viernes, mayo 09, 2008
Justas razones de la izquierda en defensa del petróleo, pero la movilización es indispensable
Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. Se ha iniciado ya el debate sobre el petróleo. Las partes preparan los argumentos, aunque la derecha, sin ideas, repite que no busca privatizar y sólo quiere más inversiones privadas. La izquierda ha presentado la lista de sus ponentes. El constitucionalista Carrancá y Rivas advirtió que por el sólo hecho de haber enviado cinco iniciativas de reforma energética al Congreso, el presidente espurio Felipe Calderón podría ser objeto de demanda de juicio político. El juicio político es decisión pública y cualquiera puede presentarlo, dijo Carrancá y Rivas al tiempo que Muñoz Ledo advirtió que México se encuentra “en el dintel de la ruptura'' si el Congreso y la Suprema Corte avalan estas reformas. Además, Jaime Cárdenas advirtió que algunos diputados y senadores deberán ``excusarse'' de participar en este debate pues, dijo, algunos de ellos tienen “conflictos de interés'' en el tema. El FAP ha entregado la lista de sus ponentes.
2. Ponentes como Lorenzo Meyer, Juventino Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas, coincidieron en que la propuesta presidencial de reforma intenta “un golpe de Estado constitucional”. Enfatizaron que la única forma de detener esta maniobra para privatizar Petróleos Mexicanos es la movilización social. También (como Calderón) serían sujetos de juicio político aquellos legisladores que llegasen a aprobar dicha iniciativa pues, al decir Bernardo Bátiz, “ceder una posición estratégica como Pemex”, en la forma que pretende el Ejecutivo federal, “es o una tontería o un acto de traición”; mientras Jaime Cárdenas señaló que los senadores, del PRI Francisco Labastida, “responsable del Pemexgate”, y del PAN Juan Bueno Torio, ex funcionario de la paraestatal, o el diputado priísta Emilio Gamboa, entre otros, deben excusarse de participar en los debates sobre el tema, “por su evidente conflicto de intereses”.
3. La batalla de la izquierda contra la privatización avanza bien porque la derecha política y empresarial no tiene argumentos de peso y porque mucha gente está dispuesta a movilizarse en contra de la privatización. Esa derecha, con las siguientes ideas, sólo ha repetido mil veces que el gobierno de Calderón no quiere privatizar: a) que no podrán venir las grandes petroleras transnacionales a asociarse con PEMEX y emprender la aventura de buscar “el gran tesoro mexicano” que hay en las profundidades del mar y llevarse parte de él a través de contratos de riesgo, b) que tampoco podrán establecer modernas refinerías para procesar el crudo y encargarse ellas mismas de transportar, almacenar y comercializar los combustibles (gasolinas sobre todo) que produzcan. 3. que cuando mucho, si se aprueba la propuesta gubernamental, serán simples maquiladoras. Sin embargo la realidad puede ser radicalmente distinta porque con el dinero “hasta el perro baila”.
4. Los intelectuales y los luchadores sociales siempre han estado en la izquierda, aunque algunos se dejen corromper por el sistema que les paga muy bien sus servicios. En la derecha están los que han acumulado capitales, los más hábiles para hacer negocios y los juramentados. En tanto la izquierda se manifiesta contra cualquier asomo de privatización de algún patrimonio del pueblo, la derecha silencia que su objetivo es privatizar todo en beneficio de grandes empresarios mexicanos y extranjeros y que sólo quiere inversiones de capital privado. Pareciera entonces que nadie quiere privatizar el petróleo y la confrontación no tiene razón de ser. Sin embargo la realidad es muy distinta: el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, además de tener una ideología privatizadora (porque que está en el programa del PAN), tiene compromisos con el gobierno y los inversionistas de los EEUU que, por ningún motivo, pueden eludir.
5. En tanto la izquierda ha estado comprometida con las nacionalizaciones del petróleo, de la electricidad, de los ferrocarriles, de los bancos, las compañías aéreas; en apoyar instituciones de carácter social y gubernamental como el IMSS, el ISSSTE, la educación pública o la Conasupo, la derecha ha buscado siempre la privatización de todo para beneficiar a los más poderosos empresarios y hacer más miserable a la población. Usando argumentos, muy ciertos pero muy trillados, de la corrupción y enriquecimiento de los funcionarios públicos, buscan entregar las instituciones a las empresas privadas. Esa derecha, que se adueñó directamente del poder con De la Madrid en 1982, ha sido la que ha impulsado todo el proceso de privatización en la que han incluido las tierras de los campesinos devolviéndole así a los viejos y nuevos terratenientes los latifundios de los que fueron expropiados por la Revolución.
6. Por ese motivo aunque la izquierda, valiéndose de intelectuales y políticos estudiosos de la economía mexicana y del petróleo, mantenga las posiciones más justas en la defensa de ese patrimonio nacional, no podrá permitir que el gobierno y los derechistas legisladores del PAN y el PRI, aprueben su privatización. El equipo de López Obrador y miles de sus aliados han acordado (y ya están realizando) una campaña “colonia por colonia, calle por calle y casa por casa” en todo el país, aunque no se puede estar seguro que ese gigantesco y heroico trabajo de masas no sea borrado por los medios de información que mediante campañas mentirosas, pero muy vistosas, siguen controlando la mente de los mexicanos. Pero además hay que impulsar movilizaciones en las calles que obliguen a los priístas a cambiar de posición y a los panistas a echarse para atrás, a pesar de las presiones de los grandes capitales que buscan multiplicar sus ganancias.
7. En el plan lópezobradorista se registran visitas directas a millones de domicilios, también la posibilidad de inventar estrategias para extender y profundizar el trabajo de concientización. Por ejemplo se podrían colocar grandes carteles o mantas en distintos lugares, pero también pasearlas en colonias acompañadas con equipo de sonido. En las grandes ciudades es difícil encontrar a las personas mayores en las casas, pero por las noches podría hacerse una fuerte campaña “cuadra por cuadra” con voceo y volantes. Lo importante es que la población sepa que el gobierno y los empresarios quieren privatizar el petróleo y que éste es un bien que el pueblo debe defender si no quiere sufrir más miseria, falta de escuelas y servicios de salud. La población debe aprender a diferencias los intereses del pueblo explotado frente a los ricos explotadores. No necesita por ahora, mucha información, aunque sí entender como quieren someterlo.
8. Lo interesante es que muchos sectores de la población, entre ellos los intelectuales y políticos de izquierda, han comenzado a comprender que la movilización es la única que puede abrir cualquier negociación; que ningún gobierno soluciona problema alguno sino siente fuertes presiones en las calles o en los medios de información. Pero dado que éstos están al servicio de las clases dominantes parece que a la población no le queda más que ocupar las calles. La coyuntura de la defensa del petróleo puede ayudar a levantar nuevamente los movimientos y las organizaciones, así como desarrollar la conciencia de lucha de la población. Hay que esperar en que así lo estén entendiendo todas las organizaciones de lucha y que esta oportunidad de la defensa del petróleo, la electricidad, la ley del trabajo, sirva para cambiar la situación económica y política del país. No hay que perder las esperanzas; las cosas aun pueden cambiar en bien del pueblo.
Rebelión
1. Se ha iniciado ya el debate sobre el petróleo. Las partes preparan los argumentos, aunque la derecha, sin ideas, repite que no busca privatizar y sólo quiere más inversiones privadas. La izquierda ha presentado la lista de sus ponentes. El constitucionalista Carrancá y Rivas advirtió que por el sólo hecho de haber enviado cinco iniciativas de reforma energética al Congreso, el presidente espurio Felipe Calderón podría ser objeto de demanda de juicio político. El juicio político es decisión pública y cualquiera puede presentarlo, dijo Carrancá y Rivas al tiempo que Muñoz Ledo advirtió que México se encuentra “en el dintel de la ruptura'' si el Congreso y la Suprema Corte avalan estas reformas. Además, Jaime Cárdenas advirtió que algunos diputados y senadores deberán ``excusarse'' de participar en este debate pues, dijo, algunos de ellos tienen “conflictos de interés'' en el tema. El FAP ha entregado la lista de sus ponentes.
2. Ponentes como Lorenzo Meyer, Juventino Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas, coincidieron en que la propuesta presidencial de reforma intenta “un golpe de Estado constitucional”. Enfatizaron que la única forma de detener esta maniobra para privatizar Petróleos Mexicanos es la movilización social. También (como Calderón) serían sujetos de juicio político aquellos legisladores que llegasen a aprobar dicha iniciativa pues, al decir Bernardo Bátiz, “ceder una posición estratégica como Pemex”, en la forma que pretende el Ejecutivo federal, “es o una tontería o un acto de traición”; mientras Jaime Cárdenas señaló que los senadores, del PRI Francisco Labastida, “responsable del Pemexgate”, y del PAN Juan Bueno Torio, ex funcionario de la paraestatal, o el diputado priísta Emilio Gamboa, entre otros, deben excusarse de participar en los debates sobre el tema, “por su evidente conflicto de intereses”.
3. La batalla de la izquierda contra la privatización avanza bien porque la derecha política y empresarial no tiene argumentos de peso y porque mucha gente está dispuesta a movilizarse en contra de la privatización. Esa derecha, con las siguientes ideas, sólo ha repetido mil veces que el gobierno de Calderón no quiere privatizar: a) que no podrán venir las grandes petroleras transnacionales a asociarse con PEMEX y emprender la aventura de buscar “el gran tesoro mexicano” que hay en las profundidades del mar y llevarse parte de él a través de contratos de riesgo, b) que tampoco podrán establecer modernas refinerías para procesar el crudo y encargarse ellas mismas de transportar, almacenar y comercializar los combustibles (gasolinas sobre todo) que produzcan. 3. que cuando mucho, si se aprueba la propuesta gubernamental, serán simples maquiladoras. Sin embargo la realidad puede ser radicalmente distinta porque con el dinero “hasta el perro baila”.
4. Los intelectuales y los luchadores sociales siempre han estado en la izquierda, aunque algunos se dejen corromper por el sistema que les paga muy bien sus servicios. En la derecha están los que han acumulado capitales, los más hábiles para hacer negocios y los juramentados. En tanto la izquierda se manifiesta contra cualquier asomo de privatización de algún patrimonio del pueblo, la derecha silencia que su objetivo es privatizar todo en beneficio de grandes empresarios mexicanos y extranjeros y que sólo quiere inversiones de capital privado. Pareciera entonces que nadie quiere privatizar el petróleo y la confrontación no tiene razón de ser. Sin embargo la realidad es muy distinta: el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, además de tener una ideología privatizadora (porque que está en el programa del PAN), tiene compromisos con el gobierno y los inversionistas de los EEUU que, por ningún motivo, pueden eludir.
5. En tanto la izquierda ha estado comprometida con las nacionalizaciones del petróleo, de la electricidad, de los ferrocarriles, de los bancos, las compañías aéreas; en apoyar instituciones de carácter social y gubernamental como el IMSS, el ISSSTE, la educación pública o la Conasupo, la derecha ha buscado siempre la privatización de todo para beneficiar a los más poderosos empresarios y hacer más miserable a la población. Usando argumentos, muy ciertos pero muy trillados, de la corrupción y enriquecimiento de los funcionarios públicos, buscan entregar las instituciones a las empresas privadas. Esa derecha, que se adueñó directamente del poder con De la Madrid en 1982, ha sido la que ha impulsado todo el proceso de privatización en la que han incluido las tierras de los campesinos devolviéndole así a los viejos y nuevos terratenientes los latifundios de los que fueron expropiados por la Revolución.
6. Por ese motivo aunque la izquierda, valiéndose de intelectuales y políticos estudiosos de la economía mexicana y del petróleo, mantenga las posiciones más justas en la defensa de ese patrimonio nacional, no podrá permitir que el gobierno y los derechistas legisladores del PAN y el PRI, aprueben su privatización. El equipo de López Obrador y miles de sus aliados han acordado (y ya están realizando) una campaña “colonia por colonia, calle por calle y casa por casa” en todo el país, aunque no se puede estar seguro que ese gigantesco y heroico trabajo de masas no sea borrado por los medios de información que mediante campañas mentirosas, pero muy vistosas, siguen controlando la mente de los mexicanos. Pero además hay que impulsar movilizaciones en las calles que obliguen a los priístas a cambiar de posición y a los panistas a echarse para atrás, a pesar de las presiones de los grandes capitales que buscan multiplicar sus ganancias.
7. En el plan lópezobradorista se registran visitas directas a millones de domicilios, también la posibilidad de inventar estrategias para extender y profundizar el trabajo de concientización. Por ejemplo se podrían colocar grandes carteles o mantas en distintos lugares, pero también pasearlas en colonias acompañadas con equipo de sonido. En las grandes ciudades es difícil encontrar a las personas mayores en las casas, pero por las noches podría hacerse una fuerte campaña “cuadra por cuadra” con voceo y volantes. Lo importante es que la población sepa que el gobierno y los empresarios quieren privatizar el petróleo y que éste es un bien que el pueblo debe defender si no quiere sufrir más miseria, falta de escuelas y servicios de salud. La población debe aprender a diferencias los intereses del pueblo explotado frente a los ricos explotadores. No necesita por ahora, mucha información, aunque sí entender como quieren someterlo.
8. Lo interesante es que muchos sectores de la población, entre ellos los intelectuales y políticos de izquierda, han comenzado a comprender que la movilización es la única que puede abrir cualquier negociación; que ningún gobierno soluciona problema alguno sino siente fuertes presiones en las calles o en los medios de información. Pero dado que éstos están al servicio de las clases dominantes parece que a la población no le queda más que ocupar las calles. La coyuntura de la defensa del petróleo puede ayudar a levantar nuevamente los movimientos y las organizaciones, así como desarrollar la conciencia de lucha de la población. Hay que esperar en que así lo estén entendiendo todas las organizaciones de lucha y que esta oportunidad de la defensa del petróleo, la electricidad, la ley del trabajo, sirva para cambiar la situación económica y política del país. No hay que perder las esperanzas; las cosas aun pueden cambiar en bien del pueblo.
Bolivia al borde de un ataque de nervios
Barómetro Internacional
Desestabilización.
Por Bruno Lima Rocha
El referéndum autoconvocado por las autoridades de la Provincia de Santa Cruz pone en jaque las posibilidades del Estado multi-étnico y con pluralismo jurídico defendido tanto por el gobierno de Evo Morales como por su oposición social. El punto de confluencia de todos en la tierra de Tupac Katari, es la Constituyente que rompe con el Estado oligárquico colonial. Esta Constituyente fue definida en un acuerdo con la ausencia de la derecha, de los empresarios cruceños y de la Media Luna.
Esa mitad de Bolivia tiene la mitad de PBI. No es mucho, pero Santa Cruz de la Sierra posee más del 30% del mismo. Este peso inclina la balanza hacia el lado de los latifundistas y los empresarios asociados a las transnacionales y a la soja brasilera. El discurso fundamentado en “Cambas x Collas” es muy forzado. Las raíces populares cruceñas son anti-oligárquicas, pero el discurso de la derecha es ahora abiertamente secesionista y defiende el “origen guaraní” de los latifundistas blancos y de origen inmigrante.
Algunas alternativas posibles para el gobierno de Evo y su oposición social - por la izquierda- frente a la oligarquía de la Media Luna con los dueños de Santa Cruz al frente:
- No se puede confiar en las Fuerzas Armadas bolivianas, menos todavía en el Ejército de Bánzer, Barrientos y otros narcotraficantes, para defender el gobierno electo de Morales. Un golpe de estado o una “salida” cívico-militar es algo que tiene que ser tenido en cuenta.
- Tampoco es posible creer que esas mismas Fuerzas Armadas van a tolerar la división territorial del país. Por lo tanto, el chantaje político empuja a La Paz a encontrar una solución al problema.
- Una intervención del Gobierno Nacional a la Provincia de Santa Cruz es todo lo que la oligarquía quiere, para elevar el conflicto de calle y la violencia de masas.
- Es muy difícil contener al movimiento social de Bolivia, que va más a la izquierda que el MÁS y el gobierno de Morales. Es la oportunidad de traspasar el proceso de gobernabilidad y la adhesión de Evo a la alianza continental capitaneada por Chávez. Traspasar ese límite va a implicar la constitución de un doble poder y una lucha frontal contra la oligarquía.
- La fuerza de Santa Cruz es fundamental para la economía boliviana y todavía más importante para afirmar un Estado pluri-étnico, sobre todo sin quebrar la unidad territorial del país. La oposición social dentro de la provincia dominada por la oligarquía es una alternativa, pero inviable en el corto plazo. Atacar las bases racistas de los “autonomistas” es una vía rápida para la unidad contra la herencia colonial. La defensa de los hidrocarburos es un interés estratégico tan importante como la definición ideológica del territorio boliviano.
- Si hay un impasse, obligando a Evo a retroceder, estarán explotando la conflagración y el conflicto interno en Bolivia, exacerbando la ira de las masas y llegando a una escala de mayor violencia.
E-mail: blimarocha@via-rs.net
Europa pretende expulsar a 8 millones de inmigrantes
Barómetro Internacional
Los ”ilegales”.
Por Ricardo Daher
Esta semana comienza la discusión sobre un plan ya acordado para establecer políticas comunes entre los miembros de la Unión Europea a efectos de expulsar a unos 8 millones de inmigrantes ilegales, y establecer la posibilidad de prisión, entre 6 y 18 meses, a quienes sean detenidos en esa situación y previo a la expulsión.
Así, el ser encontrado sin papeles de residencia pasa a ser un delito mayor, que por ejemplo, la violación y el hurto, según las penas aplicadas en algunos países de la Unión Europea.
Los 27 países integrantes de la U.E. comienzan en el Comité de Representantes Permanentes la discusión del proyecto de la Directiva de Retorno que pretende unificar las políticas de cada país en materia de inmigración y repatriación de los indocumentados extranjeros.
Con el triunfo de Silvio Berlusconi en Italia, la posición del presidente francés Nicolas Sarkozy se ha reforzado, y pese a que todos los estudios señalan la necesidad de obtener mano de obra extranjera para sostener el crecimiento económico, la Unión se inclina por reducir el flujo de inmigrantes y expulsar a los residentes.
En su campaña electoral, el recién electo primer ministro italiano, ha prometido "cerrar las fronteras y construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que se ven obligados a entrar en la vida de la delincuencia". Mientras, el presidente francés quiere que la inmigración sea una de las prioridades de la próxima presidencia europea francesa. Cabe recordar que cuando Sarkozy era ministro del Interior de su país, bajo la presidencia de Jacques Chirac, comenzó a aplicar la política de detención de inmigrantes indocumentados, incluso menores de edad.
El descenso de la tasa de crecimiento económico en Europa, y el aumento del desempleo en muchos países, provocado por factores como la suba del petróleo, el descenso del dólar, entre otros, ha reforzado el discurso de la derecha que busca en los inmigrantes al “cabeza de turco” de esta situación.
El proyecto de directiva acordado por representantes del Consejo, Parlamento y la Comisión, publicado en alguna prensa de Europa, establece la posibilidad de detener a los inmigrantes ilegales 6 meses, con la posibilidad de extender el período otros 12 meses, la expulsión al país de origen y la prohibición de volver a ingresar a la Unión por un plazo de cinco años.
El proyecto sostiene que los indocumentados sólo podrán ser detenidos si “existe riesgo de fuga”, lo que es una valoración subjetiva, o traten de "eludir o entorpecer" su repatriación.
La norma abarca a todo extranjero que se encuentre ilegalmente en cualquiera de los 27 países de la Unión. Estas normas fueron impulsadas por los gobiernos de Francia, Italia y España (antes de la asunción de Berlusconi) el pasado 23 de abril, y bajo la presidencia eslovena de la Unión.
Muchos países de la Unión ya están expulsando inmigrantes indocumentados. Italia expulsa un promedio de 60 mil indocumentados por año, España, entre 2004 y 2007 expulsó, “repatrió” dicen los documentos oficiales, a 370.000 personas, es decir un promedio de 92.500 cada año. Con el detalle de que en este período, las “repatriaciones” aumentaron un 43% en relación a años anteriores.
En Francia las expulsiones de extranjeros indocumentados ascienden a un promedio de 25 mil por año, según datos oficiales.
Italia también mantuvo un promedio de 50.000 expulsados por año, y sólo entre 2004 y 2006, Roma expulsó a 58.000 rumanos a los que acusa de todo tipo de crímenes.
En otros países se carece de cifras concretas sobre la expulsión de inmigrantes indocumentados, pero es seguro que no existe una “isla” en la Unión Europea donde los indocumentados puedan estar tranquilos.
Lo paradójico es que los países europeos necesitan de la inmigración, y no sólo para los trabajos no calificados.
Por ejemplo, en la rica Suecia, el 22 por ciento de los médicos son extranjeros, el 20 por ciento de los profesores universitarios y al menos el 10 por ciento los ingenieros civiles.
Un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) valoraron en un informe del 2006, que "numerosos estudios demuestran que los inmigrantes cubren puestos de trabajos esenciales que a los nativos les resultan poco gratos, y que su presencia, actividad e iniciativa generan más empleo".
Por su parte, el Director General de la OIM, Brunson McKinley, dijo que la percepción de que los inmigrantes representan una carga financiera para los países de acogida "no está respaldada por la investigación".
Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido ha calculado que en 1999 y 2000, los inmigrantes establecidos en el país, aumentaron en 4.000 millones de dólares netas el presupuesto, es decir pagaron impuestos y aportes a la seguridad social más de lo que recibieron en prestaciones.
En Alemania, el inmigrante medio realiza una contribución positiva de más de 60 mil dólares a lo largo de su vida. Durante el 2006, el 25% de los ingresos del sector de la construcción procedieron de los inmigrantes, para los que se construyeron 170.000 viviendas.
En Estados Unidos, la inmigración generó ingresos nacionales adicionales de 8.000 millones de dólares en el 2005.
Según Naciones Unidas, la Unión Europea necesita multiplicar por dos el número de inmigrantes que reciba de hoy hasta 2050 a causa del envejecimiento de la población y la reducción del tamaño de las familias.
Eso o la decadencia.
E-mail: ricardher@gmail.com
El clamor
Sobre un reportaje y un premio del diario El País
Pascual Serrano
Un reportaje sobre la entrega de un premio del diario El País es titulado en ese mismo diario, en su edición del 8 de mayo, “Clamor por el cambio en Cuba”. Me acordé entonces de los tiempos en que yo trabajé en ABC y del uso recurrente de la palabra “clamor” por quien entonces era su director, Luis María Ansón. Cuando se quería denunciar un caso de corrupción, por nimio que fuera, o pedir una determinada inversión en infraestructuras a la Administración, Ansón elegía titulares como “Un clamor ciudadano se indigna por el caso… “ o “Un clamor exige un nuevo carril en la carretera de La Coruña”. Evidentemente, uno salía a la calle y no veía el clamor, sólo existía en la mente del director del periódico. La estratagema es muy habitual en los medios de comunicación: cuando poseen una línea ideológica, una posición política o una demanda no lo reconocen en su editorial sino que intentan presentar su cruzada como el reflejo de una masiva demanda ciudadana, “un clamor”. Se trata de un claro ejemplo de cobardía intelectual y de engaño a la audiencia, puesto que no lo presentan como su propio ideario o propuesta política sino que intentan hacernos creer que es la ciudadanía quien participa de esa posición y demanda acciones, sin existir elementos informativos rigurosos que lo sostengan. Es como cuando titulan “los españoles piden… “ o “los cubanos demandan… “, sin luego añadir ningún soporte estadístico serio. Recuerdo cómo un periódico venezolano titulaba que los turcos estaban preocupados por tener un presidente islamista dos semanas después de que lo hubieran votado por mayoría. Al único que le preocupaba era al director del periódico venezolano, a los turcos les hubiera preocupado tener a otro diferente del que votaron.
En el caso de El País, ha concedido su premio a una persona que pide cambios en Cuba, recoge el testimonio de los miembros del jurado que la han seleccionado –y, por tanto, comparten la demanda de los cambios- y ya tiene el clamor. El diccionario de la Real Academia tiene como primera acepción de clamor, “grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo”. Puesto que el grito o la voz la establecen en singular, basta una persona que dote a su voz de vigor y esfuerzo para crear un clamor. Por tanto, habrá sin duda un clamor a favor del cambio en Cuba, otro a favor del no cambio, otro que pida que santifiquen a Fidel Castro y otro que pida que lo fusilen. El periódico tomará el que más se ajuste a su propuesta política y creará un titular, que es lo que ha hecho El País.
Aunque quizás se trate de la segunda acepción de la Real Academia, “grito vehemente de una multitud”. En cuyo caso, simplemente es mentira, el diario no ha constatado ninguna multitud, sólo pedían cambios los miembros del jurado que ha concedido el premio a alguien que pedía los cambios y los que fueron a celebrar la concesión.
Y para más desparpajo subtitulan la noticia: “Los Premios Ortega y Gasset reconocen a los profesionales que luchan contra la corrupción y la mentira”.
Adenda final:
Dice la noticia que “también se cuestionó la mordaza que se impone a los reporteros en países como México, desde donde llegaron dos de las premiadas”. Se les olvidó otra periodista, Carmen Aristegui (1), expulsada por su línea crítica de W Radio, una emisora propiedad de Televisa y, casualmente, del grupo Prisa, el del diario El País y de los patrocinadores del premio.
(1) La periodista despedida por Prisa y Televisa habla de la libertad de expresión y libertad de empresa
El derecho de las audiencias
Carmen Aristegui F. (19-01-2008)
Pascual Serrano
Un reportaje sobre la entrega de un premio del diario El País es titulado en ese mismo diario, en su edición del 8 de mayo, “Clamor por el cambio en Cuba”. Me acordé entonces de los tiempos en que yo trabajé en ABC y del uso recurrente de la palabra “clamor” por quien entonces era su director, Luis María Ansón. Cuando se quería denunciar un caso de corrupción, por nimio que fuera, o pedir una determinada inversión en infraestructuras a la Administración, Ansón elegía titulares como “Un clamor ciudadano se indigna por el caso… “ o “Un clamor exige un nuevo carril en la carretera de La Coruña”. Evidentemente, uno salía a la calle y no veía el clamor, sólo existía en la mente del director del periódico. La estratagema es muy habitual en los medios de comunicación: cuando poseen una línea ideológica, una posición política o una demanda no lo reconocen en su editorial sino que intentan presentar su cruzada como el reflejo de una masiva demanda ciudadana, “un clamor”. Se trata de un claro ejemplo de cobardía intelectual y de engaño a la audiencia, puesto que no lo presentan como su propio ideario o propuesta política sino que intentan hacernos creer que es la ciudadanía quien participa de esa posición y demanda acciones, sin existir elementos informativos rigurosos que lo sostengan. Es como cuando titulan “los españoles piden… “ o “los cubanos demandan… “, sin luego añadir ningún soporte estadístico serio. Recuerdo cómo un periódico venezolano titulaba que los turcos estaban preocupados por tener un presidente islamista dos semanas después de que lo hubieran votado por mayoría. Al único que le preocupaba era al director del periódico venezolano, a los turcos les hubiera preocupado tener a otro diferente del que votaron.
En el caso de El País, ha concedido su premio a una persona que pide cambios en Cuba, recoge el testimonio de los miembros del jurado que la han seleccionado –y, por tanto, comparten la demanda de los cambios- y ya tiene el clamor. El diccionario de la Real Academia tiene como primera acepción de clamor, “grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo”. Puesto que el grito o la voz la establecen en singular, basta una persona que dote a su voz de vigor y esfuerzo para crear un clamor. Por tanto, habrá sin duda un clamor a favor del cambio en Cuba, otro a favor del no cambio, otro que pida que santifiquen a Fidel Castro y otro que pida que lo fusilen. El periódico tomará el que más se ajuste a su propuesta política y creará un titular, que es lo que ha hecho El País.
Aunque quizás se trate de la segunda acepción de la Real Academia, “grito vehemente de una multitud”. En cuyo caso, simplemente es mentira, el diario no ha constatado ninguna multitud, sólo pedían cambios los miembros del jurado que ha concedido el premio a alguien que pedía los cambios y los que fueron a celebrar la concesión.
Y para más desparpajo subtitulan la noticia: “Los Premios Ortega y Gasset reconocen a los profesionales que luchan contra la corrupción y la mentira”.
Adenda final:
Dice la noticia que “también se cuestionó la mordaza que se impone a los reporteros en países como México, desde donde llegaron dos de las premiadas”. Se les olvidó otra periodista, Carmen Aristegui (1), expulsada por su línea crítica de W Radio, una emisora propiedad de Televisa y, casualmente, del grupo Prisa, el del diario El País y de los patrocinadores del premio.
(1) La periodista despedida por Prisa y Televisa habla de la libertad de expresión y libertad de empresa
El derecho de las audiencias
Carmen Aristegui F. (19-01-2008)
Fondos de pensiones y redistribución del ingreso
Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx
En su discurso, la derecha mexicana insiste en la necesidad de resolver los problemas estructurales de la pobreza. Sin embargo, sus propuestas y acciones no certifican este propósito. La pésima distribución del ingreso es un problema estructural grave que se está profundizando. Ejemplo de ello es la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las modificaciones, que los legisladores del PRIAN, con el voto del FAP en contra, hicieron al mismo tiempo en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) para que las Afores cobren su comisión por la administración de la cuenta del trabajador como un porcentaje sobre la cantidad ahorrada (saldo) y no sobre cada depósito (flujo). Este cambio se presentó como favorable para el trabajador, pero los cálculos demuestran lo contrario.
El 15 de marzo pasado, cuando entró en vigor esta modificación, las 20 Afores dieron a conocer la comisión que van a cobrar al trabajador por la administración obligatoria de su cuenta. Esta comisión se ubica entre 1.18 y 3.3 por ciento sobre el ahorro acumulado en la cuenta del trabajador y el promedio ponderado es de 1.72 por ciento. Dos Afores cobran más de 3, cinco más de 2 y ocho entre 1.99 y 1.5 por ciento, y sólo cuatro por debajo de 1.5 por ciento. O sea, las Afores han incrementando su cobro sobre el ahorro del trabajador hasta en mil 400 por ciento y sólo cinco menos de 100 por ciento. Sirve como punto de comparación que las cuentas administradas por el Banco de México pagaban 0.5 por ciento sobre el saldo en 2007.
Visto bajo un enfoque distributivo esto significa una transferencia, sólo en 2008, de alrededor de 16 mil 500 millones de pesos de los trabajadores a los grandes grupos financieros, en su mayoría extranjeros. Las Afores que se llevarán más de mil millones cada una son, en orden decreciente: Banamex, Bancomer, ING, Profuturo GNP, Inbursa y Banorte Generali. Esta transferencia es además obligatoria porque lo único que pueden hacer los trabajadores es cambiar de Afore, ya que no pueden salir del sistema. Estamos ante otra legislación que favorece a los grandes grupos financieros en agravio de los trabajadores.
Las Afores nunca pierden. Cuando se inició el sistema, en 1997, cobraban una comisión alta, de alrededor de 20 por ciento sobre cada depósito que hacía el trabajador, y un porcentaje bajo sobre sus ahorros. Ahora que se ha juntado mucho dinero en las cuentas –841 mil 601 millones de pesos en enero de 2008–, los legisladores de derecha cambian el sistema y las Afores empiezan a cobrar un porcentaje alto sobre el ahorro.
Con esto el monto de la comisión de la Afore irá aumentando mes con mes porque el saldo aumenta. En un momento dado el cobro de la Afore por la administración del fondo del trabajador será más alto que su depósito. O, dicho de otra manera, a partir de determinado momento el trabajador sigue depositando, pero su ahorro empieza a bajar. Un primer cálculo, comparando los cobros sobre flujo, con el cobro sobre el ahorro acumulado durante el lapso de 30 años, tiene resultados alarmantes. Demuestra que, con la modificación de la LSAR, las Afores se embolsarán una cantidad por lo menos 7 veces mayor de lo que hubieran recibido con el sistema anterior.
No menos grave es que un análisis preciso del rendimiento neto real de los fondos de pensiones demuestra que es muy bajo e, incluso, puede ser negativo. Este rendimiento es el incremento del valor del fondo de ahorro del trabajador restando la comisión y la inflación. Tramposamente la Consar da datos comparativos del “rendimiento neto” de las Afores que sólo resta la comisión del rendimiento nominal durante los últimos 36 meses, pero no ajusta por la inflación. En otro cuadro se hace el ajuste por la inflación, pero no se resta la comisión. Si se combinan ambas fuentes de datos para calcular el “rendimiento neto real”, resulta que éste va de 3.14 a menos 0.17 por ciento, tomando los últimos 12 meses como base de cálculo. Seis Afores tienen rendimientos netos reales por arriba de uno por ciento; nueve entre uno y cero, y tres, rendimientos negativos. Cabe añadir que en estos resultados todavía no pesaba mucho la creciente crisis del mercado financiero internacional de 2008.
Los datos duros que resultan de la modificación de la LSAR son otro ejemplo de que la redistribución regresiva del ingreso impulsado por la derecha golpeará, además, al grupo poblacional vulnerable que son los jubilados y los viejos. La política sistemática de transferir recursos de los trabajadores a los grupos financieros ahonda día con día las raíces estructurales de la pobreza.
salud@gobiernolegitimo.org.mx
En su discurso, la derecha mexicana insiste en la necesidad de resolver los problemas estructurales de la pobreza. Sin embargo, sus propuestas y acciones no certifican este propósito. La pésima distribución del ingreso es un problema estructural grave que se está profundizando. Ejemplo de ello es la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las modificaciones, que los legisladores del PRIAN, con el voto del FAP en contra, hicieron al mismo tiempo en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) para que las Afores cobren su comisión por la administración de la cuenta del trabajador como un porcentaje sobre la cantidad ahorrada (saldo) y no sobre cada depósito (flujo). Este cambio se presentó como favorable para el trabajador, pero los cálculos demuestran lo contrario.
El 15 de marzo pasado, cuando entró en vigor esta modificación, las 20 Afores dieron a conocer la comisión que van a cobrar al trabajador por la administración obligatoria de su cuenta. Esta comisión se ubica entre 1.18 y 3.3 por ciento sobre el ahorro acumulado en la cuenta del trabajador y el promedio ponderado es de 1.72 por ciento. Dos Afores cobran más de 3, cinco más de 2 y ocho entre 1.99 y 1.5 por ciento, y sólo cuatro por debajo de 1.5 por ciento. O sea, las Afores han incrementando su cobro sobre el ahorro del trabajador hasta en mil 400 por ciento y sólo cinco menos de 100 por ciento. Sirve como punto de comparación que las cuentas administradas por el Banco de México pagaban 0.5 por ciento sobre el saldo en 2007.
Visto bajo un enfoque distributivo esto significa una transferencia, sólo en 2008, de alrededor de 16 mil 500 millones de pesos de los trabajadores a los grandes grupos financieros, en su mayoría extranjeros. Las Afores que se llevarán más de mil millones cada una son, en orden decreciente: Banamex, Bancomer, ING, Profuturo GNP, Inbursa y Banorte Generali. Esta transferencia es además obligatoria porque lo único que pueden hacer los trabajadores es cambiar de Afore, ya que no pueden salir del sistema. Estamos ante otra legislación que favorece a los grandes grupos financieros en agravio de los trabajadores.
Las Afores nunca pierden. Cuando se inició el sistema, en 1997, cobraban una comisión alta, de alrededor de 20 por ciento sobre cada depósito que hacía el trabajador, y un porcentaje bajo sobre sus ahorros. Ahora que se ha juntado mucho dinero en las cuentas –841 mil 601 millones de pesos en enero de 2008–, los legisladores de derecha cambian el sistema y las Afores empiezan a cobrar un porcentaje alto sobre el ahorro.
Con esto el monto de la comisión de la Afore irá aumentando mes con mes porque el saldo aumenta. En un momento dado el cobro de la Afore por la administración del fondo del trabajador será más alto que su depósito. O, dicho de otra manera, a partir de determinado momento el trabajador sigue depositando, pero su ahorro empieza a bajar. Un primer cálculo, comparando los cobros sobre flujo, con el cobro sobre el ahorro acumulado durante el lapso de 30 años, tiene resultados alarmantes. Demuestra que, con la modificación de la LSAR, las Afores se embolsarán una cantidad por lo menos 7 veces mayor de lo que hubieran recibido con el sistema anterior.
No menos grave es que un análisis preciso del rendimiento neto real de los fondos de pensiones demuestra que es muy bajo e, incluso, puede ser negativo. Este rendimiento es el incremento del valor del fondo de ahorro del trabajador restando la comisión y la inflación. Tramposamente la Consar da datos comparativos del “rendimiento neto” de las Afores que sólo resta la comisión del rendimiento nominal durante los últimos 36 meses, pero no ajusta por la inflación. En otro cuadro se hace el ajuste por la inflación, pero no se resta la comisión. Si se combinan ambas fuentes de datos para calcular el “rendimiento neto real”, resulta que éste va de 3.14 a menos 0.17 por ciento, tomando los últimos 12 meses como base de cálculo. Seis Afores tienen rendimientos netos reales por arriba de uno por ciento; nueve entre uno y cero, y tres, rendimientos negativos. Cabe añadir que en estos resultados todavía no pesaba mucho la creciente crisis del mercado financiero internacional de 2008.
Los datos duros que resultan de la modificación de la LSAR son otro ejemplo de que la redistribución regresiva del ingreso impulsado por la derecha golpeará, además, al grupo poblacional vulnerable que son los jubilados y los viejos. La política sistemática de transferir recursos de los trabajadores a los grupos financieros ahonda día con día las raíces estructurales de la pobreza.
Cuarta Flota: mensaje de guerra
Raúl Zibechi
El primero de julio, la armada de Estados Unidos reactivará la Cuarta Flota, con la intención de “combatir el terrorismo”, las “actividades ilícitas” y enviar un “mensaje” a Venezuela y al resto de la región. Se trata de la primera reacción con una proyección de largo aliento por parte de Washington, luego del ataque al campamento de las FARC el pasado primero de marzo, que hizo temblar el tablero regional y puso en evidencia la debilidad de la superpotencia y el aislamiento de sus aliados en la región.
El comunicado del Pentágono, emitido el 25 de abril, argumenta que la reactivación de la Cuarta Flota –creada en 1943 para enfrentar la amenaza de los submarinos nazis en el Caribe y Sudamérica y disuelta en 1950– servirá para “demostrar el compromiso de Estados Unidos con sus socios regionales”. La flota estará comandada por el contralmirante Joseph Kernan, actual jefe del Comando de Tácticas Especiales de Guerra Naval, tendrá su base en Mayport, Florida, y dependerá del Comando Sur con sede en Miami. Once buques, entre ellos un portaviones y un submarino nuclear, conformarán el núcleo inicial de la flota.
La decisión del Pentágono se produce en un momento de particular tensión en Sudamérica y de extrema volatilidad en los mercados de commodities. No debe olvidarse que un tercio de las importaciones de petróleo de Estados Unidos provienen de Venezuela, México y Ecuador, lo que convierte a la región en un espacio estratégico para mantener la supremacía económica y militar del principal país del planeta. En segundo lugar, el imperio viene cosechando una seguidilla de derrotas en la región: el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay, la inminente creación del Consejo Sudamericano de Defensa a instancias de Brasil y Venezuela, el afianzamiento del proceso liderado por Rafael Correa en Ecuador, que supone reveses para las multinacionales petroleras y mineras, y la consolidación de la independencia económica de países como Brasil, que apuntan a reforzar un Mercosur cada vez menos dependiente de las economías del primer mundo, entre los más relevantes.
A todo ello deben sumarse, en tercer lugar, las fuertes tendencias hacia la inestabilidad en la región, como enseñan las recientes revueltas en Haití, la potente disputa por la hegemonía en Bolivia y la ofensiva de sectores del gran empresariado contra el gobierno de Cristina Fernández en Argentina. Ante este panorama, en el cual la inestabilidad tiende a agudizarse ante la feroz especulación del capital que está provocando alzas espectaculares de los precios de los alimentos, la reactivación de la Cuarta Flota representa una apuesta a un tipo de intervencionismo de carácter aeronaval y no terrestre, como reconoce el analista conservador argentino Rosendo Fraga (“La Cuarta Flota y los submarinos de Chávez”, 28 de abril, en Nueva Mayoría).
En efecto, al estar empantanado en Irak y Afganistán, el Pentágono no dispone de fuerzas terrestres para “distraer” en otros teatros de operaciones. De ahí la apuesta por fortalecerse a través de medios aéreos y navales para controlar una región que cada vez le resulta menos amable. Pero el despliegue de la Cuarta Flota no es sólo una advertencia sino sobre todo una amenaza. Aunque Hugo Chávez manifestó que “el viejo imperio ya no asusta”, algo cierto en el escenario general, en lo concreto Washington sigue siendo capaz de fabricar crisis como lo está demostrando estos días en Bolivia. En el país andino se está escenificando una estrategia largamente planificada, que pretende aprender de los “errores” cometidos en Venezuela, donde el fracaso del golpe de Estado de abril de 2002 estuvo en la base de la radicalización del proceso.
En Bolivia, por el contrario, se implementa una estrategia menos estridente pero tan destructiva como el golpismo, con base en una demanda autonómica que en realidad forma parte del proyecto estratégico de Evo Morales pero que es utilizada con fines opuestos: en vez de empoderar a los movimientos sociales y a la sociedad civil, busca blindar los intereses de la oligarquía cruceña y frenar el proceso de cambios iniciado por el gobierno de La Paz. El resultado, aun en el mejor de los escenarios, es la fabricación de un proceso que puede arrastrar al gobierno de Evo hacia una crisis de Estado, que fuerce a negociar a la baja el programa de cambios o provoque la dimisión para evitar una guerra o la división del país.
En este punto vale la pena tener en consideración las reflexiones del geógrafo estadunidense David Harvey, quien sostiene que el neoliberalismo se caracteriza por lo que denomina como “acumulación por desposesión”, o sea por la apropiación de bienes comunes, empresas y hasta estados. En un reciente artículo (“El neoliberalismo como destrucción creativa”), Harvey sostiene que para “restaurar el poder de clase” –amenazado por las rebeliones a partir de los años 60– se fabrican crisis para poder imponer el recetario neoliberal. Esas crisis pueden asumir formas muy diversas: el golpe de Estado, como en Chile en 1973; la invasión, como en Irak; o la amenaza de bancarrota, como se hizo con la ciudad de Nueva York en 1975 para derrotar a los sindicatos municipales.
Lo cierto es que la acumulación por desposesión no puede hacerse sin violencia, material o simbólica, o ambas, en un proceso totalmente antidemocrático de imposición vertical de un modelo de sociedad. Ya no se trata sólo de defender los privilegios de una clase social, como sucedió en los 60 y 70 por medio de golpes de Estado en toda la región. Digamos que aquella era una táctica “defensiva” de los de arriba para mantener sus privilegios. Ahora las cosas son enteramente diferentes: se busca remodelar el mapa de la región, y del mundo, a favor de las multinacionales y del imperio, desplazando poblaciones enteras donde hay riquezas naturales o allí donde el capital busca tierras para producir commodities mediante monocultivos. Y, para ello, barrer con corrupción, o a la fuerza, a los gobernantes molestos. La Cuarta Flota es una pieza más de ese engranaje.
El primero de julio, la armada de Estados Unidos reactivará la Cuarta Flota, con la intención de “combatir el terrorismo”, las “actividades ilícitas” y enviar un “mensaje” a Venezuela y al resto de la región. Se trata de la primera reacción con una proyección de largo aliento por parte de Washington, luego del ataque al campamento de las FARC el pasado primero de marzo, que hizo temblar el tablero regional y puso en evidencia la debilidad de la superpotencia y el aislamiento de sus aliados en la región.
El comunicado del Pentágono, emitido el 25 de abril, argumenta que la reactivación de la Cuarta Flota –creada en 1943 para enfrentar la amenaza de los submarinos nazis en el Caribe y Sudamérica y disuelta en 1950– servirá para “demostrar el compromiso de Estados Unidos con sus socios regionales”. La flota estará comandada por el contralmirante Joseph Kernan, actual jefe del Comando de Tácticas Especiales de Guerra Naval, tendrá su base en Mayport, Florida, y dependerá del Comando Sur con sede en Miami. Once buques, entre ellos un portaviones y un submarino nuclear, conformarán el núcleo inicial de la flota.
La decisión del Pentágono se produce en un momento de particular tensión en Sudamérica y de extrema volatilidad en los mercados de commodities. No debe olvidarse que un tercio de las importaciones de petróleo de Estados Unidos provienen de Venezuela, México y Ecuador, lo que convierte a la región en un espacio estratégico para mantener la supremacía económica y militar del principal país del planeta. En segundo lugar, el imperio viene cosechando una seguidilla de derrotas en la región: el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay, la inminente creación del Consejo Sudamericano de Defensa a instancias de Brasil y Venezuela, el afianzamiento del proceso liderado por Rafael Correa en Ecuador, que supone reveses para las multinacionales petroleras y mineras, y la consolidación de la independencia económica de países como Brasil, que apuntan a reforzar un Mercosur cada vez menos dependiente de las economías del primer mundo, entre los más relevantes.
A todo ello deben sumarse, en tercer lugar, las fuertes tendencias hacia la inestabilidad en la región, como enseñan las recientes revueltas en Haití, la potente disputa por la hegemonía en Bolivia y la ofensiva de sectores del gran empresariado contra el gobierno de Cristina Fernández en Argentina. Ante este panorama, en el cual la inestabilidad tiende a agudizarse ante la feroz especulación del capital que está provocando alzas espectaculares de los precios de los alimentos, la reactivación de la Cuarta Flota representa una apuesta a un tipo de intervencionismo de carácter aeronaval y no terrestre, como reconoce el analista conservador argentino Rosendo Fraga (“La Cuarta Flota y los submarinos de Chávez”, 28 de abril, en Nueva Mayoría).
En efecto, al estar empantanado en Irak y Afganistán, el Pentágono no dispone de fuerzas terrestres para “distraer” en otros teatros de operaciones. De ahí la apuesta por fortalecerse a través de medios aéreos y navales para controlar una región que cada vez le resulta menos amable. Pero el despliegue de la Cuarta Flota no es sólo una advertencia sino sobre todo una amenaza. Aunque Hugo Chávez manifestó que “el viejo imperio ya no asusta”, algo cierto en el escenario general, en lo concreto Washington sigue siendo capaz de fabricar crisis como lo está demostrando estos días en Bolivia. En el país andino se está escenificando una estrategia largamente planificada, que pretende aprender de los “errores” cometidos en Venezuela, donde el fracaso del golpe de Estado de abril de 2002 estuvo en la base de la radicalización del proceso.
En Bolivia, por el contrario, se implementa una estrategia menos estridente pero tan destructiva como el golpismo, con base en una demanda autonómica que en realidad forma parte del proyecto estratégico de Evo Morales pero que es utilizada con fines opuestos: en vez de empoderar a los movimientos sociales y a la sociedad civil, busca blindar los intereses de la oligarquía cruceña y frenar el proceso de cambios iniciado por el gobierno de La Paz. El resultado, aun en el mejor de los escenarios, es la fabricación de un proceso que puede arrastrar al gobierno de Evo hacia una crisis de Estado, que fuerce a negociar a la baja el programa de cambios o provoque la dimisión para evitar una guerra o la división del país.
En este punto vale la pena tener en consideración las reflexiones del geógrafo estadunidense David Harvey, quien sostiene que el neoliberalismo se caracteriza por lo que denomina como “acumulación por desposesión”, o sea por la apropiación de bienes comunes, empresas y hasta estados. En un reciente artículo (“El neoliberalismo como destrucción creativa”), Harvey sostiene que para “restaurar el poder de clase” –amenazado por las rebeliones a partir de los años 60– se fabrican crisis para poder imponer el recetario neoliberal. Esas crisis pueden asumir formas muy diversas: el golpe de Estado, como en Chile en 1973; la invasión, como en Irak; o la amenaza de bancarrota, como se hizo con la ciudad de Nueva York en 1975 para derrotar a los sindicatos municipales.
Lo cierto es que la acumulación por desposesión no puede hacerse sin violencia, material o simbólica, o ambas, en un proceso totalmente antidemocrático de imposición vertical de un modelo de sociedad. Ya no se trata sólo de defender los privilegios de una clase social, como sucedió en los 60 y 70 por medio de golpes de Estado en toda la región. Digamos que aquella era una táctica “defensiva” de los de arriba para mantener sus privilegios. Ahora las cosas son enteramente diferentes: se busca remodelar el mapa de la región, y del mundo, a favor de las multinacionales y del imperio, desplazando poblaciones enteras donde hay riquezas naturales o allí donde el capital busca tierras para producir commodities mediante monocultivos. Y, para ello, barrer con corrupción, o a la fuerza, a los gobernantes molestos. La Cuarta Flota es una pieza más de ese engranaje.
El 27
Luis Javier Garrido
La disputa por la nación que marca el segundo año del gobierno de facto calderonista, se está caracterizando por la vigorosa aparición en escena del pueblo mexicano, pero también por una exigencia creciente de que seamos un país sustentado en las leyes y no en las pretensiones de las corporaciones extranjeras.
1. El gobierno de facto de Calderón está fracasando en su intento de abrir una vía amplia para la privatización de la industria petrolera del país, no sólo porque menospreció la capacidad de respuesta del pueblo mexicano sino porque desconoció el significado y los alcances de un artículo de nuestra Carta Magna que sustenta los derechos fundamentales de la nación en contra de las pretensiones del capital trasnacional: el artículo 27.
2. El artículo 27 no fue el resultado, como muchos suponen, de una reflexión teórica o de una imposición ideológica, sino un producto de la historia mexicana. La comisión que redactó en 1916 este texto fundacional del México moderno, reuniéndose primero en la capilla del obispado de Querétaro y más tarde en casa del constituyente Pastor Rouaix, así lo reconoció. Rouaix refiere que luego de que el abogado Andrés Molina Enríquez decepcionara a la comisión con argumentos jurídicos, los redactores del artículo se volvieron a las tesis expresadas durante el movimiento revolucionario y a los reclamos de un pueblo que había expresado su voluntad de edificar un país que en ejercicio de su soberanía determinara las características de la propiedad, y eso molestó mucho a los intereses extranjeros.
3. La historia de la vigorosa defensa que hicieron los gobiernos mexicanos de los recursos estratégicos de la nación en los años 20 y 30 del siglo pasado, hasta culminar en la expropiación petrolera de 1938 decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, que estuvo sustentada en los principios del artículo 27 constitucional del dominio soberano de la nación sobre la propiedad originaria y la función social de la propiedad, muestra el encono que se fue desarrollando en los círculos de poder estadunidenses contra la Constitución mexicana de 1917, y en particular contra ese artículo.
4. El modelo capitalista neoliberal que se fue imponiendo en el mundo durante los dos gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), con el objetivo de hacer prevalecer los privilegios de las corporaciones trasnacionales por sobre los derechos de los pueblos, sostuvo abiertamente décadas después que no debería haber principios jurídicos nacionales que se opusieran a las pretensiones de las corporaciones de adueñarse del subsuelo y de los recursos estratégicos del planeta, y tuvo en consecuencia como objetivo el desmantelamiento de las constituciones de varios países latinoamericanos, y desde luego la de México, que desde 1917 postulaba exactamente lo contrario a lo que proponían los think tanks del Pentágono.
5. Los gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces un dilema. Entendieron claramente que la Constitución de 1917, a la que tanto han detestado, no es la elaboración de un grupo de abogados sino el producto de un proceso histórico, y que el artículo 27 contiene principios fundamentales que son intocables. Al no atreverse a tocarlos, sabedores de que de hacerlo quebrantarían por completo “el acuerdo en lo fundamental” que sustenta, al menos en la forma, la destruida institucionalidad del país, llevándolo a una situación de guerra civil, prefirieron darle vuelta y han tratado de trasgredirlo, a) expidiendo una legislación secundaria violatoria de la Constitución, sobre la que han edificado una industria energética privada que se sitúa en la ilegalidad, y b) violándolo abiertamente por decisiones de hecho –que no de derecho– entregando concesiones y contratos sin fundamento jurídico alguno, a sabiendas de que el capital trasnacional se está adueñando de los recursos de México en la más absoluta ilegalidad.
6. El artículo 27 tuvo vigencia durante el siglo XX en lo relativo al dominio directo de los bienes de la nación por la existencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, respondiendo la intervención del Estado a sus atribuciones, y en consecuencia al no hacer los gobernantes neoliberales ejercicio de sus facultades en la materia, e ir entregando áreas significativas de la industria energética a las multinacionales, haciendo ellos mismos enormes negocios, incurrieron en graves delitos contra la nación, aunque quizás ninguno de manera tan cínica como Calderón.
7. El proyecto de contrarreforma energética, elaborado en los despachos petroleros de Houston, y que Calderón presentó como suyo al Senado, generando un enorme conflicto, se centró por ello en un objetivo que es el desconocer en un marco legal secundario la existencia del artículo 27 y de sus principios centrales, a fin de acelerar el desmantelamiento del Estado mexicano, cuyos fundamentos jurídicos e históricos han constituido hasta ahora un obstáculo infranqueable para el capital trasnacional.
8. El gobierno de facto, al presentar como suya esta propuesta de contrarreforma no está haciendo más que agravar la crisis que se manifiesta no sólo con el descontento popular y el éxodo de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos, o con el papel deplorable de las fuerzas armadas combatiendo en las calles a sus propios desertores pasados a las filas del narco, sino con el patético espectáculo de las elites políticas, evidenciado tanto por Calderón, quien ahora responsabiliza a sus antecesores de haber generado una situación desastrosa en Pemex, como por Carlos Salinas de Gortari, quien culpa a Zedillo y a Fox en su libro La década perdida. 1995-2006 (2008) del desastre, por haber aplicado el delirante –y ahora fracasado– proyecto neoliberal del cual él busca como un orate deslindarse.
9. El hecho gravísimo denunciado en diversas publicaciones de que el gobierno de Mouriño y Calderón está ya entregando nuevas concesiones y contratos a diversas trasnacionales, en contra de lo establecido por la Constitución, y de que material y equipamiento de la Repsol y de la Exxon está llegando a México sin haberse siquiera discutido las propuestas de cambios legales oficiales, indica la gravedad de la situación, pues se está construyendo en México una industria energética extranjera paralela, en un marco de absoluta ilegalidad.
10. La solución a esta situación es por todo ello muy clara y pasa por aceptar que el futuro energético del país no puede decidirse sin consultar al pueblo, en quien reside la soberanía nacional.
La disputa por la nación que marca el segundo año del gobierno de facto calderonista, se está caracterizando por la vigorosa aparición en escena del pueblo mexicano, pero también por una exigencia creciente de que seamos un país sustentado en las leyes y no en las pretensiones de las corporaciones extranjeras.
1. El gobierno de facto de Calderón está fracasando en su intento de abrir una vía amplia para la privatización de la industria petrolera del país, no sólo porque menospreció la capacidad de respuesta del pueblo mexicano sino porque desconoció el significado y los alcances de un artículo de nuestra Carta Magna que sustenta los derechos fundamentales de la nación en contra de las pretensiones del capital trasnacional: el artículo 27.
2. El artículo 27 no fue el resultado, como muchos suponen, de una reflexión teórica o de una imposición ideológica, sino un producto de la historia mexicana. La comisión que redactó en 1916 este texto fundacional del México moderno, reuniéndose primero en la capilla del obispado de Querétaro y más tarde en casa del constituyente Pastor Rouaix, así lo reconoció. Rouaix refiere que luego de que el abogado Andrés Molina Enríquez decepcionara a la comisión con argumentos jurídicos, los redactores del artículo se volvieron a las tesis expresadas durante el movimiento revolucionario y a los reclamos de un pueblo que había expresado su voluntad de edificar un país que en ejercicio de su soberanía determinara las características de la propiedad, y eso molestó mucho a los intereses extranjeros.
3. La historia de la vigorosa defensa que hicieron los gobiernos mexicanos de los recursos estratégicos de la nación en los años 20 y 30 del siglo pasado, hasta culminar en la expropiación petrolera de 1938 decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, que estuvo sustentada en los principios del artículo 27 constitucional del dominio soberano de la nación sobre la propiedad originaria y la función social de la propiedad, muestra el encono que se fue desarrollando en los círculos de poder estadunidenses contra la Constitución mexicana de 1917, y en particular contra ese artículo.
4. El modelo capitalista neoliberal que se fue imponiendo en el mundo durante los dos gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), con el objetivo de hacer prevalecer los privilegios de las corporaciones trasnacionales por sobre los derechos de los pueblos, sostuvo abiertamente décadas después que no debería haber principios jurídicos nacionales que se opusieran a las pretensiones de las corporaciones de adueñarse del subsuelo y de los recursos estratégicos del planeta, y tuvo en consecuencia como objetivo el desmantelamiento de las constituciones de varios países latinoamericanos, y desde luego la de México, que desde 1917 postulaba exactamente lo contrario a lo que proponían los think tanks del Pentágono.
5. Los gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces un dilema. Entendieron claramente que la Constitución de 1917, a la que tanto han detestado, no es la elaboración de un grupo de abogados sino el producto de un proceso histórico, y que el artículo 27 contiene principios fundamentales que son intocables. Al no atreverse a tocarlos, sabedores de que de hacerlo quebrantarían por completo “el acuerdo en lo fundamental” que sustenta, al menos en la forma, la destruida institucionalidad del país, llevándolo a una situación de guerra civil, prefirieron darle vuelta y han tratado de trasgredirlo, a) expidiendo una legislación secundaria violatoria de la Constitución, sobre la que han edificado una industria energética privada que se sitúa en la ilegalidad, y b) violándolo abiertamente por decisiones de hecho –que no de derecho– entregando concesiones y contratos sin fundamento jurídico alguno, a sabiendas de que el capital trasnacional se está adueñando de los recursos de México en la más absoluta ilegalidad.
6. El artículo 27 tuvo vigencia durante el siglo XX en lo relativo al dominio directo de los bienes de la nación por la existencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, respondiendo la intervención del Estado a sus atribuciones, y en consecuencia al no hacer los gobernantes neoliberales ejercicio de sus facultades en la materia, e ir entregando áreas significativas de la industria energética a las multinacionales, haciendo ellos mismos enormes negocios, incurrieron en graves delitos contra la nación, aunque quizás ninguno de manera tan cínica como Calderón.
7. El proyecto de contrarreforma energética, elaborado en los despachos petroleros de Houston, y que Calderón presentó como suyo al Senado, generando un enorme conflicto, se centró por ello en un objetivo que es el desconocer en un marco legal secundario la existencia del artículo 27 y de sus principios centrales, a fin de acelerar el desmantelamiento del Estado mexicano, cuyos fundamentos jurídicos e históricos han constituido hasta ahora un obstáculo infranqueable para el capital trasnacional.
8. El gobierno de facto, al presentar como suya esta propuesta de contrarreforma no está haciendo más que agravar la crisis que se manifiesta no sólo con el descontento popular y el éxodo de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos, o con el papel deplorable de las fuerzas armadas combatiendo en las calles a sus propios desertores pasados a las filas del narco, sino con el patético espectáculo de las elites políticas, evidenciado tanto por Calderón, quien ahora responsabiliza a sus antecesores de haber generado una situación desastrosa en Pemex, como por Carlos Salinas de Gortari, quien culpa a Zedillo y a Fox en su libro La década perdida. 1995-2006 (2008) del desastre, por haber aplicado el delirante –y ahora fracasado– proyecto neoliberal del cual él busca como un orate deslindarse.
9. El hecho gravísimo denunciado en diversas publicaciones de que el gobierno de Mouriño y Calderón está ya entregando nuevas concesiones y contratos a diversas trasnacionales, en contra de lo establecido por la Constitución, y de que material y equipamiento de la Repsol y de la Exxon está llegando a México sin haberse siquiera discutido las propuestas de cambios legales oficiales, indica la gravedad de la situación, pues se está construyendo en México una industria energética extranjera paralela, en un marco de absoluta ilegalidad.
10. La solución a esta situación es por todo ello muy clara y pasa por aceptar que el futuro energético del país no puede decidirse sin consultar al pueblo, en quien reside la soberanía nacional.
Los blanquiazules sólo exigen impunidad
Carlos Fernández-Vega
Las “manos limpias” no tocan al delfín Mouriño
“¡Que salga la oscuridad del sótano! ¡Que se investigue!” (Juan José Rodríguez Prats dixit), vociferaban los enardecidos panistas cuando al señor de las ligas, René Bejarano, lo agarraron in fraganti. Este nefasto personaje pasó una temporada en el Hotel Reno, pero ahora que a uno de los suyos lo agarraron con las manos en los contratos, los blanquiazules ya no hablan de tinieblas ni reclaman pesquisas; simple y sencillamente exigen impunidad.
Juan Camilo Mouriño Sahagún a punto está de ser oficialmente “exonerado” por su intensa actividad como empresario-funcionario y sus jugosos negocios familiares con Pemex-Refinación, entre otras dependencias públicas, según lo ha adelantado el diputado del Verde Ecologista (partido que tiene su propio bebé impune de nombre Jorge Emilio), Xavier López Adame, supuesto presidente de una supuesta comisión legislativa que supuestamente investigaría los muy reales contratos que la paraestatal firmó con el preferido de Calderón y su empresa familiar, Ivancar.
López Adame se apresuró a difundir que “la comisión especial de diputados” (de mayoría panista) que “investiga” los negocios de Juan Camilo “descubrió” que el zombi de Bucareli “no cometió el delito de tráfico de influencias”; de hecho, dijo, “nada que lo demuestre”, mucho menos que la empresa Ivancar “fue favorecida de alguna manera”. Eso sí, dejó en claro que lo anterior “no debe tomarse como una exoneración para Mouriño”.
Sin duda (a pesar de la feroz competencia en materia de corrupción e impunidad en la presente administración gubernamental, en franca competencia con la de Fox), el de Juan Camilo Mouriño es –hasta el momento– el segundo caso más sucio y obvio del calderonismo (el primer lugar lo ocupa el fraude electoral) de las “manos limpias”. Así comenzó el sexenio del “cambio”, y cómo acabó.
Desde que se destapó el Ivangate, a finales de febrero pasado, los panistas (y priístas que los acompañan) adujeron falta “de sustento jurídico” para proceder en contra de Mouriño. Suficiente sería que la supuesta comisión legislativa revisara dos leyes específicas para proceder en contra del delfín presidencial (la Constitución y la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) para constatar que el predilecto violó la legislación en su doble condición de funcionario de Energía y apoderado legal de Ivancar.
Recapitulemos: el artículo 108 constitucional es preciso: “para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal (como asesor de un integrante del gabinete legal o subsecretario del mismo, por ejemplo) o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece (artículo 47, fracción XI): “el funcionario deberá abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíbe”; (fracción XIII) “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios (Ivancar, por ejemplo) incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”; (fracción XXIII) “abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.
La citada ley indica que como funcionario (de la Secretaría de Energía, a la hora de firmar los referidos contratos) “se obliga a (fracción XIV del artículo 47) a informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico (Felipe Calderón) sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos” mencionados, amén de (fracción XXII) “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público”. Mouriño, de acuerdo con su dicho, no procedió así.
Otras leyes norman el proceder de un funcionario, pero las citadas resultarían más que suficientes para que Iván no sólo estuviera fuera de Bucareli, sino haciendo amigos en algún reclusorio federal. Pero para eso están “las manos limpias”.
Es una vergüenza y una burla para tod@s l@s mexican@s que un delincuente probado como Mouriño sea exonerado de delitos que violan la Constitución y además siga presidiendo Gobernación. ¿Cómo es posible que eso se tolere? ¿Se tolera porque principalmente hemos perdido la dignidad?
Las rebanadas del pastel
En la pasada campaña electoral el candidato panista prometió combatir frontalmente a los monopolios que frenan el desarrollo nacional, pero ya en Los Pinos protege al de Carlos Slim y funge como su intermediario. Ése es el proceder, de acuerdo con información del portal financiero Invertia, que cita a El Universal: “¡FCH rescató a Slim!; fuentes cercanas a Los Pinos revelaron que gracias a la intervención de Felipe Calderón Hinojosa, Porta, filial de América Móvil, logró renovar su concesión en Ecuador”. El michoacano telefoneó a Rafael Correa “para pedirle que desistiera de sus intenciones de retirar el título de concesión a la compañía de Carlos Slim. La llamada de Calderón se dio después de que la participación de Slim en suelo ecuatoriano se vio amenazada tras el ultimátum que Correa lanzó a la compañía en abril pasado”. “Las manos limpias”, pues.
Las “manos limpias” no tocan al delfín Mouriño
“¡Que salga la oscuridad del sótano! ¡Que se investigue!” (Juan José Rodríguez Prats dixit), vociferaban los enardecidos panistas cuando al señor de las ligas, René Bejarano, lo agarraron in fraganti. Este nefasto personaje pasó una temporada en el Hotel Reno, pero ahora que a uno de los suyos lo agarraron con las manos en los contratos, los blanquiazules ya no hablan de tinieblas ni reclaman pesquisas; simple y sencillamente exigen impunidad.
Juan Camilo Mouriño Sahagún a punto está de ser oficialmente “exonerado” por su intensa actividad como empresario-funcionario y sus jugosos negocios familiares con Pemex-Refinación, entre otras dependencias públicas, según lo ha adelantado el diputado del Verde Ecologista (partido que tiene su propio bebé impune de nombre Jorge Emilio), Xavier López Adame, supuesto presidente de una supuesta comisión legislativa que supuestamente investigaría los muy reales contratos que la paraestatal firmó con el preferido de Calderón y su empresa familiar, Ivancar.
López Adame se apresuró a difundir que “la comisión especial de diputados” (de mayoría panista) que “investiga” los negocios de Juan Camilo “descubrió” que el zombi de Bucareli “no cometió el delito de tráfico de influencias”; de hecho, dijo, “nada que lo demuestre”, mucho menos que la empresa Ivancar “fue favorecida de alguna manera”. Eso sí, dejó en claro que lo anterior “no debe tomarse como una exoneración para Mouriño”.
Sin duda (a pesar de la feroz competencia en materia de corrupción e impunidad en la presente administración gubernamental, en franca competencia con la de Fox), el de Juan Camilo Mouriño es –hasta el momento– el segundo caso más sucio y obvio del calderonismo (el primer lugar lo ocupa el fraude electoral) de las “manos limpias”. Así comenzó el sexenio del “cambio”, y cómo acabó.
Desde que se destapó el Ivangate, a finales de febrero pasado, los panistas (y priístas que los acompañan) adujeron falta “de sustento jurídico” para proceder en contra de Mouriño. Suficiente sería que la supuesta comisión legislativa revisara dos leyes específicas para proceder en contra del delfín presidencial (la Constitución y la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) para constatar que el predilecto violó la legislación en su doble condición de funcionario de Energía y apoderado legal de Ivancar.
Recapitulemos: el artículo 108 constitucional es preciso: “para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal (como asesor de un integrante del gabinete legal o subsecretario del mismo, por ejemplo) o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece (artículo 47, fracción XI): “el funcionario deberá abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíbe”; (fracción XIII) “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios (Ivancar, por ejemplo) incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”; (fracción XXIII) “abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.
La citada ley indica que como funcionario (de la Secretaría de Energía, a la hora de firmar los referidos contratos) “se obliga a (fracción XIV del artículo 47) a informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico (Felipe Calderón) sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos” mencionados, amén de (fracción XXII) “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público”. Mouriño, de acuerdo con su dicho, no procedió así.
Otras leyes norman el proceder de un funcionario, pero las citadas resultarían más que suficientes para que Iván no sólo estuviera fuera de Bucareli, sino haciendo amigos en algún reclusorio federal. Pero para eso están “las manos limpias”.
Es una vergüenza y una burla para tod@s l@s mexican@s que un delincuente probado como Mouriño sea exonerado de delitos que violan la Constitución y además siga presidiendo Gobernación. ¿Cómo es posible que eso se tolere? ¿Se tolera porque principalmente hemos perdido la dignidad?
Las rebanadas del pastel
En la pasada campaña electoral el candidato panista prometió combatir frontalmente a los monopolios que frenan el desarrollo nacional, pero ya en Los Pinos protege al de Carlos Slim y funge como su intermediario. Ése es el proceder, de acuerdo con información del portal financiero Invertia, que cita a El Universal: “¡FCH rescató a Slim!; fuentes cercanas a Los Pinos revelaron que gracias a la intervención de Felipe Calderón Hinojosa, Porta, filial de América Móvil, logró renovar su concesión en Ecuador”. El michoacano telefoneó a Rafael Correa “para pedirle que desistiera de sus intenciones de retirar el título de concesión a la compañía de Carlos Slim. La llamada de Calderón se dio después de que la participación de Slim en suelo ecuatoriano se vio amenazada tras el ultimátum que Correa lanzó a la compañía en abril pasado”. “Las manos limpias”, pues.
Fundamentar, no debatir
Julio Hernández López
Maravillas lingüísticas atemperantes: el tan traído y llevado debate acabó ayer en una simple “Fundamentación de Propuesta de Reforma Energética”, con el escudo amable del Senado de la República tras la fila de funcionarios y representantes populares que nomás de verlos parecen confabulación privatizadora confesa. No se trata, pues, de debatir, sino de “fundamentar”, es decir, conforme a la Real Academia Española, “establecer, asegurar y hacer firme algo” o “echar los fundamentos o cimientos de un edificio”. Podrán alegar los anfitriones senatoriales que sus invitados acudieron solamente a dar los puntos de vista que buscan apuntalar la propuesta de su jefe, pero la denominación oficial de la reunión corrió a cargo del Senado y bajo su emblema así quedó, además de que, entonces, bien valdría que cuando toque la oportunidad a quienes están en contra, el letrero de unicel diga algo así como “Rechazo a la privatización apátrida promovida por la derecha”.
El cuadro de honor (gulp): en el acto de fundamentación, que no de debate, aparecieron las estrellas burocráticas que son la secretaria de la Casa de Moneda (hoy convertida en Energía), Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, más los jefes de las sombrías áreas de convalidación de negocios privados, los directores de Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación, llamados Carlos Morales Gil y José Antonio Ceballos, respectivamente, y el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, hijo del yunquista ex secretario del Trabajo, quien junto con Carlos Abascal tiene cargos pendientes (y no sólo de conciencia) en Pasta de Conchos. Y, en el bando de los supuestos representantes populares, ni más ni menos que Santiago Creel, el dador de permisos para juegos y apuestas a cambio de favores televisables; Francisco Labastida Ochoa, el héroe del Pemexgate; Graco Ramírez, deudor de Carlos Ahumada, y Alejandro Zapata, aspirante a quedar bien con Calderón para que éste no le impida ser candidato al gobierno de San Luis Potosí.
¡Sorpresa! Contra todos los pronósticos, la comisión especial de diputados que investigó las presunciones de tráfico de influencias del funcionario Juan Camilo Mouriño en favor del ciudadano Juan Camilo Mouriño en la empresa de los Mouriño llamada Ivancar, llegó a la impactante conclusión de que no hay nada irregular en el hecho de que el hoy secretario de Gobernación haya firmado, siendo funcionario, documentos de negocios relacionados con sus intereses empresariales familiares. ¡Que vivan el estado de derecho y otros materiales transportables en camiones de la empresa Ivancar!
Cuauhtémoc Cárdenas ha recuperado terreno en el PRD con su búsqueda de acuerdos para que declinen los dos aspirantes a presidir ese partido y abran paso a un interinato que salve en lo posible los restos del naufragio electoral reciente. El fundador de la organización del sol azteca ha pasado de la enunciación, que hizo semanas atrás, a la promoción de su idea ante ex presidentes nacionales y ha encontrado una aceptación generalizada, inclusive en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que ve “con buenos ojos” la propuesta. Las negociaciones del caso se dan con el reloj judicial en contra, pues el tribunal electoral ha ordenado que se cuente la totalidad de los votos emitidos en la catastrófica jornada comicial en que ambos bandos practicaron adulteraciones en los ámbitos que les fue posible. Tomar en cuenta el conjunto de sufragios formalmente incluidos en los paquetes electorales significa un triunfo procesal para Jesús Ortega, pues de esa manera se estarán validando, en esta primera etapa, los votos depositados irregularmente, según las acusaciones de sus adversarios, sobre todo en Oaxaca, Chiapas y el estado de México. De seguirse las instrucciones del tribunal electoral federal es muy probable que formalmente tenga más sufragios la planilla de Ortega, aunque obviamente los encinistas protestarán y seguirán en una cadena de impugnaciones judiciales que mantendría al PRD en permanente zozobra y desgaste. Pero la situación política del partido ya ni siquiera descansa en un esfuerzo de higiene que haga aparecer certezas y legalidades: ha sido tal el batidillo, que ambas partes están descalificadas para continuar con el intento de adjudicarse triunfos legales (todo ello se asentó aquí a unos pocos días de las elecciones envenenadas, conminando a anular el proceso o a que los dos principales contendientes renunciaran a sus aspiraciones).
"Batidillo" en el cual los medios y los Chuchos fueron los que tomaron la mayor parte: parece que la tarea era esa, darle en la madre al PRD. En lo cual hasta los simpatizadores contribuyeron prestándose a tirarles mierda con eso de que son bien autocríticos. Bueno, ya en la lona, a ver...
Astillas
En Nayarit, silenciosamente, con los escándalos nacionales llevando la atención hacia otros lados, el gobernador priísta Ney González tiene todo mapachonamente listo para hacer que el PRI siga controlando la política local… Carlos Fernández-Vega ha hecho saber en su México SA que el beato (obviamente en ruta a la santidad) Carlos Salinas de Bla Bla plagió el título de su más reciente intento de exculpación, pues la Cepal usó esa denominación para un amplio texto sobre “los tétricos resultados económicos y sociales de los años 80 en América Latina”. Pues hay otro libro con el mismo nombre: La década perdida (1986-1996, la agricultura española en Europa), escrito en 1997 por Jaime Lamo de Espinosa, quien fue ministro de agricultura de España entre 1978 y 1982 y analiza el camino previo a la adhesión de su país a la Comunidad Económica Europea y las consecuencias, durante una década, de esa agregación…Hoy, a las seis de la tarde, en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, en el Centro Histórico del DF), foro sobre “El petróleo y el desarrollo social”, con Julio Boltvinik, Mario Alberto di Costanzo y Pablo Yanes, con la moderación de Celeste Sáenz de Miera y Aguiar y Jorge Santa Cruz… Y, mientras el embajador de la Corona, Tony Garza, sigue emitiendo certificados póstumos de buena conducta en terrenos policiales mexicanos, adjudicándose el derecho de decir cuáles agentes o funcionarios han actuado bien y por tanto sus muertes son lamentables, ¡feliz fin de semana!
Maravillas lingüísticas atemperantes: el tan traído y llevado debate acabó ayer en una simple “Fundamentación de Propuesta de Reforma Energética”, con el escudo amable del Senado de la República tras la fila de funcionarios y representantes populares que nomás de verlos parecen confabulación privatizadora confesa. No se trata, pues, de debatir, sino de “fundamentar”, es decir, conforme a la Real Academia Española, “establecer, asegurar y hacer firme algo” o “echar los fundamentos o cimientos de un edificio”. Podrán alegar los anfitriones senatoriales que sus invitados acudieron solamente a dar los puntos de vista que buscan apuntalar la propuesta de su jefe, pero la denominación oficial de la reunión corrió a cargo del Senado y bajo su emblema así quedó, además de que, entonces, bien valdría que cuando toque la oportunidad a quienes están en contra, el letrero de unicel diga algo así como “Rechazo a la privatización apátrida promovida por la derecha”.
El cuadro de honor (gulp): en el acto de fundamentación, que no de debate, aparecieron las estrellas burocráticas que son la secretaria de la Casa de Moneda (hoy convertida en Energía), Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, más los jefes de las sombrías áreas de convalidación de negocios privados, los directores de Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación, llamados Carlos Morales Gil y José Antonio Ceballos, respectivamente, y el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, hijo del yunquista ex secretario del Trabajo, quien junto con Carlos Abascal tiene cargos pendientes (y no sólo de conciencia) en Pasta de Conchos. Y, en el bando de los supuestos representantes populares, ni más ni menos que Santiago Creel, el dador de permisos para juegos y apuestas a cambio de favores televisables; Francisco Labastida Ochoa, el héroe del Pemexgate; Graco Ramírez, deudor de Carlos Ahumada, y Alejandro Zapata, aspirante a quedar bien con Calderón para que éste no le impida ser candidato al gobierno de San Luis Potosí.
¡Sorpresa! Contra todos los pronósticos, la comisión especial de diputados que investigó las presunciones de tráfico de influencias del funcionario Juan Camilo Mouriño en favor del ciudadano Juan Camilo Mouriño en la empresa de los Mouriño llamada Ivancar, llegó a la impactante conclusión de que no hay nada irregular en el hecho de que el hoy secretario de Gobernación haya firmado, siendo funcionario, documentos de negocios relacionados con sus intereses empresariales familiares. ¡Que vivan el estado de derecho y otros materiales transportables en camiones de la empresa Ivancar!
Cuauhtémoc Cárdenas ha recuperado terreno en el PRD con su búsqueda de acuerdos para que declinen los dos aspirantes a presidir ese partido y abran paso a un interinato que salve en lo posible los restos del naufragio electoral reciente. El fundador de la organización del sol azteca ha pasado de la enunciación, que hizo semanas atrás, a la promoción de su idea ante ex presidentes nacionales y ha encontrado una aceptación generalizada, inclusive en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que ve “con buenos ojos” la propuesta. Las negociaciones del caso se dan con el reloj judicial en contra, pues el tribunal electoral ha ordenado que se cuente la totalidad de los votos emitidos en la catastrófica jornada comicial en que ambos bandos practicaron adulteraciones en los ámbitos que les fue posible. Tomar en cuenta el conjunto de sufragios formalmente incluidos en los paquetes electorales significa un triunfo procesal para Jesús Ortega, pues de esa manera se estarán validando, en esta primera etapa, los votos depositados irregularmente, según las acusaciones de sus adversarios, sobre todo en Oaxaca, Chiapas y el estado de México. De seguirse las instrucciones del tribunal electoral federal es muy probable que formalmente tenga más sufragios la planilla de Ortega, aunque obviamente los encinistas protestarán y seguirán en una cadena de impugnaciones judiciales que mantendría al PRD en permanente zozobra y desgaste. Pero la situación política del partido ya ni siquiera descansa en un esfuerzo de higiene que haga aparecer certezas y legalidades: ha sido tal el batidillo, que ambas partes están descalificadas para continuar con el intento de adjudicarse triunfos legales (todo ello se asentó aquí a unos pocos días de las elecciones envenenadas, conminando a anular el proceso o a que los dos principales contendientes renunciaran a sus aspiraciones).
"Batidillo" en el cual los medios y los Chuchos fueron los que tomaron la mayor parte: parece que la tarea era esa, darle en la madre al PRD. En lo cual hasta los simpatizadores contribuyeron prestándose a tirarles mierda con eso de que son bien autocríticos. Bueno, ya en la lona, a ver...
Astillas
En Nayarit, silenciosamente, con los escándalos nacionales llevando la atención hacia otros lados, el gobernador priísta Ney González tiene todo mapachonamente listo para hacer que el PRI siga controlando la política local… Carlos Fernández-Vega ha hecho saber en su México SA que el beato (obviamente en ruta a la santidad) Carlos Salinas de Bla Bla plagió el título de su más reciente intento de exculpación, pues la Cepal usó esa denominación para un amplio texto sobre “los tétricos resultados económicos y sociales de los años 80 en América Latina”. Pues hay otro libro con el mismo nombre: La década perdida (1986-1996, la agricultura española en Europa), escrito en 1997 por Jaime Lamo de Espinosa, quien fue ministro de agricultura de España entre 1978 y 1982 y analiza el camino previo a la adhesión de su país a la Comunidad Económica Europea y las consecuencias, durante una década, de esa agregación…Hoy, a las seis de la tarde, en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, en el Centro Histórico del DF), foro sobre “El petróleo y el desarrollo social”, con Julio Boltvinik, Mario Alberto di Costanzo y Pablo Yanes, con la moderación de Celeste Sáenz de Miera y Aguiar y Jorge Santa Cruz… Y, mientras el embajador de la Corona, Tony Garza, sigue emitiendo certificados póstumos de buena conducta en terrenos policiales mexicanos, adjudicándose el derecho de decir cuáles agentes o funcionarios han actuado bien y por tanto sus muertes son lamentables, ¡feliz fin de semana!
Acepta Evo Morales celebrar un referendo revocatorio en Bolivia
El presidente llama a los 9 prefectos del país a un diálogo sobre autonomías provinciales
Legisladores de oposición aprueban la convocatoria; en juego, presidencia, vicepresidencia y gubernaturas
La consulta, “un mecanismo para profundizar la democracia”, dice el gobernante
Dpa, Reuters y Afp
La Paz, 8 de mayo. La oposición conservadora boliviana apostó hoy al todo o nada contra el presidente Evo Morales, al aprobar en el Congreso una convocatoria a referendo revocatorio que podría poner fin al mandato del primer gobernante indígena del país, en apenas un plazo de tres meses. El gobernante respondió a los senadores que le envíen “de inmediato” la ley del referendo revocatorio para que la sancione, la publique y se celebre la consulta popular “rápidamente”.
Esa consulta, sostuvo Morales Ayma en un mensaje televisado esta noche, es un mecanismo “orientado a profundizar la democracia”, en las urnas, sin violencia y al margen de “referendos autonómicos ilegales” como el celebrado el domingo pasado en el departamento de Santa Cruz.
La decisión de los legisladores fue hecha el mismo día en que el presidente llamó a los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos en los que se divide Bolivia, a iniciar el lunes próximo un diálogo sobre las autonomías provinciales en este Estado unitario, lo que fue rechazado por los prefectos, que sugieren entablar pláticas con Morales hasta después del 22 de junio, una vez que los departamentos de Beni, Pando y Tarija hayan realizado los referendos sobre sus estatutos autonómicos.
“Si la intención del diálogo es frenar los procesos, no vamos a ir a dialogar”, señaló el prefecto de Beni, Ernesto Suárez Satori.
Como en el caso de Santa Cruz, la Corte Nacional Electoral (CNE) declaró ilegales las convocatorias a los referendos en Beni, Pando y Tarija.
Poco después de la invitación de Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que la intención es superar la crisis política y tratar de viabilizar las autonomías departamentales dentro de la constitucionalidad.
Al proponer fecha para el diálogo, Morales destacó que las conversaciones pueden llevarse a cabo con la participación de “observadores y mediadores” e incluso sugirió que el cardenal Julio Terrazas asista a las reuniones con los prefectos, para “que me ayude a que se vuelva a trabajar por la justicia social”.
La invitación de Morales a Terrazas contrasta con las declaraciones críticas de algunos funcionarios del gobierno central hacia el cardenal por haber votado el domingo pasado en el referendo por el estatuto autonómico de Santa Cruz.
Durante la jornada, el embajador estadunidense Philip Goldberg visitó al vicepresidente García Linera en su despacho y al salir dio su respaldo a la convocatoria del presidente, al declarar que “Estados Unidos insta al diálogo y expresa su pleno respaldo a todas las autoridades elegidas democráticamente en Bolivia, por su puesto al gobierno de Evo Morales”.
Pese a que la consulta de Santa Cruz no fue reconocida por la CNE ni por el gobierno de Morales, que la valoró como un “rotundo fracaso” porque fue rechazada por la mitad de los cruceños, el Senado, dominado por la oposición, aprobó el miércoles por la noche una resolución que reconoce los resultados del referendo.
Animados por los resultados, que según las autoridades electorales cruceñas fue apoyada por aproximadamente medio millón de personas, los senadores de oposición sometieron a votación y aprobaron este jueves la ley del referendo revocatorio al mandato de Morales, que originalmente está previsto para concluir en 2011.
La iniciativa fue sancionada con el respaldo de los senadores afines al presidente, con base en un proyecto enviado por Morales a finales del año pasado a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el 15 de diciembre.
La consulta popular también afectaría al vicepresidente Álvaro García Linera y a los prefectos de los nueve departamentos, dos de los cuales son militantes del gobernante Movimiento al Socialismo y el resto pertenecen a fuerzas que dominaron la política nacional hasta el triunfo electoral de Morales el 18 diciembre de 2005.
Los senadores decidieron hoy que la pregunta a plantear en el referendo con carácter vinculante será: “¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?”
Legisladores de oposición aprueban la convocatoria; en juego, presidencia, vicepresidencia y gubernaturas
La consulta, “un mecanismo para profundizar la democracia”, dice el gobernante
Dpa, Reuters y Afp
La Paz, 8 de mayo. La oposición conservadora boliviana apostó hoy al todo o nada contra el presidente Evo Morales, al aprobar en el Congreso una convocatoria a referendo revocatorio que podría poner fin al mandato del primer gobernante indígena del país, en apenas un plazo de tres meses. El gobernante respondió a los senadores que le envíen “de inmediato” la ley del referendo revocatorio para que la sancione, la publique y se celebre la consulta popular “rápidamente”.
Esa consulta, sostuvo Morales Ayma en un mensaje televisado esta noche, es un mecanismo “orientado a profundizar la democracia”, en las urnas, sin violencia y al margen de “referendos autonómicos ilegales” como el celebrado el domingo pasado en el departamento de Santa Cruz.
La decisión de los legisladores fue hecha el mismo día en que el presidente llamó a los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos en los que se divide Bolivia, a iniciar el lunes próximo un diálogo sobre las autonomías provinciales en este Estado unitario, lo que fue rechazado por los prefectos, que sugieren entablar pláticas con Morales hasta después del 22 de junio, una vez que los departamentos de Beni, Pando y Tarija hayan realizado los referendos sobre sus estatutos autonómicos.
“Si la intención del diálogo es frenar los procesos, no vamos a ir a dialogar”, señaló el prefecto de Beni, Ernesto Suárez Satori.
Como en el caso de Santa Cruz, la Corte Nacional Electoral (CNE) declaró ilegales las convocatorias a los referendos en Beni, Pando y Tarija.
Poco después de la invitación de Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que la intención es superar la crisis política y tratar de viabilizar las autonomías departamentales dentro de la constitucionalidad.
Al proponer fecha para el diálogo, Morales destacó que las conversaciones pueden llevarse a cabo con la participación de “observadores y mediadores” e incluso sugirió que el cardenal Julio Terrazas asista a las reuniones con los prefectos, para “que me ayude a que se vuelva a trabajar por la justicia social”.
La invitación de Morales a Terrazas contrasta con las declaraciones críticas de algunos funcionarios del gobierno central hacia el cardenal por haber votado el domingo pasado en el referendo por el estatuto autonómico de Santa Cruz.
Durante la jornada, el embajador estadunidense Philip Goldberg visitó al vicepresidente García Linera en su despacho y al salir dio su respaldo a la convocatoria del presidente, al declarar que “Estados Unidos insta al diálogo y expresa su pleno respaldo a todas las autoridades elegidas democráticamente en Bolivia, por su puesto al gobierno de Evo Morales”.
Pese a que la consulta de Santa Cruz no fue reconocida por la CNE ni por el gobierno de Morales, que la valoró como un “rotundo fracaso” porque fue rechazada por la mitad de los cruceños, el Senado, dominado por la oposición, aprobó el miércoles por la noche una resolución que reconoce los resultados del referendo.
Animados por los resultados, que según las autoridades electorales cruceñas fue apoyada por aproximadamente medio millón de personas, los senadores de oposición sometieron a votación y aprobaron este jueves la ley del referendo revocatorio al mandato de Morales, que originalmente está previsto para concluir en 2011.
La iniciativa fue sancionada con el respaldo de los senadores afines al presidente, con base en un proyecto enviado por Morales a finales del año pasado a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el 15 de diciembre.
La consulta popular también afectaría al vicepresidente Álvaro García Linera y a los prefectos de los nueve departamentos, dos de los cuales son militantes del gobernante Movimiento al Socialismo y el resto pertenecen a fuerzas que dominaron la política nacional hasta el triunfo electoral de Morales el 18 diciembre de 2005.
Los senadores decidieron hoy que la pregunta a plantear en el referendo con carácter vinculante será: “¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?”
Como en 2006, Salinas apoya a Calderón, ahora para privatizar Pemex: AMLO
“Le quema incienso” al igual que hizo con Vicente Fox, afirma el tabasqueño
Pide a brigadistas de Chiapas y Veracruz difundir todo lo que ocurra sobre la reforma petrolera
Alma E. Muñoz (Enviada)
Tuxtla Gutiérrrez, Chis., 8 de mayo. Andrés Manuel López Obrador afirmó aquí que Carlos Salinas de Gortari es “aliado” y “asesor” de Felipe Calderón y “lo ayuda, como hizo en el fraude de 2006”, en su intento por privatizar el petróleo.
“Y por eso le está quemando incienso a Calderón”, subrayó al continuar su gira por el país para informar acerca de las intenciones de las cúpulas de PRI y PAN por entregar ese recurso a empresas extranjeras.
“Lo que ambicionan es el petróleo” por ser un gran negocio, manifestó. Extraer un barril de crudo cuesta 4 dólares y se vende en más de cien. Así que, sentenció, “¿qué hay detrás? El interés por los negocios, por la corrupción, que es lo que más afecta en Petróleos Mexicanos (Pemex) y más daña a nuestro país”.
A la lista de personajes que pretenden concretar la privatización de la paraestatal sumó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
“¿Por qué Calderón y Mouriño están haciendo esto? Porque ellos quieren hacer negocio con lo ajeno, como el petróleo, que es de todos los mexicanos. Quieren quedar bien con empresarios extranjeros, tienen muchos compromisos”, apuntó.
Agregó que le llevaría mucho tiempo explicar “todos los actos de corrupción en que han caído Calderón y Mouriño, (pero) están documentados”. Recordó que él comprobó, con papeles en mano, que el segundo incurrió en tráfico de influencias al firmar contratos, como servidor público, para beneficiar a empresas propiedad de su familia.
Reverendo mentiroso
Después de reunirse con brigadistas de Chiapas, a pregunta expresa de los reporteros sobre la reaparición del ex presidente de México, López Obrador reiteró: “Salinas ya está en la historia, pero en el basurero de la historia. Es parte de lo mismo. Salinas apoyó en el fraude electoral a Calderón. Son tal para cual”.
–¿Cuál es el rol de Salinas? –se le preguntó.
–Está detrás de Calderón. Es uno de sus asesores. Le ayudó en el fraude electoral y ahora también le está ayudando en el intento de privatizar el petróleo.
–¿Por eso son los elogios (de Salinas hacia el panista) de gran reformador?
–Sí, por eso le quema incienso a Calderón. Hizo lo mismo con (Vicente) Fox.
Horas más tarde, al arribar a Coatzacoalcos, Veracruz, López Obrador remató sobre el mismo tema: Carlos Salinas “es aliado de Calderón. Está ayudándole”.
El ex candidato presidencial se reunió con los brigadistas para resaltar que la lucha por el petróleo continuará. “No nos importa el desgaste político, el desgaste electoral, si salvamos a México y a nuestra patria”, afirmó.
Resaltó que la “usurpación” de Calderón de la Presidencia de la República “ha subido todo… Es un reverendo mentiroso, un falsario… En su campaña dijo, copiando una propuesta nuestra, que iba a bajar los precios del gas, la luz, la gasolina. ¿Y qué es lo que está haciendo?, exactamente lo contrario”, indicó.
Ante centenas de personas que se congregaron en ambas ciudades para reafirmar su disposición de defender el petróleo, apuntó que esto ocurre porque en México hay dos proyectos: el que impulsan las “minorías rapaces”, y el nuestro, “en defensa de la mayoría de nuestro pueblo, y ¡vamos a seguir luchando!”
Insistió en que después de las sesiones de debate, que comenzarán el próximo martes y terminarán el 22 de julio en la Cámara de Senadores, defenderán la realización de una consulta popular para que el pueblo sea el que decida sobre el petróleo.
Asimismo, reiteró la necesidad de que cada brigadista se convierta en un medio de comunicación y ayude a difundir todo lo que suceda acerca de la reforma petrolera, porque, preguntó, ¿en qué se apoya el gobierno usurpador? En el control de los medios de información y allí manipulan y van a distorsionar las cosas”.
Manifestó que existe una “tendencia por informar en función de los intereses creados de quienes se creen amos y señores de México y ambicionan el petróleo”, pero “no los vamos a dejar”, porque si bien “nuestros adversarios tiene el control de los medios de comunicación, nosotros tenemos la razón”.
Los mexicanos, sentenció Andrés Manuel López Obrador, “no queremos ser una colonia, un Estado asociado, no queremos ser gobernados por extranjeros y ¡vamos a defender la soberanía nacional!”
Pide a brigadistas de Chiapas y Veracruz difundir todo lo que ocurra sobre la reforma petrolera
Alma E. Muñoz (Enviada)
Tuxtla Gutiérrrez, Chis., 8 de mayo. Andrés Manuel López Obrador afirmó aquí que Carlos Salinas de Gortari es “aliado” y “asesor” de Felipe Calderón y “lo ayuda, como hizo en el fraude de 2006”, en su intento por privatizar el petróleo.
“Y por eso le está quemando incienso a Calderón”, subrayó al continuar su gira por el país para informar acerca de las intenciones de las cúpulas de PRI y PAN por entregar ese recurso a empresas extranjeras.
“Lo que ambicionan es el petróleo” por ser un gran negocio, manifestó. Extraer un barril de crudo cuesta 4 dólares y se vende en más de cien. Así que, sentenció, “¿qué hay detrás? El interés por los negocios, por la corrupción, que es lo que más afecta en Petróleos Mexicanos (Pemex) y más daña a nuestro país”.
A la lista de personajes que pretenden concretar la privatización de la paraestatal sumó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
“¿Por qué Calderón y Mouriño están haciendo esto? Porque ellos quieren hacer negocio con lo ajeno, como el petróleo, que es de todos los mexicanos. Quieren quedar bien con empresarios extranjeros, tienen muchos compromisos”, apuntó.
Agregó que le llevaría mucho tiempo explicar “todos los actos de corrupción en que han caído Calderón y Mouriño, (pero) están documentados”. Recordó que él comprobó, con papeles en mano, que el segundo incurrió en tráfico de influencias al firmar contratos, como servidor público, para beneficiar a empresas propiedad de su familia.
Reverendo mentiroso
Después de reunirse con brigadistas de Chiapas, a pregunta expresa de los reporteros sobre la reaparición del ex presidente de México, López Obrador reiteró: “Salinas ya está en la historia, pero en el basurero de la historia. Es parte de lo mismo. Salinas apoyó en el fraude electoral a Calderón. Son tal para cual”.
–¿Cuál es el rol de Salinas? –se le preguntó.
–Está detrás de Calderón. Es uno de sus asesores. Le ayudó en el fraude electoral y ahora también le está ayudando en el intento de privatizar el petróleo.
–¿Por eso son los elogios (de Salinas hacia el panista) de gran reformador?
–Sí, por eso le quema incienso a Calderón. Hizo lo mismo con (Vicente) Fox.
Horas más tarde, al arribar a Coatzacoalcos, Veracruz, López Obrador remató sobre el mismo tema: Carlos Salinas “es aliado de Calderón. Está ayudándole”.
El ex candidato presidencial se reunió con los brigadistas para resaltar que la lucha por el petróleo continuará. “No nos importa el desgaste político, el desgaste electoral, si salvamos a México y a nuestra patria”, afirmó.
Resaltó que la “usurpación” de Calderón de la Presidencia de la República “ha subido todo… Es un reverendo mentiroso, un falsario… En su campaña dijo, copiando una propuesta nuestra, que iba a bajar los precios del gas, la luz, la gasolina. ¿Y qué es lo que está haciendo?, exactamente lo contrario”, indicó.
Ante centenas de personas que se congregaron en ambas ciudades para reafirmar su disposición de defender el petróleo, apuntó que esto ocurre porque en México hay dos proyectos: el que impulsan las “minorías rapaces”, y el nuestro, “en defensa de la mayoría de nuestro pueblo, y ¡vamos a seguir luchando!”
Insistió en que después de las sesiones de debate, que comenzarán el próximo martes y terminarán el 22 de julio en la Cámara de Senadores, defenderán la realización de una consulta popular para que el pueblo sea el que decida sobre el petróleo.
Asimismo, reiteró la necesidad de que cada brigadista se convierta en un medio de comunicación y ayude a difundir todo lo que suceda acerca de la reforma petrolera, porque, preguntó, ¿en qué se apoya el gobierno usurpador? En el control de los medios de información y allí manipulan y van a distorsionar las cosas”.
Manifestó que existe una “tendencia por informar en función de los intereses creados de quienes se creen amos y señores de México y ambicionan el petróleo”, pero “no los vamos a dejar”, porque si bien “nuestros adversarios tiene el control de los medios de comunicación, nosotros tenemos la razón”.
Los mexicanos, sentenció Andrés Manuel López Obrador, “no queremos ser una colonia, un Estado asociado, no queremos ser gobernados por extranjeros y ¡vamos a defender la soberanía nacional!”
Pemex sí cuenta con recursos y reservas probadas, según Kessel
¿Entonces, para qué abrirlo a la inversión privada? Utilicen los recursos que tiene en proveerlo de tecnología e infraestructura, y ya estamos.
Ante senadores, la funcionaria modera el discurso catastrofista
La secretaria y Jesús Reyes Heroles recibieron una oleada de críticas
Víctor Ballinas, Ciro Pérez y Antonio Castellanos
Al defender en el Senado la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), la secretaria de Energía, Georgina Kessel, enfrentó cuestionamientos de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, quienes le señalaron que la propuesta gubernamental es privatizadora, simuladora y esconde la realidad de los hidrocarburos. La funcionaria aceptó: “Yo estoy convencida de que México sí cuenta con recursos; estamos hablando de más de 100 mil millones de barriles de petróleo entre reservas probadas, posibles y probables”.
Al comparecer ante comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, Kessel manifestó que será el Congreso el que defina las actividades “que puedan realizar terceros en las ramas industriales petroleras, en refinación, transporte, distribución y almacenamiento”.
Subrayó: “A ningún particular se le dará participación en la renta petrolera; esta iniciativa no contiene esquemas que entreguen esa renta a ninguna empresa nacional o extranjera”. México enfrenta, dijo, importantes desafíos en materia de hidrocarburos; la producción ha caído 472 mil barriles diarios, cifra que representa una pérdida anualizada de 150 mil millones de pesos, lo que equivale a siete veces el programa carretero del gobierno federal para 2008.
“Crisis energética, si no hacemos nada”
Kessel resaltó que “si no hacemos nada, México enfrentará una severa crisis energética antes de acabar el próximo sexenio. Esa es una amenaza real”.
Por su parte, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, destacó que la falta de una estrategia clara de expansión en la paraestatal durante los últimos lustros ha hecho que ésta se rezague respecto de otras empresas petroleras. Durante la década pasada Petróleos Mexicanos ha observado un deterioro operativo, tecnológico y de desarrollo de recursos humanos y financieros.
En materia tecnológica, abundó, se deterioró la capacidad de la empresa para generar, capturar y asimilar conocimiento y tecnología. Se trata de un asunto, dijo, de la mayor relevancia para el futuro de la misma.
La reforma propone permitir la inversión privada en transporte, almacenamiento y refinación de combustible. “Pemex tiene mucho que perder si no se aprueba la reforma integral que propone el presidente Calderón”.
A su vez, el director de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Salazar, aseveró que con la iniciativa de Felipe Calderón “la arquitectura industrial para transportes y ductos sería básicamente una de monopolios naturales regionales, regulados por esta comisión”.
La comparecencia de los funcionarios duró cinco horas, en las cuales Kessel y Reyes Heroles recibieron severas críticas y fuertes cuestionamientos. De entrada, el PRI, en voz del senador Raúl Mejía González, les dejó en claro: “No nos gusta cómo está planteada esta reforma por el gobierno federal; no es integral, se presenta una autonomía simulada, no creemos lo que nos han señalado; quieren nombrar integrantes del consejo de administración en forma discrecional; privatizan el transporte, los ductos y la refinación y no queremos que estos segmentos se conviertan en monopolios privados”.
El priísta abundó que esta reforma de Calderón no pasará como ha sido propuesta. “Nosotros aspiramos a una reforma integral, una autonomía real y no presidencialista, con visión de Estado, como debe ser para los mexicanos una empresa que garantice seguridad energética y sustento social”.
Por el PRD, Graco Ramírez subrayó: “Nos proponen continuar con el desmantelamiento de Pemex. Nos proponen desarticular el tren de refinación para que pase bajo la figura de maquiladora a manos privadas; ductos, también, así como adjudicación directa de contratos y funcionarios exentos de asumir responsabilidades. Nos vienen a decir otra vez los panistas que se busca más privatización rescatando a Pemex, fortaleciéndolo, pero privatizándolo”.
Kessel replicó al perredista que “la maquila en refinación es una práctica a nivel internacional de empresas que tienen el objetivo de asegurar que su producto mejore en calidad. Un ejemplo –dijo– es el caso de la industria automotriz”.
Como el senador Graco Ramírez reclamó que no se han hecho públicas las informaciones de Pemex Internacional, con esos holding de los contratos de deudas que tiene la paraestatal en varios países, el director de la empresa reviró: “Toda la información de Pemex Internacional son operaciones consolidadas”. Lo secundó la secretaria Kessel al afirmar que “toda la información de Pemex Internacional está en su página de Internet”.
Por su parte, el panista Rubén Camarillo dijo que la propuesta está dirigida a aprovechar el máximo potencial petrolero del país, atiende los principales retos de la industria y asegura que los hidrocarburos son la palanca para el desarrollo nacional y seguirá siendo única y exclusivamente de los mexicanos, y preguntó a Kessel si, como dicen, la propuesta privatiza a Pemex por la puerta de atrás.
La titular de Energía recurrió en su respuesta a un ejemplo: “Hoy estamos importando cuatro de cada diez litros de gasolina, trasladamos empleos, inversiones e impuestos al resto del mundo”, y se manifestó convencida de que esos impuestos, empleos e inversiones se pueden quedar en el país.
En tanto, el senador por Convergencia Dante Delgado dijo que el problema de Pemex tiene que ver “con la abusiva intervención de la Secretaría de Hacienda sobre los propios funcionarios de Energía. Resulta contradictorio que se hable de falta de tecnología y no se den los instrumentos imprenscindibles para el desarrollo. Lo que están señalando es que hay un problema de liderazgo, porque finalmente las empresas públicas salen adelante por quienes las dirigen. No podemos confundir lo que es liderazgo con las necesidades de hacer reformas orientadas a entregar a empresas transnacionales la riqueza de México”.
El priísta Mariano González Zarur advirtió a Kessel: “Ustedes están logrando un consenso pero para que no pase lo relacionado –con la privatización– en transporte, ductos, refinación y los contratos”.
Por su parte, el perredista Arturo Núñez dijo: “Con sus respuestas se confirma que se trata de una iniciativa simuladora; rectifican y dicen que sí hay petróleo, que sí hay dinero y que sí hay capacidad de ejecución. ¿Entonces por qué no plantear una reforma diferente?”.
Ante senadores, la funcionaria modera el discurso catastrofista
La secretaria y Jesús Reyes Heroles recibieron una oleada de críticas
Víctor Ballinas, Ciro Pérez y Antonio Castellanos
Al defender en el Senado la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), la secretaria de Energía, Georgina Kessel, enfrentó cuestionamientos de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, quienes le señalaron que la propuesta gubernamental es privatizadora, simuladora y esconde la realidad de los hidrocarburos. La funcionaria aceptó: “Yo estoy convencida de que México sí cuenta con recursos; estamos hablando de más de 100 mil millones de barriles de petróleo entre reservas probadas, posibles y probables”.
Al comparecer ante comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, Kessel manifestó que será el Congreso el que defina las actividades “que puedan realizar terceros en las ramas industriales petroleras, en refinación, transporte, distribución y almacenamiento”.
Subrayó: “A ningún particular se le dará participación en la renta petrolera; esta iniciativa no contiene esquemas que entreguen esa renta a ninguna empresa nacional o extranjera”. México enfrenta, dijo, importantes desafíos en materia de hidrocarburos; la producción ha caído 472 mil barriles diarios, cifra que representa una pérdida anualizada de 150 mil millones de pesos, lo que equivale a siete veces el programa carretero del gobierno federal para 2008.
“Crisis energética, si no hacemos nada”
Kessel resaltó que “si no hacemos nada, México enfrentará una severa crisis energética antes de acabar el próximo sexenio. Esa es una amenaza real”.
Por su parte, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, destacó que la falta de una estrategia clara de expansión en la paraestatal durante los últimos lustros ha hecho que ésta se rezague respecto de otras empresas petroleras. Durante la década pasada Petróleos Mexicanos ha observado un deterioro operativo, tecnológico y de desarrollo de recursos humanos y financieros.
En materia tecnológica, abundó, se deterioró la capacidad de la empresa para generar, capturar y asimilar conocimiento y tecnología. Se trata de un asunto, dijo, de la mayor relevancia para el futuro de la misma.
La reforma propone permitir la inversión privada en transporte, almacenamiento y refinación de combustible. “Pemex tiene mucho que perder si no se aprueba la reforma integral que propone el presidente Calderón”.
A su vez, el director de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Salazar, aseveró que con la iniciativa de Felipe Calderón “la arquitectura industrial para transportes y ductos sería básicamente una de monopolios naturales regionales, regulados por esta comisión”.
La comparecencia de los funcionarios duró cinco horas, en las cuales Kessel y Reyes Heroles recibieron severas críticas y fuertes cuestionamientos. De entrada, el PRI, en voz del senador Raúl Mejía González, les dejó en claro: “No nos gusta cómo está planteada esta reforma por el gobierno federal; no es integral, se presenta una autonomía simulada, no creemos lo que nos han señalado; quieren nombrar integrantes del consejo de administración en forma discrecional; privatizan el transporte, los ductos y la refinación y no queremos que estos segmentos se conviertan en monopolios privados”.
El priísta abundó que esta reforma de Calderón no pasará como ha sido propuesta. “Nosotros aspiramos a una reforma integral, una autonomía real y no presidencialista, con visión de Estado, como debe ser para los mexicanos una empresa que garantice seguridad energética y sustento social”.
Por el PRD, Graco Ramírez subrayó: “Nos proponen continuar con el desmantelamiento de Pemex. Nos proponen desarticular el tren de refinación para que pase bajo la figura de maquiladora a manos privadas; ductos, también, así como adjudicación directa de contratos y funcionarios exentos de asumir responsabilidades. Nos vienen a decir otra vez los panistas que se busca más privatización rescatando a Pemex, fortaleciéndolo, pero privatizándolo”.
Kessel replicó al perredista que “la maquila en refinación es una práctica a nivel internacional de empresas que tienen el objetivo de asegurar que su producto mejore en calidad. Un ejemplo –dijo– es el caso de la industria automotriz”.
Como el senador Graco Ramírez reclamó que no se han hecho públicas las informaciones de Pemex Internacional, con esos holding de los contratos de deudas que tiene la paraestatal en varios países, el director de la empresa reviró: “Toda la información de Pemex Internacional son operaciones consolidadas”. Lo secundó la secretaria Kessel al afirmar que “toda la información de Pemex Internacional está en su página de Internet”.
Por su parte, el panista Rubén Camarillo dijo que la propuesta está dirigida a aprovechar el máximo potencial petrolero del país, atiende los principales retos de la industria y asegura que los hidrocarburos son la palanca para el desarrollo nacional y seguirá siendo única y exclusivamente de los mexicanos, y preguntó a Kessel si, como dicen, la propuesta privatiza a Pemex por la puerta de atrás.
La titular de Energía recurrió en su respuesta a un ejemplo: “Hoy estamos importando cuatro de cada diez litros de gasolina, trasladamos empleos, inversiones e impuestos al resto del mundo”, y se manifestó convencida de que esos impuestos, empleos e inversiones se pueden quedar en el país.
En tanto, el senador por Convergencia Dante Delgado dijo que el problema de Pemex tiene que ver “con la abusiva intervención de la Secretaría de Hacienda sobre los propios funcionarios de Energía. Resulta contradictorio que se hable de falta de tecnología y no se den los instrumentos imprenscindibles para el desarrollo. Lo que están señalando es que hay un problema de liderazgo, porque finalmente las empresas públicas salen adelante por quienes las dirigen. No podemos confundir lo que es liderazgo con las necesidades de hacer reformas orientadas a entregar a empresas transnacionales la riqueza de México”.
El priísta Mariano González Zarur advirtió a Kessel: “Ustedes están logrando un consenso pero para que no pase lo relacionado –con la privatización– en transporte, ductos, refinación y los contratos”.
Por su parte, el perredista Arturo Núñez dijo: “Con sus respuestas se confirma que se trata de una iniciativa simuladora; rectifican y dicen que sí hay petróleo, que sí hay dinero y que sí hay capacidad de ejecución. ¿Entonces por qué no plantear una reforma diferente?”.
Peligra la soberanía ante el proyecto sobre Pemex, dice González Casanova
El petróleo es el sustento fiscal de México, señala el ex rector e investigador de la UNAM
“Lo que está haciendo éste... cómo se llama... Calderón, es romper con las historias de nuestras luchas”
La entrega de la paraestatal es una gigantesca operación de despojo, sostiene Gilly
Patricia Muñoz Ríos
El ex rector, catedrático e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pablo González Casanova, planteó ayer que si el Estado mexicano se queda sin los recursos petroleros habría graves implicaciones económicas y sociales para el país, ya que Pemex aporta 40.8 por ciento del total de los ingresos fiscales de la nación, y alertó que, además de ello, se cierne el peligro de que el proyecto de Felipe Calderón rompa toda la historia anterior de lucha por la soberanía, en la que se habían logrado victorias muy importantes de expropiación.
El también escritor habló ayer en una mesa sobre Pensamiento latinoamericano y luchas sociales en América Latina, del Coloquio Latinoamericano organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, donde además participó el historiador Adolfo Gilly, quien planteó que “la entrega de Pemex” es una gigantesca operación de despojo, la culminación de un proyecto de desmantelamiento de las defensas estructurales que protegían la soberanía del país.
En el foro se habló de las luchas políticas, económicas y sociales de América Latina y la inserción de la batalla por el petróleo en este contexto.
Gónzalez Casanova advirtió que el petróleo es el sustento fiscal de México, ya que las grandes empresas escatiman y no entregan la renta tributaria al Estado. Hizo ver que lo que está haciendo aquí “cómo se llama... éste... Calderón”, es que está “rompiendo con las historias de luchas que habíamos logrado como país”.
Planteó que en defensa de los proyectos del gobierno también se está haciendo una “labor de expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”, y el arte de mentir ha adquirido unas proporciones extraordinarias. “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población.
Además, “se califica de terrorista a aquel que se opone a las políticas”, hasta a las universidades se les tacha de “terroristas y nos lo vienen a decir en nuestra propia cara”, y esto porque se quiere criminalizar el disentir, señaló el catedrático emérito, y expuso que ahora está en desuso hasta el derecho, pues lo usan sólo para legitimar lo ilegítimo, cuando “siempre hemos luchado por el derecho en América Latina y esta es una de las características de toda las revoluciones de independencia”.
En el concurrido foro, Adolfo Gilly presentó un escrito titulado Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex, en el que plantea que la operación en curso para privatizar la paraestatal “trata de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano sobre el Estado nacional y de integrar ese Estado como vecino y socio menor subordinado”.
El proyecto de entregar el petróleo, según explicó, restructura las relaciones del Estado mexicano con su pueblo y con la potencia vecina y sus planes geoestratégicos; y forma parte del plan de las tres áreas de dominación de Estados Unidos sobre México, que son: Tratado de Libre Comercio, ASPAN e Iniciativa Mérida, “los tres estatutos claves de la subordinación económica, militar y política”.
Tratan de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía e independencia de la nación; es una gigantesca operación de despojo en la que Pemex es la culminación de ese proceso. Por ello, se necesita un movimiento más fuerte, más grande que el que encabeza Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la batalla por la defensa del petróleo, porque tratan de quitar la pieza central de las finanzas mexicanas desde hace 70 años, que es Pemex, para mandarla “al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el ex convento de Churubusco y la carroza de Juárez” , apuntó Gilly.
El catedrático evidenció que el bando neoliberal está unificado por el debilitado poder presidencial, el poder financiero y el eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus “cabecitas parlantes”. Preguntó cómo poner en el centro del debate el tema y hacer que esto mueva a la acción y a la convergencia.
Cuando se queden con el petróleo, alertó, van a ir por más; por ejemplo, van a intentar el vuelco a “colombianizar” el Ejército Mexicano para ligarlo con el de Estados Unidos. “Díaz Ordaz usó al Ejército para masacrar, pero no se puso la gorrita y la chaqueta que le queda grande; era gente malvada, pero seria”, remató.
En el foro también participó Horacio Cerrutti, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, quien dijo que la reacción de la derecha en toda la región se ha conformado en una acción articulada, e hizo ver cómo en toda la zona se han estigmatizado las acciones gubernamentales populistas. Sobre el caso de Bolivia habló Ricardo Melgar, investigador del Instituto de Antropología e Historia, quien desmenuzó toda la andanada oligárquica que se ha orquestado dentro de ese país y en la región misma contra el gobierno del presidente Evo Morales.
“Lo que está haciendo éste... cómo se llama... Calderón, es romper con las historias de nuestras luchas”
La entrega de la paraestatal es una gigantesca operación de despojo, sostiene Gilly
Patricia Muñoz Ríos
El ex rector, catedrático e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pablo González Casanova, planteó ayer que si el Estado mexicano se queda sin los recursos petroleros habría graves implicaciones económicas y sociales para el país, ya que Pemex aporta 40.8 por ciento del total de los ingresos fiscales de la nación, y alertó que, además de ello, se cierne el peligro de que el proyecto de Felipe Calderón rompa toda la historia anterior de lucha por la soberanía, en la que se habían logrado victorias muy importantes de expropiación.
El también escritor habló ayer en una mesa sobre Pensamiento latinoamericano y luchas sociales en América Latina, del Coloquio Latinoamericano organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, donde además participó el historiador Adolfo Gilly, quien planteó que “la entrega de Pemex” es una gigantesca operación de despojo, la culminación de un proyecto de desmantelamiento de las defensas estructurales que protegían la soberanía del país.
En el foro se habló de las luchas políticas, económicas y sociales de América Latina y la inserción de la batalla por el petróleo en este contexto.
Gónzalez Casanova advirtió que el petróleo es el sustento fiscal de México, ya que las grandes empresas escatiman y no entregan la renta tributaria al Estado. Hizo ver que lo que está haciendo aquí “cómo se llama... éste... Calderón”, es que está “rompiendo con las historias de luchas que habíamos logrado como país”.
Planteó que en defensa de los proyectos del gobierno también se está haciendo una “labor de expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”, y el arte de mentir ha adquirido unas proporciones extraordinarias. “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población.
Además, “se califica de terrorista a aquel que se opone a las políticas”, hasta a las universidades se les tacha de “terroristas y nos lo vienen a decir en nuestra propia cara”, y esto porque se quiere criminalizar el disentir, señaló el catedrático emérito, y expuso que ahora está en desuso hasta el derecho, pues lo usan sólo para legitimar lo ilegítimo, cuando “siempre hemos luchado por el derecho en América Latina y esta es una de las características de toda las revoluciones de independencia”.
En el concurrido foro, Adolfo Gilly presentó un escrito titulado Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex, en el que plantea que la operación en curso para privatizar la paraestatal “trata de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano sobre el Estado nacional y de integrar ese Estado como vecino y socio menor subordinado”.
El proyecto de entregar el petróleo, según explicó, restructura las relaciones del Estado mexicano con su pueblo y con la potencia vecina y sus planes geoestratégicos; y forma parte del plan de las tres áreas de dominación de Estados Unidos sobre México, que son: Tratado de Libre Comercio, ASPAN e Iniciativa Mérida, “los tres estatutos claves de la subordinación económica, militar y política”.
Tratan de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía e independencia de la nación; es una gigantesca operación de despojo en la que Pemex es la culminación de ese proceso. Por ello, se necesita un movimiento más fuerte, más grande que el que encabeza Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la batalla por la defensa del petróleo, porque tratan de quitar la pieza central de las finanzas mexicanas desde hace 70 años, que es Pemex, para mandarla “al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el ex convento de Churubusco y la carroza de Juárez” , apuntó Gilly.
El catedrático evidenció que el bando neoliberal está unificado por el debilitado poder presidencial, el poder financiero y el eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus “cabecitas parlantes”. Preguntó cómo poner en el centro del debate el tema y hacer que esto mueva a la acción y a la convergencia.
Cuando se queden con el petróleo, alertó, van a ir por más; por ejemplo, van a intentar el vuelco a “colombianizar” el Ejército Mexicano para ligarlo con el de Estados Unidos. “Díaz Ordaz usó al Ejército para masacrar, pero no se puso la gorrita y la chaqueta que le queda grande; era gente malvada, pero seria”, remató.
En el foro también participó Horacio Cerrutti, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, quien dijo que la reacción de la derecha en toda la región se ha conformado en una acción articulada, e hizo ver cómo en toda la zona se han estigmatizado las acciones gubernamentales populistas. Sobre el caso de Bolivia habló Ricardo Melgar, investigador del Instituto de Antropología e Historia, quien desmenuzó toda la andanada oligárquica que se ha orquestado dentro de ese país y en la región misma contra el gobierno del presidente Evo Morales.
Seguridad: gobierno sin rumbo
Editorial
El asesinato del directivo policial Edgar Eusebio Millán Gómez, perpetrado en esta capital en los primeros minutos de ayer, es el más reciente de una cadena de homicidios de jefes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la ciudad de México: el primero de mayo fue muerto Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de esa corporación, y tres días más tarde fue victimado, en Coyoacán, Aristeo Gómez Martínez, miembro de la Jefatura del Estado Mayor de la PFP, en lo que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, llamó “un intento de robo”, a pesar de los testimonios en contrario. Unas horas antes del ataque contra Millán Gómez, el agente Martín Vázquez Zermeño, del grupo de inteligencia de la policía de Nezahualcóyotl y enlace con las procuradurías mexiquense y General de la República, sufrió la misma suerte. En lo que va del mes, sólo en Sinaloa han muerto en circunstancias violentas unos 15 agentes, siete de ellos federales.
Más allá de la condena que merecen tales asesinatos, resulta escandaloso, inadmisible y exasperante que a la delincuencia organizada le resulte tan fácil acabar con la vida de integrantes de las corporaciones encargadas de combatirla. A estas alturas, resulta inocultable que las mafias cuentan no sólo con el poder de fuego y el grado de organización necesarios para perpetrar tales crímenes, sino que disponen, además, de información confidencial y precisa sobre sus víctimas. Sería difícil explicar, de otro modo, la agresión contra Millán Gómez, quien fue emboscado en su propio domicilio. A su vez, ese manejo de datos da una idea del grado de infiltración que han logrado las organizaciones delictivas en las instituciones encargadas de preservar la seguridad y procurar justicia y, por extensión, del punto de descomposición al que ha llegado un sector esencial e imprescindible del Estado.
Ha de constatarse, a la luz de los terribles saldos de la “guerra contra la delincuencia” en curso, la improvisación y la falta de claridad con que se emprendió tal estrategia a principios de la presente administración. Es decir, se lanzó a las corporaciones policiales a un choque frontal contra el narcotráfico y otros estamentos de la delincuencia organizada sin haber emprendido en ellas la depuración y la moralización que se requerían, sin haber puesto en práctica planes de inteligencia y contrainteligencia, sin efectuar una ponderación de las dimensiones del fenómeno a erradicar ni del poderío del adversario a vencer. Desde el primer momento, numerosas voces de la escena pública advirtieron sobre los peligros de involucrar al aparato gubernamental en un alarde de fuerza como el emprendido a partir de diciembre de 2006 y el riesgo de que la medida terminara más bien por debilitar al poder público y por fortalecer a la delincuencia a la que se pretendía combatir. Pero tales voces no fueron escuchadas por un gobierno que parecía empecinado en resolver a corto plazo, con una visión simplista, y por medio de la violencia policial y militar, el clima de inseguridad y el quebrantamiento del estado de derecho en extensas regiones del país.
Los resultados de la aventura fortalecen, por desgracia, la idea de que el propósito real de las aparatosas movilizaciones policiaco-militares era marcadamente propagandístico y legitimador, y que el país estaba ante una redición, aumentada y empeorada, del operativo foxista “México seguro”: si éste fue una mera faramalla insustancial y sin grandes consecuencias, como tantas otras de la administración pasada, las acciones de la actual han agitado el avispero de la violencia delictiva y se han traducido en un país mucho más inseguro que el que recibió el gobierno encabezado por Felipe Calderón. Una de las expresiones más escalofriantes de tal violencia es la cacería de mandos policiales por parte de la delincuencia organizada y la incapacidad de las autoridades para proteger a sus propios cuadros, y no se diga para contrarrestar la desoladora desprotección en la que se encuentran los ciudadanos en general.
El asesinato del directivo policial Edgar Eusebio Millán Gómez, perpetrado en esta capital en los primeros minutos de ayer, es el más reciente de una cadena de homicidios de jefes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la ciudad de México: el primero de mayo fue muerto Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de esa corporación, y tres días más tarde fue victimado, en Coyoacán, Aristeo Gómez Martínez, miembro de la Jefatura del Estado Mayor de la PFP, en lo que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, llamó “un intento de robo”, a pesar de los testimonios en contrario. Unas horas antes del ataque contra Millán Gómez, el agente Martín Vázquez Zermeño, del grupo de inteligencia de la policía de Nezahualcóyotl y enlace con las procuradurías mexiquense y General de la República, sufrió la misma suerte. En lo que va del mes, sólo en Sinaloa han muerto en circunstancias violentas unos 15 agentes, siete de ellos federales.
Más allá de la condena que merecen tales asesinatos, resulta escandaloso, inadmisible y exasperante que a la delincuencia organizada le resulte tan fácil acabar con la vida de integrantes de las corporaciones encargadas de combatirla. A estas alturas, resulta inocultable que las mafias cuentan no sólo con el poder de fuego y el grado de organización necesarios para perpetrar tales crímenes, sino que disponen, además, de información confidencial y precisa sobre sus víctimas. Sería difícil explicar, de otro modo, la agresión contra Millán Gómez, quien fue emboscado en su propio domicilio. A su vez, ese manejo de datos da una idea del grado de infiltración que han logrado las organizaciones delictivas en las instituciones encargadas de preservar la seguridad y procurar justicia y, por extensión, del punto de descomposición al que ha llegado un sector esencial e imprescindible del Estado.
Ha de constatarse, a la luz de los terribles saldos de la “guerra contra la delincuencia” en curso, la improvisación y la falta de claridad con que se emprendió tal estrategia a principios de la presente administración. Es decir, se lanzó a las corporaciones policiales a un choque frontal contra el narcotráfico y otros estamentos de la delincuencia organizada sin haber emprendido en ellas la depuración y la moralización que se requerían, sin haber puesto en práctica planes de inteligencia y contrainteligencia, sin efectuar una ponderación de las dimensiones del fenómeno a erradicar ni del poderío del adversario a vencer. Desde el primer momento, numerosas voces de la escena pública advirtieron sobre los peligros de involucrar al aparato gubernamental en un alarde de fuerza como el emprendido a partir de diciembre de 2006 y el riesgo de que la medida terminara más bien por debilitar al poder público y por fortalecer a la delincuencia a la que se pretendía combatir. Pero tales voces no fueron escuchadas por un gobierno que parecía empecinado en resolver a corto plazo, con una visión simplista, y por medio de la violencia policial y militar, el clima de inseguridad y el quebrantamiento del estado de derecho en extensas regiones del país.
Los resultados de la aventura fortalecen, por desgracia, la idea de que el propósito real de las aparatosas movilizaciones policiaco-militares era marcadamente propagandístico y legitimador, y que el país estaba ante una redición, aumentada y empeorada, del operativo foxista “México seguro”: si éste fue una mera faramalla insustancial y sin grandes consecuencias, como tantas otras de la administración pasada, las acciones de la actual han agitado el avispero de la violencia delictiva y se han traducido en un país mucho más inseguro que el que recibió el gobierno encabezado por Felipe Calderón. Una de las expresiones más escalofriantes de tal violencia es la cacería de mandos policiales por parte de la delincuencia organizada y la incapacidad de las autoridades para proteger a sus propios cuadros, y no se diga para contrarrestar la desoladora desprotección en la que se encuentran los ciudadanos en general.
Las acciones bursátiles no son comestibles
Columna Semanal de Amy Goodman, presentadora de Democracy Now! Por favor, difundir. Formato en solo texto anexado.
Publicado el 30 de Abril de 2008
Por Amy Goodman
En todo el mundo están estallando disturbios por los precios de los alimentos. Ha habido protestas en Egipto, Camerún, Filipinas, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mauritania y Senegal. Sarata Guisse, un manifestante senegalés, le dijo a Reuters: “Nos manifestamos porque tenemos hambre. Necesitamos comer, necesitamos trabajar, tenemos hambre. Eso es todo. Tenemos hambre”. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha lanzado un grupo de trabajo para hacer frente al problema, que amenaza, según declaró, con llevar “el fantasma de una hambruna generalizada, la malnutrición y el descontento social a una escala sin precedentes”. El Programa Mundial de Alimentos calificó esta crisis alimentaria como la peor crisis en 45 años, y la describió como un “tsunami silencioso” que sumirá en el hambre a otras 100 millones de personas.
Detrás del hambre, detrás de los disturbios se encuentran los llamados acuerdos de libre comercio y los brutales acuerdos de préstamos de emergencia impuestos a los países pobres por las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional. Los disturbios por el alza de los precios de los alimentos en Haití han dejado seis muertos y cientos de heridos, y condujeron a la destitución del primer ministro Jacques-Edouard Alexis. El reverendo Jesse Jackson acaba de regresar de Haití y ha escrito que “el hambre está en marcha aquí. La basura es cuidadosamente revisada en busca de cualquier resto de comida que pudiera haber. Los bebés lloran con frustración, intentando conseguir leche de una madre demasiado anémica para producirla”. Jackson pide la condonación de la deuda para que Haití pueda dedicar a escuelas, infraestructura y agricultura los 70 millones de dólares que paga cada año en concepto de intereses al Banco Mundial y otras entidades.
El alza del precio de los alimentos se atribuye generalmente a una “tormenta perfecta” provocada por la mayor demanda de alimentos por parte de India y China, la disminución de la oferta de alimentos a causa de las sequías y otros problemas relacionados con el cambio climático, el aumento de los costos del combustible empleado para cultivar y transportar los alimentos, y la mayor demanda de biocombustibles, que ha desviado cultivos como el maíz hacia la producción de etanol.
Esta semana, el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, exhortó a suspender la producción de biocombustibles: “Quemar alimentos hoy para que sirvan a la movilidad de los países ricos es un crimen contra la humanidad”. Ziegler pidió a la ONU que impusiera una prohibición de cinco años a la producción de biocombustibles derivados de alimentos. El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés), un grupo de 8.000 científicos de todo el mundo, también ha lanzado críticas contra los biocombustibles. Los científicos están presionando para que un tipo de planta llamada “switchgrass”, un tipo especial de pasturas, sea usada como fuente para la producción de biocombustibles, reservando el maíz y otros cultivos comestibles para un uso exclusivamente alimenticio.
En una conferencia de prensa celebrada esta semana, el presidente Bush defendió la utilización de alimentos para producir etanol: “Lo cierto es que el hecho de que nuestros granjeros cultiven energía responde a nuestros intereses nacionales; a diferencia de tener que comprarla en partes del mundo que son inestables o en donde pueden no apreciarnos”. Una parte del mundo que sí aprecia a Bush y su política la forman las corporaciones multinacionales de la alimentación. El grupo internacional sin fines de lucro GRAIN acaba de publicar un informe llamado “Making a killing from hunger” (“Ganar fortunas gracias al hambre”). En el informe, GRAIN señala que las principales multinacionales están generando inmensas ganancias en medio de la creciente desgracia del hambre mundial. Las ganancias han aumentado para las gigantes de los agronegocios Cargill (un 86 por ciento), Bunge (un 77 por ciento), y Archer Daniels Midland (que se autodefine como “el supermercado del mundo"), la que ha disfrutado de un 67 por ciento de aumento de sus ganancias.
GRAIN escribe: “¿Se trata de una fluctuación pasajera de los precios? No. ¿Una escasez de alimentos? Tampoco. Nos hallamos frente a un desmoronamiento estructural, resultado directo de tres décadas de globalización neoliberal. […] Hemos permitido que los alimentos pasen de ser algo que da de comer a la gente y le garantiza su sustento vital a ser una mercancía expuesta a la especulación y al juego del mercado”. El informe afirma: “La cantidad de dinero especulativo invertido en los mercados de futuros […] era menor de 5.000 millones de dólares en el año 2.000. El año pasado trepó hasta cerca de 175.000 millones de dólares”.
En 1946 hubo una crisis mundial de alimentos. Entonces, al igual que ahora, la ONU formó un grupo para ocuparse del tema. En su reunión, el director de la Administración de Ayuda y Rehabilitación de la ONU, el ex alcalde de Nueva York Fiorello LaGuardia, declaró: “Ticker tape ain’t spaghetti” (“Las acciones bursátiles no son comestibles” 1 ). En otras palabras, el mercado de valores no da de comer a los hambrientos. Sus palabras siguen siendo ciertas hoy en día. Los que vivimos en Estados Unidos no somos inmunes a la crisis. Wal-Mart, Sam’s Club y Costco han impuesto límites a la compra al por mayor de arroz. Un número récord de personas depende de los cupones de alimentación y los centros de distribución de alimentos son testigos del aumento del número de personas necesitadas.
En el mundo de hoy existe la tecnología necesaria para alimentar al planeta entero de forma orgánica, local y sustentable. Los grupos de presión de las grandes empresas de la alimentación y la energía y el gobierno de Estados Unidos deben reconocerlo y cambiar de rumbo o los disturbios por los precios de los alimentos que ahora ocurren en lugares distantes llamarán pronto a sus puertas.
Nota del Traductor 1: “Ticker tape” es la cinta de papel que antiguamente se usaba para anotar de forma mecánica las cotizaciones de bolsa en tiempo real, y que salía del receptor/impresora como si se tratase de un spaguetti o tallarín continuo.
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