Luis Javier Garrido
El momento que vive el país es de una importancia excepcional pues el gobierno de facto de Felipe Calderón busca por todos los medios consolidarse no por medio de acciones sino de una descomunal campaña en los medios, y las fuerzas sociales y políticas de oposición no parecen haber adquirido plena conciencia de la nueva realidad y de la urgencia que hay de actuar en todos los frentes para impedir un mayor deterioro nacional.
1. La amenaza que representa para México y su destino como nación el gobierno de facto de Calderón tiene que ser enfrentada desde ahora con firmeza y decisión, lo mismo desde la sociedad con todo tipo de actos de inconformidad y de resistencia civil, pero también desde las instancias del poder estatal, buscando que el poder estatal se ejerza en San Lázaro y en Xicoténcatl o en los gobiernos estatales y municipales, y no en Los Pinos, aun cuando los obstáculos para ello sean enormes, pero muchos no parecen darse cuenta de ello.
2. El gobierno calderonista se ha encargado en unos cuantos días de confirmar a los mexicanos lo que ya se sabía: que representa a uno de los sectores más atrasados e intolerantes de la extrema derecha antidemocrática y fascistoide, y que no sólo no le va a importar reprimir y criminalizar a los movimientos sociales, como lo está haciendo en Oaxaca, o intentar cancelar los derechos sociales de los mexicanos para acatar los lineamientos del FMI, como lo mostró su proyecto de presupuesto, y ante ello no puede haber titubeos.
3. El escollo más grande para impedir nuevos y mayores retrocesos en el país sigue siendo la vieja cultura política de los mexicanos, que históricamente ha estado marcada por el abandono que las mayorías han hecho de sus responsabilidades cívicas y democráticas, que dejaron en manos de sus dirigentes con base en principios absurdos del priísmo, desde la intocabilidad presidencial hasta la fatalidad sexenal. Y es esta cultura del conformismo la que se ha venido echando por tierra, pero que no termina de cambiar del todo.
4. Los funcionarios públicos, como se reconoce en todos los horizontes políticos y en México ya se está aceptando, son mandatarios populares y el pueblo tiene en todo tiempo el derecho, e incluso el deber, de echarlos fuera cuando actúen contra la Constitución y las leyes o contra los intereses populares, esté establecido o no en la carta constitucional el principio de la revocación del mandato, sobre todo si estos funcionarios son espurios e ilegítimos como Calderón y sus amigos. Y, en consecuencia, no puede existir una fatalidad sexenal y nadie está obligado a soportar un mal gobierno, no se diga por seis años sino por un solo día.
5. La llamada "clase política" mexicana se halla en ese sentido como pocas veces en entredicho, pues la mayoría de los legisladores y funcionarios locales surgidos de la oposición "de izquierda", en los últimos 30 años, no sólo antepusieron sus propios intereses a los derechos del pueblo, como lo hacían priístas y panistas, sino que además se subordinaron a la lógica presidencialista y a la supuesta fatalidad de los sexenios, olvidándose de su papel como representantes populares y de su jerarquía constitucional, y en consecuencia por ignorancia o por venalidad aceptaron el rol de figuración que les fue impuesto como comparsas del poder presidencial, del que ahora les cuesta trabajo desprenderse para poder actuar en esta hora gravísima como freno y contrapeso de ese poder del Ejecutivo, y sobre todo para aceptar que en vez de estar limitados a negociaciones para intentar paliar las políticas perversas de Los Pinos, ellos pueden y deben fungir como lo hacen sus equivalentes en los regímenes parlamentarios o semipresidenciales, y que es posible en México gobernar desde las cámaras.
6. El descontento que hay en el país no tiene precedentes. La mayoría de los mexicanos, digan lo que digan los medios, está sumamente agraviada tanto por las políticas del gobierno panista de Fox, que fueron de absoluto continuismo con el priísmo neoliberal, y por el fraude electoral, como ahora por el hecho de que el gobierno ilegítimo de Calderón lejos de tomar en cuenta la realidad del país busque imponer en contra de la voluntad de la nación las políticas más antisociales y antinacionales de las últimas décadas, actuando como un pelele del gran capital trasnacional. Y esas mayorías esperan, por lo mismo, de los legisladores "de izquierda", que estén a la altura del desafío actual y no actúen como hace seis, o hace 12 o 18 años: que empiecen a fungir como una verdadera oposición, pues si no lo hacen y se limitan a una política de simulaciones, el propio pueblo les va a pasar la factura en las próximas elecciones.
7. La propuesta hecha por Andrés Manuel López Obrador y la convención nacional democrática el 16 de septiembre y asumida el 20 de noviembre por los partidos integrantes del Frente Patriótico Nacional es en esos términos irrefutable. A fin de impedir que un gobierno entreguista como el de Calderón pueda proseguir desmantelando a la nación y cancelando los derechos de los mexicanos es posible gobernar desde abajo y al mismo tiempo radicalizar la inconformidad popular e intentar frenar en el Congreso las medidas de la derecha.
8. La respuesta nacional ante el intento del gobierno calderonista de darle un golpe severo a la educación pública nacional y a las universidades estatales, y en particular a la UNAM, y que hizo recular al gobierno en lo que se refiere al presupuesto para 2007, es muy significativa de que las políticas oficiales pueden detenerse e incluso revertirse. La "política educativa" de Calderón, que muestra su desprecio a la cultura, rasgo típico de las derechas, no debe ser atribuida únicamente al fanatismo de los panistas o al hecho de que él hubiese sido rechazado en la UNAM en 1980, sino al proyecto neoliberal sobre la educación, que no debe pasar, y la oposición que se manifestó esta semana da cuenta muy clara de ello.
9. El escándalo que originó el nombramiento de la señora Josefina Vásquez Mota, cuya única obra conocida es el libro Dios mío, hazme viuda por favor, como secretaria espuria de Educación Pública, en el sitial otrora ocupado por José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, ha sido ahora superado por el que ha suscitado la designación de Fernando González Sánchez, yerno de la capa sindical Elba Ester Gordillo, como subsecretario de Educación Básica, que no se debe tan sólo a que se le haya señalado por actos de corrupción, o porque esta decisión evidencie una vez más la estrecha alianza existente entre el PAN y el crimen organizado, y ni siquiera porque se premie así con otro cargo más de importancia a una organización delictiva como la cúpula del SNTE o porque ello signifique una retribución más a quienes participaron en la ejecución del fraude, sino por algo más grave: representa la entrega de un sector estratégico del país, que es clave del futuro inmediato, a quienes buscan desmantelarlo; de ahí que una gran exigencia social sea ahora en este sentido.
10. Los días que vienen van a ser muy difíciles para todos, pero de la claridad que tengan las organizaciones sociales y políticas sobre la naturaleza del desafío va a depender que México no tenga, como se lo propone la extrema derecha, un retroceso histórico mayor.
No es momento de desánimo ni de bajar la guardia, es momento de lucha desde todos los frentes, el peligro en que nos ha puesto el gobierno de un pelele usurpador entregado a los intereses de la oligarquía, de los extranjeros y de las mafias es de mayor importancia y una prioridad para todos el revertir sus efectos combatiendo desde todas las trincheras.
viernes, diciembre 15, 2006
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