Mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 25 de diciembre, las actividades no
cesaron en un pocito de carbón clandestino ubicado cerca de la villa de
Barroterán, Coahuila, a pesar de tratarse de un día de descanso
obligatorio.
Inicialmente, el patrón, Juan Manuel Lares, había
dado instrucciones a sus trabajadores de que no se presentaran a
trabajar hasta enero; sin embargo, de último momento cambio de opinión y
citó a cuatro trabajadores. Poco antes de terminar el turno, una enorme
roca se vino abajo, cubriendo por completo a Javier Alejandro Martínez
Álvarez.
La roca cayó sobre su cabeza, la quijada se le fracturó.
Las secuelas del golpazo son más que evidentes: actualmente, presenta
convulsiones, su rostro está cubierto por marcas de costura que no
cicatrizan. No puede mover los hombros y tiene todas las vértebras
saltadas. El frío del norte, a veces bajo cero, lo hace gritar del dolor
en la pierna izquierda, sujeta por cinco clavos que llevará de por vida
para mantener su extremidad en su lugar. Javier Alejandro tiene 32
años, esposa y dos hijos pequeños.
Hace siete años, su tío Jesús
Álvarez, murió en la mina Pasta de Conchos. Como sucede en esa región,
las familias de obreros mueren en la miseria, por accidentes en minas
propiedad de otras familias que viven millonarias por el carbón… como
Javier Alejandro, empleado de Juan Manuel Lares, en cuyos pocitos han
quedado lisiados varios mineros y dos han muerto.
El pasado 19 de
febrero, al cumplirse siete años del derrumbe en el que murieron 65
trabajadores en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, el gobierno de
Enrique Peña Nieto informó que se realizaría un peritaje para determinar
si es posible recuperar los 63 cuerpos que continúan dentro de la
estructura colapsada.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y
Felipe Calderón, la secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y
de Economía (SE) se valieron de informes falsos y dictámenes
tergiversados, para avalar que la mina continuara cerrada y los cuerpos
insepultos. Fue imposible saber qué ocurrió y a la averiguación previa
federal se le dio carpetazo.
De acuerdo con el oficio número
OS/057/13, de fecha 11 de febrero de 2013, el titular de la STPS,
Alfonso Navarrete Prida, solicitó al procurador general, Jesús Murillo
Karam, un nuevo peritaje para saber si las condiciones de Pasta de
Conchos hacían factible la recuperación de los cuerpos, como piden los
deudos agrupados en la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC).
La
información fue dada a conocer durante la misa en la que cada día 19 de
cada mes, participa la FPC frente al edificio corporativo de Grupo
México –propietario de la mina—en la colonia Polanco de esta ciudad. En
su mensaje, la presidenta de la FPC, María Trinidad Cantú, madre de Raúl
Villasana, fallecido en Pasta de Conchos, calificó el anuncio como “una
luz de esperanza” y reconoció que Navarrete Prida había cumplido su
palabra, pero advirtió que era apenas el comienzo.
El lema del
memorial fue “Rescatar a los vivos para honrar a los muertos”, pues a la
FPC se han sumado familiares de los 94 mineros fallecidos en accidentes
posteriores a Pasta de Conchos.
En total, se cuentan 159
trabajadores muertos por condiciones inseguras en siete años, la mitad
en los tiros verticales, llamados pocitos que abastecen a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Política letal
A diez años de
su creación, la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora para el
Desarrollo Minero (Prodemi), se ha convertido en el instrumento que
posibilita la subsistencia de un tipo de minería letal, ajena a
controles de seguridad social, laboral, e incluso, fiscal y penal.
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