La contrarreforma política del DF

Martí Batres Guadarrama en La Jornada

De manera extraña, el Partido Acción Nacional ha mostrado un interés inusitado en un tema sensible e importante como es la reforma política del Distrito Federal. Hace declaraciones sobre el tema, propone reuniones, lo promueve en el Senado y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y es lógico que cualquier observador se pregunte: ¿de cuando acá tiene el PAN tanto interés en que avance la reforma política del Distrito Federal? ¿De cuando acá los que quisieron destituir al jefe de Gobierno legítimamente elegido y arrebatarle a la ciudad más de 9 mil millones de pesos pretenden una reforma política positiva para el Distrito Federal? No somos ingenuos frente al canto de las sirenas. El PAN no quiere desatorar el proceso de reforma política del Distrito Federal. Antes bien, lo que desea es generar una contrarerforma política en el Distrito Federal.

Para empezar, le urge generar la sensación de que el PAN y el PRD negocian. Le hace falta ese reconocimiento después del fraude electoral del pasado 2 de julio para recuperarse. Quiere abrirse paso y enrolar al PRD en una dinámica de supuestos acuerdos que termine envolviéndolo en la aplicación del propio programa blanquiazul.

Pero, más allá del objetivo táctico, lo más importante para el PAN es lograr una contrarreforma política que debilite al gobierno del Distrito Federal. El PAN va por la plaza, va por la ciudad. Quiere arrebatarle al PRD el bastión del Distrito Federal. Ese es su objetivo estratégico y lo digo con todas sus letras. Para ello necesita desarticular al gobierno del Distrito Federal. No quieren -lo repiten una vez y otra vez en los pasillos- que les vuelva a suceder lo que les pasó con Andrés Manuel López Obrador. Les aterra el éxito del programa social y de obra pública del Gobierno del Distrito Federal. Es evidente que frente a un gobierno de la ciudad que entrega escuelas, hospitales, útiles escolares gratuitos, puentes, segundos pisos, vivienda a gran escala, no hay forma de quitarle credibilidad y fuerza, ni con las más costosas campañas mediáticas. Lo que quieren entonces es desarticularlo, y hasta nulificarlo.

La supuesta reforma política del PAN consiste en quitar al gobierno de la ciudad la policía y los recursos fiscales capitalinos. Lo que buscan es trasladar a las delegaciones el cobro de los recursos fiscales para que entre la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo se queden con la mitad del cobro del predial. Lo que buscan es pulverizar a la policía en 16 policías delegaciones para que el gobierno de la ciudad se quede sin instrumentos frente al problema de la delincuencia. Por eso pretenden decidir de manera cupular la supuesta reforma política del Distrito Federal: en las cámaras de Senadores, de Diputados y en la ALDF. Por eso quieren excluir de la discusión de la reforma política al Gobierno del Distrito Federal.

La estrategia del PAN va caminando. Apenas hace un par de días la ALDF tomó algunos acuerdos sobre el tema. Sin embargo, en su ruta no involucra al Gobierno del Distrito Federal, a los partidos políticos y a la ciudadanía misma para resolver el tema. No se habla de la necesidad de la Constitución de la Ciudad de México ni del referendo.

Hay otra propuesta sobre la reforma política del Distrito Federal. Distinta a la del PAN. Es la propuesta que pone en el centro la Constitución de la Ciudad de México. Es la ruta correcta por una sola razón: si la ciudad de México tiene su propia Constitución, eso permitirá que sean los propios ciudadanos del Distrito Federal, a través de sus representantes, o incluso directamente por medio de un referendo, quienes decidan qué órganos de gobierno y con qué atribuciones deben existir en el Distrito Federal, y cuáles son los derechos fundamentales de sus habitantes. Esa es la cuestión central.

Actualmente, los alcances, atribuciones y características de los órganos de gobierno del Distrito Federal están contenidos en el artículo 122 de la Constitución y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Cuando se pretende modificar alguna atribución de los órganos de gobierno del Distrito Federal o modificar estos órganos de gobierno, la reforma la tienen que hacer los legisladores locales y federales de todo el país. Si la ciudad de México cuenta con su propia Constitución, incluso aunque no sea un estado de la República, a través de su Constitución decidirá por sí misma, sin la intervención de los legisladores del resto de las entidades federativas, las características, naturaleza, alcances, atribuciones de sus propios órganos de gobierno y los derechos de los habitantes del Distrito Federal. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene su propia constitución política desde 1997, aun sin ser un estado.

Si la supuesta reforma política del Distrito Federal queda en manos de los que votaron el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y promovieron la modificación al artículo 122 de la Constitución para quitarle al Distrito Federal 9 mil millones de pesos, podemos estar seguros de que será una gran contrarreforma política para vulnerar a la ciudad, debilitar al Gobierno del Distrito Federal y retroceder en la fuerza y derechos de los habitantes de la ciudad. Estamos ante una trampa mortal que pretende destruir el territorio político, el bastión de la izquierda mexicana. La pregunta es si los legisladores del PRD se darán cuenta o morderán el anzuelo como lo hicieron con la ley indígena y la ley Televisa.