país
México, D.F., 11 de junio (apro).- En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, se han registrado 75 casos de desapariciones forzadas, denunció el Ejército Popular Revolucionario (EPR) luego de exigir amnistía para todos los “presos políticos y de conciencia” que hay en el país."Exigimos el respeto irrestricto a todos los luchadores sociales del sector social que sean, la reubicación de los presos políticos que están en La Palma a otros penales donde su integridad física y psicológica sea preservada, la promulgación de una amnistía federal para todos los presos políticos y de conciencia del país”, señaló el grupo insurgente a través de un comunicado.Según el EPR, sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 23 de mayo del 2007, son dos de los 75 presos políticos que existen en México.El grupo armado urgió a diputados y senadores a preparar y discutir una ley de amnistía, “para no ser cómplices de un gobierno represor y asesino”.Sobre la desaparición de sus compañeros, el Ejército Popular Revolucionario aseguró que el presidente Felipe Calderón y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, tienen pleno conocimiento de los hechos."Ruiz Ortiz sabe perfectamente bien quién tiene a nuestros compañeros y quiénes los torturaron, por eso en nuestro comunicado anterior decíamos que quería presentarse en la Guelaguetza con Felipe Calderón para que el pueblo supiera del apoyo que goza”."En México ¡Sí hay desaparición forzada!", aseguró el EPR.Hace dos semanas, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseguró que en la administración de Calderón no existían casos de desaparición forzada ni presos políticos."Es obvio que (Mouriño) no ve cualquier página de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos donde están las listas de los nombres, las sentencias y los supuestos delitos de todos los que son presos políticos y de conciencia encarcelados y sentenciados", destacó el EPR.En el comunicado, el grupo armado reprocho que a más de un año de la desaparición de sus compañeros militantes, aún no hayan sido entregados con vida; y culpó al gobierno federal de alargar ese proceso con la comisión de intermediación.
No ven que los jueces y magistrados son FECALES!
El IFE lo multa con 430 mil 283 pesos
México, D.F., 11 de junio (apro).- El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) sancionó con 430 mil 283 pesos al Partido Acción Nacional (PAN) por la transmisión de un spot en el que calificó de violentos a los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) que tomaron las tribunas del Congreso de la Unión en abril pasado.La determinación se tomó luego de casi tres horas de discusión sobre los límites de la libertad de expresión y las facultades del IFE para sancionar los contenidos de los promocionales de los partidos políticos, a través de los que establece la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).Al final, cinco de los nueve consejeros avalaron el dictamen elaborado por la Secretaría Ejecutiva del IFE, aunque aceptaron suprimir el resolutivo que ordenaba dar vista a la Unidad de Fiscalización debido a que, según el PRD --que promovió la queja de origen--, el PAN había obtenido de una empresa de televisión un beneficio “en especie” porque el contenido del spot fue utilizado en un noticiero.La consejera Teresa González Luna propuso la eliminación del resolutivo. Argumentó que si se avalaba el IFE se colocaría en una posición de entrar a analizar el contenido de los noticiarios "para valorar si determinada nota puede constituirse como una donación en especie y, en su caso, sancionar al emisor de la misma". La resolución obedece al cumplimiento de una sentencia emitida el miércoles pasado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al IFE resolver la queja impuesta por el PRD contra la transmisión del spot.
El monto de la multa del IFE al PAN por el spot contra el FAP es....
a) Adecuado
7.45 % 91 votos
b) Moderado
5.4 % 66 votos
c) Ridículo
87.15 % 1065 votos
Si son como aves de rapina venenosas.....
* Acota el debate energético: “no es una reforma petrolera, es una reforma a Pemex”
México, D.F., 11 de junio (apro).- En su primer día como nuevo coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero no sólo redefinió la reforma energética como “reforma de Pemex”, sino que descartó exista una “purga” en su partido, y se dedicó además a sortear con chistes y gracejadas los cuestionamientos de los reporteros sobre la viabilidad de las iniciativas calderonistas y el impacto del relevo de Santiago Creel.
--¿Se puede relanzar este proyecto cuando en nueve debates se ha llegado a una conclusión casi unánime de que la reforma es inviable en varios aspectos?“Pues yo creo que usted es seguidor del Peje por lo que veo, le hace mucho caso a lo que dice; yo veo otro marcador”, afirmó Madero.
--Pero no ha respondido a la pregunta, ¿se puede relanzar esta reforma?“Claro que sí, el Partido Acción Nacional le va a meter todos los kilos para sacar adelante esta reforma en las próximas semanas, y estoy seguro que vamos a poder identificar los consensos”.
Madero teorizó sobre los alcances de la reforma.
“Ni siquiera es una reforma petrolera, es una reforma a Pemex. Si fuera una reforma petrolera se pudiera ver nervioso a más de uno, porque estaríamos hablando de otros jugadores, no estamos hablando más que de un solo jugador. Cómo fortalecer y apoyar a Pemex para que pueda incrementar sus reservas, aumentar su producción, disminuir las importaciones y refinar más y tener un mejor gobierno corporativo”, abundó.El legislador de origen chihuahuense descartó que el cese de Creel y su designación impliquen una “purga” al interior del PAN.“No hay purga, no existe tal concepción, es un ajuste normal, ordinario que se da en cualquier organización humana, en todas las organizaciones humanas que yo conozco”, afirmó.“De eso se trata la película, así se llama la película, es una revisión para alinear todos nuestros recursos humanos y poder avanzar en estas tareas, primero la reforma energética”, indicó Madero.
Creel en el pleno y los contrastes
El nuevo coordinador de los 52 senadores del PAN participó en la Junta de Coordinación Política, encabezada por Manlio Fabio Beltrones, mientras en el salón de plenos Santiago Creel presidía la mesa directiva de la Comisión Permanente.Sonreía a los saludos y a los reconocimientos que distintos legisladores le hicieron, incluyendo el perredista Pablo Gómez.
--¿Cómo sintió la reacción de los legisladores, de los compañeros del Senado el día de hoy?“Pues muy cordial, muy solidaria, afectuosa, aquí hemos hecho no solamente relaciones políticas que eso está acordado, sino también relaciones de amistad, independientemente de los colores de partido”.Cuestionado sobre el posible contenido del periodo extraordinario de sesiones, Creel afirmó que se podrían incluir los temas de carácter electoral, así como las reformas al formato del informe presidencial.“Nos estamos dando tiempo para que de aquí al martes se forjen esos acuerdos, sobre todo en la parte sustantiva de cada uno de los temas”, abundó.Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, reiteró que la reforma energética de Calderón es similar a un “gallo muerto”.“Han cambiado de soltador para seguir en la pelea petrolera que, asemejándose a las peleas de gallos, traen a su gallo muerto en las manos. Yo no veo cómo el gobierno, con un coordinador o con otro, pueda lograr la mayoría que necesita para aprobar reformas claramente impopulares, claramente rechazadas por la mayoría de la población”, afirmó Navarrete.
Veracruz, Ver., 11 de junio (apro).- Jesús Ortega, candidato a la presidencia del PRD, afirmó que la remoción de Santiago Creel como coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, "es un mensaje de endurecimiento" del gobierno de Felipe Calderón. Dijo que con este tipo de decisiones, el PAN y el gobierno de Calderón tratan de presionar al Congreso de la Unión para que se apruebe la reforma energética. Añadió que la destitución de Creel pone también de manifiesto los conflictos que se viven en el interior del PAN y en el gobierno de Calderón. Con estos movimientos, dijo, "Calderón está colocando a su gente y desplazando a quienes sabe que no son de su grupo", porque nadie cree lo dicho por Germán Martínez, presidente del PAN, en el sentido de que son cambios para reposicionar a ese partido con miras a las elecciones de 2009. Ortega, quien encabeza la corriente Nueva Izquierda del PRD, afirmó que las graves disputas en el PAN, "provocarán un endurecimiento de éste partido en el Congreso". "Queda clara la intención de Calderón, de apretar la política de presión para que se apruebe su iniciativa de reforma energética, y evidencia una lucha encarnizada por el control total del poder en el PAN y en el gobierno federal", subrayó. Dijo que es necesaria la consulta ciudadana sobre la reforma energética enviada al Congreso por Calderón, y que se debe incluir la propuesta de la “Tercera Vía” del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Indicó que, además de los debates en el Senado de la República, es necesaria la participación de todos los ciudadanos, "ya que se trata de un tema que tiene que ver con el patrimonio de los mexicanos y no puede quedar sólo en manos de los políticos y los especialistas". En los foros de debate, apuntó, ha quedado claro que la gran mayoría no están de acuerdo con la propuesta del gobierno federal y del PAN, en el sentido de privatizar Petróleos Mexicanos. "Por eso, insisto que se debe realizar la consulta pública que impulsan las fuerzas democráticas de izquierda", añadió. Dijo que la propuesta de Fidel Herrera se debe incluir en una consulta pública nacional. “Se deben integrar todas las posturas, incluida la del gobernador de Veracruz, con el fin de que los estados puedan participar en el negocio petrolero", añadió. Por otra parte, Ortega señaló que espera que la Comisión Nacional de Garantías del PRD respete los resultados de la elección interna que le dieron "el triunfo" en los comicios del pasado 16 de marzo para renovar la dirigencia nacional donde, dijo, obtuvo 17 mil votos más que Alejandro Encinas.
* La reforma energética es una estrategia internacional encabezada por la Casa Blanca, afirma el investigador
México, D.F., 11 de junio (apro).- El investigador y académico Víctor Flores Olea afirmó que la iniciativa de reforma energética “no es una ocurrencia del presidente Felipe Calderón, sino una estrategia internacional, principalmente de Estados Unidos, para apropiarse del petróleo mexicano”.Flores Olea, miembro del Comité de Intelectuales del Movimiento en Defensa del Petróleo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, señaló que la actitud del presidencia Calderón confirma que el actual gobierno panista “es espurio” porque no sólo violentó el proceso electoral del 2006, sino que “perdió ya legitimidad ante la nación” con su reforma energética.“El 25% del petróleo en el mundo lo consume Estados Unidos, lo cual pone a este país en una situación vulnerable. El 60% del consumo del petróleo de los estadunidenses es importado, por eso pone el ojo en las importaciones, para conservar sus reservas petroleras. Ya sus empresas exploran las reservas en el Golfo de México y anuncian que puede ser una gran reserva para Estados Unidos”, criticó.En el foro “Sin petróleo no hay nación”, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Flores Olea afirmó que la reforma energética de Calderón viola la Constitución porque propone que empresas extranjeras formen un tribunal de arbitraje para definir estrategias en materia energética.Por su parte, el exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, también miembro del Comité de Intelectuales, destacó que con estas actitudes se está violentando el terreno del conocimiento mediante la teoría neoliberal como algo moderno, actuando “como en el pasado, en el que si el presidente preguntaba qué hora es, le respondían, la hora que usted quiera señor presidente”.González Casanova dio a conocer un documento denominado Paz y Democracia, el cual será enviado por correo electrónico a los simpatizantes del movimiento en defensa del petróleo, para informarles de qué se trata la iniciativa calderonista.Consideró que el Comité de Intelectuales debe hacer “mucho trabajo de convencimiento” entre quienes sí aceptan que la iniciativa privada invierta en Pemex y creen que con eso mejorará la economía nacional.“No saben que la iniciativa privada se lleva cuatro veces lo que trajeron a invertir, pero hay una parte de la población que cree en la IP. Vamos a acompañar la lucha con conocimiento porque debemos ganar esta lucha sin guerra civil. Hay que organizarse”, explicó. El exrector destacó que esta organización se puede articular con movimientos sociales de Venezuela, Bolivia y Cuba, entre otros países. “Para ellos (el gobierno federal) somos terroristas porque les aterroriza que hablemos de esto. ¿Si? Pues vamos a aterrorizarlos”, indicó.
* Women’s Link Worldwide entregó hoy un texto de protesta en la embajada de México en Madrid
Madrid, 11 de junio (apro-cimac).- La organización internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide hizo hoy un reclamo al presidente mexicano Felipe Calderón, en el marco de su visita a España, debido al silencio que ha guardado su gobierno ante la querella presentada por la ONG ante la Audiencia Nacional en enero pasado.En esta petición se pide investigar y castigar abusos, torturas y violaciones sufridos por la ciudadana española Cristina Valls y la mexicana Bárbara Italia en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo del 2006.El juez Grande-Marlaska ha solicitado al gobierno de México información sobre los procesos judiciales abiertos en el país por esos mismos hechos y sobre la situación procesal y migratoria de Valls, quien presuntamente fue violada por uniformados durante los operativos policiacos en Atenco y expulsada de México por cinco años.Si las investigaciones que realiza el juez de la Audiencia Española, Fernando Grande Marlaska, demuestran que Cristina Valls no ha tenido acceso a la justicia, al igual que el resto de mujeres violadas en los mismos hechos, el caso tendría amplias posibilidades de ser aceptada por esa instancia.“Han pasado meses desde que presentamos la querella y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno mexicano. Debe cumplir con su responsabilidad y responder ante las violaciones y tortura de Cristina y Bárbara”, indicó Viviana Waisman, directora de la organización que hoy entregó en la embajada mexicana de esta ciudad un escrito de protesta.El documento fue recibido por Humberto Ballesteros Cruz, consejero de Asuntos Políticos de la embajada de México en España.“Él se comprometió a entregar el escrito a Calderón, pero se negaron a sellarnos el documento para constatar que nos lo han recibido, sólo nos dijeron que se lo harán llegar”, informó Waisman.Cuando entregaron el escrito, Calderón se encontraba en la embajada, pero “él no salió a recibirnos, fue Humberto Ballesteros quien se comprometió a transmitirle la protesta”, agregó la directora de Women’s Link Worldwide.Waisman adelantó que ante el silencio del gobierno mexicano, la organización que ella preside y lucha a escala internacional en favor de los derechos humanos, ampliará en los próximos días la documentación de la querella.“Ante este silencio vamos a ampliar los documentos de la querella, agregaremos las firmas de 96 congresistas que han pedido se investigue lo ocurrido en Atenco, el informe que presentó Amnistía Internacional sobre este caso, y haremos hincapié en las declaraciones de Enrique Peña Nieto (gobernador mexiquense) al expresar que volvería a repetir las acciones de Atenco”, informó Waisman.La querella presentada por Women’s Link en enero pasado descansa en jurisprudencia internacional ampliamente reconocida para argumentar ante el tribunal español que la violación constituye una forma de tortura, la que es reconocida en España como un delito. Esta querella representa el primer caso de jurisdicción universal con perspectiva de género ante la Audiencia Nacional de este país.“Aprovechando que está aquí Calderón, debe responder a la petición del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y esclarecer las torturas sufridas por Cristina y Bárbara Italia”, sostuvo Waisman.Además hizo un llamado al gobierno de España “para que se involucre en este caso y no todo se limite a una visita oficial de Estado”.

















