Colombia: impunidad a paramilitares

Editorial

Tras un amago intrascendente por parte de los cabecillas paramilitares de "romper el proceso de paz", el gobierno de Alvaro Uribe decretó el indulto a miles de mercenarios desmovilizados a quienes otorgó la condición de "delincuentes políticos", pese a que en mayo pasado la Corte Constitucional de Colombia falló que esa categoría no puede ser aplicada a los paramilitares pues nunca se levantaron en armas contra el Estado. Unos 28 mil de los paramilitares desmovilizados quedarán, pues, libres de todo castigo, en tanto que otros 2 mil 700 líderes, en su mayor parte se acogieron a una ley de "justicia y paz" que les garantiza sanciones máximas de ocho años de cárcel, pese a que muchos de ellos son culpables de delitos de lesa humanidad, como masacres de campesinos, secuestros masivos y torturas.

Con esta decisión de impunidad casi total parece culminar una de las maniobras más demagógicas y llena de farsas emprendidas por un gobierno latinoamericano contemporáneo: el "proceso de paz" impulsado por Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, una suerte de confederación de guardias blancas, escuadrones de la muerte y paramilitares.

Dicho proceso es, por principio, un invento absurdo porque, como lo señaló la Corte Constitucional, nunca hubo guerra entre los paramilitares y el gobierno. No podía haberla, en efecto, porque los mercenarios y la autoridad política estuvieron siempre en el mismo bando, el de la oligarquía, y en el mismo propósito: defender los intereses de terratenientes, empresarios, políticos y funcionarios públicos, así como auxiliar a las fuerzas armadas y a la policía, las cuales hicieron, en numerosas ocasiones, los trabajos más sucios en la estrategia de contrainsurgencia.

Cualquier duda que hubiese podido quedar sobre la condición oficialista de los paramilitares se despejó obligadamente hace un par de meses, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de tres legisladores leales a Uribe los senadores Alvaro García y Jairo Merlano y el diputado Erik Morris que participaron en la organización, promoción, financiamiento y armamento de grupos de mercenarios. Uno de los parlamentarios fue acusado además por su participación intelectual en una masacre de campesinos perpetrada en octubre de 2000, y otro fue imputado por haber recibido financiamiento de organizaciones paramilitares para llegar al Senado. Unos días más tarde de ese escándalo inicial, el legislador oficialista Miguel de la Espriella admitió en una entrevista concedida al diario El Tiempo que él, junto con otros 40 políticos afines al actual presidente, firmaron en 2001, un año antes de que Uribe llegara al poder, un pacto de asistencia mutua con los mercenarios a fin de conquistar el gobierno y emprender, desde allí, el "proceso de paz" que ahora culmina.

En suma, la oligarquía gobernante concluyó que no era conveniente por razones de imagen, de legitimidad, de relaciones públicas mantener activos a sus sicarios y disfrazó su pase a retiro como una "negociación de paz" que presentara a los asesinos a sueldo como disidentes políticos y les otorgara condiciones de impunidad casi total, a pesar de las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por los paramilitares.

En realidad, el indulto a los mercenarios es un indulto que el gobierno de Uribe se concede a sí mismo y a sus antecesores en el poder político. Esa es, para tragedia de Colombia y del subcontinente, la catadura moral de la derecha que opera desde el Palacio de Nariño.

No olvidemos que fue Uribe el único presidente de Sudamérica que asistió a la toma de protesta del pelele. Significativo ¿no?