Lilia ArellanoNingún consuelo es suficiente ante la magnitud del dolor por el que atraviesan los padres de las 44 criaturas que murieron en el incendio de la guardería ubicada en Hermosillo, Sonora. Tampoco existen palabras que mitiguen la angustia que invade a quienes esperan un milagro que logre salvar a otros 10 y un número igual de adultos que son reportados, al cierre de estas líneas, como graves. Como bofetadas no sólo para estas familias sino para las miles que tienen que llevar a sus pequeños a esos lugares, han caído una a una las palabras de las autoridades, tanto federales como estatales.
Daniel Karam, director del Seguro Social, defendió las medidas de seguridad de la maldita guardería y sostuvo que hicieron una evaluación el 26 de mayo de este año y que se cumplió con todos los requisitos y precondiciones en materia de seguridad. Aseguró que verificaron que existían señalamientos, ruta de evacuación, salida de emergencia y extinguidores cargados, además de enfatizar que se “verifican con mucho cuidado estas disposiciones”. Después de semejante declaración, tuvo que aceptar hechos y éstos desmienten totalmente sus cínicas aseveraciones.
Para empezar, los vecinos tuvieron que abrir boquetes a mazazos y con autos porque las presuntas puertas de emergencia eran falsas y no había acceso a la entrada principal. Sólo había un extinguidor. Martín Lugo, jefe de bomberos municipal, señaló que aunque había alarmas contra incendios éstas no se activaron porque no las colocaron en los lugares apropiados. El inmueble no tiene más estructura que tres galerones contiguos que cuentan con una pared común entre uno y otro.
Las edades de los pequeños oscilaban entre los 11 meses y los cinco años, y aún no se ha comprobado si estaban en servicio y eran reales los 25 trabajadores que reportaba esta estancia, donde día a día 195 madres de familia les depositaban con toda confianza el resguardo de sus bebés e infantes. El IMSS ha ido, durante los últimos años, de mal en peor. Ya no sólo se trata de la muerte de cientos de adultos por falta de camas, de médicos, de zonas para atender emergencias debidamente equipadas, de escasez de medicinas, de tratamientos, sino que, demostrado ha quedado, la corrupción que ahí impera no conoce ya límites.
El director del IMSS, antes que aceptar cualquier responsabilidad, justificó con licitaciones, supervisiones, normas y reglamentos, una tragedia como la vivida en Hermosillo y hasta deslindó al instituto de toda la responsabilidad haciendo recaer ésta en los bomberos, a quienes acusó de negligencia por no checar que el inmueble operara sin medidas de seguridad. Tal parece que Karam olvidó que lo primero que hicieron en el municipio fue presentar la documentación que acredita a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella como uno de los tres propietarios del inmueble, según se revela en el Registro Público de la Propiedad del lugar y que con esos apellidos hizo el suficiente alarde de influencia como para que el IMSS le aceptara como inmueble para guardería un lugar sin ventanales, sin patio, sin área para juegos, sin ninguna de todas las características con las que debe contar una estancia infantil.
Karam precisó que los supervisores del IMSS no son autoridad competente para avalar instalaciones de seguridad, que lo único que deben verificar es que cuenten con el Plan de Protección Civil y el visto bueno de la autoridad competente. “En este caso ¿quién es la autoridad competente?, el propio municipio. Lo que hizo la supervisora es que se cumplía con las medidas de seguridad requeridas por el IMSS, pero lo demás es responsabilidad de la autoridad de protección civil municipal”, declaró ante los afligidos padres este cínico funcionario cuya cara no ha revelado, en ningún momento, el más mínimo sentimiento de una tragedia como la ocurrida en instalaciones que son de su total y absoluta responsabilidad, diga lo que diga, declare lo que declare, y sea quien sea el que lo respalde.
Karla Rochin Nieto es la coordinadora de las 1,553 guarderías a las cuales asisten hijos de trabajadoras del Seguro Social; de las madres aseguradas que trabajan para particulares; para hijos de jornaleros agrícolas y, unas cuantas, son para niños con discapacidad leve y moderada. Son 228 mil 608 niños los que están al cuidado de los trabajadores de estas estancias, mismos que en su mayoría no han recibido ninguna capacitación para llevar sus labores con la responsabilidad que éstas ameritan.
Es claro que hoy la angustia invade a todos los jefes de familia que por una y mil razones, todas ellas de índole económico, con problemas acrecentados por los pésimos dictados económicos que hunden al país y han generado la peor crisis de desempleo, tienen que llevar a sus niños a estas guarderías. Son miles de quejas las que se han interpuesto por falta de servicios, de medidas de seguridad, de personal capacitado, por los accidentes que se registran día a día, por el descuido, por la mala alimentación, y algunas de ellas hasta son reveladoras de malos tratos, sin embargo, todas ellas se han topado con pared, con esa pared que sólo revela el grado de corrupción a la que se ha llegado el gobierno federal.
Para Calderón, Karam y el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, quien también lleva responsabilidad en el caso, las justificaciones se limitan a cumplir con papeleos y trámites y con ello, se consideran a salvo de todas las críticas que por negligencias en la práctica dejan entrever que lo que se ha logrado es perfeccionar el sistema que cubre irresponsabilidades, fallas, corruptelas y otras lindezas. Después del niño ahogado, los legisladores federales intentan tapar un pozo que sabían estaba convertido en una bomba de tiempo, y que lo mismo podía hacer crisis en Hermosillo, Sonora, que en cualquier otra entidad o al mismo tiempo en varias guarderías en toda la República.
Y tan cínicos unos como otros, el procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta, dijo ayer mismo, en conferencia de prensa, que “no hay inalcanzables”, formuló hipótesis, sostuvo que si ya tuviera algún responsable, ya tendría al arraigado y, finalmente, aceptó que pese a que ya transcurrieron varios días, todavía no tiene las causas exactas del siniestro. Eso sí, al confirmar la muerte de otro menor sostuvo que está proporcionando todos los datos para que vean que nadie está ocultando información.
El gobernador Eduardo Bours se lava las manos y sostiene que el Estado nada tiene que ver, y que si pretenden fincarle alguna responsabilidad es por los tiempos electorales; el del Seguro, ya lo vimos, avienta pelotas para todos lados para librarse de cualquier responsabilidad y Calderón ofrece, a todos los afectados, “tratamientos gratuitos de por vida”. Nadie quiere aceptar que los menores estaban embodegados, que sus primeros años de infancia transcurrían en una bodega sin ventanales, sin aire fresco, es decir, en un ambiente muchísimo más similar al de una cárcel que al de una estancia infantil.
La PGR ha iniciado una investigación que todos sabemos terminará en el bote de la basura porque hasta ahora, nada que pueda dañar a los panistas pasa por la justicia. Ya se sabe que la guardería quedaba atrapada entre una bodega rentada por la Secretaría de Hacienda del Estado y, por el otro lado, un taller mecánico; que el incendio inició en la bodega estatal y como los techos son de poliuretano se produjeron gases altamente inflamables y tóxicos que asfixiaron a unos y, al desplomarse este techo, cayó sobre otros niños y “llovió fuego”.
El sistema que ha implantado el Seguro Social, de subrogar el servicio de estancias infantiles y guarderías, demuestra una vez más que el Estado viene abdicando de todas sus responsabilidades, de las que se le han asignado de manera directa. Así, ya no se trata sólo de inversiones petroleras y generación de energía, en carreteras, en servicios de salud, en hospitales para sus sindicalizados, en el resguardo de las pensiones, en el sistema bancario, en la seguridad pública, en la vigilancia de aeropuertos, en la prestación de servicios públicos que van desde el servicio de grúas, las administradoras de agua, la recoja de basura, etcétera, sino también de la entrega de los hijos de una Nación que por culpa de ellos se ha visto cada día más empobrecida y envilecida.
Una a una van revelándose las fallas que dieron origen a la tragedia y que han causado indignación, consternación y dolor a toda la sociedad. Ante la impotencia y el desazón que han producido todas las informaciones son muchos los ciudadanos que sólo aciertan a expresar “!Hijos de su puta madre!”.
Voto en blanco
Durante el último bimestre del año pasado, en estas mismas líneas citamos, en diversas ocasiones, el libro de José Saramago, “Ensayo sobre la lucidez”, en el cual el principal protagonista es el voto en blanco; este sufragio significa la manera pacífica en la que un pueblo manifiesta el más absoluto rechazo a sus autoridades, ya que alcanza al 83 por ciento del registro electoral. Tal actitud desquicia a todo el aparato gubernamental y a los partidos políticos, los enloquece; los hace llegar a extremos en los que lo mismo consignan acciones terroristas como respaldos de países extranjeros y movimientos políticos internacionales para liquidar al país.
Y nada más alejado de la realidad, ese voto en blanco no era sino la manera discreta y pacífica con la que los ciudadanos, sin siquiera llegar a ponerse de acuerdo, manifestaron su hartazgo. Hoy se ha emprendido una lucha para abatir el abstencionismo pero con una arma mucho peor, con votos anulados, porque ese será el destino de los votos en blanco o con leyendas y, por desgracia, estas manifestaciones de inconformidad carecen de ese sustento legal que lo mismo ha permitido en México que los gobiernos se perpetúen en el poder, que se cometan fraudes o que se siga apoyando a grupos con intereses debidamente identificados que nos tienen hundidos.
Todavía carecemos de una legislación que advierta que de no registrarse una mayoría de votantes que llegue por lo menos al 51 por ciento, no serán considerados como válidos los procesos electorales; tampoco tenemos ningún respaldo que señale o que advierta que si los votos anulados superan determinados porcentajes también serán factor de anulación de elecciones. No hay nada, pues, que permita considerar que hay futuro para que quienes consideran que el voto anulado es la única forma pacífica con que cuentan por ahora para dejar registro de que su inconformidad podría ser siquiera tomada en cuenta.
Es cierto, estamos entrampados porque también votar por los menos malos no ha sido solución; creer en las promesas de los políticos es hasta denigrante. Siguen apostándose millones a este remedo de democracia que, visto está, ha tenido ya un pasado lleno de corrupción, de malos manejos, de podredumbre; un presente que no le otorga ninguna credibilidad y un futuro que siembra miedo entre los ciudadanos. ¿Por cuánto tiempo más?
Acelerada contracción
La combinación de la crisis financiera internacional y el daño causado por la emergencia decretada con motivo del brote de influenza humana en abril pasado, ha sido letal para la economía mexicana, que este año se contraerá 7.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estimó The Economist Intelligence Unit (EIU). La recesión será más profunda que la de 1995 y se registrará el peor desempeño económico en más de 25 años. Esta gravísima situación podría impulsar a los legisladores federales a apoyar las reformas estructurales “necesarias” después de las elecciones de julio, consideró EIU al señalar que los cambios tendrán que centrarse en ampliar la base tributaria del país y reducir la dependencia del gobierno de los ingresos petroleros para financiar sus programas.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que economías emergentes como México, Colombia y Polonia, enfrentan grandes déficit financieros que, de no ser tratados, podrían ponerlos en un riesgo de moratoria y propagarse a través de las economías regionales y globales. A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que el desempleo seguirá creciendo el próximo año. El organismo señaló que Latinoamérica está sufriendo las consecuencias de un problema que no creó y una situación que se originó en los países industriales y en sus sectores financieros. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, calificó el origen de la crisis financiera como un “fallo colosal regulador, supervisor, de gobierno corporativo, de gestión de riesgo”.
La crisis se está viendo reflejada en todos los sectores de la producción. Este lunes, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que la venta de autos nuevos en el país durante mayo registró una caída de 37.7 por ciento, pues sólo fueron vendidas 53 mil 438 unidades, contra las 85 mil 823 del mismo mes del año pasado. La AMDA también reportó el cierre de 40 agencias automotrices en el país en lo que va del año.
El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, admitió que la continua presencia militar en la seguridad pública en el país es a largo plazo peligrosa, y aseguró que la “meta final” de Felipe Calderón, en la guerra contra el narcotráfico, es sacar al Ejército de tareas de seguridad pública lo más pronto posible… Los riesgos de meter a los militares a cuestiones de seguridad pública civil están a la vista de todos… En Nuevo León, policías municipales de Escobedo, San Nicolás y Guadalupe bloquearon ayer las avenidas Manuel L. Barragán, Sendero, Universidad, Nogalar y Fidel Velásquez, en protesta por los operativos realizados desde la semana pasada por el Ejército en sus corporaciones.
La Secretaría de Hacienda debe aclarar los señalamientos de que equipos de fútbol son utilizados para “lavar dinero”, pues dentro de sus obligaciones está fiscalizar a fondo los ingresos de las empresas para evitar la evasión, elusión o blanqueo de recursos, señalaron diputados del PRI, PRD y PAN. Duro pegó en San Lázaro las declaraciones de Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela y sobrino de Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali, quien reveló que “dinero caliente” de narcotraficantes de México está en los equipos de fútbol mexicano.
Hasta Mónica Dalila Rama Cabeza de Vaca, esposa del ex secretario de Seguridad Pública en Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, vincula al gobernador Marco Antonio Adame Castillo en las presuntas relaciones que pudo haber sostenido su cónyuge con el crimen organizado, debido a que “únicamente recibía órdenes” del mandatario estatal.”
lilia_arellano@yahoo.com
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