PLATAFORMA CONSTITUCIONALISTA ASOCIACIÓN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MÉXICO (PCM DE LA APIMAC)
ACCION CIUDADANA, APIMAC.
MAYORES INFORMES A TELS. 04455 39344597,0445535517049 Y 54891275.
e-mail: apimac_2003@yahoo.com.mx, PÁG. WWW.PCMDEAPIMAC.ORG
Programa de televisión martes y jueves de 14:30 a 15:30 hrs. “VIVE LA CONSTITUCION” en www.votoxvoto.com.org
MÁS TRIUNFOS CONTRA LEY DEL ISSSTE
CONCEDE JUEZ DE DISTRITO AMPARO CONTRA EL SENADO
POR NO ESCUCHAR ANTES DE APROBAR LEY DEL ISSSTE
EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO AUXILIAR OTORGA EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL EN JUICIO DE AMPARO CON MOTIVO DE LA DEMANDA PRESENTADA EL 29 DE MARZO DE 2007, EN CONTRA DEL SENADO DE LA REPUBLICA, POR NO HABER ESCUCHADO A TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES ANTES DE QUE SE APROBARA LA NUEVA LEY DEL ISSSTE LO QUE SE SUMA A LAS MILES DE SUSPENSIONES CONTRA NUEVA LEY DEL ISSSTE INVITANDOLES A LA JORNADA INFORMATIVA SOBRE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE ESTA PROTECCION, LAS AUDIENCIAS CON LOS LEGISLADORES FEDERALES Y ESTATALES CONTRA PRIVATIZACION PETROLERA Y REFORMA JUDICIAL, NUEVOS AMPAROS CONTRA APLICACIÓN DE LA LEY DEL ISSST ESTE DOMINGO A LAS 13:00 HS JORNADA INFORMATIVA EN EL HEMICILO A JUAREZ, ALAMEDA CENTRAL, MEXICO DF. CON MARIA TERESA GUZZY, MAGDALENA ROSALES, MARTIN MARTINEZ, JUAN DIEGO MALAGON, CIUTLAHUAC MATA, RAFAEL OLIVERA, JOSE T. CARDOZA, ROBERTO VILLASEÑOR ACEVES, CONCEPCION MIRANDA, SANTOS PANIAGUA, GUADALUPE MARISOL MARTINEZ, ROMAN DIAZ VAZQUEZ, ENTRE OTROS. A TEL: 0445539344597, 0445535517049 E MAIL: plataformaconstitucionalista@yahoo.com.mx. LA COORDINADORA DE TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DEL ISSSTE LA ACCION CIUDADANA DE LA ASOCIACION PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO (PCM DE LA APIMAC) Y EL MOVIMIENTO CIUDADANO OBRADORISTA.
AMPARO CONCEDIDO POR EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO CON MOTIVO DE LA DEMANDA PRESENTADA EL 29 DE MARZO DE 2007, EN CONTRA DEL SENADO DE LA REPUBLICA, POR NO HABER ATENDIDO A TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES ANTES DE QUE SE APROBARA LA NUEVA LEY DEL ISSSTE DOS DIAS ANTES DE SU PUBLICACION CON LO CUAL SE ACREDITA LA VIOLACION A LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA IMPLEMENTACION O PROCESO DE CREACION DE LA LEY REFERIDA.
SEGUNDO. Con la salvedad anterior, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a ROMÁN DÍAZ VÁZQUEZ, JUAN M. CARDOSO DÍAZ, SILVIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUCIO PEÑALOZA, ODILÓN SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ URBINA, LUIS DORANTES ORTIZ, JOSÉ LUIS CORTÉS ARRIAGA, MARÍA ELENA MARTÍNEZ, DAVID VEGA SÁNCHEZ, VIRGILIO CORONA, EDGAR DEGOLLADO RETANA, JOSÉ PANTOJA, AMADO MORENO DOMÍNGUEZ y CEFERINO TELLEZ GONZÁLEZ, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando sexto de esta sentencia, a saber, la falta de respuesta al escrito de veintiséis de marzo de dos mil siete, imputado a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos ahí determinados. NOTIFÍQUESE
ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 5 A 6 PM Y DOMINGOS A LAS 13:00 HS EN EL HEMICICLO A JUAREZ, ALAMEDA CENTRAL MEXICO DF.
FAVOR DE REPRODUCIRLAS Y REEENVIAR POR MEDIO DE ESTA VIA
viernes, marzo 14, 2008
Círculo de Estudios
· Sabado, 15 de Marzo:
Círculo de Estudios Guadalupe Insurgentes
Tendremos la presencia del Ing. Francisco Garaicochea, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera, Coordinador del grupo PEMEX-Constitución del 17. que nos presentará la Conferencia: "Aguas profundas"
17:00 horas, en el Jardín de la Casa de Cultura "José María Velasco"
Calle Ingeniero Roberto Gayol sin número esquina Calle Excelsior
Colonia Guadalupe Insurgentes, a dos cuadras metro Potrero (salida Victoria)
Informes de los Círculos de Estudio:
redesuniversitarias@hotmail.com
http://redescirculodeestudios.blogspot.com
Sitios importantes:
http://soberaniapopular.blogspot.com
Y no dejen de escuchar a RadioAMLO: http://radioamlo.org
Atentamente.
Redes Universitarias y Círculos de Estudio
--
Redes Universitarias
http//redescirculodeestudios.blogspot.com
“Sí, ¿y qué?”
Luis Javier Garrido
En vísperas del 70 aniversario de la expropiación petrolera, el manejo oficial del caso Mouriño no deja lugar a dudas de que Felipe Calderón defiende a su colaborador y brazo derecho a fin de autoprotegerse al irse descubriendo los alcances de las redes de corrupción que se benefician ilegalmente de la privatización de la industria petrolera y de las cuales él aparece como el principal responsable.
1. La crisis política abierta en México por la publicación de las evidencias de los graves actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, se agrava todos los días no tan sólo por la aparición de nuevas informaciones, sino por el desprecio a la legalidad del país con el que están respondiendo Calderón y sus amigos.
2. El golpe al régimen de facto con las revelaciones es demoledor, pues Mouriño ha sido pieza clave de la mecánica calderonista y es irremplazable para el espurio, pues: a) en los negocios “privados” había venido fungiendo como su principal asociado, cómplice y encubridor, b) como su operador privado se había tornado en su alter ego y su mejor apoyo en las relaciones institucionales, c) como hijo del principal socio y prestanombres de Vicente Fox garantizaba la tregua y acomodo de los intereses de las mafias de Fox y de Calderón, d) en tanto que íntimo de Manlio Fabio Beltrones creaba condiciones inmejorables para los acuerdos PAN-PRI en el Congreso, y e) como hombre de confianza del PP neofranquista y de múltiples empresas españolas consolidaba vínculos entre las trasnacionales hispanas y los amigos de Calderón.
3. Felipe Calderón tenía varias opciones para enfrentar el affaire Mouriño y escogió la peor: la que lo incrimina a él también, y de manera abierta, asumiéndose como encubridor y cómplice. La defensa a ultranza de un individuo que ante los mexicanos es mediocre, extranjero y corrupto no ha hecho otra cosa que mostrar la dependencia extrema de Calderón a éste, su carencia de cuadros y su ineptitud para responder en términos políticos a los señalamientos. En vez de actuar con los criterios de un hombre de Estado y aceptar que su colaborador había obrado en la ilegalidad y pedirle su renuncia para ponerlo a disposición de la justicia, Calderón respondió con un complejo diazordacista y cual capo de mafia buscó arroparlo junto con sus cuates: no evidenció fuerza, sino una debilidad extrema.
4. El torpe “sí ¿y qué?”, espetado por Mouriño desde un principio fue visto como una burla por los mexicanos, y el desprestigio en el que se ha ido hundiendo en pocas semanas, arrastrando con él a Calderón, es cada vez mayor, no nada más entre los amplios sectores populares, sino en todos los ámbitos, incluyendo el propio PAN, donde prevalece un creciente malestar; en diversos grupos empresariales y, sobre todo, en las fuerzas armadas. Una encuesta de María de las Heras, publicada en Milenio Diario el 10 de marzo, muestra que 85 por ciento de los mexicanos reprueban a Mouriño y 68 por ciento dicen que “debería renunciar”.
5. El fracaso del régimen de facto ha sido también mediático, pues los mexicanos no le creen en absoluto. La entrevista televisada de un Mouriño confeso y cínico con López Dóriga el jueves 6, aceptando que sí había firmado los contratos, pero que todo era “legal”, fue entendida como una burla por casi todos los medios, y la declaración leída en Bucareli el martes 11, anunciando la entrega de expedientes a la PGR, sin que ésta pudiese aún abrir una investigación al no haber denuncia (La Jornada, 13/3/08) fue vista como el anuncio de la autoexoneración seudojurídica que prepara el gobierno de facto, para el que es “legal” lo que él sostiene y avalan las “instituciones” sometidas a él, y no lo que dicen la Constitución y las leyes.
6. La encerrona de Los Pinos del miércoles 12, en una comilona que anunció por enésima vez el respaldo absoluto de Calderón y de sus incondicionales –los gobernadores panistas y el presidente del PAN– a Mouriño, fue vista como la respuesta de una mafia, aunque para otros no pasa de ser el acto desesperado de una pandilla de barrio, en la que de nuevo no hay muestras de fuerza, sino evidencias de debilidad.
7. El autoapoyo oficial, lejos de salvar a Mouriño, no está conduciendo más que a hundir más a la mafia calderonista evidenciando que todos están inmersos en la corrupción: lejos de detener el conflicto, lo prolonga y agrava. En un régimen democrático, el gobernante legítimo tomaría distancias del corrupto y lo libraría a la justicia para ser procesado; en el gobierno espurio de los pillos panistas, sin darse cuenta todos aceptan ser culpables y quieren imponerse a la mala, aunque su salvación momentánea esté en manos del PRI de Salinas y de su operador principal, el senador Manlio Fabio Beltrones.
8. La torpeza panista ha llevado al gobierno de facto a una situación límite, pues pierde si Mouriño cae ahora, pero también pierde si se queda, como quieren los priístas para desgastar al régimen, pues el que se seguirá hundiendo es Calderón, ya que nadie cree que no conociera que su colaborador ha estado librado a un desbocado tráfico de influencias y que él no sea el principal beneficiario.
9. La defensa a ultranza de Calderón a Juan Camilo Mouriño no sólo no ha logrado detener la caída en picada de su secretario de Gobernación, sino que lo ha hundido a él cada vez más, pues ya no aparece tan sólo como un golpista que se apoderó del poder por la vía del fraude electoral o un inepto gobernante espurio sometido a poderes trasnacionales, sino que el escándalo creciente está descubriendo nuevas redes de corrupción que pretenden enriquecerse con el patrimonio petrolero de la nación, todas las cuales apuntan a Calderón.
10. La crisis nacional se ha ahondado en unos días de manera grave, evidenciando que el gobierno de facto carece de toda viabilidad y que México no puede seguir cuatro años más hundido en este desastre de corrupción e ineficiencia.
En vísperas del 70 aniversario de la expropiación petrolera, el manejo oficial del caso Mouriño no deja lugar a dudas de que Felipe Calderón defiende a su colaborador y brazo derecho a fin de autoprotegerse al irse descubriendo los alcances de las redes de corrupción que se benefician ilegalmente de la privatización de la industria petrolera y de las cuales él aparece como el principal responsable.
1. La crisis política abierta en México por la publicación de las evidencias de los graves actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, se agrava todos los días no tan sólo por la aparición de nuevas informaciones, sino por el desprecio a la legalidad del país con el que están respondiendo Calderón y sus amigos.
2. El golpe al régimen de facto con las revelaciones es demoledor, pues Mouriño ha sido pieza clave de la mecánica calderonista y es irremplazable para el espurio, pues: a) en los negocios “privados” había venido fungiendo como su principal asociado, cómplice y encubridor, b) como su operador privado se había tornado en su alter ego y su mejor apoyo en las relaciones institucionales, c) como hijo del principal socio y prestanombres de Vicente Fox garantizaba la tregua y acomodo de los intereses de las mafias de Fox y de Calderón, d) en tanto que íntimo de Manlio Fabio Beltrones creaba condiciones inmejorables para los acuerdos PAN-PRI en el Congreso, y e) como hombre de confianza del PP neofranquista y de múltiples empresas españolas consolidaba vínculos entre las trasnacionales hispanas y los amigos de Calderón.
3. Felipe Calderón tenía varias opciones para enfrentar el affaire Mouriño y escogió la peor: la que lo incrimina a él también, y de manera abierta, asumiéndose como encubridor y cómplice. La defensa a ultranza de un individuo que ante los mexicanos es mediocre, extranjero y corrupto no ha hecho otra cosa que mostrar la dependencia extrema de Calderón a éste, su carencia de cuadros y su ineptitud para responder en términos políticos a los señalamientos. En vez de actuar con los criterios de un hombre de Estado y aceptar que su colaborador había obrado en la ilegalidad y pedirle su renuncia para ponerlo a disposición de la justicia, Calderón respondió con un complejo diazordacista y cual capo de mafia buscó arroparlo junto con sus cuates: no evidenció fuerza, sino una debilidad extrema.
4. El torpe “sí ¿y qué?”, espetado por Mouriño desde un principio fue visto como una burla por los mexicanos, y el desprestigio en el que se ha ido hundiendo en pocas semanas, arrastrando con él a Calderón, es cada vez mayor, no nada más entre los amplios sectores populares, sino en todos los ámbitos, incluyendo el propio PAN, donde prevalece un creciente malestar; en diversos grupos empresariales y, sobre todo, en las fuerzas armadas. Una encuesta de María de las Heras, publicada en Milenio Diario el 10 de marzo, muestra que 85 por ciento de los mexicanos reprueban a Mouriño y 68 por ciento dicen que “debería renunciar”.
5. El fracaso del régimen de facto ha sido también mediático, pues los mexicanos no le creen en absoluto. La entrevista televisada de un Mouriño confeso y cínico con López Dóriga el jueves 6, aceptando que sí había firmado los contratos, pero que todo era “legal”, fue entendida como una burla por casi todos los medios, y la declaración leída en Bucareli el martes 11, anunciando la entrega de expedientes a la PGR, sin que ésta pudiese aún abrir una investigación al no haber denuncia (La Jornada, 13/3/08) fue vista como el anuncio de la autoexoneración seudojurídica que prepara el gobierno de facto, para el que es “legal” lo que él sostiene y avalan las “instituciones” sometidas a él, y no lo que dicen la Constitución y las leyes.
6. La encerrona de Los Pinos del miércoles 12, en una comilona que anunció por enésima vez el respaldo absoluto de Calderón y de sus incondicionales –los gobernadores panistas y el presidente del PAN– a Mouriño, fue vista como la respuesta de una mafia, aunque para otros no pasa de ser el acto desesperado de una pandilla de barrio, en la que de nuevo no hay muestras de fuerza, sino evidencias de debilidad.
7. El autoapoyo oficial, lejos de salvar a Mouriño, no está conduciendo más que a hundir más a la mafia calderonista evidenciando que todos están inmersos en la corrupción: lejos de detener el conflicto, lo prolonga y agrava. En un régimen democrático, el gobernante legítimo tomaría distancias del corrupto y lo libraría a la justicia para ser procesado; en el gobierno espurio de los pillos panistas, sin darse cuenta todos aceptan ser culpables y quieren imponerse a la mala, aunque su salvación momentánea esté en manos del PRI de Salinas y de su operador principal, el senador Manlio Fabio Beltrones.
8. La torpeza panista ha llevado al gobierno de facto a una situación límite, pues pierde si Mouriño cae ahora, pero también pierde si se queda, como quieren los priístas para desgastar al régimen, pues el que se seguirá hundiendo es Calderón, ya que nadie cree que no conociera que su colaborador ha estado librado a un desbocado tráfico de influencias y que él no sea el principal beneficiario.
9. La defensa a ultranza de Calderón a Juan Camilo Mouriño no sólo no ha logrado detener la caída en picada de su secretario de Gobernación, sino que lo ha hundido a él cada vez más, pues ya no aparece tan sólo como un golpista que se apoderó del poder por la vía del fraude electoral o un inepto gobernante espurio sometido a poderes trasnacionales, sino que el escándalo creciente está descubriendo nuevas redes de corrupción que pretenden enriquecerse con el patrimonio petrolero de la nación, todas las cuales apuntan a Calderón.
10. La crisis nacional se ha ahondado en unos días de manera grave, evidenciando que el gobierno de facto carece de toda viabilidad y que México no puede seguir cuatro años más hundido en este desastre de corrupción e ineficiencia.
La filosofía perenne
(...)
12) A nada ni a nadie rechaza la Filosofía perenne... Incluso el materialismo más feroz, por ejemplo, forma parte de la cosmovisión integral e integrada de esta Filosofía.
Como un círculo concéntrico muy alejado del núcleo del círculo (materialismo-espiritualismo), pero al fin y al cabo como parte del círculo de la verdad acerca del ser, del pensar y del hacer...
13) Lo único que rechaza con energía esta Filosofía perenne, siguiendo el mismo ejemplo, es que este materialismo feroz quisiese colocarse como núcleo central de la verdad acerca del ser, del pensar y del hacer... No rechacemos los aportes de cualquier materialismo, incluso del materialismo extremo, pero tampoco pretendamos concederles más de lo que realmente pueden aportar al pensamiento...
La Filosofía de la Edad Media es, por ello, una Filosofía abierta, contra lo que pueda decirse gratuitamente en contra de ella...
(...)
15) Y por ser una Filosofía abierta y conciliadora, se convierte en el PUENTE entre la Filosofía de la Antigüedad (1) y la Filosofía de la Edad Moderna (2)...
Es ella el "tercer término", el número 3, que sintetiza, que trasciende, que concilia y unifica y realiza la verdadera Filosofía...
(...)
19) El concepto analógico para los fenómenos bio-psico-social-espirituales de la salud y el bienestar es "la homeostasis"...
es sumar y no restar... es "equilibrio"… es conjunción y no disyunción... es evitar y sanar las polarizaciones y extremos de la fisiología, o de la psique, o incluso del espíritu... Glucosa Y sodio, ambos, en equilibrio celular homeostásico… Vida Y muerte, ambas, en la dinámica intracelular e intercelular y de los tejidos... Razón y pasión, en una dinámica equilibrada de las emociones y del espíritu…
20) El concepto analógico para los fenómenos bio-psico-social-espirituales de la enfermedad es también "la homeostasis" u "homeopatía"...
21) Así que, el concepto analógico para los fenómenos del pensamiento, de la verdad, de la conducta, de la vida, no puede ser sino el mismo... Simplemente: "el justo medio", el equilibrio, "la homeostasis"... Es en la Filosofía de la Edad Media donde encontramos la "homeostasis del pensamiento y de la vida"...
El acercamiento y el tratamiento que la Filosofía perenne da a los grandes problemas filosóficos es verdaderamente "homeopático" y logra una admirable "homeostasis" de síntesis e integración del pensamiento...
22) Tal vez, entonces, pudiéramos y debiéramos llamarle a esta Filosofía de la Edad Media, a la Filosofía perenne, la HOMEOFILOSOFÍA...
Por ser ella una filosofía que sana, que ilumina, que pacifica...
Si deseas leer este artículo completo da click en el siguiente link:
LA FILOSOFÍA PERENNE
Álvaro, Artesano en Resistencia
LA FILOSOFÍA PERENNE
Álvaro, Artesano en Resistencia
Petróleo: quién manda en México
Adolfo Gilly .La Jornada, 10 de marzo de 2008
La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.
El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.
Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.
Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.
Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.
Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.
Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.
Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.
Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).
Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.
El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.
Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.
¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?
¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?
Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.
Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.
El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.
En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.
La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.
El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.
Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.
Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.
Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.
Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.
Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.
Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.
Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).
Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.
El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.
Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.
¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?
¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?
Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.
Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.
El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.
En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.
Boletín Informativo ISa núm 375
http://www.serviciodenoticiasis
“EN UN TRIBUNAL PÚBLICO, CON PAPELES SOBRE LA MESA, SE DEMOSTRARÍA QUE EL AHORA SECRETARIO DE GOBERNACIÓN SÍ INCURRIÓ EN UN TRÁFICO DE INFLUENCIAS”, DECLARA LÓPEZ OBRADOR
Desde el sureste mexicano —donde el día de hoy inició un recorrido de tres días por municipios tabasqueños— Andrés Manuel López Obrador emplazó a Juan Camilo Mouriño Terrazo a un debate público, de cara a la nación, para cotejar documentos y para ver quién es quién: “para que no se ande por las ramas y pretenda escabullirse con la protección de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que está al servicio del presidente pelele, Felipe Calderón y del propio Mouriño”.
Así respondió hoy el presidente legítimo de México a la decisión del propio Mouriño, quien ayer entregara documentación a la PGR sobre las acusaciones en su contra por tráfico de influencias que López Obrador ha levantado en su contra. “En un tribunal público, con papeles sobre la mesa, se demostraría que el ahora secretario de Gobernación sí incurrió en un tráfico de influencias, cuando ocupaba una curul en la Cámara de Diputados y los cargos de asesor y subsecretario en la Secretaría de Energía, cuyo titular era Felipe Calderón”, precisó el dirigente de la izquierda mexicana al insistir en la necesidad de que se constituya una Comisión Investigadora tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Tanto en Tenosique, como en Balancán y Emiliano Zapata, López Obrador informó que tiene en su poder más documentos que muestran claramente cómo Mouriño Terrazo sí incurrió en un tráfico de influencias en todo el sector energético.
Al iniciar una gira de trabajo de tres días por los 17 municipios de su estado natal, el presidente legítimo de México llamó a Mouriño a un debate. “Lo emplazo para que podamos aparecer en las televisoras, con un moderador, para ver quién es quién y podamos esclarecer” la denuncia en su contra, por tráfico de influencias.
Con un debate, quedaría demostrado que detrás de todo están los negocios familiares y “que todo lo demás es pura facha, pura paja, pura faramalla”, subrayó al reiterar que Mouriño sí firmó, en calidad de apoderado general de su empresa familiar, contratos con Pemex, precisamente cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, como subsecretario de la Secretaría de Energía.
La familia Mouriño “tienen un consorcio en Campeche, de esos que se van para arriba. Como la espuma, se van elevando en cuanto a importancia financiera y violando las leyes e incurriendo en tráfico de influencias” afirmó López Obrador ante sus coterráneos. Acompañado por la senadora del PRD Rosalinda López, diputados federales y locales, afirmó a sus paisanos que “ahora los panistas, el gobierno usurpador y hasta los alcahuetes de los priistas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa pretenden cobijar, proteger, encubrir y solapar a Mouriño. Pero —aclaró— “si tuviese un poco de vergüenza ya hubiese dejado el cargo” el inquilino del Palacio de Covián.
López Obrador hizo énfasis en que aparentemente Mouriño puso a disposición de la PGR toda la información para que realice las investigaciones del caso. “Nada más que eso es puro cuento, porque el procurador general de la República es su empleado y qué le va a investigar”. López Obrador estimó que en el corto plazo las autoridades de la Procuraduría General de la República emitirán una resolución y dirán que no procede la denuncia pública y, por tanto, no hay delito que perseguir.
Lo importante y necesario, prosiguió, es que se forme una comisión investigadora legislativa, porque hay documentos que sustentan que el expediente Mouriño se circunscribe a un caso de corrupción y de tráfico de influencias.
“Qué casualidad que, una vez que arriba al cargo, que ya tiene agarraderas y que tiene influencias, es cuando empieza a firmar los contratos. Todo esto lo vamos a dar a conocer y hay otros contratos que tienen que ver también con el sector energético”, añadió.
Adelantó que con la compra de gas, se han hecho operaciones jugosísimas, al amparo del poder público y, desde luego, en contra de los intereses del pueblo de México.
En entrevista posterior, el presidente legítimo de los mexicanos dijo que las explicaciones vertidas por Mouriño para dar respuesta a las acusaciones en su contra no van a convencer a nadie. “Es una farsa. Yo le propongo a Mouriño que presentemos frente a frente los papeles. Yo tengo más información de cómo se ha dedicado a traficar con sus cargos”.
Cuando le expresaron los reporteros que mientras López Obrador recurría a la denuncia pública y Mouriño optaba por la vía institucional, aclaró que el secretario de Gobernación recurría sólo a una maniobra, pero que finalmente se trata “de una vacilada. Ahora resulta que Mouriño es hasta vocero de la PGR”, dijo el político tabasqueño en relación con la conferencia de prensa que ofreció el titular de Gobernación para dar a conocer la detención de un presunto narcotraficante, que será extraditado a Estados Unidos.
Movimientos en contextos de guerra
Raúl Zibechi
El 6 de marzo los movimientos sociales y políticos de Colombia consiguieron abrir una brecha en un escenario marcado por el militarismo, la polarización y la guerra. En más de 20 ciudades, miles de personas salieron a las calles convocadas por un abanico de organizaciones entre las que destaca el Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), en homenaje a los asesinados y desaparecidos por los paramilitares. Sólo en Bogotá fueron más de 200 mil.
No fue sencillo. El 4 de febrero millones de colombianos habían repudiado a las FARC, convocados por el gobierno de Álvaro Uribe, quien utilizó toda la maquinaria del Estado para alentar la convocatoria, pero también autoconvocados por el cansancio con una guerra que dura ya seis décadas, desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Se estima que sólo en los primeros años de La Violencia, como se denomina en Colombia la guerra entre conservadores y liberales que se desató el mismo día del magnicidio, murieron 200 mil personas. A partir de 1960 la guerra fue escalando a niveles desconocidos en un continente atravesado por conflictos sociales que las elites se empeñan en militarizar.
Colombia ostenta el segundo lugar del mundo en cantidad de población desplazada por la violencia: 4 millones, 10 por ciento de la población. Según Iván Cepeda, dirigente del Movice, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en 1994 por el “delito” de pertenecer al partido legal Unión Patriótica, unos 20 mil colombianos fueron enterrados en fosas clandestinas en las dos últimas décadas. Entre ellos figuran 2 mil 550 sindicalistas y mil 700 indígenas, además de 5 mil miembros de la UP. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3 mil 500 masacres y robaron 6 millones de hectáras. Desde 2002, luego de la desmovilización, asesinaron a 600 personas cada año y llegaron a controlar 35 por ciento del Congreso, según denuncia del Movice.
Aunque todos los actores de la guerra –fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla– violentan y asesinan a la población civil, los paramilitares gozan de impunidad gracias a los acuerdos de desmovilización pactados con el gobienro de Uribe. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la supuesta desmovilización paramilitar es un amplio operativo de impunidad, toda vez que la Fiscalía tiene registradas 121 mil 547 víctimas de delitos de los grupos paramilitares que están quedando sin castigo. Hasta ahora sólo 55 dirigentes paramilitares han sido llevados a la cárcel, entre ellos una veintena de parlamentarios oficalistas. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan a un centenar de estrechos colaboradores del presidente Uribe por sus conexiones con los paramilitares.
Estos hechos y la denuncia de Newsweek sobre las relaciones que el propio Uribe mantuvo con los paramilitares permiten a analistas considerar que se está produciendo la paramilitarización del Estado. Siguiendo el modelo que se implementa en Afganistán e Irak, en las zonas donde el ejército consigue erradicar a la guerrilla se procede a una restructuración del poder “que fusiona las instituciones y la sociedad civil en un marco cívico militar”, señala Cepeda. Corresponde a las fuerzas de seguridad aplicar la Doctrina de Acción Integral, por la cual los uniformados se encargan de los servicios básicos, acciones sociales y humanitarias, sustituyendo al Estado nacional decrépito. En una sociedad de ese tipo no existe espacio para movimientos sociales autónomos, acusados de terroristas.
Estas prácticas son hijas de la guerra y contribuyen a militarizar la sociedad a través de un rígido y estricto control vertical. Pero no son un fin en sí mismas; el control de la población se pone al servicio de la dominación de los territorios de los que fueron expulsados los campesinos. En Colombia, las 6 millones de hectáreas usurpadas en las dos últimas décadas y las zonas de frontera donde pretenden avanzar los paramilitares son territorios de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los que se están asentando las multinacionales con proyectos de minería y cultivos para la producción de agrocombustibles. La guerra es un negocio exitoso para el capital, que le permite conquistar y controlar territorios para ampliar su proceso de acumulación.
En ese clima, la marcha del 6 de marzo fue estigmatizada por el gobierno de Uribe. Varios ministros dijeron que era a favor de FARC, aserto que desmintieron los rehenes recién liberados por esa guerrilla al acudir a la convocatoria. Es la primera vez que una acción tan masiva de la sociedad civil consigue abrirse paso en medio de la guerra. Hasta ahora las acciones masivas contra el conflicto habían sido de carácter local y protagonizadas por actores regionales, destacando la Minga por la Vida, marcha a Cali de las comunidades indígenas del Cauca en setiembre de 2004.
Es probable que la jornada del 6 de marzo se convierta en un parteaguas para los movimientos y la sociedad civil colombiana. En diciembre, en el coloquio en homenaje a Andrés Aubry celebrado en San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos señaló que la guerra es una forma esencial “por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia”. Agregó que “es en la paz donde es más difícil hacer negocios”, para concluir: “Por eso la paz es anticapitalista”.
El 6 de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo el lema Ni imperio, ni guerra, ni FARC, señaló en un comunicado: “La guerra es un medio hacia un fin, la anexión de territorios y el sometimiento de pueblos con fines económicos. Nada hay más subversivo y antimperialista que una paz digna que garantice la soberanía de los pueblos y nuestro derecho a definir y seguir nuestra agenda sin que nos la impongan imperios y ejércitos”. Al parecer, desde los sótanos de nuestras sociedades las cosas se ven con otra luz.
El 6 de marzo los movimientos sociales y políticos de Colombia consiguieron abrir una brecha en un escenario marcado por el militarismo, la polarización y la guerra. En más de 20 ciudades, miles de personas salieron a las calles convocadas por un abanico de organizaciones entre las que destaca el Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), en homenaje a los asesinados y desaparecidos por los paramilitares. Sólo en Bogotá fueron más de 200 mil.
No fue sencillo. El 4 de febrero millones de colombianos habían repudiado a las FARC, convocados por el gobierno de Álvaro Uribe, quien utilizó toda la maquinaria del Estado para alentar la convocatoria, pero también autoconvocados por el cansancio con una guerra que dura ya seis décadas, desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Se estima que sólo en los primeros años de La Violencia, como se denomina en Colombia la guerra entre conservadores y liberales que se desató el mismo día del magnicidio, murieron 200 mil personas. A partir de 1960 la guerra fue escalando a niveles desconocidos en un continente atravesado por conflictos sociales que las elites se empeñan en militarizar.
Colombia ostenta el segundo lugar del mundo en cantidad de población desplazada por la violencia: 4 millones, 10 por ciento de la población. Según Iván Cepeda, dirigente del Movice, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en 1994 por el “delito” de pertenecer al partido legal Unión Patriótica, unos 20 mil colombianos fueron enterrados en fosas clandestinas en las dos últimas décadas. Entre ellos figuran 2 mil 550 sindicalistas y mil 700 indígenas, además de 5 mil miembros de la UP. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3 mil 500 masacres y robaron 6 millones de hectáras. Desde 2002, luego de la desmovilización, asesinaron a 600 personas cada año y llegaron a controlar 35 por ciento del Congreso, según denuncia del Movice.
Aunque todos los actores de la guerra –fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla– violentan y asesinan a la población civil, los paramilitares gozan de impunidad gracias a los acuerdos de desmovilización pactados con el gobienro de Uribe. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la supuesta desmovilización paramilitar es un amplio operativo de impunidad, toda vez que la Fiscalía tiene registradas 121 mil 547 víctimas de delitos de los grupos paramilitares que están quedando sin castigo. Hasta ahora sólo 55 dirigentes paramilitares han sido llevados a la cárcel, entre ellos una veintena de parlamentarios oficalistas. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan a un centenar de estrechos colaboradores del presidente Uribe por sus conexiones con los paramilitares.
Estos hechos y la denuncia de Newsweek sobre las relaciones que el propio Uribe mantuvo con los paramilitares permiten a analistas considerar que se está produciendo la paramilitarización del Estado. Siguiendo el modelo que se implementa en Afganistán e Irak, en las zonas donde el ejército consigue erradicar a la guerrilla se procede a una restructuración del poder “que fusiona las instituciones y la sociedad civil en un marco cívico militar”, señala Cepeda. Corresponde a las fuerzas de seguridad aplicar la Doctrina de Acción Integral, por la cual los uniformados se encargan de los servicios básicos, acciones sociales y humanitarias, sustituyendo al Estado nacional decrépito. En una sociedad de ese tipo no existe espacio para movimientos sociales autónomos, acusados de terroristas.
Estas prácticas son hijas de la guerra y contribuyen a militarizar la sociedad a través de un rígido y estricto control vertical. Pero no son un fin en sí mismas; el control de la población se pone al servicio de la dominación de los territorios de los que fueron expulsados los campesinos. En Colombia, las 6 millones de hectáreas usurpadas en las dos últimas décadas y las zonas de frontera donde pretenden avanzar los paramilitares son territorios de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los que se están asentando las multinacionales con proyectos de minería y cultivos para la producción de agrocombustibles. La guerra es un negocio exitoso para el capital, que le permite conquistar y controlar territorios para ampliar su proceso de acumulación.
En ese clima, la marcha del 6 de marzo fue estigmatizada por el gobierno de Uribe. Varios ministros dijeron que era a favor de FARC, aserto que desmintieron los rehenes recién liberados por esa guerrilla al acudir a la convocatoria. Es la primera vez que una acción tan masiva de la sociedad civil consigue abrirse paso en medio de la guerra. Hasta ahora las acciones masivas contra el conflicto habían sido de carácter local y protagonizadas por actores regionales, destacando la Minga por la Vida, marcha a Cali de las comunidades indígenas del Cauca en setiembre de 2004.
Es probable que la jornada del 6 de marzo se convierta en un parteaguas para los movimientos y la sociedad civil colombiana. En diciembre, en el coloquio en homenaje a Andrés Aubry celebrado en San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos señaló que la guerra es una forma esencial “por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia”. Agregó que “es en la paz donde es más difícil hacer negocios”, para concluir: “Por eso la paz es anticapitalista”.
El 6 de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo el lema Ni imperio, ni guerra, ni FARC, señaló en un comunicado: “La guerra es un medio hacia un fin, la anexión de territorios y el sometimiento de pueblos con fines económicos. Nada hay más subversivo y antimperialista que una paz digna que garantice la soberanía de los pueblos y nuestro derecho a definir y seguir nuestra agenda sin que nos la impongan imperios y ejércitos”. Al parecer, desde los sótanos de nuestras sociedades las cosas se ven con otra luz.
Bolivia. No hay dos demonios
Barómetro Internacional
Por: Bruno Lima Rocha
La media luna boliviana camina y marcha rumbo al posible ajuste de cuentas con su propia historia. Si, es cierto, la oligarquía cruceña hace hincapié en el sello étnico-político de Cambas para confrontar antecedentes del Jacha Uma Suyu. Pero, eso de terratenientes pro Brasil Imperio, plantando soja y queriendo autonomía de comercio, reivindicaren orígenes guaraníes es una broma de muy mala onda.
Tampoco hay que dejarse cuentear con eso de dos demonios. La oposición social en Bolivia, quiere la pluralidad jurídica, y para eso más bien que no confían en el ejército de Barrientos y Banzer. Ya los oligarcas, una vez que los milicos no están enamorados de otro narco-golpe, evocan el discurso anti-indígena, la falange de los ’30 y la UJC post-Goni. Lo que está sobre el tablero es eso.
Ojala llegue un día cuando los politólogos, analistas, editorialistas y reporteros de turno tengan la honestidad intelectual de aportar interpretaciones a partir de los hechos actuales. Si no hacen por honestos, que lo hagan por avivados. Esto porque, además, mitología por mitología, la de los collas es mucho más fuerte e interesante.
Pluralismo jurídico y otra forma de poder.
La pluralidad jurídica no es algo nebuloso pero si lo es el posible quiebre en la continuidad del Estado como heredero de la Invasión y Conquista. El mallku implica la juridicidad de una sociedad federal, con fuertes raíces en los pueblos originarios, y reorganizada en las ciudades.
Curiosa preocupación. Los agentes económicos globalizados, incluso los oligarcas cruceños con el apodo de “cambas”, siempre pasan por arriba del marco jurídico en nombre de la agilidad transaccional. Es más que eso. Aplican a premisa que la libertad económica es superior a la libertad política.
La fórmula de chamullo de los oligarcas ya fue aplicada en Chile. Si la gente no se organiza en Bolivia, preparando-se, la historia puede repetirse. O sea, la construcción de otra base societaria tiene que venir acompañada del debilitamiento de la base de la sociedad actual.
E-mail: blimarocha@via-rs.net
Proponen una Organización de Estados Americanos sin Estados Unidos
Barómetro InternacionalUna paz crispada
Por: Ernesto Tamara
La Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo, logró poner paños fríos a la disputa de Colombia con sus vecinos, aunque es prematuro considerar que la crisis ha sido resuelta. El presidente colombiano Alvaro Uribe, pidió disculpas por el ataque a territorio ecuatoriano, se comprometió a no empreder nuevas acciones de ese tipo, pero insistió en que su doctrina de la ”seguridad democrática” para Colombia, está por encima de las fronteras y el respeto a la soberanía de sus vecinos.
También está por ver cual será la reacción de los militares colombianos que, según versiones, impusieron su línea dura en el gobierno colombiano para frenar todo acuerdo o canje humanitario con las guerrillas de las FARC, y la reacción de otro actor, quizás el más poderoso, Estados Unidos, empeñado de hacer jugar a Colombia el mismo papel que Israel cumple en Medio Oriente.
Estados Unidos también debe pedir disculpas.
La sospecha de que Estados Unidos participó en la preparación y ejecución del ataque colombiano al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano lo hace no sólo participe de la crisis, sino también objeto de la condena que en algún momento debe aprobar la Organización de Estados Americanos (OEA).
El artículo 21 de la Carta Orgánica de la OEA no deja lugar a dudas: ”El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción”.
Si se prueba o Estados Unidos reconoce que participó en la operación militar, la OEA deberá extender la condena al gobierno del presidente George Bush. Hasta ahora ningún gobierno ha reclamado un reconocimiento de Estados Unidos de haber estado implicado en la acción, aunque todos juzgan evidente que el ataque no pudo llevarse a cabo sin la participación, directa o indirecta de los norteamericanos.
En las primeras declaraciones del gobierno de Ecuador ya se indicaba que una potencia extranjera había colaborado en la acción militar. Otros testimonios indicaban que la operación se fraguó desde la base militar norteamericana en Manta, Ecuador.
La lentitud en condenar la acción ilegal de Colombia reconocida ahora por su mandatario en la Cumbre del Grupo de Río y la falta de acusación contra Estados Unidos, lesiona aún más el poco prestigio de la OEA, definida hace bastante tiempo como “el Ministerio de las colonias”.
De la OEA a la OEL.
Es significativo que el acuerdo para frenar la escalada bélica y recomponer las relaciones se haya verificado sin la presencia de diplomáticos norteamericanos. Cómo subrayaron varios líderes regionales, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) se toma varios días para ”analizar” la situación sin condenar una agresión que abiertamente infringe contra el artículo 21 de su Carta Orgánica, en una cumbre de seis horas, los líderes latinoamericanos, aunque discutieron fuertemente, llegaron a firmar un documento que compromete a las partes y frena el deterioro de las relaciones y la movilización de tropas en las fronteras.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que Estados Unidos quiso bloquear todo intento de resolver las crisis con Colombia en favor de su país. El apoyo de Estados Unidos a Colombia en esta crisis fue claro, afirmó Correa en su cadena radial del sábado, tras su regreso a Quito después de la Cumbre en Santo Domingo.
Correa reveló que varios dignatarios le dijeron que los presionaron para que no tomaran ninguna posición y descartaran trabajar para una solución al conflicto ecuatoriano-colombiano, con el argumento de que se trataba de un problema bilateral. ”Por suerte, los mandatarios entendieron que se abordaba un asunto multilateral y se resolvió este conflicto, generado por la violación de la soberanía nacional de Ecuador por fuerzas militares de Colombia”, subrayó.
Correa destacó que Estados Unidos es responsable de que la crisis no se haya resuelto en la OEA. “Uno de los problemas de que la OEA no avance más rápido, son los Estados Unidos” recalcó el gobernante. Para ello insistió que esta experiencia hace necesario crear una OEA, sin Estados Unidos.
Necesitamos una OEA sólo conformada por países de la región, “es decir una Organización de Estados Latinoamericanos”, resaltó Correa en su cadena radial. “Sólo un día (se resolvió esta crisis), y fíjense la OEA cuánto tiempo va a tomar: se reciben a los dos países, dos días discutiendo; de ahí a la comisión verificadora y el 17 de marzo se reúne la Asamblea de cancilleres (de esa agrupación). Y hay que ver si se toma una resolución”, aseveró.
La ausencia directa de delegados norteamericanos fue también destacada por otros mandatarios al comentar la resolución de la Cumbre del Grupo de Río.
El imperio norteamericano “fue el gran derrotado en la Cumbre del Grupo de Río en un evento que pasará a la historia de Latinoamérica”, comentó por ejemplo el presidente venezolano Hugo Chávez. “Ha sido una verdadera prueba de fuego, nos hemos puesto a prueba y hemos demostrado al imperio norteamericano y a sus agentes que ya no es Cuba sola la que está dispuesta a enfrentar la arremetida”, afirmó Chávez. “Somos capaces de ponernos de pie con dignidad, de demostrar nuestra voluntad de unirnos y de ser libres, como lo hicimos en estos últimos días”.
El ex presidente cubano, Fidel Castro también evaluó positivamente ese aspecto. “El hecho real es que muy próximo al estallido de conflictos bélicos entre pueblos hermanos como consecuencia de las intrigas yanquis, allí quedó sellada la paz en lo inmediato y la conciencia de que no estamos obligados a guerras entre pueblos que comparten sólidos vínculos de hermandad” escribió en una de sus notas de reflexión. El líder histórico de la Revolución cubana destacó el hecho de que el debate no tuviera lugar en el seno de la OEA y estimó esencial que los diplomáticos de Estados Unidos no estuvieran presentes.
La Cumbre del Grupo de Río.
La reunión no comenzó en forma sencilla y los presidente Rafael Correa y Álvaro Uribe debatieron intensamente y se cruzaron acusaciones.
El presidente colombiano insistió en sus acusaciones de los días previos, de que los gobiernos de Ecuador y Venezuela colaboran con la guerrilla y para ello se remitió a documentos supuestamente encontrados en las computadoras de Raúl Reyes.
Uribe admitió que violó la soberanía de Ecuador y asumió la responsabilidad. “Me hago absolutamente responsable”, dijo Uribe. También admitió que no había informado a Correa de la incursión del otro lado de la frontera. Dijo que no lo había hecho porque tenía sospechas de que el gobierno ecuatoriano habría advertido a los guerrilleros. “De haberle dicho al gobierno ecuatoriano habría fracasado el operativo”, cargó.
Insistió en que su doctrina es la “seguridad democrática” y trató de “infantiles” a los presidentes que acusaron a Estados Unidos de estar promoviendo el conflicto. “Dejemos de lado ese infantilismo latinoamericano de la guerra fría. Cada vez que hay un problema lo imputan a Estados Unidos”, dijo Uribe.
Cuando el nicaragüense Daniel Ortega lo acusó de estar reeditando la Doctrina de la Seguridad Nacional y la coordinación represiva del Plan Cóndor, el colombiano dijo que lo suyo era la “seguridad democrática”, e insistió en que ese concepto debe estar por encima de la soberanía, aunque después debió retractarse.
Correa cuestionó la violación de la soberanía territorial por parte de Colombia. Con documentos e imágenes, demostró que la incursión en su territorio había existido.
Recordó la vigencia de acuerdos continentales suscritos por Colombia los cuales proscriben cualquier intervención castrense y establecen el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. ¿Dónde está la seguridad, dónde están los soldados si usted admite que los guerrilleros colombianos atraviesan las fronteras sin oposición?, preguntó el mandatario ecuatoriano.
“No puedo aceptar las falacias de Uribe; usted es culpable por sus políticas militaristas”, dijo Correa en alusión a denuncias del presidente colombiano de que ministros ecuatorianos tienen contactos con la guerrilla colombiana. Recordó que el movimiento guerrillero colombiano fue fundado hace casi medio siglo y, en 2004, se registraron ataques de los rebeldes desde Ecuador, cuando el país estaba bajo el régimen del coronel Lucio Gutiérrez, próximo a Washington.
La replica de Correa fue seguida de una breve alocución del presidente mexicano, Felipe Calderón, centrada en una exhortación a su par colombiano a que "pida disculpas sin ambigüedades y a asegurar que esos hechos no se repetirán".
Por su parte el presidente Hugo Chávez llamó a una salida racional del contencioso. En ese sentido advirtió que la doctrina defendida por su par colombiano, Álvaro Uribe, sólo puede conducir a una peligrosa regionalización e internacionalización de este conflicto.
Chávez insistió en que el principio de soberanía reivindicado por Uribe es afín con el discurso del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y sólo puede conducir a Latinoamérica a una hecatombe en la que el gran interesado es Estados Unidos.
Discrepó del criterio de Bogotá de llamar terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Para nosotros son fuerzas insurgentes, fuerzas guerrilleras y hay que reconocerlo así para buscar un camino de paz", indicó. También alertó que el prolongado conflicto colombiano no tiene salida militar y reiteró la disposición de su gobierno de contribuir en el canje humanitario entre las fuerzas beligerantes de esa nación.
En su intervención recordó que en su juventud combatió a la guerrilla como soldado del Ejército. También rememoró las acusaciones que le habían hecho los ex presidentes Ernesto Samper y Hugo Banzer. Ambos mandatarios lo habían vinculado con el financiamiento de la guerrilla. En los dos casos, según Chávez, las imputaciones habían estado inspiradas por Washington. Entonces puso como ejemplo al bolivariano Banzer, quien llegó a pedirle disculpas durante un viaje al mirador de Carabobo en Venezuela. Chávez usó ese ejemplo para invitar a Uribe a hacer lo mismo.
El documento de la Cumbre.
El documento final, producto de varias negociaciones se sostiene que se hicieron más de 10 borradores- rechaza la agresión colombiana a Ecuador y reivindica el contenido del artículo 21 de la Carta Orgánica de la OEA.
Al mismo tiempo toma nota de las disculpas del presidente colombiano Álvaro Uribe y del compromiso de que no repetirá una acción similar contra ningún otro país y “bajo ninguna circunstancia”.
El documento también bordea cuidadosamente la definición de grupo terrorista para las FARC al indicar que sólo Colombia las considera terroristas. El artículo en cuestión sostiene el compromiso de los gobiernos ”de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como terroristas”, marcando una diferencia.
En principio sólo el vicepresidente de Perú, almirante Luis Giampietri, acusado de responsabilidad en la ejecución extrajudicial de presos en El Frontón durante la primera presidencia de Alan García, apoyó a Uribe. Las sospechosas revelaciones del supuesto computador de Raúl Reyes quedaron reducidas, a supuestas informaciones,”que habría llegado al gobierno de Colombia.
El mismo Uribe, en una especie de marcha atrás, anunció que desistía de acusar a Chávez ante el Tribunal Penal Internacional.
E-mail: ernestotamara@gmail.com
En 7 años los banqueros ganaron 25 mil mdd
Carlos Fernández-Vega
¿De a cómo las concertacesiones?
Decía un viejo banquero que el negocio de la banca era de largo plazo, de larga maduración, y quien no lo asumiera así tendría que dedicarse a otra cosa. Con el tiempo, el que se tuvo que dedicar a otra cosa fue el propio personaje, porque en sus últimos tiempos la tecnocracia y la pandilla neoliberal habían tomado el poder y privilegiado a los especuladores bursátiles que, por decreto, se convirtieron en neobanqueros.
Pudo atestiguar cómo estos especuladores reventaron los bancos que el salinato les cedió, y cómo el erario asumió el costo del festín, pero ya no cómo el gobierno entregó el sistema nacional de pagos a las trasnacionales financieras y cómo éstas recuperaron sus inversiones en el muy corto plazo, convirtiendo a sus sucursales en México en verdaderas minas de oro (en las que cobran tasas de interés y comisiones impensables en sus naciones de origen), a grado tal que a estas alturas les representan más de una tercera parte de sus utilidades netas globales.
Pues bien, si este viejo banquero renaciera, ni un minuto tardaría en volver a morir tras dar una ojeada a los balances financieros de las instituciones extranjerizadas, sus márgenes de utilidad, la impunidad con la que operan y la complacencia gubernamental.
Casi medio siglo le llevó a ese viejo banquero construir una muy redituable institución financiera, sin que ello lo convierta en santo, pero a las trasnacionales financieras que operan en México les llevó poco más de 10 por ciento de ese tiempo en recuperar la inversión original, mientras la mexicanaza no deja de pagar los platos rotos por el “rescate” y “salvamento” de las instituciones bancarias.
Lo anterior viene a colación porque ayer se divulgaron los resultados financieros 2007 de la banca privada que opera en el país, 90 por ciento de ella extranjera, un indiscutible privilegio que sólo un puñado de países en el mundo (de tercermundistas para abajo) comparten con México.
Así, casi 70 mil millones de pesos en utilidades netas obtuvieron en 2007 los bancos que operan en el país, y de ese monto 53 por ciento terminó en las arcas de Bancomer y Banamex, propiedad de las trasnacionales BBVA (19 mil 600 millones) y Citigroup (casi 19 mil millones).
Cuando el gobierno salinista reprivatizó Banamex, en agosto de 1991, el grupo de “inversionistas” encabezado por Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú (los visibles) pagó (se supone) alrededor de 2 mil 300 millones de dólares. Una década después, en mayo de 2001, ese mismo grupo de “inversionistas” lo vendió a Citigroup en 12 mil 500 millones de dólares (mitad en efectivo, mitad en acciones de la trasnacional estadunidense, y ambas libres de impuestos), de tal suerte que los especuladores bursátiles que devinieron banqueros por obra y gracia de Salinas reportaron una tasa de ganancia de 445 por ciento, sin considerar los “apoyos” del Fobaproa y las utilidades obtenidas en esos diez años.
A mediados de 2001, Citigroup concretó la compra de Banamex, y seis años después ha recuperado íntegramente el precio que pagó en efectivo por quedarse con el otrora banco mexicano. En esos seis años, Citigroup acumuló alrededor de 76 mil millones de pesos, equivalentes a cerca de 7 mil millones de dólares.
El caso del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, y Bancomer es todavía más espectacular. En 2004 concretó la adquisición total de la institución construida por Manuel Espinosa Yglesias, misma que reprivatizó el gobierno salinista en octubre de 1991. Entre los nuevos aparecieron Eugenio Garza Lagüera, Ricardo Guajardo Touché, Mario Laborín (director de Nafinsa con Fox, y con Calderón de esa misma institución más el Bancomext) y José Rodolfo González Guzmán. Pagaron, se supone, alrededor de 2 mil 100 millones de dólares.
Una década después, en igualdad de circunstancias con Banamex (apoyos del Fobaproa, etcétera, etcétera), el BBVA concreta la total adquisición de Bancomer, mediante el pago de 4 mil 300 millones de dólares, una tasa de ganancia para Lagüera y compañía de 105 por ciento.
Tres años después de esa operación de compra-venta, el BBVA acumula cerca de 52 mil millones de pesos en utilidades netas, monto equivalente a 4 mil 750 millones de dólares, o lo que es lo mismo lo pagado por Bancomer más 450 millones. Si se considera desde que el banco español metió la mano en Bancomer, las ganancias netas se aproximan a 70 mil millones de pesos. Nada mal para un negocio que se supone de largo plazo, de larga maduración.
En resumidas cuentas, en los últimos siete años la banca que opera en el país acumula cerca de 277 mil millones de pesos en utilidades netas, algo así como 25 mil millones de dólares, mientras los mexicanos, quieran o no, siguen pagando el saldo del “rescate” bancario.
Las rebanadas del pastel
Muchas son las etiquetas que el inquilino de Los Pinos se adhiere para justificar su estancia en la ex Hacienda de La Hormiga. En la más utilizada se alcanza a leer “presidente… del empleo”, pero el término también lo utiliza con otros añadidos: “…del crecimiento económico”, “…de la seguridad”, “…de la vivienda”, “…del bienestar” y “…de los goles”, como ejemplos. Lamentablemente, sólo eso son, pegotes, porque en los hechos ni empleo, ni goles, ni nada. Pero a raíz del Mouriñogate queda claro que la única etiqueta que verdaderamente va acorde con su estilo y actuar es la de “presidente de la impunidad”. ¿Sería tan gentil de informar a la nación cuánto le ha costado al país –porque es el que paga– la impunidad del cachorro Juan Camilo Mouriño? ¿De a cómo las concertacesiones a los prianistas para amarrarla?
¿De a cómo las concertacesiones?
Decía un viejo banquero que el negocio de la banca era de largo plazo, de larga maduración, y quien no lo asumiera así tendría que dedicarse a otra cosa. Con el tiempo, el que se tuvo que dedicar a otra cosa fue el propio personaje, porque en sus últimos tiempos la tecnocracia y la pandilla neoliberal habían tomado el poder y privilegiado a los especuladores bursátiles que, por decreto, se convirtieron en neobanqueros.
Pudo atestiguar cómo estos especuladores reventaron los bancos que el salinato les cedió, y cómo el erario asumió el costo del festín, pero ya no cómo el gobierno entregó el sistema nacional de pagos a las trasnacionales financieras y cómo éstas recuperaron sus inversiones en el muy corto plazo, convirtiendo a sus sucursales en México en verdaderas minas de oro (en las que cobran tasas de interés y comisiones impensables en sus naciones de origen), a grado tal que a estas alturas les representan más de una tercera parte de sus utilidades netas globales.
Pues bien, si este viejo banquero renaciera, ni un minuto tardaría en volver a morir tras dar una ojeada a los balances financieros de las instituciones extranjerizadas, sus márgenes de utilidad, la impunidad con la que operan y la complacencia gubernamental.
Casi medio siglo le llevó a ese viejo banquero construir una muy redituable institución financiera, sin que ello lo convierta en santo, pero a las trasnacionales financieras que operan en México les llevó poco más de 10 por ciento de ese tiempo en recuperar la inversión original, mientras la mexicanaza no deja de pagar los platos rotos por el “rescate” y “salvamento” de las instituciones bancarias.
Lo anterior viene a colación porque ayer se divulgaron los resultados financieros 2007 de la banca privada que opera en el país, 90 por ciento de ella extranjera, un indiscutible privilegio que sólo un puñado de países en el mundo (de tercermundistas para abajo) comparten con México.
Así, casi 70 mil millones de pesos en utilidades netas obtuvieron en 2007 los bancos que operan en el país, y de ese monto 53 por ciento terminó en las arcas de Bancomer y Banamex, propiedad de las trasnacionales BBVA (19 mil 600 millones) y Citigroup (casi 19 mil millones).
Cuando el gobierno salinista reprivatizó Banamex, en agosto de 1991, el grupo de “inversionistas” encabezado por Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú (los visibles) pagó (se supone) alrededor de 2 mil 300 millones de dólares. Una década después, en mayo de 2001, ese mismo grupo de “inversionistas” lo vendió a Citigroup en 12 mil 500 millones de dólares (mitad en efectivo, mitad en acciones de la trasnacional estadunidense, y ambas libres de impuestos), de tal suerte que los especuladores bursátiles que devinieron banqueros por obra y gracia de Salinas reportaron una tasa de ganancia de 445 por ciento, sin considerar los “apoyos” del Fobaproa y las utilidades obtenidas en esos diez años.
A mediados de 2001, Citigroup concretó la compra de Banamex, y seis años después ha recuperado íntegramente el precio que pagó en efectivo por quedarse con el otrora banco mexicano. En esos seis años, Citigroup acumuló alrededor de 76 mil millones de pesos, equivalentes a cerca de 7 mil millones de dólares.
El caso del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, y Bancomer es todavía más espectacular. En 2004 concretó la adquisición total de la institución construida por Manuel Espinosa Yglesias, misma que reprivatizó el gobierno salinista en octubre de 1991. Entre los nuevos aparecieron Eugenio Garza Lagüera, Ricardo Guajardo Touché, Mario Laborín (director de Nafinsa con Fox, y con Calderón de esa misma institución más el Bancomext) y José Rodolfo González Guzmán. Pagaron, se supone, alrededor de 2 mil 100 millones de dólares.
Una década después, en igualdad de circunstancias con Banamex (apoyos del Fobaproa, etcétera, etcétera), el BBVA concreta la total adquisición de Bancomer, mediante el pago de 4 mil 300 millones de dólares, una tasa de ganancia para Lagüera y compañía de 105 por ciento.
Tres años después de esa operación de compra-venta, el BBVA acumula cerca de 52 mil millones de pesos en utilidades netas, monto equivalente a 4 mil 750 millones de dólares, o lo que es lo mismo lo pagado por Bancomer más 450 millones. Si se considera desde que el banco español metió la mano en Bancomer, las ganancias netas se aproximan a 70 mil millones de pesos. Nada mal para un negocio que se supone de largo plazo, de larga maduración.
En resumidas cuentas, en los últimos siete años la banca que opera en el país acumula cerca de 277 mil millones de pesos en utilidades netas, algo así como 25 mil millones de dólares, mientras los mexicanos, quieran o no, siguen pagando el saldo del “rescate” bancario.
Las rebanadas del pastel
Muchas son las etiquetas que el inquilino de Los Pinos se adhiere para justificar su estancia en la ex Hacienda de La Hormiga. En la más utilizada se alcanza a leer “presidente… del empleo”, pero el término también lo utiliza con otros añadidos: “…del crecimiento económico”, “…de la seguridad”, “…de la vivienda”, “…del bienestar” y “…de los goles”, como ejemplos. Lamentablemente, sólo eso son, pegotes, porque en los hechos ni empleo, ni goles, ni nada. Pero a raíz del Mouriñogate queda claro que la única etiqueta que verdaderamente va acorde con su estilo y actuar es la de “presidente de la impunidad”. ¿Sería tan gentil de informar a la nación cuánto le ha costado al país –porque es el que paga– la impunidad del cachorro Juan Camilo Mouriño? ¿De a cómo las concertacesiones a los prianistas para amarrarla?
APRESTAD EL BRIDÓN : DENUNCIA AL MARTITO CON EL NEW YORK TIMES
Renegados, ¡APRESTAD EL BRIDÓN!
Llegó la hora de hacer lo que nos corresponde para ayudar a que a Juan Camilo Mouriño se le aplique todo el peso de la ley.Considero que es hora de que el asunto de los contratos de Ivancar que firmó Mouriño en plena violación de la ley se internacionalice. Me parece que ya va siendo hora de que fecal y Mouriño empiecen a sentir la presión tanto dentro como fuera de México.Nuestra tarea, por lo tanto, es la siguiente: escribir al New York Times y pedirles que empiecen a darle prioridad al escándalo de los contratos de Mouriño.Envíen inmediatamente un email con el título
"WILL THE NEW YORK TIMES PUBLISH A TRUE POLITICAL SCANDAL IN ITS PAGES?
"El email deberá ser enviado a las siguientes direcciones (como siempre, SIN USAR GROSERÍAS NI AMENAZAS):
Este es el texto a enviar (copien y peguen):
New York Times,
In the aftermath of the 2006 presidential election in Mexico the New York Times did not care for the copious evidence proving Felipe Calderon and the National Action Party (PAN) had committed an electoral fraud. Fine. It was your choice not to denounce the fraud in your pages.
But the government that resulted from that fraud you chose not to care for, has now turned into something truly disgusting.
In the past few weeks evidence has surfaced showing Juan Camilo Mouriño, second in command in the Calderon's administration, broke the law by signing contracts with the state-owned Mexican oil company Pemex benefiting his own family's businesses. In one of these contracts, Mouriño signed as legal representative and stock-holder of Ivancar, a transportation company owned by the Mouriños.
Mouriño signed the contracts from 2000 to 2004. He did this while being part of the house of deputies' (the Mexican equivalent of the house of representatives) Energy Commission from 2000 to 2003, and then while being an advisor for the federal government's Secretary of Energy, which was at that time (2003-2004) headed by none other than Felipe Calderon. Mexican law prohibits public servants and elected officials from signing contracts involving public money for the benefiting of themselves, their families, or their commercial interests. The punishment for breaking this law can land up to 12 years in prison to whoever does it.
This is a serious breakdown of the system. A sign of the complete lack of public morality that takes place when a country does not have democracy not respect for its own laws. And yet, the New York Times does not seem interested in this issue. No; the main story involves Governor Eliot Spitzer's escapades with a prostitute. An issue that, quite frankly, should be nobody's business but that of Mr. Spitzer's wife and his family.
Honestly; What kind of morality is that in which a public official has to nearly quit his office because of having sex with a prostitute--making national headlines--but the illegal taking of millions of dollars in public money by the second most powerful man in a federal government not only does not force the public official to quit his job, but it does not make headlines in a newspaper such as yours? Specially when Mouriño is the official in charge of negotiating the attempt to reform the Mexican laws dealing with Mexico's oil industry (an issue, I'm sure, of much interest to a country strained by high gas prices.)
Does the New York Times REALLY finds nothing wrong with this? Is that really the world the New York Times has no problem with?
Let me put it this way: what would happen if evidence surfaced showing Dick Cheney did benefit from Halliburton's Irak war profits? Probably nothing. It didn't when it was known that Cheney was Halliburton's former CEO. But when evidence surfaced showing Paul Wolfowitz had benefited his girlfriend with a high salary at the World Bank the scandal was so big he actually lost his job. The difference between Cheney and Wolfowitz? Wolfowitz's case involved the woman he was sleeping with.
Or is that what an important issue needs in order to be a top story at the NYT? Some sort of sexual activity? Are we to believe that unless somebody has sex with somebody else an important issue is not front page material for the NYT?
It would be quite sad if that were the case. Because it would show the NYT is not interested in informing its readers, but in merely publishing news that sell, regardless of their relevance (or lack therewith.)
I urge you to take a serious look at the Mouriño case, and to publish it in full force in your pages. This is the type of news that shows where the real issues and the real breakdowns in the system are. Because otherwise the issue will no longer be whether or not the media informs, but whether or not the media becomes an accessory to the perpetuation of a world in which somebody's sexual activity becomes more important than an electoral fraud or the illegal taking of public money by a public official.
I ask again; is that really the world the NYT wants?
Sincerily,
(FIRMA)
PS:You can find a wealth of information on the Mouriño case online in Mexico's most read political blog El Sendero del Peje at the following link:http://senderodelpeje.blogspot.com/search/label/martito%20mouri%C3%B1o
PS2:Personlly I'm not interested in defending Spitzer. I simply don't see how is having sex with a prostitute more important a news item than a public official breaking the law to benefit his commercial interests with millions of dollars in public money. Really: is a sex act more important a news item than the illegal taking of millions of dollars in public money by a public official? Is that really what the media has become? Your treatment of the Mouriño case will answer my question.
Manden el email y díganle a todos sus conocidos que hagan lo mismo. NO podemos permitir que un puñado de CRIMINALES sigan USURPANDO una presidencia que NO GANARON. ESTO es lo que podemos hacer para ayudar a que Mouriño sea removido e inhabilitado del gobierno. Chance y hasta la cárcel le cuesta. Pero tenemos que actuar YA y no andarnos con titubeos. ESTO es lo que tenemos que hacer. ESTO es lo que nos corresponde como mexicanos para defender a nuestro país de la USURPACIÓN y del pisoteo a la democracia que perpretraron los panistas en 2006. Somos UN CHINGO de senderistas. Vamos demostrándole a los panistas que nos subestimaron cuando pensaron que iban a poder pisotear a la democracia y ENCIMA ROBAR dinero del erario sin que el pueblo se los reclamara.
Una razón más para apoyar al peje en el 2008.
jueves, marzo 13, 2008
Conjeturas
Por Alvaro Cepeda Neri
IPAB, IFAI, PGR y los Bribiesca
Los hijastros de Fox e hijos de Mart(h)a, más que Bribiesca indudablemente bribones, para no decirles más feo, llevan la delantera hacia la total impunidad. Era explicable que la Comisión Legislativa, que investigó a esos hermanitos que abusaron de la protección presidencial, por haberlo hecho durante los últimos tres años del sexenio foxista, haya encontrado toda clase de obstáculos en dependencias como la Función Pública, la PGR, el Instituto Federal para la Información (IFAI) y el IPAB (descendiente del FOBAPROA). Obviamente los funcionarios foxistas optaron por acatar las órdenes de Los Pinos, para por ningún motivo proporcionar ni siquiera respuesta a las peticiones de los diputados federales, sobre lo que sabían y tenían documentación comprometedora.
Pero han pasado casi 15 meses del relevo en el Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es Felipe Calderón y la nueva Comisión que investiga a Fox con relación a los Bribiesca (incluso a la mamá de éstos) ha vuelto a encontrar toda clase e impedimentos para continuar su tarea. De nueva cuenta la PGR, el IPAB y el IFAI, por supuesto acatando “órdenes superiores”, se resisten a entregar la información que tienen sobre denuncias y documentos con relación a la presunta (¿presunta?) fortuna, obtenida por la corrupción, de los Bribiesca y que involucra a Fox y a Mart(h)a, en lo que fue una red donde la única manera de empezar es a través del ex presidente conservador.
El IFAI considera “reservada” o “inexistente” la información de los foxistas; y se niega a proporcionarla, a pesar de que los representantes de la Nación tienen la facultad para que ponga a su disposición todo lo que tiene. Lo mismo pasa con el IPAB, donde su directora, escudándose asimismo en las “reservas”, se niega a entregar la documentación sobre operaciones financieras de los Bribiesca (Jorge y Alberto), de la señora Sahagún y del propio Fox. Y las denuncias que recibió la PGR, con sus respectivas investigaciones, están guardadas en cajas fuertes cuya combinación está en Los Pinos.
No hay más camino que los diputados federales procedan a deslindarles responsabilidades (por vías del juicio político y penal) a los funcionarios del IPAB, IFAI y la PGR y obligarlos a proporcionar la información que se les exige. Ha llegado el momento de pedir oficialmente la información y de que no vuelvan a pasar tres años más, sin que haya resultados. El calderonismo no está dispuesto a cumplir con su obligación, al impedir que la PGR atienda a los legisladores. Y las instituciones autónomas, de Información Pública y Bancaria, se han encaprichado en tampoco acatar las peticiones oficiales. Se trata de complicidades para encubrir la corrupción del sexenio panista. Y no hay más que empezar por fincarle responsabilidades a los funcionarios de la PGR, el IPAB y el IFAI o de lo contrario es un cuento de nunca acabar y los foxistas, los Bribiesca y los Sahagún ganarán impunidad.
cepedaneri@prodigy.net.mx
IPAB, IFAI, PGR y los Bribiesca
Los hijastros de Fox e hijos de Mart(h)a, más que Bribiesca indudablemente bribones, para no decirles más feo, llevan la delantera hacia la total impunidad. Era explicable que la Comisión Legislativa, que investigó a esos hermanitos que abusaron de la protección presidencial, por haberlo hecho durante los últimos tres años del sexenio foxista, haya encontrado toda clase de obstáculos en dependencias como la Función Pública, la PGR, el Instituto Federal para la Información (IFAI) y el IPAB (descendiente del FOBAPROA). Obviamente los funcionarios foxistas optaron por acatar las órdenes de Los Pinos, para por ningún motivo proporcionar ni siquiera respuesta a las peticiones de los diputados federales, sobre lo que sabían y tenían documentación comprometedora.
Pero han pasado casi 15 meses del relevo en el Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es Felipe Calderón y la nueva Comisión que investiga a Fox con relación a los Bribiesca (incluso a la mamá de éstos) ha vuelto a encontrar toda clase e impedimentos para continuar su tarea. De nueva cuenta la PGR, el IPAB y el IFAI, por supuesto acatando “órdenes superiores”, se resisten a entregar la información que tienen sobre denuncias y documentos con relación a la presunta (¿presunta?) fortuna, obtenida por la corrupción, de los Bribiesca y que involucra a Fox y a Mart(h)a, en lo que fue una red donde la única manera de empezar es a través del ex presidente conservador.
El IFAI considera “reservada” o “inexistente” la información de los foxistas; y se niega a proporcionarla, a pesar de que los representantes de la Nación tienen la facultad para que ponga a su disposición todo lo que tiene. Lo mismo pasa con el IPAB, donde su directora, escudándose asimismo en las “reservas”, se niega a entregar la documentación sobre operaciones financieras de los Bribiesca (Jorge y Alberto), de la señora Sahagún y del propio Fox. Y las denuncias que recibió la PGR, con sus respectivas investigaciones, están guardadas en cajas fuertes cuya combinación está en Los Pinos.
No hay más camino que los diputados federales procedan a deslindarles responsabilidades (por vías del juicio político y penal) a los funcionarios del IPAB, IFAI y la PGR y obligarlos a proporcionar la información que se les exige. Ha llegado el momento de pedir oficialmente la información y de que no vuelvan a pasar tres años más, sin que haya resultados. El calderonismo no está dispuesto a cumplir con su obligación, al impedir que la PGR atienda a los legisladores. Y las instituciones autónomas, de Información Pública y Bancaria, se han encaprichado en tampoco acatar las peticiones oficiales. Se trata de complicidades para encubrir la corrupción del sexenio panista. Y no hay más que empezar por fincarle responsabilidades a los funcionarios de la PGR, el IPAB y el IFAI o de lo contrario es un cuento de nunca acabar y los foxistas, los Bribiesca y los Sahagún ganarán impunidad.
cepedaneri@prodigy.net.mx
Hace un año…
Por María Teresa Jardí
El 13 de marzo de 2007 cuarenta y ocho jóvenes fueron brutalmente detenidos en la Plaza Grande de Mérida; participaban algunos, que no todos de los que ese día fueron convertidos en presos políticos, en una de las manifestaciones que se daban contra la presencia del asesino Bush en Yucatán, por esas fechas, y a las que asistían familias enteras compuestas por personas que nunca antes habían asistido a una marcha, porque la indignación generada por la toma del sitio por los marines gringos hizo participar a gente que de suyo prefiere mantenerse como ajena a la política. Hace un año que se definió el terrible destino que recién está empezando para los mexicanos.
En la reunión en la finca de Hernández, previo asesinato de los perros y los gatos de la localidad, tres mafiosos: Bush, Roberto Hernández y el usurpador, en presencia de un retrasado mental, Patricio Patrón Laviada, que desgobernaba Yucatán por aquel entonces, junto con sus hermanos, igual de mafiosos que los anteriores, se gestó, entre otras cosas, la LEY GESTAPO. Se acordaron ahí los pormenores del Plan México, que ya nos coloca al lado de Colombia como el otro narcoestado de América Latina, al lado del otro pueblo hermano más agredido por un narco, usurpador, que no gobierno, en nuestro caso.
Un incidente cualquiera, provocado por quienes no fueron detenidos, esbirros del sistema a todas luces o, al menos, utilizados por él, fue el pretexto para la brutal represión que además serviría para cancelar la protesta universitaria en contra del aumento del precio del boleto del transporte público.
Fueron procesados penalmente 23 de los 48 jóvenes. Tres, a pesar del tiempo transcurrido y de las evidencias de la siniestra represión, siguen sujetos a proceso. Y el resto ha sido exonerado sin merecer siquiera un: “usted disculpe”.
Pero… la agresión a nuestra patria e incluso al Ejército Nacional marginado por el ejército yanqui que, por asalto, tomó las calles de Mérida, desarmando a la policía, que luego reprimió a los jóvenes, olvidando que ellos eran parte de la misma represión colonialista por parte de un gobierno extranjero con el aval de un gobierno corrupto encabezado por el panista Patricio Patrón Laviada de tan triste memoria que, aunque Guzmán Alcocer alias “El Teclas” esté libre y aunque Patrón sea funcionario del usurpador mexicano, Yucatán ya ha alcanzado el vergonzoso “honor” de tener garantizado un lugar preferente en la prensa nacional en los siguientes ominosos términos:
“Emilio Gamboa Patrón defiende a Juan Camilo Mouriño Terrazo (obstruyendo la posibilidad de abrir una comisión legislativa que investigue los evidentes actos de tráfico de influencias y de conflicto de intereses del madrileño-gallego-mexicano) porque ambos son socios en Yucatán. La gubernatura de la entidad fue entregada a la priísta Ivonne Ortega, en arreglo con Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, mediante maniobras de la Oficina de la Presidencia (formal) de la República que en su momento fueron denunciadas por el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, quien aseguró que de Los Pinos fueron enviados a la entidad peninsular operadores electorales que no tenían los mismos propósitos que el partido blanquiazul. La cesión de Yucatán fue operada por el analfabeto político Patricio Patrón Laviada, quien cerró el paso a la candidata natural a conservar al PAN en el poder, Ana Rosa Payán, y causó una división en el panismo que ayudó al PRI; el mandatario conocido como el Alto Vacío, Patrón Laviada, a pesar de estar metido en procesos judiciales por negocios con tierras ejidales en los que asoma el apellido Mouriño, fue premiado con la Procuraduría para la defensa del medio ambiente (obviamente no sabe absolutamente nada del tema), desde donde podrá ayudar a los inversionistas españoles y mexicanos interesados en devastar la ecología para instalar desarrollos turísticos. Un proyecto en el que convergen los intereses asociados de Gamboa y Mouriño es el del corredor Mérida-Progreso, donde, con el expediente ya clásico de arrebatar tierras a ejidatarios, se han construido fraccionamientos de lujo y además se planeaba utilizar el puerto de Progreso para operaciones relacionadas con el negocio petrolero concesionado a empresas españolas y a grupos mexicanos, entre los que asoma la mano del banquero Roberto Hernández…” (La Jornada. Astillero de Julio Hernández López, 11/ 03/ 2008). Una chulada, pues.
Hace un año de la brutal represión y los policías municipales, estatales y federales, que en ella participaron siguen gozando de impunidad absoluta al igual que los ministerios públicos, el entonces procurador estatal, el secretario general de gobierno, los jueces y magistrados, que con la complicidad de la Codhey intervinieron, como nos recuerdan en El Rebelde antes de invitarnos al Acto político-musical, que hoy jueves se realizará en la Plaza Grande de Mérida a las 5.30 p.m.
Acto que tiene por objeto que nadie olvide que: “la protesta es un derecho, la represión un delito”. Y que para la represión no puede haber: “Ni perdón ni olvido”.
El 13 de marzo de 2007 cuarenta y ocho jóvenes fueron brutalmente detenidos en la Plaza Grande de Mérida; participaban algunos, que no todos de los que ese día fueron convertidos en presos políticos, en una de las manifestaciones que se daban contra la presencia del asesino Bush en Yucatán, por esas fechas, y a las que asistían familias enteras compuestas por personas que nunca antes habían asistido a una marcha, porque la indignación generada por la toma del sitio por los marines gringos hizo participar a gente que de suyo prefiere mantenerse como ajena a la política. Hace un año que se definió el terrible destino que recién está empezando para los mexicanos.
En la reunión en la finca de Hernández, previo asesinato de los perros y los gatos de la localidad, tres mafiosos: Bush, Roberto Hernández y el usurpador, en presencia de un retrasado mental, Patricio Patrón Laviada, que desgobernaba Yucatán por aquel entonces, junto con sus hermanos, igual de mafiosos que los anteriores, se gestó, entre otras cosas, la LEY GESTAPO. Se acordaron ahí los pormenores del Plan México, que ya nos coloca al lado de Colombia como el otro narcoestado de América Latina, al lado del otro pueblo hermano más agredido por un narco, usurpador, que no gobierno, en nuestro caso.
Un incidente cualquiera, provocado por quienes no fueron detenidos, esbirros del sistema a todas luces o, al menos, utilizados por él, fue el pretexto para la brutal represión que además serviría para cancelar la protesta universitaria en contra del aumento del precio del boleto del transporte público.
Fueron procesados penalmente 23 de los 48 jóvenes. Tres, a pesar del tiempo transcurrido y de las evidencias de la siniestra represión, siguen sujetos a proceso. Y el resto ha sido exonerado sin merecer siquiera un: “usted disculpe”.
Pero… la agresión a nuestra patria e incluso al Ejército Nacional marginado por el ejército yanqui que, por asalto, tomó las calles de Mérida, desarmando a la policía, que luego reprimió a los jóvenes, olvidando que ellos eran parte de la misma represión colonialista por parte de un gobierno extranjero con el aval de un gobierno corrupto encabezado por el panista Patricio Patrón Laviada de tan triste memoria que, aunque Guzmán Alcocer alias “El Teclas” esté libre y aunque Patrón sea funcionario del usurpador mexicano, Yucatán ya ha alcanzado el vergonzoso “honor” de tener garantizado un lugar preferente en la prensa nacional en los siguientes ominosos términos:
“Emilio Gamboa Patrón defiende a Juan Camilo Mouriño Terrazo (obstruyendo la posibilidad de abrir una comisión legislativa que investigue los evidentes actos de tráfico de influencias y de conflicto de intereses del madrileño-gallego-mexicano) porque ambos son socios en Yucatán. La gubernatura de la entidad fue entregada a la priísta Ivonne Ortega, en arreglo con Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, mediante maniobras de la Oficina de la Presidencia (formal) de la República que en su momento fueron denunciadas por el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, quien aseguró que de Los Pinos fueron enviados a la entidad peninsular operadores electorales que no tenían los mismos propósitos que el partido blanquiazul. La cesión de Yucatán fue operada por el analfabeto político Patricio Patrón Laviada, quien cerró el paso a la candidata natural a conservar al PAN en el poder, Ana Rosa Payán, y causó una división en el panismo que ayudó al PRI; el mandatario conocido como el Alto Vacío, Patrón Laviada, a pesar de estar metido en procesos judiciales por negocios con tierras ejidales en los que asoma el apellido Mouriño, fue premiado con la Procuraduría para la defensa del medio ambiente (obviamente no sabe absolutamente nada del tema), desde donde podrá ayudar a los inversionistas españoles y mexicanos interesados en devastar la ecología para instalar desarrollos turísticos. Un proyecto en el que convergen los intereses asociados de Gamboa y Mouriño es el del corredor Mérida-Progreso, donde, con el expediente ya clásico de arrebatar tierras a ejidatarios, se han construido fraccionamientos de lujo y además se planeaba utilizar el puerto de Progreso para operaciones relacionadas con el negocio petrolero concesionado a empresas españolas y a grupos mexicanos, entre los que asoma la mano del banquero Roberto Hernández…” (La Jornada. Astillero de Julio Hernández López, 11/ 03/ 2008). Una chulada, pues.
Hace un año de la brutal represión y los policías municipales, estatales y federales, que en ella participaron siguen gozando de impunidad absoluta al igual que los ministerios públicos, el entonces procurador estatal, el secretario general de gobierno, los jueces y magistrados, que con la complicidad de la Codhey intervinieron, como nos recuerdan en El Rebelde antes de invitarnos al Acto político-musical, que hoy jueves se realizará en la Plaza Grande de Mérida a las 5.30 p.m.
Acto que tiene por objeto que nadie olvide que: “la protesta es un derecho, la represión un delito”. Y que para la represión no puede haber: “Ni perdón ni olvido”.
Tan lejos de la realidad
Por Ricardo Andrade Jardí
A pesar del “Entorno de polaridad” hay un gobierno fuerte (…) “Se logró construir un consenso político básico a pesar de las dificultades”, dijo Fecal, según lo que se le atribuía en un encabezado de la versión electrónica del periódico La Jornada, de la Ciudad de México del martes 11 de marzo…
A pesar del “entorno de ilegitimidad e ilegalidad”, le faltó, decir. A pesar del “entorno de odio y miedo” impuesto en su campaña electoral, misma que presuntamente fue financiada por la panza del FOBAPROA y de su empresarial clase que ha hecho de nuestro país un paraíso fiscal cobijado por la corrupción y la impunidad.
Ahí está el extranjero Mouriño, quien usurpa el cargo de secretario de Gobernación del desgobierno usurpador, haciendo de la “muestra y entrega” a la PGR (de su desgobierno) y al Legislativo (que lo defiende), las supuestas pruebas en su defensa contra todas las transas que afloran de su paso por nuestro país y en beneficio de su familia, también, como él, española.
Pruebas que por alguna oscura razón no hace públicas para que todo el país pueda cotejarlas y no tardaremos en ver a los “intelectuales” orgánicos defender el hecho de que las presuntas pruebas no se presenten de manera pública y con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda tener acceso a cotejarlas, consultarlas, estudiarlas y proceder en conciencia.
Quien oculta la verdad a la opinión pública es generalmente por el hecho de lo que debe Y, en el caso de Mouriño, nos debe todo, pues el sujeto en una democracia o incluso en una monarquía “parlamentaria” no habría tenido el ascenso meteórico ni como político (bastante mediocre, por cierto) ni como empresario (criminalmente ambicioso).
No, cuando menos, a costillas del pueblo español, como lo a hecho a costillas del pueblo de México.
Tan lejos de la realidad, vive el usurpador, que en cada acto “público” tiene que entrar por la puerta de atrás y rodeado de un aparato militar que sólo es superado por el de Bush en sus visitas a Medio Oriente; tan lejos de la realidad se vive tras los amurallados muros de Los Pinos que el hombrecito, usurpador, ni siquiera es capaz de comprender y menos aún de entender, más allá de lo que la telecracia diga, que más de la mitad de los mexicanos lo sabemos usurpador e ilegitimo, que no hay uno sólo de sus mediadores en cualquier conflicto social que no sea desconocido por las partes en conflicto…
“Hay un gobierno fuerte”, afirma el usurpador amigo de las moscas, cuando lo que hay es un estado militarizado, en un país de millones de carenciados en pobreza extrema, donde las cifras de ejecutados, de enfrenamientos, de secuestrados, de asesinados, supera, por semanas, las cifras violentas de países como Irak invadidos y en guerra.
En fin, nada como vivir en la Fecalandia de la impunidad corrupta, promovida por la telecracia para no enterarse de nada…
Y mientras tanto, en el México de verdad, los tiempos por llegar se anuncia difíciles… Pero la dignidad rebelde seguirá incansable hasta lograr un México donde los niños nazcan para ser felices, como lo buscó, en otros tiempos, la vieja izquierda preocupada por su compromiso social y no, como la de ahora perredista, de su compromiso institelecrático…
A pesar del “Entorno de polaridad” hay un gobierno fuerte (…) “Se logró construir un consenso político básico a pesar de las dificultades”, dijo Fecal, según lo que se le atribuía en un encabezado de la versión electrónica del periódico La Jornada, de la Ciudad de México del martes 11 de marzo…
A pesar del “entorno de ilegitimidad e ilegalidad”, le faltó, decir. A pesar del “entorno de odio y miedo” impuesto en su campaña electoral, misma que presuntamente fue financiada por la panza del FOBAPROA y de su empresarial clase que ha hecho de nuestro país un paraíso fiscal cobijado por la corrupción y la impunidad.
Ahí está el extranjero Mouriño, quien usurpa el cargo de secretario de Gobernación del desgobierno usurpador, haciendo de la “muestra y entrega” a la PGR (de su desgobierno) y al Legislativo (que lo defiende), las supuestas pruebas en su defensa contra todas las transas que afloran de su paso por nuestro país y en beneficio de su familia, también, como él, española.
Pruebas que por alguna oscura razón no hace públicas para que todo el país pueda cotejarlas y no tardaremos en ver a los “intelectuales” orgánicos defender el hecho de que las presuntas pruebas no se presenten de manera pública y con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda tener acceso a cotejarlas, consultarlas, estudiarlas y proceder en conciencia.
Quien oculta la verdad a la opinión pública es generalmente por el hecho de lo que debe Y, en el caso de Mouriño, nos debe todo, pues el sujeto en una democracia o incluso en una monarquía “parlamentaria” no habría tenido el ascenso meteórico ni como político (bastante mediocre, por cierto) ni como empresario (criminalmente ambicioso).
No, cuando menos, a costillas del pueblo español, como lo a hecho a costillas del pueblo de México.
Tan lejos de la realidad, vive el usurpador, que en cada acto “público” tiene que entrar por la puerta de atrás y rodeado de un aparato militar que sólo es superado por el de Bush en sus visitas a Medio Oriente; tan lejos de la realidad se vive tras los amurallados muros de Los Pinos que el hombrecito, usurpador, ni siquiera es capaz de comprender y menos aún de entender, más allá de lo que la telecracia diga, que más de la mitad de los mexicanos lo sabemos usurpador e ilegitimo, que no hay uno sólo de sus mediadores en cualquier conflicto social que no sea desconocido por las partes en conflicto…
“Hay un gobierno fuerte”, afirma el usurpador amigo de las moscas, cuando lo que hay es un estado militarizado, en un país de millones de carenciados en pobreza extrema, donde las cifras de ejecutados, de enfrenamientos, de secuestrados, de asesinados, supera, por semanas, las cifras violentas de países como Irak invadidos y en guerra.
En fin, nada como vivir en la Fecalandia de la impunidad corrupta, promovida por la telecracia para no enterarse de nada…
Y mientras tanto, en el México de verdad, los tiempos por llegar se anuncia difíciles… Pero la dignidad rebelde seguirá incansable hasta lograr un México donde los niños nazcan para ser felices, como lo buscó, en otros tiempos, la vieja izquierda preocupada por su compromiso social y no, como la de ahora perredista, de su compromiso institelecrático…
México, Colombia y la UNAM
Por Ricardo Monreal Avila
Aturdido y amorcillado por la crisis del presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, el gobierno federal ha abandonado a su suerte a los mexicanos que ingresaron a Ecuador y resultaron heridos o fueron muertos durante la incursión del ejército colombiano a un campamento de las FARC.
El ausentismo diplomático de la cancillería está afectando no únicamente a los familiares de los estudiantes mexicanos que se encuentran en Ecuador, que se quejan de desatenciones por parte de la embajada mexicana; está afectando también el prestigio de la UNAM, reconocida no solamente como la máxima casa de estudios en México, sino como una de las mejores universidades de América Latina.
Un grupo de por lo menos diez mexicanos ingresaron a Ecuador días antes de la incursión militar colombiana. Su estatus migratorio fue claro: estudiantes e investigadores que realizan un estudio sobre el último de los movimientos guerrilleros en activo en América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es decir, informaron oficialmente del objetivo de su vista y de su intención de establecer contacto con el grupo guerrillero.
Quien conozca las ciencias sociales sabe de una técnica de investigación que se denomina “observación participante”. Consiste en que el investigador realiza su estudio de manera directa, con fuentes primarias, en el “lugar de campo”, es decir, en el lugar de los hechos. Se trata de recabar información de primera mano, con los actores directos de los acontecimientos, a fin de complementarla con otras fuentes secundarias, como la investigación documental, histórica o referencial.
La profesión que recurre cotidianamente a esta técnica de investigación es el periodismo. Los corresponsales de guerra, por ejemplo, entrevistan a uno y otro bando. Y tienen inmunidad profesional. Nadie en sus cinco sentidos, por ejemplo, podría acusar a la famosa entrevistadora Oriana Fallaci de ser terrorista de la OLP por haber entrevistado al extinto Yasser Arafat en varias ocasiones. O a los periodistas norteamericanos que han logrado contactar a Osama Bin Laden de ser miembros de la red terrorista Al Qaeda. Y así podríamos repetir el ejemplo en otros innumerables casos.
El gobierno colombiano, al enterarse que entre los afectados por su incursión militar en territorio ecuatoriano había un grupo aún no determinado de mexicanos, justificó la masacre: eran simpatizantes de las FARC que estaban recibiendo adiestramiento guerrillero. Más aún, acusó a la UNAM de ser base y punto de reclutamiento en México de la guerrilla colombiana.
El gobierno del señor Felipe Calderón parece haber comprado esta versión. En lugar de enviar una nota de protesta diplomática por el asesinato de estos connacionales, está guardando un silencio diplomático cómplice. Lo más que ha hecho es pedir, de manera tibia y burocrática, una explicación de los hechos a Ecuador y a Colombia.
Suponiendo, sin conceder, que los estudiantes e investigadores universitarios fueran lo que dice el gobierno de Colombia que son, aspirantes o reclutas de las FARC, eso no le da en ningún momento autoridad o permiso para masacrar a ciudadanos de otras naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas normales, que es el caso de las relaciones entre México y Colombia.
Hasta que se demuestre lo contrario, el grupo de connacionales mexicanos son lo que establecen sus documentos diplomáticos oficiales: civiles universitarios, no guerrilleros ni narcoterroristas. Este debe ser el punto de partida del gobierno mexicano.
Es una verdad jurídica y diplomática, avalada por la OEA, que el ejército colombiano violó de manera flagrante el territorio de ecuador en esta incursión militar. Es una violación artera del derecho internacional. Sin embargo, el hecho de que una parte de los asesinados sean civiles indefensos, eleva la gravedad de este acontecimiento. En el caso concreto de los universitarios muertos, Colombia habría violado convenciones, tratados y disposiciones internacionales vigentes en materia de derechos humanos y civiles, donde los afectados son ciudadanos miembros del Estado Mexicano.
Es tan grave lo acontecido en la selva de Ecuador que la incursión colombiana se podría tipificar como un delito de lessa humanidad, ya que el ataque tuvo el objetivo de exterminar a un grupo guerrillero, enemigo del Estado colombiano al cual las FARC le declararon la guerra hace años, pero donde hubo víctimas civiles –no paramilitares-, de ciudadanía no colombiana, y en territorio extranacional.
Si los universitarios mexicanos estaban recibiendo adiestramiento guerrillero es una imputación que deben probar los gobiernos de Colombia y Ecuador. Hasta ahora no lo han hecho. Mientras no se pruebe esto, el hecho diplomático duro es que un grupo de ciudadanos universitarios mexicanos fue arteramente asesinado en la selva ecuatoriana por tropas colombianas al ser confundidos con guerrilleros de las FARC. Lo otro es especulación.
Si el actual gobierno tiene algo de dignidad nacional y valor diplomático, debe condenar enérgicamente este asesinato masivo de ciudadanos mexicanos y protestar diplomáticamente hasta obtener una respuesta resarcitoria y satisfactoria por el agravio cometido. De otra forma, estaría convalidando el agravio diplomático y militar en contra de México.
Quisiera imaginarme si en 1994, en Chiapas, en los enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y el EZLN, hubiesen muertos ciudadano europeos o de otros países, cuál hubiera sido la reacción de sus gobiernos.
Por ello, el gobierno mexicano, antes de tratar de mediar en el conflicto, debe condenar enérgicamente esta acción militar de Colombia y exigir una investigación imparcial de los hechos a la OEA.
¿Universitarios o reclutas guerrilleros? ¿Estudiantes o narcoterroristas? Esto es lo que debe dilucidar precisamente esa investigación imparcial por parte de la OEA y las organizaciones civiles de derechos humanos. Mientras tanto el gobierno mexicano no debe hacerse bolas ni titubear: los mexicanos heridos y muertos durante esa incursión son lo que dicen sus papeles oficiales que son. Es decir, estudiantes e investigadores realizando un trabajo universitario. Es decir, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Cómo nos gustaría a muchos mexicanos que, así como el gobierno del señor Calderón defiende a capa y espada al ciudadano de origen español naturalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño, ahora en aprietos, estuviera dando la cara por la UNAM y por los mexicanos agraviados en Ecuador.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Aturdido y amorcillado por la crisis del presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, el gobierno federal ha abandonado a su suerte a los mexicanos que ingresaron a Ecuador y resultaron heridos o fueron muertos durante la incursión del ejército colombiano a un campamento de las FARC.
El ausentismo diplomático de la cancillería está afectando no únicamente a los familiares de los estudiantes mexicanos que se encuentran en Ecuador, que se quejan de desatenciones por parte de la embajada mexicana; está afectando también el prestigio de la UNAM, reconocida no solamente como la máxima casa de estudios en México, sino como una de las mejores universidades de América Latina.
Un grupo de por lo menos diez mexicanos ingresaron a Ecuador días antes de la incursión militar colombiana. Su estatus migratorio fue claro: estudiantes e investigadores que realizan un estudio sobre el último de los movimientos guerrilleros en activo en América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es decir, informaron oficialmente del objetivo de su vista y de su intención de establecer contacto con el grupo guerrillero.
Quien conozca las ciencias sociales sabe de una técnica de investigación que se denomina “observación participante”. Consiste en que el investigador realiza su estudio de manera directa, con fuentes primarias, en el “lugar de campo”, es decir, en el lugar de los hechos. Se trata de recabar información de primera mano, con los actores directos de los acontecimientos, a fin de complementarla con otras fuentes secundarias, como la investigación documental, histórica o referencial.
La profesión que recurre cotidianamente a esta técnica de investigación es el periodismo. Los corresponsales de guerra, por ejemplo, entrevistan a uno y otro bando. Y tienen inmunidad profesional. Nadie en sus cinco sentidos, por ejemplo, podría acusar a la famosa entrevistadora Oriana Fallaci de ser terrorista de la OLP por haber entrevistado al extinto Yasser Arafat en varias ocasiones. O a los periodistas norteamericanos que han logrado contactar a Osama Bin Laden de ser miembros de la red terrorista Al Qaeda. Y así podríamos repetir el ejemplo en otros innumerables casos.
El gobierno colombiano, al enterarse que entre los afectados por su incursión militar en territorio ecuatoriano había un grupo aún no determinado de mexicanos, justificó la masacre: eran simpatizantes de las FARC que estaban recibiendo adiestramiento guerrillero. Más aún, acusó a la UNAM de ser base y punto de reclutamiento en México de la guerrilla colombiana.
El gobierno del señor Felipe Calderón parece haber comprado esta versión. En lugar de enviar una nota de protesta diplomática por el asesinato de estos connacionales, está guardando un silencio diplomático cómplice. Lo más que ha hecho es pedir, de manera tibia y burocrática, una explicación de los hechos a Ecuador y a Colombia.
Suponiendo, sin conceder, que los estudiantes e investigadores universitarios fueran lo que dice el gobierno de Colombia que son, aspirantes o reclutas de las FARC, eso no le da en ningún momento autoridad o permiso para masacrar a ciudadanos de otras naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas normales, que es el caso de las relaciones entre México y Colombia.
Hasta que se demuestre lo contrario, el grupo de connacionales mexicanos son lo que establecen sus documentos diplomáticos oficiales: civiles universitarios, no guerrilleros ni narcoterroristas. Este debe ser el punto de partida del gobierno mexicano.
Es una verdad jurídica y diplomática, avalada por la OEA, que el ejército colombiano violó de manera flagrante el territorio de ecuador en esta incursión militar. Es una violación artera del derecho internacional. Sin embargo, el hecho de que una parte de los asesinados sean civiles indefensos, eleva la gravedad de este acontecimiento. En el caso concreto de los universitarios muertos, Colombia habría violado convenciones, tratados y disposiciones internacionales vigentes en materia de derechos humanos y civiles, donde los afectados son ciudadanos miembros del Estado Mexicano.
Es tan grave lo acontecido en la selva de Ecuador que la incursión colombiana se podría tipificar como un delito de lessa humanidad, ya que el ataque tuvo el objetivo de exterminar a un grupo guerrillero, enemigo del Estado colombiano al cual las FARC le declararon la guerra hace años, pero donde hubo víctimas civiles –no paramilitares-, de ciudadanía no colombiana, y en territorio extranacional.
Si los universitarios mexicanos estaban recibiendo adiestramiento guerrillero es una imputación que deben probar los gobiernos de Colombia y Ecuador. Hasta ahora no lo han hecho. Mientras no se pruebe esto, el hecho diplomático duro es que un grupo de ciudadanos universitarios mexicanos fue arteramente asesinado en la selva ecuatoriana por tropas colombianas al ser confundidos con guerrilleros de las FARC. Lo otro es especulación.
Si el actual gobierno tiene algo de dignidad nacional y valor diplomático, debe condenar enérgicamente este asesinato masivo de ciudadanos mexicanos y protestar diplomáticamente hasta obtener una respuesta resarcitoria y satisfactoria por el agravio cometido. De otra forma, estaría convalidando el agravio diplomático y militar en contra de México.
Quisiera imaginarme si en 1994, en Chiapas, en los enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y el EZLN, hubiesen muertos ciudadano europeos o de otros países, cuál hubiera sido la reacción de sus gobiernos.
Por ello, el gobierno mexicano, antes de tratar de mediar en el conflicto, debe condenar enérgicamente esta acción militar de Colombia y exigir una investigación imparcial de los hechos a la OEA.
¿Universitarios o reclutas guerrilleros? ¿Estudiantes o narcoterroristas? Esto es lo que debe dilucidar precisamente esa investigación imparcial por parte de la OEA y las organizaciones civiles de derechos humanos. Mientras tanto el gobierno mexicano no debe hacerse bolas ni titubear: los mexicanos heridos y muertos durante esa incursión son lo que dicen sus papeles oficiales que son. Es decir, estudiantes e investigadores realizando un trabajo universitario. Es decir, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Cómo nos gustaría a muchos mexicanos que, así como el gobierno del señor Calderón defiende a capa y espada al ciudadano de origen español naturalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño, ahora en aprietos, estuviera dando la cara por la UNAM y por los mexicanos agraviados en Ecuador.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Despilfarrador
A puro ratero puso el pelele en su gabinete
Diputados federales presentan denuncias para que se investiguen los excesivos gastos que Sergio Vela, titular de Conaculta, realizó durante el 2007 en sus viajes nacionales e internacionales
Tres horas de acusaciones
MEXICO, D.F., 12 de marzo (LA JORNADA/NTX/UNIVERSAL).- En medio de críticas a su gestión por parte de diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), pero arropado por miembros de Acción Nacional (PAN), el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Sergio Vela, sostuvo una reunión de más de tres horas con integrantes de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados en la cual defendió la transparencia y legalidad de su trabajo al frente de esa instancia.
Diputados federales presentaron hoy denuncias ante órganos internos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), para que se investiguen los excesivos gastos que Sergio Vela, titular del segundo organismo, realizó durante el 2007 en sus viajes nacionales e internacionales.
Durante una larga comparecencia de más de tres horas, del funcionario ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el legislador Alfonso Súarez del Real, dio a conocer que los grupos parlamentarios del PRD y del PRI presentaron las denuncias con el fin de aclarar los gastos realizados.
Los legisladores reprocharon al funcionario, entre otros aspectos, las contradicciones e inexactitudes que presentan los diversos informes relativos al presupuesto ejercido por el CNCA en 2007, así como la “distancia” que durante todo el año pasado mantuvo con ese órgano legislativo.
A 15 meses del inicio de la administración de Vela, “el público ha presenciado la muerte del promotor cultural a manos del poder burocrático al que no pudo, o no quiso, hacer frente para convencer, promover y posicionar a la cultura entre las prioridades nacionales”, argumentó el perredista Alfonso Suárez del Real.
También se le pidieron explicaciones acerca de los polémicos temas que han sido ventilados en la prensa las últimas semanas: sus viajes al extranjero, el financiamiento de las pasadas fiestas patrias, los sobregiros en el gasto corriente, los focos rojos detectados, la renuncia de sus colaboradores.
En todo momento asesorado por sus secretarios técnicos Alvaro Hegewisch y Octavio Salazar, así como por Juan Antonio Dorantes, director de asuntos jurídicos, el titular del CNCA respondió de manera pormenorizada todos los cuestionamientos.
Presentó sus cifras en torno al dinero que maneja el CNCA: en 2007 el organismo tuvo un presupuesto de 2 mil 488.5 millones de pesos, de los que se ejercieron 2 mil 433.6, es decir, el 98 por ciento. Vela explicó que no se ejercieron los 3 mil 36.5 millones que inicialmente se asignaron al consejo porque hubo ajustes en todas las dependencias federales para apoyar al gobierno luego de las catástrofes naturales ocurridas en Tabasco y Chiapas. Reconoció que hubo “problemas de comunicación” institucional y se comprometió al restablecimiento completo de la interlocución tanto con la cámara de diputados, como con la comunidad artística.
En cuanto a los resultados de sus viajes al extranjero dijo que se ha conseguido que México sea invitado de honor en los carnavales de Valparaíso, Chile; que en 2009 el país tenga “una presencia especial” en Japón con un programa de exposiciones y artes escénicas, así como ser el invitado de honor tanto en el Salón del Libro en París, Francia como en el Kennedy Center y en el Festival del Centro de Folklore Smithsonian de Washington; también que el Museo Británico de Londres exponga la muestra Moctezuma y que venga el Ballet Real Británico.
No obstante, el diputado Suárez del Real le informó a Vela que presentó un par de denuncias ante los órganos de control del CNCA y del ISSSTE para que lleve a cabo una investigación en torno a los gastos de viajes que realizó el funcionario.
Al cuestionar la opacidad de su trabajo al frente del CNCA y pedirle que explicara cuál será su gran proyecto en este sexenio, Vela se refirió al turismo cultural como el bastión principal del Plan Nacional de Cultura 2007-2012, sobre el cual volvió a ofrecer los detalles, sin mayores cambios, que ya había dado a conocer en diciembre.
El funcionario se comprometió a entregar en dos semanas un reporte puntual “de lo planteado y de lo ya ejecutado” del presupuesto del consejo, el cual reiteró, no se utiliza de manera discrecional en la institución a su cargo.
No se permitió a los medios de comunicación estar presentes en el salón donde se realizó la comparecencia de Vela, como había ocurrido en otras ocasiones.
La prensa tuvo que presenciar la reunión por circuito cerrado en dos televisiones instaladas en el salón contiguo. Fuentes de la cámara de diputados afirmaron que este fue uno de los requisitos que el CNCA planteó para llevar a cabo el encuentro.
Así, entre severos cuestionamientos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y la falta de críticas de los de Acción Nacional (PAN), el presidente del Consejo Nacional par la Cultura y las Artes (Conaculta), Sergio Vela Martínez, compareció este miércoles ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
El funcionario se limitó a presentar un balance de su primer año de gestión y a responder uno a uno los recientes señalamientos que ha recibido por parte de los medios de comunicación.
Subejercicio en el presupuesto del 2007, poca claridad de resultados en sus viajes al extranjero, la inmovilidad del Consejo y la falta comunicación con creadores y con el propio Legislativo, fueron puntos cuestionados por la mayoría de los diputados.
Incluso, el diputado perredista José Alfonso Suárez del Real le sugirió que renunciara.
La diputada priísta Beatriz Pagés Llergo, quien fue una de las más críticas, dijo que Conaculta le falta mexicanidad: “No significa que tengamos que encerrarnos y no mirar lo que ocurre en materia cultural internacional, sino estos viajes que se hagan fuera, tengan un impacto directo para beneficio de la cultura nacional”.
Suárez del Real le informó que diputados del su grupo parlamentario presentaron una denuncia ante los órganos internos de Control del Conaculta y el ISSSTE para que se inicie una investigación sobre los gastos de sus viajes como presidente del Consejo, los cuales calificó como “V.I.P. y huésped distinguido de los sitios más exclusivos de las ciudad que ha visitado”.
Diputados federales presentan denuncias para que se investiguen los excesivos gastos que Sergio Vela, titular de Conaculta, realizó durante el 2007 en sus viajes nacionales e internacionales
Tres horas de acusaciones
MEXICO, D.F., 12 de marzo (LA JORNADA/NTX/UNIVERSAL).- En medio de críticas a su gestión por parte de diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), pero arropado por miembros de Acción Nacional (PAN), el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Sergio Vela, sostuvo una reunión de más de tres horas con integrantes de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados en la cual defendió la transparencia y legalidad de su trabajo al frente de esa instancia.
Diputados federales presentaron hoy denuncias ante órganos internos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), para que se investiguen los excesivos gastos que Sergio Vela, titular del segundo organismo, realizó durante el 2007 en sus viajes nacionales e internacionales.
Durante una larga comparecencia de más de tres horas, del funcionario ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el legislador Alfonso Súarez del Real, dio a conocer que los grupos parlamentarios del PRD y del PRI presentaron las denuncias con el fin de aclarar los gastos realizados.
Los legisladores reprocharon al funcionario, entre otros aspectos, las contradicciones e inexactitudes que presentan los diversos informes relativos al presupuesto ejercido por el CNCA en 2007, así como la “distancia” que durante todo el año pasado mantuvo con ese órgano legislativo.
A 15 meses del inicio de la administración de Vela, “el público ha presenciado la muerte del promotor cultural a manos del poder burocrático al que no pudo, o no quiso, hacer frente para convencer, promover y posicionar a la cultura entre las prioridades nacionales”, argumentó el perredista Alfonso Suárez del Real.
También se le pidieron explicaciones acerca de los polémicos temas que han sido ventilados en la prensa las últimas semanas: sus viajes al extranjero, el financiamiento de las pasadas fiestas patrias, los sobregiros en el gasto corriente, los focos rojos detectados, la renuncia de sus colaboradores.
En todo momento asesorado por sus secretarios técnicos Alvaro Hegewisch y Octavio Salazar, así como por Juan Antonio Dorantes, director de asuntos jurídicos, el titular del CNCA respondió de manera pormenorizada todos los cuestionamientos.
Presentó sus cifras en torno al dinero que maneja el CNCA: en 2007 el organismo tuvo un presupuesto de 2 mil 488.5 millones de pesos, de los que se ejercieron 2 mil 433.6, es decir, el 98 por ciento. Vela explicó que no se ejercieron los 3 mil 36.5 millones que inicialmente se asignaron al consejo porque hubo ajustes en todas las dependencias federales para apoyar al gobierno luego de las catástrofes naturales ocurridas en Tabasco y Chiapas. Reconoció que hubo “problemas de comunicación” institucional y se comprometió al restablecimiento completo de la interlocución tanto con la cámara de diputados, como con la comunidad artística.
En cuanto a los resultados de sus viajes al extranjero dijo que se ha conseguido que México sea invitado de honor en los carnavales de Valparaíso, Chile; que en 2009 el país tenga “una presencia especial” en Japón con un programa de exposiciones y artes escénicas, así como ser el invitado de honor tanto en el Salón del Libro en París, Francia como en el Kennedy Center y en el Festival del Centro de Folklore Smithsonian de Washington; también que el Museo Británico de Londres exponga la muestra Moctezuma y que venga el Ballet Real Británico.
No obstante, el diputado Suárez del Real le informó a Vela que presentó un par de denuncias ante los órganos de control del CNCA y del ISSSTE para que lleve a cabo una investigación en torno a los gastos de viajes que realizó el funcionario.
Al cuestionar la opacidad de su trabajo al frente del CNCA y pedirle que explicara cuál será su gran proyecto en este sexenio, Vela se refirió al turismo cultural como el bastión principal del Plan Nacional de Cultura 2007-2012, sobre el cual volvió a ofrecer los detalles, sin mayores cambios, que ya había dado a conocer en diciembre.
El funcionario se comprometió a entregar en dos semanas un reporte puntual “de lo planteado y de lo ya ejecutado” del presupuesto del consejo, el cual reiteró, no se utiliza de manera discrecional en la institución a su cargo.
No se permitió a los medios de comunicación estar presentes en el salón donde se realizó la comparecencia de Vela, como había ocurrido en otras ocasiones.
La prensa tuvo que presenciar la reunión por circuito cerrado en dos televisiones instaladas en el salón contiguo. Fuentes de la cámara de diputados afirmaron que este fue uno de los requisitos que el CNCA planteó para llevar a cabo el encuentro.
Así, entre severos cuestionamientos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y la falta de críticas de los de Acción Nacional (PAN), el presidente del Consejo Nacional par la Cultura y las Artes (Conaculta), Sergio Vela Martínez, compareció este miércoles ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
El funcionario se limitó a presentar un balance de su primer año de gestión y a responder uno a uno los recientes señalamientos que ha recibido por parte de los medios de comunicación.
Subejercicio en el presupuesto del 2007, poca claridad de resultados en sus viajes al extranjero, la inmovilidad del Consejo y la falta comunicación con creadores y con el propio Legislativo, fueron puntos cuestionados por la mayoría de los diputados.
Incluso, el diputado perredista José Alfonso Suárez del Real le sugirió que renunciara.
La diputada priísta Beatriz Pagés Llergo, quien fue una de las más críticas, dijo que Conaculta le falta mexicanidad: “No significa que tengamos que encerrarnos y no mirar lo que ocurre en materia cultural internacional, sino estos viajes que se hagan fuera, tengan un impacto directo para beneficio de la cultura nacional”.
Suárez del Real le informó que diputados del su grupo parlamentario presentaron una denuncia ante los órganos internos de Control del Conaculta y el ISSSTE para que se inicie una investigación sobre los gastos de sus viajes como presidente del Consejo, los cuales calificó como “V.I.P. y huésped distinguido de los sitios más exclusivos de las ciudad que ha visitado”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
