PUAG!!!!!

GAP, despojo a México

La materia FECAL mas asquerosa de la tierra

jorge carrasco araizaga

México, D.F., 11 de junio (apro).- En su gira por España, Felipe Calderón busca la consolidación de ese país como el segundo inversionista extranjero en México, con ofrecimientos para aumentar su participación en los sectores energético y de infraestructura.Hasta ahora, las empresas españolas tienen inversiones por 26 mil millones de dólares en México, contra los 103 mil millones de dólares de empresas estadunidenses. El crecimiento de las empresas españolas en el país ha sido el más significativo en la última década hasta llegar a las 2 mil 740 que existen en la actualidad (Proceso 1649), pero su participación ha tenido un costo mayor para el país.A manera de ejemplo basta con lo que ha ocurrido con los doce aeropuertos del Pacífico entregados al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que en 1998 se hizo de esas terminales con irregularidades solapadas por el gobierno de Ernesto Zedillo y cuya investigación ha quedado en vanos intentos de algunos legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.Aunado a las facilidades con que se dio la concesión, de 50 años renovables a otro periodo igual, el gobierno de Vicente Fox le garantizó al GAP un millonario negocio al subvaluar las acciones del grupo antes de lanzarlas a los mercados de valores de México y Nueva York.La operación bursátil, efectuada en febrero de 2006, representó pérdidas para el Estado mexicano por 9 mil 905 millones 559 mil 800 pesos, cerca de mil millones de dólares.El despojo y la entrega irregular de la concesión prorrogable hasta por un siglo fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública del 2006.El órgano fiscalizador, que depende de la Cámara de Diputados, pide incluso se finquen responsabilidades administrativas a los funcionarios del gobierno de Fox que permitieron esa operación. Además de algunos legisladores federales que han buscado la revocación de la concesión, ahora el ayuntamiento de Tijuana promueve la misma acción por la negativa del Grupo a pagarle 164 millones de pesos por impuesto predial. La controversia se encuentra ahora en tribunales.Las irregularidades iniciaron en 1998 cuando el gobierno de Zedillo decidió desincorporar la mayoría de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Uno de los beneficiaros fue el GAP, de capital español mayoritario.Según la ASF, la decisión de desincorporar esos aeropuertos se realizó sin respetar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al darle trato a los aeropuertos como si no fueran entidades paraestatales, lo que allanó su venta.La entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, fue omisa en su “responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la normatividad que regulaba la enajenación de títulos” propiedad del gobierno federal.Una segunda irregularidad identificada por la ASF fue que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 1999, al tiempo de autorizar la venta de 15% del capital del GAP a un socio estratégico privado, inició un proceso para la desincorporación del mismo grupo, contrario a lo establecido por la ley. En todo caso, dice, esa decisión debió haber sido tomada por la Secretaría de Hacienda y no la SCT.Peor aún es lo que la ASF detectó en la venta de 85% de las acciones del GAP. El gobierno de Zedillo, a través de la SCT, a cargo de Carlos Ruiz Sacristán, pactó con Nacional Financiera (Nafin), dirigida en ese momento por Carlos Sales Gutiérrez, un precio mínimo de venta equivalente a 50% del valor contable de las acciones del grupo.Pero ese acuerdo fue modificado por el gobierno de Fox para bajar aún más el valor de las acciones. En 2005, la SCT a cargo de Pedro Cerisola decidió, junto con Nafin, que el precio fuera de 30% del valor contable.Ese precio, dice la ASF, se ajustaría después al alza, en función del importe neto de recursos que obtendría Nafin al vender esas acciones a inversionistas privados mediante su colocación en los mercados de valores de México y Nueva York. La emisión tuvo lugar el 24 de febrero de 2006 mediante una oferta pública internacional. El 30% se asignó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el 70% al New York Stocke Exchange.El precio final de la colocación fue de 22.03 pesos por acción en el mercado nacional y de 21 dólares por un instrumento financiero conocido como ADS en el mercado internacional.El importe obtenido por el gobierno federal fue de 10 mil 503 millones 620 mil 200 pesos, equivalente a mil millones 441 mil 600 dólares.Destacó la ASF: “El precio de la acción estuvo subvaluado de origen, por lo que resultó tan atractivo que todas se vendieron el mismo día en que se colocaron en los mercados…, y no se dio el supuesto que dijeron los promotores de la venta de que ‘el precio real de la compañía sería determinado por los mercados’”.La operación dejó en claro para la Auditoría que “no se cuidaron las mejores condiciones para el Estado”, ya que al 31 de diciembre de 2005 –antes de su venta– el valor contable de cada acción era de 42.8 pesos.Si las acciones se vendieron a 22.03 pesos, estima el ente auditor, “el erario federal dejó de percibir 9 mil 905 millones 559 mil 800 pesos, en el supuesto de que se hubieran vendido a 42.8 pesos”.En el caso del NYSE el comportamiento de las acciones ha sido igual. Al 25 de enero pasado, el valor máximo de venta de los ADS fue de 57.63 dólares, contra los 21 con los que salieron al mercado. De acuerdo con la Auditoría, a octubre del año pasado las acciones del Grupo se cotizaban 37.7% por arriba de la oferta inicial.El GAP asegura que la subvaluación fue responsabilidad de la administración foxista.Ante esas maniobras, la ASF solicitó que la SCT aclare y justifique por qué el erario federal dejó de percibir casi mil millones de dólares en la venta de 85% de las acciones del GAP.