El comandante supremo

Gilberto López y Rivas

Las primeras semanas del presidente espurio de México, Felipe Calderón, confirman que sobre todo en política, forma es contenido. Su toma de posesión ilegal, rodeado de militares, a la media noche del último día de noviembre y la sesión del Congreso de la Unión en la que juramentó como titular del Ejecutivo, igualmente fuera de las normas y los procedimientos legislativos y constitucionales, protegido y cercado por el Estado Mayor Presidencial, son significativos en cuanto a qué esperar de un proceso marcado por el fraude electoral y la imposición violenta del candidato oficialista por parte de los poderes fácticos y el apoyo tácito de los altos mandos del Ejército y la Armada. Lo que mal comienza mal termina.

La casaca verde olivo y la gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en Michoacán que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados de la república en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO, hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas.

En estas primeras semanas de la presidencia ilegítima, las acciones de su titular tienen una clara connotación militar y un involucramiento cada vez mayor del Ejército en misiones de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, lo que significa una confesión del fracaso de la Procuraduría General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación y la Agencia Federal de Investigación para contener el avance y las ejecuciones (más de 2 mil) de los cárteles de la droga en México y para garantizar una seguridad pública efectiva, profesional y respetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya en 1999 analizábamos las razones que continúan vigentes por las cuales las fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico: 1. El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas. 2. El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva. 3. Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e intercepción de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa. 4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera. 5. Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada. 6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas instituciones federales y estatales. 7. Inversiones inútiles en compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso. 8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público. 9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo internacional".

A Felipe Calderón parecen no importarle estos señalamientos reiterados a lo largo de más de una década desde muy diversas perspectivas críticas, inclusive dentro de los reducidos sectores patrióticos de las propias fuerzas armadas (¡que los hay!), y ha inaugurado su gobierno usurpado a partir de una colaboración estrecha con los nuevos secretarios de Marina y Defensa Nacional encauzando la realización de operativos militares espectaculares condenados al fracaso y cuya finalidad es tranquilizar a quienes lo llevaron al poder, mostrando su mano firme y sus aficiones militaristas y represivas.

Así, lo más preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular: 1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares. 2. Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social. 3. No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado para el desempeño de sus tareas.

No serán posibles la intimidación ni el repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!