martes, octubre 02, 2007

The "Gringos" Financial Up Date!


EL SALDO DE LA DEUDA DE LOS BONOS DEL TESORO A CARGO DEL GOB. AMERICANO AL 30 DE SEPT. DE 2007 A LAS 7.17 PM. GMT ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $8,976,690,,607,837.00. QUE A RAZON DE 1.28 BILLONES DIARIOS DE ENDEUDAMIENTO SERA EL PROXIMO MES DE OCTUBRE QUE SUPEREN EL MONTO MAXIMO DE LOS 9 TRILLONES QUE AUTORIZO EL SENADO EL 16 DE MARZO DE 2006 , ESTA CANTIDAD ES SUPERIOR A LA DEUDA DE TODOS LOS PAISES DEL PLANETA.
TOMO MAS DE 200 AÑOS PARA ENDEUDARSE A ENERO DE 1993, LOS PRIMEROS 4 TRILLONES DE DOLLS. Y SOLO 14 AÑOS EN ENDEUDARSE LOS OTROS 5 TRILLONES . SI CONSIDERAMOS QUE EL DOLAR SE HA DEVALUADO CON RELACION AL EURO 15 % DE I.24 A 1.42, DONDE MEXICO PERDIO POR TENER LAS RESERVAS INTERNACIONALES EN DOLARES. MAS DE 5 BILLONES DE DOLARES.
Y CHINA CON MAS DE 1.300. BILLONES DE RESERVAS PERDIO COMO 100 BILLONES ,OTROS COMO SINGAPUR, RUSIA, COREA TAIWAN , INDIA, ETC. CON MAS DE 100 BILLONES EN RESERVAS , ESTOS PODRIAN EXIGIR QUE SE LES AUMENTE EL INTERES YA NO COMO CUANDO CARTER ERA PRESIDENTE QUE PASO DEL 19 % ,SINO AL 15% PARA CUBRIR LA DEVALUACION .
LOS INTERESES DE ESTA DEUDA SE IRIA A 1.35 TRILLONES DE DOLARES ANUALES , MAS DEL 50% DEL INGRESO DEL GOBIERNO. QUE YA DE POR SI ARRASTRA SALDOS NEGATIVOS EN LA BALANZA COMERCIAL Y DE PAGOS POR MAS DE $850 BILLONES ANUALES EN CADA RUBRO Y DE 300 BILLONES DE DEFICIT PRESUPUESTAL.
NO QUEREMOS MENCIONAR LOS AVALES DEL GOB. DE U.S.A. COMO DEL EXIMBANK, FANNIE MAE, FREDDIE MACK, ETC, YA QUE ESTOS ULTIMOS SI REPRESENTAN UN SERIO PROBLEMA NO SOLO PARA LOS E.U.A SINO PARA EL RESTO DE LOS PAISES Y SER LOS CAUSANTES DE LA ACTUAL CRISIS INMOBILIARIA Y DE CREDITO QUE ESTA POR COLAPSAR AL IMPERIO.....Y DE CORBATA SE LLEVA A SUS ECONOMIAS "CACHORRO", ASI QUE A APRETARSE MAS EL CINTURON!, QUE ESTO APENAS COMIENZA.

C.P. Adriana Farias Diaz
Fuentes:
* The Economist
*The Financial Times.

Gobierno de Calderón legal pero ilegítimo: Evo Morales

El presidente de Bolivia dijo que el gobierno de Felipe Calderón “es legal pero no legítimo”, porque una cosa es la legalidad y otra la legitimidad

El presidente boliviano

MÉXICO, octubre 1, 2007.- Evo Morales, el primer presidente de origen indígena de Bolivia, asegura que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es legal pero no legítimo.

Morales, quien realizó las declaraciones sobre el gobierno mexicano en entrevista con Publimetro, aseguró que el gobierno mexicano "es legal pero no legítimo. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad".

El mandatario boliviano agregó que su gobierno no tiene ningún problema con la administración encabezada por Calderón Hinojosa puesto que, dijo, "son problemas internos".

Aclaró que en América Latina no se debe seguir el liderazgo de algún presidente sino que lo mejor es aportar ideas a la región y continuar con el debate de los temas que realmente son importantes.

Por último, Evo Morales dijo no temer por su seguridad pese a los rumores que indican habrá un golpe de estado en su país y comentó "recibimos tantas amenazas que ya creemos que lo más importante es debatir nuestras diferencias y recoger respuestas para resolver los problemas de desigualdad y de injusticia". (Redacción Monitoreo Prensa de Negocios)

Riesgo electoral por violaciones a la libertad de prensa (Colombia)

Comunicado - La FLIP presenta mapa de riesgo electoral por violaciones a la libertad de prensa Septiembre 29 de 2007 Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

El pasado 27 de septiembre, como organización integrante de la Misión de Observación Electoral (MOE), la FLIP presentó el mapa de nivel de riesgo por violaciones a la libertad de prensa relacionadas con el proceso electoral.

El mapa recoge los registros del monitoreo de las violaciones a la libertad de prensa registradas entre el primero de mayo de 2006 (mes de las elecciones presidenciales) y el 31 de julio de 2007.

A su vez, detalla los registros relacionados con asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones, obstrucciones al trabajo periodístico, detenciones ilegales y desplazamiento interno de periodistas, en medio del cubrimiento de hechos relacionados con conflicto armado, política, proceso electoral y orden público.

El mapa también destaca la situación de riesgo de los departamentos Valle del Cauca, Tolima, Arauca y Caquetá donde se presentaron violaciones contra comunicadores directamente relacionadas con los temas de la agenda electoral y que podrían comprometer el trabajo de los periodistas en los comicios del 28 de octubre.

En total son 50 municipios colombianos que cuentan con un riesgo considerable relacionado con el ejercicio del periodismo.

Si bien es cierto, las violaciones a la libertad de prensa no representan un riesgo directo al proceso electoral, sí constituyen un riesgo para la transparencia y calidad de los comicios.

La FLIP hace un llamado a las autoridades civiles y militares encargadas de velar por el buen desarrollo del proceso electoral para que brinden las garantías de seguridad necesarias para los periodistas. De esta forma, se estará defendiendo el derecho de los ciudadanos a recibir información por parte de los medios de comunicación, herramienta fundamental a la hora de
escoger su voto.

Se adjunta el documento de análisis y el mapa de riesgo.

Esta información es autoría de la FLIP. Favor reconocela al difundirla.

info@flip.org.co, www.flip.org.co, www.flip.org.co/english.

Boletín Informativo ISA núm 210


“TRAEMOS A MECATE CORTO A FELIPE CALDERÓN Y ASÍ LO VAMOS A TRAER”: LÓPEZ OBRADOR

En el cuarto y último día de recorrido por territorio poblano, en su gira semanal número 43 de este año, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, evaluó el significado del movimiento de resistencia civil pacífica que encabeza y afirmó: “el gobierno espurio de Calderón habría cometido un mayor número de atrocidades y de injusticias en caso de que después del fraude electoral del 2 de julio de 2006 hubiese tomado la decisión de retirarme del movimiento de transformación, para dejarle libre el camino al presidente pelele”.

En ese contexto de razonamientos fue que el dirigente de la izquierda mexicana declaró que “desde hace 10 meses, cuando usurpó la Presidencia de la República, traemos a mecate corto a Felipe Calderón y así lo vamos a traer”.

Al concluir el cuarto recorrido del año por la entidad, López Obrador manifestó que los mexicanos no vamos a permitir el alza a las tarifas de la gasolina y el diesel, por que representan un duro golpe a la raquítica y enclenque economía de millones de familias. Precisó que los mexicanos nos convertiríamos en esclavos en nuestro propio país, “si no nos paramos firmes” en la defensa del patrimonio de la nación y en la protección de los intereses de la mayoría de los mexicanos, que se encuentran en situación de pobreza. Mientras se adelgaza cada vez más el ingreso de las clases populares, los burócratas panistas de primer nivel mantienen privilegios y reciben un salario que ofende la dignidad de la gente humilde”, puntualizó.

Por la tarde de este domingo, en Cañada Morelos preguntó a los asistentes a la asamblea informativa de ese municipio: “¿Qué ha hecho el pelele de Calderón a favor del pueblo? Nada”, repuso de inmediato. Por el contrario, aclaró, Calderón ha perjudicado al pueblo con la autorización de aumentos a los precios de la tortilla y el pan blanco, además de la leche, el huevo, el pollo, la carne de res y otros alimentos de consumo básico.

Antes, a los ciudadanos de Santiago Miahuatlán les dijo: “ya es tiempo de que se pongan las pilas —como dicen los jóvenes— y de que no otorguen ni un solo voto al PRI, ni un solo voto al PAN en las elecciones locales del próximo 11 de noviembre”. Al rechazar a ambas agrupaciones políticas de derecha, el presidente legítimo de México analizó: “el partido tricolor permaneció 70 años en el poder y no hizo nada a favor de la gente, mientras que los panistas resultaron ser más rateros que los priistas, a pesar de que se dicen gente decente y de bien”.

Puso de ejemplo al ex presidente Vicente Fox, quien acompañado de su esposa Marta Sahagún, posó para una revista del corazón, con la intención de mostrar la riqueza mal habida que acumuló durante su mandato y con la cual convirtió su rancho en una mansión, con alberca, lago artificial, canchas de tenis y hasta ganado de alto registro.

Habló entonces para las generaciones presentes, pero observando en el horizonte a las generaciones futuras: “nuestro país se encuentra en estado de descomposición y degradación y si los mexicanos de ahora no hacemos nada, porque me daba miedo y pena, porque les creía a los medios de comunicación que decían que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México y en las elecciones me daban hasta dinero por el voto, nuestros hijos nos van a mandar por un tubo, nos van a decir: ustedes permitieron que se destruyera el país”.

Durante su encuentro con el pueblo de Chapulco, afirmó que Calderón está al servicio de los intereses del capital extranjero, de los potentados de México y de los integrantes de la mafia de la política. Hizo énfasis en que sí hay salida a la actual crisis económica que vive México, “que no es fruto de la casualidad, sino de que sólo se han beneficiado unos cuantos con la riqueza que genera nuestro país” y recordó que la clase gobernante ya vendió los ferrocarriles, las minas, los bancos y las empresas públicas, y ahora tiene la intención de vender la industria petrolera.

Luego, en el municipio Esperanza, reiteró que los mexicanos tomaremos la decisión de parar el país si la derecha panista mantiene su intención de entregar el petróleo al capital extranjero.

En entrevista posterior que concedió a la radiodifusora Radio Esmeralda (La que manda), subrayó que mantendrá la lucha por la auténtica transformación del país e informó que el próximo 4 de noviembre informará a los habitantes de Puebla sobre la situación que impera en el estado, aunque adelantó que el “góber precioso y mañoso está utilizando el presupuesto público para afianzar su imagen pública, en vez de canalizarlo a obras de reconstrucción de los caminos del estado, que en su mayoría están destruidos e intransitables”.

Adhesiones a las familias de Pasta de Conchos

Estimados amigos y amigas,

Acompañemos a las viudas y familiares de Pasta de Conchos en su exigencia de que se realice el
rescate de los cuerpos de sus familiares atrapados en la mina. Han venido a la Ciudad de México (ante el compromiso del secretario del trabajo de hacer público el dictamen del foro de expertos e informar cómo se puede hacer el rescate) desde el 18 de septiembre, recibiendo una negativa del funcionario a atender sus exigencias. El secretario prorrogó por cuarta vez la entrega del dictamen hasta el 5 de octubre, y en todo este tiempo se ha negado a escuchar a los familiares argumentando que los padres, madres y esposas que están ahí, no son familiares directos.

En todo este tiempo, además, las familias han logrado obtener información suficiente para asegurar que el rescate es viable y que sus familiares no murieron en la explosión (como declaró la empresa) sino que fueron atrapados por la explosión que se registró en la entrada del cañón y murieron por asfixia en la primera semana después de la explosión, cuando la empresa se negó a iniciar el rescate y a barrenar para introducir oxígeno como exigían
los familiares.

Por todo esto, las viudas y familiares han hecho un pronunciamiento al que piden adhesión de todas las personas y organizaciones solidarias. Por favor, envíen sus adhesiones y reenvíen el pronunciamiento para que más personas puedan conocerlo y logremos, con nuestra solidaridad, que quienes tanto han sufrido sean finalmente escuchadas.

La carta que les enviamos debe ser firmada por las personas y las organizaciones y reenviada a este correo o a crrsj@iteso.mx.

Saludos
Pedro A. Reyes

--
Lic Rita Marcela Robles Benitez
Area de Derechos Humanos Laborales
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), cereal@prodigy.net.mx
tel. 53.99.97.06
fax. 55.27.84.10

Radio Amlo invita

Nos envía el Druida


Los invito a escuchar este martes 2 de Octubre el programa especial sobre las masacres estudiantiles y sus repercusiones. Será un programa interesante y un homenaje a todos aquellos compañeros que han perdido su vida por soñar y luchar por un México y un mundo mejor.

La cita es en www.radioamlo.org este martes a las 5 p.m.

Recuerden participar en el Chat.

2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA

Buen ejemplo - Hernández

El diablo suelto - Rocha

Memoria de la represión - El Fisgón

Propone el GDF elevar a ley el programa de estímulos a estudiantes de bachillerato

Marcelo Ebrard envió a la ALDF iniciativa para reformar la Ley de Educación
Evitar la deserción escolar y la fuga de talentos, entre los objetivos: Bonifaz Alfonzo

Bertha Teresa Ramírez

El titular del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard Casaubon, envió este lunes a la Asamblea Legislativa (ALDF) una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Distrito Federal con el fin de que el Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (Prebu) –mediante el cual 210 mil estudiantes reciben un apoyo económico mensual de entre 500 y 700 pesos, según su promedio de calificaciones– tenga un carácter permanente y sea elevado a ley.

La iniciativa de reforma busca reducir la inequidad y la desigualdad social al lograr que los jóvenes no sólo tengan acceso a la educación si no que además cuenten con condiciones para terminar sus estudios, “si no, la universalidad de la educación no cumpliría sus objetivos”.

En su oportunidad, la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Leticia Bonifaz Alfonzo, detalló la Iniciativa de Reforma al Artículo 5º, que hoy se presentará a la ALDF, y que consiste en la adición de varios párrafos que señalan que el GDF, a través de la Secretaría de Educación, “diseñará, planeará y ejecutará programas de estímulos dirigidos a la población estudiantil en sus distintos niveles y modalidades, los cuales estarán enfocados a elevar la calidad de la educación en condiciones de equidad; impulsar el desarrollo de sus capacidades científicas, artísticas y deportivas; mejorar su nivel de vida, así como evitar la deserción escolar y la fuga de talentos.

Añadió que la información general sobre el número de beneficiados, el monto de los recursos destinados, por géneros, grupos o unidades territoriales, deberá ser del conocimiento público. Además, los programas de estímulos que impliquen el otorgamiento de apoyos y beneficios de tipo material y económico, deben llevar también la leyenda que evite su mal uso.

Tras dar a conocer la iniciativa, Ebrard, lamentó que el gobierno federal haya excluido al DF del Fondo Educativo con el argumento de que la ciudad de México no invierte en este sector, pese a que la inversión del GDF en la materia rebasará este año 4 mil millones de pesos.

El apoyo a la educación es uno de los rubros de inversión de más acelerado crecimiento en el DF, abundó, Ebrard, quien añadió que la ciudad debe participar en los recursos nacionales, “que no son federales”, ya que la mitad de la recaudación nacional se genera en la ciudad de México.

Colaboración con Unicef

Más tarde, tras reunirse con la representante de Unicef en México, Susana Sottoli, informó que el GDF trabajará conjuntamente con ese organismo para diseñar y poner en marcha una estrategia de apoyo a niños y jóvenes de la ciudad, la cual contempla respaldar a los jóvenes en el tema del bachillerato, y en cuanto a la niñez, en los próximos meses se renovará un convenio de colaboración, el cual se aplicará en los primeros días de enero del 2008, “tenemos que manejar un enfoque integral, preocuparnos por los derechos de las niñas y los niños, por su formación y por sus problemas” indicó.

A su vez, Sottoli consideró necesario trabajar en un convenio de cooperación, “donde pondríamos énfasis en los adolescentes con una mirada intersectorial, propositiva, de aproximación al desarrollo de sus oportunidades y tratando de modificar una visión que crecientemente ha estado presente en toda la región latinoamericana, de asociar adolescencia y juventud con problemas”.

En esta nueva etapa de trabajo entre el GDF y Unicef se busca “trabajar conjuntamente para diseñar una estrategia y potenciar la participación adolescente en el espacio ciudadano y mostrar cómo la ciudad puede y debe ser un espacio de desarrollo juvenil”.

Correa logra mayoría absoluta en Asamblea Constituyente

Dpa

Quito, 1º de octubre. El partido del presidente Rafael Correa, Alianza País, se adjudicó 71 curules en las elecciones del domingo para definir 130 puestos en la Asamblea Constituyente. Con 92.71 por ciento de votos escrutados en conteo rápido, la segunda fuerza es Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez con 14. Otros partidos tradicionales acumulan 21. Aún están pendientes datos sobre votos de comunidades en el extranjero que tendrán seis escaños.

Y la cola de fox sangrando al erario a través de sus amigos y extranjeros

Son trucos de planeación fiscal para eludir el pago de impuestos, dicen especialistas

El juicio de Orizzon contra Pemex revela presunta simulación de actos jurídicos


Roberto González y Alfredo Méndez /II

Unos días antes de que Petróleos Mexicanos (Pemex) perdiera en marzo pasado el amparo definitivo que le significará la obligación de indemnizar con cerca de 100 millones de pesos a la empresa Orizzon HDI Cruzamientos Direccionales, SA de CV, se constituyó en el Distrito Federal la compañía Comercial Mil Acres.

El apoderado legal de Mil Acres es Pedro Luis Pinsón Edelen, el mismo empresario cercano al ex presidente Vicente Fox que representa los intereses de la firma de inversionistas holandeses agrupados en la empresa Talpa NV, la cual posee acciones de Orizzon HDI, que tuvo su sede en Monterrey, Nuevo León.

Durante un recorrido en Monterrey que La Jornada hizo el pasado fin de semana en el domicilio fiscal registrado por Orizzon en diversos documentos de Pemex, se pudo comprobar que desde hace varios meses fue desmantelada dicha compañía.

Por otra parte, este diario tiene copia de un documento certificado por el notario Andreas Maria Petrus Eshuis, con sede en Curazao, Antillas Neerlandesas, quien certificó el 7 de agosto de 2006 que Johannes Pieter Albertus Gilbert, representante de la empresa Talpa NV, con residencia en esa localidad, otorgó ese día un poder notarial a Pinsón Edelen, apoderado legal de Mil Acres.

“Otorgo a usted, Pedro Luis Pinsón Edelen, un poder irrevocable, amplio, cumplido y bastante para que en nombre y representación de la sociedad asista a las asambleas de accionistas de Orizzon HDI Cruzamientos Direccionales SA de CV, en la cual la poderante es accionista, pudiendo usted votar la totalidad de las acciones de que sea titular la poderante, en el sentido que considere conveniente y ejercer todos los derechos que dichas acciones otorguen”, puntualiza el poder notarial.

Asimismo, el documento señala que Pinsón Edelen está facultado para “aprobar de manera enunciativa y no limitada la designación de presidente y secretario de la asamblea, las gestiones hechas por el consejo de administración (de Orizzon) el nombramiento, ratificación y revocación de funcionarios y apoderados, la reforma de estatutos sociales, la disolución anticipada de la sociedad y el nombramiento de liquidador, así como las disposiciones relativas a la liquidación de la sociedad, incluyendo el balance final de liquidación; pudiendo para tales efectos firmar y recibir toda clase de documentación pública o privada”.

¿Con qué objetivo se creó Comercial Mil Acres? Simple: para que el 15 de marzo pasado, unos días antes de que los abogados del despacho Cuevas y Villarreal ganaran en definitiva el litigio a Pemex, el ingeniero Eduardo Silverio del Paso, uno de los representantes de la empresa Orizzon HDI, le cediera a Mil Acres el 50 por ciento de los derechos litigiosos que le restaban.

Esta operación le permitió a Orizzon deshacerse de sus pasivos que hasta ese mes sumaban 42 millones 800 mil pesos, los cuales fueron cubiertos por Comercial Mil Acres.

Entre las obligaciones que adquirió la empresa Mil Acres, de Pinsón Edelen, cuando admitió la cesión de 50 por ciento de los derechos litigiosos de Orizzon HDI, destaca una comisión de 4 por ciento a favor de Silverio del Paso, así como reintegrar los supuestos sobornos que se dieron durante el litigio a funcionarios de Pemex.

Lo raro aquí, según se infiere de los documentos oficiales que recibió de manera anónima La Jornada, es que la empresa Mil Acres admitió pagar entre los pasivos de Orizzon un reembolso a los abogados Cuevas y Villarreal por 2 millones 461 mil pesos por concepto de gastos de tramitación judicial, pese a que ese bufete jurídico ya tenía en su poder el otro 50 por ciento de los derechos litigiosos del juicio contra Pemex.

Según consta en el segundo contrato de cesión de derechos litigiosos, firmado hace cinco meses, la empresa Mil Acres puso como domicilio fiscal la calle Sevilla número 307, en la colonia Portales de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal.

Durante una visita que hizo este diario a ese domicilio, los vecinos del lugar y una persona que salió del mismo aseguraron que la casa de dos pisos ahí ubicada corresponde desde hace más de cinco años a un despacho contable, y descartaron que ahí se hubiera asentado una empresa denominada Comercial Mil Acres.

En tanto, en el documento PGPB-SD-GRM-0019 en el que consta el contrato que hizo Pemex para contar con los servicios profesionales de Orizzon HDI en 2000 (para colocar 900 metros de tubería bajo el lecho del río Tecolutla, en Veracruz), dicha empresa puso como domicilio fiscal la calle Abasolo Oriente número 1039, en el Barrio Antiguo del centro de Monterrey, Nuevo León, y registró el teléfono (081) 3437808.

La finca marcada con esa dirección, que se localiza entre las calles de Naranjo y Mina, se veía hasta el pasado viernes abandonada, con basura y folletos de propaganda comercial, además de recibos de agua a nombre de Elías Tueme Attie, quien aparece como propietario de la construcción.

Hasta hace un año, contaron vecinos a La Jornada, la casa de dos pisos color verde ya muy desteñido, era ocupada por unos billares “donde se reunían a jugar puros viejitos”, que tenían ahí un club. Desde entonces está en total abandono.

Pero al tiempo que el inmueble de 450 metros cuadrados de construcción operaba como casa club, según los mismos vecinos del lugar, en una de las ventanas “había un letrero con la leyenda Orizzon HDI”.

Actualmente, sobre la fachada de la casa hay un letrero que anuncia “se renta”, el cual corresponde a una empresa que se dedica a ofrecer casas y oficinas en arrendamiento, que pretende cobrar 16 mil pesos mensuales, pese a lo descuidada que se observa la propiedad.

En el porche de la finca fue visto, según los testimonios recogidos, un folleto de propaganda dirigido a Servicio Integer SA de CV, que correspondía justamente al domicilio de Abasolo Oriente 1039, del centro de Monterrey.

La correspondencia fue enviada por Grupo Ginpro SA de CV, que se localiza en Belisario Domínguez 2012 de la colonia Obispado en esta ciudad, misma que dedica su publicación a “ingenieros, arquitectos, constructores, topógrafos, directores de obra pública, consultores, catedráticos y público en general”. En tanto, el número telefónico registrado fue cancelado.

Simulación de actos jurídicos: expertos

Abogados penalistas y expertos en derecho fiscal, así como funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) consultados por La Jornada manifestaron que el caso del juicio de Orizzon HDI contra Pemex revela una presunta “simulación de actos jurídicos”, que se traduce en la posibilidad de un fraude en perjuicio de acreedores y/o del fisco.

Después de analizar los documentos que fueron entregados a este diario, los litigantes y funcionarios judiciales (que solicitaron el anonimato), coincidieron en señalar que este tipo de asuntos “son trucos de planeación fiscal muy usuales en México para eludir el pago de impuestos”.

Se trata, agregaron, de la creación “de una empresa tras otra para ir diluyendo los pasivos, valiéndose para ello de contratos de sesión de derechos litigiosos, en donde los accionistas firmantes de estos contratos son las mismas personas físicas de las empresas participantes”.

Con información de David Carrizales, Corresponsal

¿Así que si un magistrado se vuelve loco no hay manera de retirarlo del cargo?

Sale en la Jornada:

En una resolución inédita, la Corte da marcha atrás a fallo contra magistrada

Parece que si un magistrado se vuelve loco no hay manera de retirarlo del cargo y los ciudadanos serán juzgados desde su locura, según "un ministro consultado señaló que la causa de “insanidad” argumentada por el consejo es inaceptable en un régimen de derecho y que más bien parece tomada de un régimen totalitario."

¿No será más bien un régimen totalitario y un régimen de locura y no de derecho, aquel en el cual cuando un funcionario público está trastornado en sus facultades mentales pueda seguir en el cargo perjudicando a los ciudadanos?

Así Nerón le pegó fuego a Roma.


Apremia la CNTE a resolver amparos de trabajadores contra ley del ISSSTE

Proponen realizar en enero próximo huelga nacional en repudio al gasolinazo

Karina Avilés

Trabajadores se manifestaron frente al Palacio de Justicia Federal luego de marchar desde el Monumento a la Revolución en repudio a la ley del ISSSTE Foto: Jesús Villaseca

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el apoyo de otras organizaciones sindicales, marcharon del Monumento a la Revolución al Palacio de Justicia Federal para exigir el cumplimiento de la legalidad en forma justa y expedita en relación con los amparos interpuestos contra la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Al iniciar las primeras audiencias constitucionales sobre los recursos jurídicos interpuestos contra la reforma del instituto, cientos de trabajadores propusieron impulsar una huelga nacional, con el objetivo de rechazar también el gasolinazo del gobierno calderonista y otras alzas de precios.

Pasadas las nueve de la mañana, los contingentes de la coordinadora, así como de los sindicatos de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), del Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), así como de la Alianza de Tranviarios de México partieron del plantón de la CNTE ubicado frente a las instalaciones del ISSSTE y, antes de llegar al Palacio de Justicia Federal, se detuvieron frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El recorrido, que duró cerca de dos horas, se realizó por Lafragua, Reforma, Juárez, Pino Suárez, San Pablo, Fray Servando y Congreso de la Unión, donde concluyó, con lo que el tránsito vehicular de la zona se vio afectado.

A su llegada la Palacio de Justicia, los representantes de la secciones democráticas de Michoacán, Artemio Ortiz Hurtado; de Tlaxcala, Augusto Chiu, y de Guerrero, Cecilio Zamudio, así como Carlos Galindo, del STUNAM, y Rafael Basurto, del SUTIN, y miembros de la Unión Nacional de Juristas de México encabezaron un mitin en el que hicieron un llamado a la unidad de los trabajadores.

Destacaron la urgencia de impulsar la huelga nacional, para lo cual llamaron a realizar desde ahora reuniones y construir acuerdos entre las organizaciones sindicales y sociales para estallarla. En el caso de la coordinadora, los maestros disidentes proponen que la suspensión de labores se realice en enero de 2008.

En el Palacio de Justicia fueron programadas las audiencias de alrededor de “mil 200” trabajadores que interpusieron un amparo contra dicha ley.

De nueve de la mañana a 3 de la tarde, indicó Daniel Ávila, de la sección 18 de Michoacán, ingresaron los abogados con una comisión de los trabajadores inconformes. Agregó que los defensores exigieron a los impartidores de justicia dar celeridad a los procesos frente a la serie de omisiones y actitudes que han evidenciado un uso discrecional de las normas.

Indicó que los juzgadores se comprometieron –al menos de palabra– a que quienes no pudieron llevar sus talones de pago originales, y por tal motivo se les negó la suspensión definitiva, puedan hacerlo en fecha próxima.

Posteriormente los miembros de la CNTE regresaron al plantón ubicado en Plaza de la República.

¡A Ugalde que debería ir a la cárcel se le hace poco 2.4 millones de liquidación!

Demandan que se negocien más recursos ante la interrupción de su mandato
Consejeros electorales, preocupados por el “bajo” monto de su liquidación

Alonso Urrutia

Con la reforma electoral, las preocupaciones de los consejeros electorales se han incrementado y hacen cálculos económicos y políticos. Las disposiciones internas del Instituto Federal Electoral (IFE) establecen que, al menos, la liquidación del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, implicaría una base de 710 mil pesos, más un monto aproximado de 1.5 millones correspondientes al Seguro de Separación Individualizado y la parte proporcional del aguinaldo, lo que sumaría poco menos de 2.4 millones de pesos.

Para un sátrapa como Ugalde que debería irse a la cárcel se le hace poco 2.4 millones de liquidación, una muestra de que es un vulgar ladrón sin el mínimo de conciencia del daño que le ha hecho a nuestro país.

Ésa es la base sobre la que han comenzado a discutir los consejeros electorales de cara a la inminente salida de tres de ellos, incluido el propio Ugalde. Sin embargo, dadas las condiciones políticas en que saldrían seis de los integrantes –tres en unas semanas y otros tres en agosto próximo–, hay planteamientos que pugnan por que se negocien mayores recursos en compensación por la interrupción del mandato constitucional que representará para la mayoría la reforma electoral.

En la pretensión de los consejeros hay que tomar en cuenta dos antecedentes: la reforma al Poder Judicial que marginó a algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sus encargos a cambio de una jugosa liquidación y pensión, y los finiquitos que en su momento recibieron los consejeros Juan Molinar Horcasitas y Emilio Zebadúa, a pesar de que ambos renunciaron al cargo para incorporarse a los gobiernos federal y de Chiapas.

Las liquidaciones que recibieron estos últimos confirman que, a pesar de no tratarse del personal del Servicio Profesional Electoral y que ellos solicitaron su retiro, la institución les pagó conforme a las disposiciones de un acuerdo de la Junta General Ejecutiva vigente desde octubre 1999, que consiste en tres meses de sueldo más 12 días por año, independientemente de las causales por las que se hayan separado del cargo.

Esa disposición ha operado en la estructura del Servicio Profesional Electoral del instituto a partir del acuerdo para regular las compensaciones a las que por renuncia tenían derecho los trabajadores del IFE.

En el caso de los actuales consejeros, a siete de ellos les representaría una liquidación de 710 mil pesos, pero dos, Arturo Sánchez y Lourdes López, dada su trayectoria anterior en el organismo, les implicaría una suma superior a 1.2 millones de pesos.

Sin embargo, en 2003, con el fin del mandato de los otros consejeros electorales, una disposición del Congreso promovida –asegura el ex consejero electoral Jaime Cárdenas– por el entonces diputado federal Felipe Solís Acero impidió que recibieran recursos extraordinarios, inclusive, relacionados con la parte proporcional del aguinaldo o un finiquito por fin de gestión.

“Creo que se cobró –Solís Acero– que lo hayamos retirado del instituto, cuando fungía como secretario ejecutivo, porque fue una cláusula expresa en el presupuesto de 2003, en la que se puntualizaba que ninguno de los consejeros que en ese año concluíamos nuestro encargo recibiría cantidades extraordinarias por el fin de nuestra gestión. Y no las recibimos”, apunta Cárdenas.

A su juicio, el contexto en que se da la salida de Ugalde y cinco consejeros más debería ser compensado con una compensación mayor razonable, “en virtud de que no terminarán con su gestión”. Refirió que entre otras disposiciones que garantizan los derechos laborales de quienes salen del IFE, se encuentra el último apartado de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que hace referencia a los conflictos laborales en el organismo.

A ello se suma el Seguro de Separación Individualizado, prestación general para todos los trabajadores del estado que combina los ahorros del funcionario con la aportación del erario. Por cada peso aportado de manera individual se añade una suma similar, que en el caso del Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando del IFE para el ejercicio 2007 tiene un tope de 10 por ciento del total del salario.

Esta disposición, vigente desde hace años, ha sido utilizada prácticamente en su tope máximo por los nueve consejeros, lo que supone un ahorro individual de cada uno por 15 mil pesos mensuales –sobre la base de un salario actual de 152 mil pesos–, por lo que el ahorro aproximado por consejero en casi cuatro años es cercano a 750 mil pesos. A ello se le suma otro tanto aportado por el instituto como prestación, con la que cuentan todos los funcionarios de cualquier institución del Estado.

A ello se agregan 34 días de salario extras como parte proporcional del aguinaldo, que ascienden a cerca de 170 mil pesos.

No estamos de acuerdo con que nuestros impuestos vayan a dar a los bolsillos de delincuentes.

La ciudad pierde otra vez

Mario Delgado

El debate público sobre la reforma fiscal pasada se concentró en temas como el IETU y el gasolinazo; sin embargo, hubo otro componente igual de relevante como la modificación a la fórmula de distribución de las participaciones federales, que no se movía desde 1990.

Esta fórmula tiene su origen en 1978, cuando se establece el actual pacto fiscal federal en la Ley de Coordinación Fiscal. En aquel año, las entidades federativas renunciaron a sus potestades tributarias sobre ciertos impuestos y derechos a cambio de percibir participaciones de un fondo general constituido por ingresos tributarios federales. En la exposición de motivos de la iniciativa de 1978 se reconoció que el funcionamiento del Fondo General de Participaciones propuesto tendría como consecuencia que las entidades que generaran mayores volúmenes de impuestos federales fueran también las que recibirían mayores proporciones por concepto de participaciones. Al mismo tiempo se reconocía el inconveniente que producía esta situación sobre entidades con menores niveles de recaudación, por lo que también se creó un fondo diferente para hacer llegar recursos adicionales a éstas.

El espíritu original del sistema de participaciones, derivado de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, era, en resumen, el de establecer un mecanismo para resarcir a las entidades de los recursos que dejaron de recaudar por contribuir a la armonización y simplificación fiscal, con un componente redistributivo para apoyar a las “entidades menos favorecidas”.

A lo largo de los años, la ciudad de México ha sido la gran perdedora en el pacto fiscal nacional. Mientras que en 1979 recibió casi la cuarta parte de las participaciones, en este año tendremos 12.5 por ciento, aproximadamente, y con la reforma fiscal se acelerará la caída hasta llegar a 11 por ciento en 2012. Si cada año se reciben de esta bolsa alrededor de 35 mil millones de pesos, tan sólo en estos cinco años próximos la ciudad perderá en promedio 3 mil millones de pesos anuales, recursos equivalentes al programa de adultos mayores o a la inversión necesaria para construir la línea 12 del Metro.

Las nuevas fórmulas concentran la redistribución en muy pocos estados, favoreciendo claramente a unos y afectando en mayor proporción al Distrito Federal ya que absorberá 37 por ciento de las pérdidas. Ello se debe a que la reforma fiscal considera a la población como el mejor criterio para distribuir recursos, cuando es claro que este criterio premiará a las entidades con crecimientos desordenados y llevará a excesos como el caso de la ciudad, en donde se reciben recursos para 8 millones de personas y se tiene una demanda de servicios de por lo menos el doble.

La gran zanahoria de la reforma fiscal para los estados, la recaudación por el gasolinazo, no revertirá la pérdida permanente que generará, en el caso de la ciudad, la modificación de la fórmula fiscal. Es decir, proporcionalmente la ciudad recibirá cada vez menos recursos en comparación con el resto de las entidades a pesar de ser la capital del país y de tener costos extraordinarios por ello.

Adicionalmente a la caída en participaciones federales, la ciudad ha sido marginada de los recursos contra el combate a la pobreza desde hace nueve años, lo cual suma una pérdida de más de 5 mil millones de pesos, monto suficiente para haber resuelto el problema del agua en Iztapalapa o de vialidades en Santa Fe. Esta exclusión por motivos políticos fue ratificada nuevamente por la mayoría del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados.

Para completar el cerco económico, en el día a día se niegan recursos para protección civil, se decreta un aumento extraordinario de 18 por ciento para el pago de derechos de agua, se manipulan mediáticamente las obras que impulsa la ciudad en el drenaje profundo, se llevan decisiones de finanzas hasta el límite, se incumplen acuerdos de transferencias de recursos y se manipulan las cifras del INEGI sobre población, empleo y crecimiento económico para presentar a la ciudad como un fracaso y afectarla en la distribución de sus recursos.

Si analizamos el otro lado de la moneda, la ciudad de México ha contribuido, en promedio en los años recientes, con 23 por ciento del producto interno bruto (PIB); con casi 20 por ciento de los empleos formales del país, y aquí se recauda, del total nacional, 61 por ciento del impuesto sobre la renta; 49 por ciento del impuesto al valor agregado; 46 por ciento del impuesto al activo, y seguramente también se recaudará en una proporción similar la recaudación por el nuevo impuesto empresarial de tasa única (IETU). Es claro entonces que existe una relación de desigualdad en la participación de la ciudad de México en el pacto fiscal y que estos desequilibrios han sido acentuados por la reforma fiscal de Calderón.

Además del revanchismo político que ha impulsado las decisiones de los gobiernos panistas en contra de la ciudad, lo más grave es que hay una gran miopía económica en sus decisiones que tiene un impacto nacional. Mientras los países desarrollados están apostando a sus ciudades como puntas de lanza para mantener su liderazgo en la nueva economía global, en nuestro país estamos destinando cada vez menos recursos al principal motor económico del país y a la mayor fuente generadora de recursos fiscales.

No a la muerte

Pedro Miguel

La semana pasada, en la Asamblea General de la ONU, tuvo lugar una reunión ministerial, presidida por Italia y Portugal, para estudiar la eliminación mundial de la pena de muerte. El canciller español Fernando Moratinos expuso la posición del grupo de países abolicionistas y pidió una moratoria universal de las ejecuciones como “un paso importantísimo en el camino hacia la desaparición total” de ese castigo. Los manriquistas apegados a la máxima de que todo tiempo pasado fue menos peor debieran revisar este dato: en tres décadas (de 1977 a 2007) el número de países en los que la pena de muerte ha caído en desuso pasó de 16 a 128: son 89 los que la han prohibido en cualquier circunstancia, otros 10 han limitado ese castigo a situaciones excepcionales (traición en tiempos de guerra, por ejemplo) y 29 no lo han aplicado en la última década.

Ciertamente, en el mundo hay mucha hipocresía sangrienta: se sospecha que en los años setenta del siglo pasado, aunque en Alemania ya no había pena de muerte, la policía la aplicó de hecho y suicidó en sus celdas a los cabecillas de la banda terrorista Baader-Meinhof; a principios de la década siguiente, los servicios secretos de la civilizada Francia perpetraron un atentado terrorista en Nueva Zelanda, en el que murió un fotorreportero; en México, en el sexenio de Salinas, centenares de opositores políticos fueron asesinados; y qué decir de Israel, donde la pena máxima no existe de manera oficial, pero cuyas autoridades practican con regularidad, en los organismos de dirigentes palestinos, el arte de la “ejecución extrajudicial”. Ninguna de esas situaciones atenúa, sin embargo, la importancia de una tendencia mundial claramente contraria a la pena de muerte ni eclipsa los avances en la abolición de un ritual vengativo y homicida. Es inadmisible el asesinato de Estado, pero que sea legal resulta, además, grotesco, vergonzoso y agraviante.

En el siglo XII de esta era el judío andaluz Maimónides proclamó que es preferible liberar a un millar de culpables que sentenciar a muerte a un inocente, y desde entonces los cuchillos del Estado han vertido, con justificación legal o sin ella, una cantidad enorme de sangre de inocentes, de culpables y de inimputables. Un punto de viraje importante en la historia del rechazo a la pena de muerte es el momento en que este castigo deviene repugnante no sólo por la posibilidad de que su aplicación sea un error irreparable, sino porque, aun con la certeza absoluta de culpabilidad que reclamaba el filósofo sefardí, privar de la vida a cualquier ser humano, así haya cometido los actos más monstruosos, es una severa derrota para toda la especie y para sus posibilidades de desarrollo.

El sueño fundamental de la civilización, con todo y sus extravíos, consiste en atemperar las pulsiones bioquímicas por medio de normas éticas, legales, diplomáticas, políticas, comerciales, deportivas. Todo el andamiaje de la cultura tiene por propósito evitar que tomen el mando de nuestros actos el lagarto primigenio que llevamos dentro, el gen asesino, la hormona de la depredación, la rapiña, la territorialidad y la venganza. Cada vez que las balas del pelotón se introducen en una caja torácica, que el veneno de la triple inyección penetra en el torrente sanguíneo del ajusticiado, que la soga enloquece de pasión por un cuello, los verdugos degradan a su víctima, se degradan y nos degradan al resto de los humanos, a quienes nos obligan a presenciar nuestra condena a una animalidad empeorada por las virtudes tecnológicas.

Ninguna causa y ningún paradigma –la democracia, el socialismo, o esa mezcla pekinesa de dictadura comunista con mercado salvaje– aportan corrección a la barbarie. No hay argumento jurídico ni de seguridad pública capaz de hacer pertinente el asesinato. Ninguna soberanía nacional –ni la estadunidense, ni la cubana, ni la china, ni ninguna otra– justifica la preservación de los cadalsos, porque los países son sistemas de convivencia, no rastros ni criaderos de cocodrilos hambrientos de las vísceras del congénere. Los países matones tienen que saber que son motivo de vergüenza mundial, de repudio generalizado, de asco inmediato y palpable. Sólo así será posible amarrarles las manos a los verdugos, desde Teherán hasta Texas.

El no al TLC en Costa Rica

Gilberto Lopes

San José. Los opositores al Trata-do de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), cerraron este domingo una increíble campaña en Costa Rica, con una de las mayores y más variadas concentraciones políticas en San José, que desbordó el Paseo Colón, la principal avenida de la ciudad.

A sólo unos días del referendo del próximo domingo, cuando unos 2.6 millones de costarricenses acudirán a las urnas para decir sí o no al CAFTA, una vasta coalición, impensable hasta sólo algunos meses, se ha consolidado en torno a la oposición al tratado.

La más reciente expresión de esa fuerza es la declaración de tres obispos eméritos de la Iglesia católica (Ignacio Trejos, Antonio Troyo y Héctor Morera) quienes en un breve comunicado señalan que, “en conciencia, los fieles católicos deben votar por el no en el referéndum del 7 de octubre, para rechazar este tratado comercial”.

Sus razones son varias, pero destacan que “el modelo económico neoliberal del TLC aumenta la brecha social y económica”, “reproduce y aumenta las raíces de la pobreza”, y su “lógica mercantil favorece las corporaciones transnacionales en detrimento de las empresas productivas nacionales”.

La carta de los obispos es apenas una más de las centenares de manifestaciones, de lossectores más diversos del país –sacerdotes, académicos, agricultores, empresarios, estudiantes, sindicatos, etc– que expresan la más vasta coalición jamás lograda en la historia reciente de Costa Rica, en torno de un objetivo político.

La campaña del no recibió un renovado impulso hace dos semanas, cuando se conoció un memorando que el entonces vicepresidente de la república, Kevin Casas, y el diputado oficialista Fernando Sánchez, escribieron al presidente Oscar Arias y a su hermano, Rodrigo, ministro de la Presidencia, recomendando promover una “estrategia del miedo” para convencer a los electores a apoyar el tratado. La divulgación de ese memorando, que se suponía secreto, causó escándalo y arrinconó aún más al gobierno y a la campaña del sí.

En ese documento, fechado el 29 de julio, se reconocía que “la coalición que tenemos en contra es formidable”, para agregar luego que en favor del tratado “sólo están el gobierno y, a medias, los grandes empresarios”. Así, concluía, “no hay forma de ganar”.

Desde entonces, el apoyo al sí ha seguido debilitándose, mientras nuevas fuerzas se suman al no, haciendo prever algo que el gobierno jamás se imaginó, hace tan sólo algunos semanas: una posible victoria de la oposición en esa consulta popular. Sería, en todo caso, la primera vez que un país que haya firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se niega a ratificarlo posteriormente.

El propio partido del presidente, el alguna vez socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN) se encuentra profundamente dividido, con algunos de sus principales dirigentes, incluyendo el expresidente Luis Alberto Monge, haciendo una activa campaña por el no.

Pero ¿por qué tanta resistencia? La amenaza de privatización de las telecomunicaciones –hoy en manos de una eficiente empresa estatal– a la que Carlos Slim ya ha apostado; las concesiones a las empresas farmacéuticas y agroquímicas en materia de propiedad intelectual; las garantías a las inversiones extranjeras, que podrían demandar al Estado en la jurisdicción internacional; las amenazas a los productores agrícolas; y la dramática situación social de países que, como México, aprobaron hace más de una década tratados similares, han contribuido a la creciente resistencia al tratado, en un proceso de discusión nacional que ha durado, por lo menos, cinco años en Costa Rica.

Esa resistencia encarna hoy en Eugenio Trejos, rector del Instituto Tecnológica, una prestigiosa universidad estatal, que encabeza la gran coalición del no.

En su discurso del domingo pasado, en el Paseo Colón, Trejos explicó ampliamente las razones del no, que resumió criticando el modelo económico que el tratado pretende consolidar en el país, acostumbrado a contar con un seguro social que presta un importante servicio a toda la población, con una educación pública deteriorada pero que ofrece alternativas a su población, y con empresas públicas, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que atiende la electricidad y la energía con notable eficiencia.

Chiapas: el partido de los paramilitares

Luis Hernández Navarro

Esta es la muestra de una crítica sobre Sabines y las injusticias que suceden en Chiapas que denuncia a los verdaderos responsables sin endilgarle la culpa a López Obrador como lo hace Marcos.


Rafael Ceballos Cancino es apodado El Coyolito. Líder de los caficultores cenecistas en Chiapas, priísta de corazón, es un hábil operador en la prestidigitación de transformar la entrega de recursos públicos en votos. Sus méritos le fueron reconocidos con el nombramiento de presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en la 56 Legislatura (1994-1997).

En 1998, la Procuraduría General de la República lo investigó por formar, financiar y proteger al grupo paramilitar Los Chinchulines. Aún activa en los municipios de Chilón y Yajalón, esta formación fue responsable de más de 50 asesinatos, algunos de integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la destrucción de cosechas y casas, así como del robo de ganado, maíz y frijol.

Con la llegada de Juan Sabines Guerrero a la gubernatura de Chiapas, Coyolito fue nombrado coordinador del programa estrella de la nueva administración: el Convenio de Confianza Agropecuaria (Codecoa), originalmente creado 26 años atrás por el gobernador sustituto de la entidad, Juan Sabines Gutiérrez, padre del actual mandatario y uno de los responsables de la matanza de Wolonchan, en mayo de 1980, en la que murieron más de 50 indígenas.

Hoy, Rafael Ceballos ocupa el quinto lugar de la lista plurinominal del PRD para los comicios del próximo 7 de octubre, el partido al que combatió toda la vida. Siguió al filósofo del trapecismo político, Roberto Albores, bautizado por los zapatistas como El Croquetas, sangriento ex gobernador de Chiapas y actual aliado del gobierno perredista de la entidad, quien asegura: “La política es cambio, y las confrontaciones no son eternas; la política es cambio, circunstancia, coyuntura; no existe el determinismo, ya que lo de hoy puede ser distinto a lo del mañana”.

Ceballos no es el único paramilitar postulado por el partido del sol azteca. En sus listas abundan responsables de reprimir a organizaciones populares, torturadores y políticos que han amenazado de muerte a periodistas. Ése es el caso de José Uriel Estrada Martínez, aspirante a la presidencia municipal de Simojovel y, hasta antes de su postulación, secretario particular del subsecretario general de Gobierno, Ángel Córdova Toledo, primer lugar de lista plurinominal del sol azteca.

Un llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA lo considera responsable de la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, en diciembre de 1995, del campesino Reyes Penagos Martínez. El pasado 20 de febrero, frente al gobernador, Everilda Robledo, viuda del labriego, señaló: “A mi marido lo mataron y no he visto a los responsables en la cárcel; pido y exijo que lo más pronto posible sean detenidos Jorge Enrique Hernández Aguilar y Uriel Estrada, porque sé que trabaja aquí en palacio de gobierno”. Sin embargo, en lugar de promover que sea metido en prisión, el PRD quiere hacerlo edil.

Lo mismo sucede con el ex priísta Mariano Rosales, candidato a alcalde de Villaflores. En octubre de 2005, cuando era titular de la dirección de protección ciudadana y vialidad municipal de San Cristóbal, amenazó de muerte a la editora de La Foja Coleta, Concepción Villafuerte.

La mayoría de las más importantes candidaturas perredistas fueron ocupadas por funcionarios de la administración del gobernador Sabines. Cuatro de los cinco primeros lugares en las listas de representación proporcional y 23 aspirantes a alcalde son piezas del mandatario.

El PRD se ha convertido en el instrumento a través del cual se han recompuesto algunos de los grupos de poder más atrasados en Chiapas. El sol azteca es el vehículo de la restauración priísta. Tanto así que Juan Sabines declaró sobre El Croquetas: “Hemos hecho equipo con Albores. Coincidimos en muchas cosas. Es un apasionado de la política con muchos valores como ser humano”.

Esta realidad es reconocida por los más nefastos integrantes del tricolor. Jorge Constantino Kanter, alcalde de Comitán y representante de los ganaderos en 1994, aseguró a Proceso: “Juan Sabines es priísta. Obtuvo el registro por otro partido. Sabines fue diputado y alcalde por el PRI, como hijo del ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez sigue siendo priísta, por eso lo apoyamos”.

El mismo gobernador confesó a Mario Vázquez Raña: “Yo no renuncié al PRI, Mario, yo no renuncié a su militancia, a su gente.”

Esta cultura política ha sido sistemáticamente corroborada en los actos de Sabines. Apenas el pasado 13 de agosto, hizo publicar en varios periódicos nacionales un desplegado titulado “De la vista nace el amor”, en el que agradece a Margarita Zavala haber financiado operaciones de cataratas para 300 mexicanos pobres. El costo de la publicación debió de estar muy cerca de lo gastado en las intervenciones médicas.

Aunque el PRD finge no darse cuenta, el gobernador ha buscado distanciarse lo más posible de Andrés Manuel López Obrador. Durante la gira del Peje al estado, el candidato del mandatario local a la alcaldía de Tuxtla Gutierrez, Sergio Valls, mejor no llegó al mitin del gobierno legítimo.

El gobernador Sabines ha procurado acercarse a Felipe Calderón. No le escatima elogios. “Nosotros –comentó a Mario Vázquez Raña– estamos construyendo una buena relación con el señor presidente Felipe Calderón, quien ha demostrado su aprecio y su cariño por Chiapas y por su gente. Con él hemos estado trabajando los temas que más le duelen a los chiapanecos, y hemos encontrado un Presidente sensible, un Presidente atento, generoso (...) México lleva un buen rumbo con Felipe Calderón (...) debemos desearle el mejor de los éxitos.”

El PRD pactó un matrimonio de conveniencia con Juan Sabines. Acogió como su familia a la escoria de la clase política local, a paramilitares, torturadores y caciques. Piensa que así puede ganar votos y presumir que controla un estado. Muy su gusto. Lo que no puede pretender es que en Chiapas es de izquierda. Para vergüenza de sus muertos y de los luchadores honestos que militan en sus filas, en el estado el PRD es partido de los paramilitares, torturadores y caciques. Punto.

2 de octubre, 2007

Juan Ramón de la Fuente*

El movimiento estudiantil de 1968 forma parte de un extenso entramado de luchas sociales que perfilaron y dieron sentido a un segmento fundamental de la historia del siglo XX en México. La línea de filiación de dicho movimiento nos remite a las luchas gremiales (ferrocarrileros, médicos, electricistas, magisterio, etcétera), a la defensa de la autonomía universitaria, a las revueltas sufragistas, así como a diversos procesos que paulatinamente fueron ampliando los derechos y las libertades colectivas e individuales, y que en la actualidad constituyen el referente de numerosos cambios que representan muchos de los más valiosos logros de la sociedad mexicana.

La lucha que encabezaron los estudiantes de las más importantes instituciones educativas del país, enfrentó a un sistema político marcado por un autoritarismo corporativo que atravesaba todas las capas del poder público: los organismos sindicales, amplios sectores de la prensa y diversos grupos de la sociedad que, con señaladas excepciones, actuaban mecánicamente en convergencia con el aparato gubernamental.

La Universidad Nacional Autónoma de México, fiel a su tradición, dejó ver entonces su perfil decididamente crítico, pero también su extraordinaria vertiente constructiva. Estudiantes, maestros y trabajadores materializaron un frente común que dio fortaleza moral a los contenidos de la movilización. El compromiso social y la autoridad del ingeniero Javier Barros Sierra, entonces Rector de la UNAM, fueron determinantes para que miles de mexicanos se solidarizaran y vieran con simpatía la protesta de los estudiantes, dejando claro el lugar central de la Universidad en la formación de la democracia mexicana.

Pero el movimiento estudiantil de 1968 es un fenómeno que va mucho más allá de los trágicos episodios que se suscitaron ese año. Su huella activa modificó una visión petrificada de la política nacional, fortaleció las reivindicaciones y las demandas de distintos sectores de la población, aceleró los procesos relacionados con el reconocimiento de la pluralidad política, renovó la concepción social de la educación, propició una mayor participación de la sociedad civil, e impulsó las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto por los derechos humanos.

El 68 se convirtió en un claro punto de partida para explicar una serie de cambios cualitativos en la vida de los mexicanos. En la parte más densa y luminosa de la movilización estudiantil resalta la lucha por la dignidad humana, cuyas causas vivas subsisten como elementos dinámicos que pasan de una época a otra, refrendando sus conquistas y convirtiéndose en núcleos creativos de discusión, desarrollo y transformación de las esferas pública y privada.

Tlatelolco es un referente central de la historia mexicana: la gran ciudad-mercado de la cuenca mesoamericana; el sitio que albergó al Colegio de la Santa Cruz; punto de encuentro intelectual del mestizaje; convergencia de estudiantes y maestros universitarios, politécnicos y de otras instituciones de educación superior, pero también es emblema de una modernidad compleja y contradictoria, signo de la época que vivimos.

La UNAM, con la creación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pondrá en marcha el Memorial del 68, un proyecto de recuperación de la historia reciente de nuestro país, de un tiempo cercano que aún nos toca y en el que seguimos inmersos: el tiempo de la crítica y la protesta valerosa, el del cambio y la fuerza de la razón; el tiempo perenne, el de los legítimos anhelos de justicia y libertad.

*Texto del rector de la UNAM que forma parte del libro Memorial del 68, que se presentará próximamente.