La ciudad pierde otra vez

Mario Delgado

El debate público sobre la reforma fiscal pasada se concentró en temas como el IETU y el gasolinazo; sin embargo, hubo otro componente igual de relevante como la modificación a la fórmula de distribución de las participaciones federales, que no se movía desde 1990.

Esta fórmula tiene su origen en 1978, cuando se establece el actual pacto fiscal federal en la Ley de Coordinación Fiscal. En aquel año, las entidades federativas renunciaron a sus potestades tributarias sobre ciertos impuestos y derechos a cambio de percibir participaciones de un fondo general constituido por ingresos tributarios federales. En la exposición de motivos de la iniciativa de 1978 se reconoció que el funcionamiento del Fondo General de Participaciones propuesto tendría como consecuencia que las entidades que generaran mayores volúmenes de impuestos federales fueran también las que recibirían mayores proporciones por concepto de participaciones. Al mismo tiempo se reconocía el inconveniente que producía esta situación sobre entidades con menores niveles de recaudación, por lo que también se creó un fondo diferente para hacer llegar recursos adicionales a éstas.

El espíritu original del sistema de participaciones, derivado de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, era, en resumen, el de establecer un mecanismo para resarcir a las entidades de los recursos que dejaron de recaudar por contribuir a la armonización y simplificación fiscal, con un componente redistributivo para apoyar a las “entidades menos favorecidas”.

A lo largo de los años, la ciudad de México ha sido la gran perdedora en el pacto fiscal nacional. Mientras que en 1979 recibió casi la cuarta parte de las participaciones, en este año tendremos 12.5 por ciento, aproximadamente, y con la reforma fiscal se acelerará la caída hasta llegar a 11 por ciento en 2012. Si cada año se reciben de esta bolsa alrededor de 35 mil millones de pesos, tan sólo en estos cinco años próximos la ciudad perderá en promedio 3 mil millones de pesos anuales, recursos equivalentes al programa de adultos mayores o a la inversión necesaria para construir la línea 12 del Metro.

Las nuevas fórmulas concentran la redistribución en muy pocos estados, favoreciendo claramente a unos y afectando en mayor proporción al Distrito Federal ya que absorberá 37 por ciento de las pérdidas. Ello se debe a que la reforma fiscal considera a la población como el mejor criterio para distribuir recursos, cuando es claro que este criterio premiará a las entidades con crecimientos desordenados y llevará a excesos como el caso de la ciudad, en donde se reciben recursos para 8 millones de personas y se tiene una demanda de servicios de por lo menos el doble.

La gran zanahoria de la reforma fiscal para los estados, la recaudación por el gasolinazo, no revertirá la pérdida permanente que generará, en el caso de la ciudad, la modificación de la fórmula fiscal. Es decir, proporcionalmente la ciudad recibirá cada vez menos recursos en comparación con el resto de las entidades a pesar de ser la capital del país y de tener costos extraordinarios por ello.

Adicionalmente a la caída en participaciones federales, la ciudad ha sido marginada de los recursos contra el combate a la pobreza desde hace nueve años, lo cual suma una pérdida de más de 5 mil millones de pesos, monto suficiente para haber resuelto el problema del agua en Iztapalapa o de vialidades en Santa Fe. Esta exclusión por motivos políticos fue ratificada nuevamente por la mayoría del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados.

Para completar el cerco económico, en el día a día se niegan recursos para protección civil, se decreta un aumento extraordinario de 18 por ciento para el pago de derechos de agua, se manipulan mediáticamente las obras que impulsa la ciudad en el drenaje profundo, se llevan decisiones de finanzas hasta el límite, se incumplen acuerdos de transferencias de recursos y se manipulan las cifras del INEGI sobre población, empleo y crecimiento económico para presentar a la ciudad como un fracaso y afectarla en la distribución de sus recursos.

Si analizamos el otro lado de la moneda, la ciudad de México ha contribuido, en promedio en los años recientes, con 23 por ciento del producto interno bruto (PIB); con casi 20 por ciento de los empleos formales del país, y aquí se recauda, del total nacional, 61 por ciento del impuesto sobre la renta; 49 por ciento del impuesto al valor agregado; 46 por ciento del impuesto al activo, y seguramente también se recaudará en una proporción similar la recaudación por el nuevo impuesto empresarial de tasa única (IETU). Es claro entonces que existe una relación de desigualdad en la participación de la ciudad de México en el pacto fiscal y que estos desequilibrios han sido acentuados por la reforma fiscal de Calderón.

Además del revanchismo político que ha impulsado las decisiones de los gobiernos panistas en contra de la ciudad, lo más grave es que hay una gran miopía económica en sus decisiones que tiene un impacto nacional. Mientras los países desarrollados están apostando a sus ciudades como puntas de lanza para mantener su liderazgo en la nueva economía global, en nuestro país estamos destinando cada vez menos recursos al principal motor económico del país y a la mayor fuente generadora de recursos fiscales.