El no al TLC en Costa Rica

Gilberto Lopes

San José. Los opositores al Trata-do de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), cerraron este domingo una increíble campaña en Costa Rica, con una de las mayores y más variadas concentraciones políticas en San José, que desbordó el Paseo Colón, la principal avenida de la ciudad.

A sólo unos días del referendo del próximo domingo, cuando unos 2.6 millones de costarricenses acudirán a las urnas para decir sí o no al CAFTA, una vasta coalición, impensable hasta sólo algunos meses, se ha consolidado en torno a la oposición al tratado.

La más reciente expresión de esa fuerza es la declaración de tres obispos eméritos de la Iglesia católica (Ignacio Trejos, Antonio Troyo y Héctor Morera) quienes en un breve comunicado señalan que, “en conciencia, los fieles católicos deben votar por el no en el referéndum del 7 de octubre, para rechazar este tratado comercial”.

Sus razones son varias, pero destacan que “el modelo económico neoliberal del TLC aumenta la brecha social y económica”, “reproduce y aumenta las raíces de la pobreza”, y su “lógica mercantil favorece las corporaciones transnacionales en detrimento de las empresas productivas nacionales”.

La carta de los obispos es apenas una más de las centenares de manifestaciones, de lossectores más diversos del país –sacerdotes, académicos, agricultores, empresarios, estudiantes, sindicatos, etc– que expresan la más vasta coalición jamás lograda en la historia reciente de Costa Rica, en torno de un objetivo político.

La campaña del no recibió un renovado impulso hace dos semanas, cuando se conoció un memorando que el entonces vicepresidente de la república, Kevin Casas, y el diputado oficialista Fernando Sánchez, escribieron al presidente Oscar Arias y a su hermano, Rodrigo, ministro de la Presidencia, recomendando promover una “estrategia del miedo” para convencer a los electores a apoyar el tratado. La divulgación de ese memorando, que se suponía secreto, causó escándalo y arrinconó aún más al gobierno y a la campaña del sí.

En ese documento, fechado el 29 de julio, se reconocía que “la coalición que tenemos en contra es formidable”, para agregar luego que en favor del tratado “sólo están el gobierno y, a medias, los grandes empresarios”. Así, concluía, “no hay forma de ganar”.

Desde entonces, el apoyo al sí ha seguido debilitándose, mientras nuevas fuerzas se suman al no, haciendo prever algo que el gobierno jamás se imaginó, hace tan sólo algunos semanas: una posible victoria de la oposición en esa consulta popular. Sería, en todo caso, la primera vez que un país que haya firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se niega a ratificarlo posteriormente.

El propio partido del presidente, el alguna vez socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN) se encuentra profundamente dividido, con algunos de sus principales dirigentes, incluyendo el expresidente Luis Alberto Monge, haciendo una activa campaña por el no.

Pero ¿por qué tanta resistencia? La amenaza de privatización de las telecomunicaciones –hoy en manos de una eficiente empresa estatal– a la que Carlos Slim ya ha apostado; las concesiones a las empresas farmacéuticas y agroquímicas en materia de propiedad intelectual; las garantías a las inversiones extranjeras, que podrían demandar al Estado en la jurisdicción internacional; las amenazas a los productores agrícolas; y la dramática situación social de países que, como México, aprobaron hace más de una década tratados similares, han contribuido a la creciente resistencia al tratado, en un proceso de discusión nacional que ha durado, por lo menos, cinco años en Costa Rica.

Esa resistencia encarna hoy en Eugenio Trejos, rector del Instituto Tecnológica, una prestigiosa universidad estatal, que encabeza la gran coalición del no.

En su discurso del domingo pasado, en el Paseo Colón, Trejos explicó ampliamente las razones del no, que resumió criticando el modelo económico que el tratado pretende consolidar en el país, acostumbrado a contar con un seguro social que presta un importante servicio a toda la población, con una educación pública deteriorada pero que ofrece alternativas a su población, y con empresas públicas, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que atiende la electricidad y la energía con notable eficiencia.