La justicia es ciega en Oaxaca

Carlos Beas Torres

Vicente Fox culminó su gestión presidencial siendo copartícipe de una brutal oleada represiva en contra de una movilización ciudadana democrática, la cual se había caracterizado como pacífica, a pesar de la gran cantidad de agresiones y provocaciones que a diario sufría y de la campaña mediática que ha hecho aparecer a la APPO como un club de terroristas y a sus numerosos muertos, presos y desaparecidos, como víctimas de la casualidad.

Cientos de personas fueron detenidas, y decenas de ellas fueron conducidas de manera ilegal a lejanos penales federales. A todas ellas se les imputaron una gran cantidad de delitos, fueran o no fueran miembros de la APPO. Agentes del Ministerio Público les integraron al vapor averiguaciones previas y les fueron dictados de manera aberrante autos de formal prisión por jueces, todos al servicio de Ulises Ruiz. En Oaxaca no existe separación de poderes... y en México, tampoco.

La gran mayoría de los detenidos los días 25 y 26 de noviembre pasado, aparte de ser apresados de manera ilegal sufrieron graves maltratos, torturas y vejaciones por parte de policías federales y estatales. Estos actos de brutalidad policiaca, según la ley, pueden y deben ser sancionados, y los responsables de los mismos, encarcelados y cesados de su cargo, pero no ha ocurrido así.

Hasta ahora los únicos que han sido castigados, con una agilidad sospechosa y con un rigor extremo, son los ciudadanos que participaron en el movimiento opositor a Ulises Ruiz. Los asesinos de Lorenzo San Pablo, del profesor Emilio Alonso y de muchos otros oaxaqueños víctimas de los sicarios de Ulises Ruiz, no han sido detenidos ni sujetos a proceso legal.

Es más, y a pesar del escándalo internacional, el crimen del documentalista estadunidense Bradley Will ha quedado ya impune, pues los presuntos responsables, Abel Santiago Zárate y Orlando Manuel Aguilar Coello, fueron liberados. Otros ocho priístas involucradas en el asesinato del periodista, según la averiguación 1247/CR/06, ni siquiera fueron molestados para que rindieran su declaración.

El fiscal especial para Agresiones contra Periodistas, David Vega Vera, en su momento denunció las maniobras que hacía la procuraduría estatal para proteger a los presuntos homicidas del periodista estadunidense. Nadie le hizo caso, pero por supuesto.

Los autores materiales e intelectuales de las violaciones generalizadas a los derechos humanos en Oaxaca están tranquilos, pues se saben impunes. ¿De qué sirve que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o que organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales, declaren que en Oaxaca se han cometido graves violaciones a derechos fundamentales? Realmente no sirve de mucho, pues no existen autoridades que valoren estos dictámenes y los usen para hacer justicia.

¿Quién va acatar las recomendaciones que se hagan? Nadie. Los funcionarios responsables de los múltiples atropellos obviamente no las acatarán, como no acataron las emitidas por los ilegales hechos cometidos en Guadalajara, Lázaro Cárdenas y Atenco.

Es por ello que el homicidio de Jorge Alberto López, quien resultó muerto en Oaxaca el 29 de octubre en el operativo de la Policía Federal Preventiva, también quedará impune. ¿Quién va a hacer justicia a los muertos de Oaxaca? Nadie, ya que hablo de justicia y no de la farsa brutal que a unos aniquila y atropella y a otros protege y premia.

El conflicto en Oaxaca ayudó en mucho a desnudar cómo se aplica la justicia en México. Nos ayudó a comprender lo que son capaces de hacer los funcionarios gubernamentales con tal de proteger sus propios intereses. Nos enseñó que la ley y el estado de derecho sólo se aplican en nuestro país de manera discrecional.

Lo que hace aún más grave esta situación es que se premie a los responsables de tanto atropello. Además de la barbarie de la torturas; de los sicarios disparando y asesinando de manera impune; de los policías amenazando con lanzar desde los helicópteros en vuelo a los presos, lo que hace más grave a esta situación es que el nuevo Presidente de la República, Felipe Calderón, haya incorporado a su primer equipo a los responsables de tanta brutalidad.

Si en México y en Oaxaca existiera estado de derecho, Ramírez Acuña, Medina Mora, Ulises Ruiz y otros funcionarios responsables de graves violaciones a los derechos humanos estarían presos. Si en México existiera... pero no, ya que en nuestro país a pesar de su ilegalidad sólo impera el derecho de los poderosos.